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Reforma al Reglamento de Tránsito permite mover los vehículos involucrados en accidentes leves
Con el objetivo de agilizar el tráfico, el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) y el Viceministerio de Transporte (VMT) reformaron el artículo 176, literal 4, del Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial, el cual permitirá a los conductores mover su vehículo al ocurrir un accidente vial, donde no haya como resultado lesionados o fallecidos.
«En caso de accidentes en los que solamente existan daños materiales, los vehículos involucrados deberán moverse de las posiciones en que hayan quedado para no obstruir la vía pública», dijo el ministro Romeo Rodríguez.
Añade que, con esto no tienen que esperar hasta horas a que la aseguradora llegue a hacer el reporte para poder movilizarse o que llegue la Policía Nacional Civil (PNC) para hacer el informe. La idea es que se agilice el tránsito vehicular y que generar los menores inconvenientes.
Las autoridades determinaron tres pasos importantes a seguir al tener un accidente leve: los conductores deben tomar fotografías o videos del incidente, movilizar el vehículo de la vía, para no interferir con el tránsito vehicular y posteriormente, llamar a la aseguradora, en caso esté asegurada, para seguir las instrucciones, y si no está asegurada, llamar a la PNC para que haga un reporte.
El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, detalló que con la reforma el conductor está obligado a mover el vehículo. De lo contrario será sancionado con una multa de $57.14 por obstruir el paso, según lo establece la Ley.
«En caso la persona no quiera movilizar su vehículo, será acreedora de una multa de $57.14 por obstruir el paso, y según el artículo 118, numeral 5 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, la PNC puede decomisar el vehículo que obstruya la vía», explicó Reyes.
Por su parte, las aseguradoras han apoyado la modificación. Aseguran que, esta medida mejorará y modernizará la forma en que se manejan los accidentes de tránsito menores.
«La modificación del artículo 176 del Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial nos permite modificar los protocolos a todas las aseguradoras, de manera de que sean congruentes con esta adecuada medida. Creemos que ayudará de forma significativa», dijo el vicepresidente de la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros (Ases), Eduardo Montenegro.
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Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
