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Reforma al Código Penal impedirá que los corruptos burlen la justicia
Ladrones de cuello blanco, políticos corruptos y exfuncionarios acusados de enriquecerse con el dinero de los salvadoreños serán investigados sin importar el tiempo que transcurra desde que cometieron el delito, gracias a la reciente reforma al Código Procesal Penal, que no permitirá que los delitos ligados a corrupción y a la administración pública prescriban.
Dejar el país y esperar que el delito prescriba ha sido la apuesta vergonzosa que delincuentes han tomado para huir de la justicia; sin embargo, con la nueva reforma se podrá continuar investigando a expresidentes acusados de corrupción, como Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, y a exfuncionarios como Arístides Valencia o Gerson Martínez, quienes son prófugos.
Al listado se suma la exministra de Medio Ambiente Lina Pohl y el exministro de Agricultura José Guillermo López Suárez.
En septiembre pasado, los diputados aprobaron reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, que incluye la imprescriptibilidad y retroactividad en el juzgamiento de los delitos de peculado, peculado por culpa, concusión (hacer cobros injustificados), negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio y cohecho impropio (sobornos).
Asimismo, no prescribirán y serán procesados de forma retroactiva quienes cometan ilícitos de malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos, cohecho activo, soborno transnacional, tráfico de influencias, entre otros.
Hasta antes de la reforma, la legislación establecía que este tipo de delitos no podía investigarse ni procesarse luego de 10 años.
Funcionarios del actual Gobierno y diputados de la bancada cian aseguraron que con dicha modificación se pretende hacer «justicia», ya que no existirá barrera temporal para que se pueda investigar a los funcionarios que hayan cometido delitos en los últimos 30 años.
Entre los procesos judiciales pendientes están las seis acusaciones contra el expresidente Funes, quien no ha podido ser detenido ya que huyó y se asiló en Nicaragua.
El ministerio público acusa a Funes y a 31 personas más de sustraer $351,035,400 de los fondos públicos durante su mandato, en 2009-2014.
Pese al tiempo que transcurra, su caso seguirá vigente y, al entrar a territorio salvadoreño, podrá ser capturado inmediatamente.
El ministerio público señala que el prófugo expresidente por el FMLN y sus más cercanos colaboradores crearon una compleja red para sustraer de Casa Presidencial esos millones de dólares. El mecanismo que llevó a cabo para ocultar el origen del dinero fue utilizar testaferros para adquirir propiedades, residencias, vehículos, entre otros.
Uno de los políticos que fueron «salvados» por decisión de jueces es el exdiputado y excandidato presidencial de ARENA Norman Quijano, quien huyó a Honduras al ser señalado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
Sin embargo, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, entonces presidida por el magistrado Guillermo Arévalo Domínguez, quien renunció a la judicatura el mismo día del fallo que favoreció a Quijano, y Carlos Sánchez, destituido de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), anuló el proceso penal que la Fiscalía inició contra el exlegislador. Quijano también fue señalado por el corrupto Funes, durante su gestión, quien reveló que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) construyó un pozo a la exesposa de Quijano en 2001, cuando este era diputado.
El expresidente prófugo dijo que al pozo se le instaló el respectivo equipo de bombeo, fue cavado en la parcela 47, que comprende los lotes 6, 7, 8 y 11 del polígono E de la hacienda Las Mezas, cantón Cangrejera, en La Libertad, y en la obra se utilizó la perforadora de la ANDA Top 750.
Este caso quedó paralizado. Otra reciente acusación ligada a corrupción es sobre nueve exfuncionarios, quienes, liderados por Sánchez Cerén, recibieron $2.6 millones en bonos. Entre los involucrados prófugos están Martínez, Pohl y López Suárez.
Para todos ellos el ministerio público detalló que tramita órdenes de captura internacional. Sánchez Cerén y su familia huyeron a Nicaragua y recibieron de manera exprés la ciudadanía por parte de Daniel Ortega, mientras que Pohl continúa laborando para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México. El pasado 28 de julio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, entregó al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, una iniciativa del presidente de la república, Nayib Bukele, para reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, para que los actos de corrupción no prescriban.
Ante la iniciativa, el fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró que era necesaria y que la cumplirían, ya que «la corrupción como flagelo afecta todos los esfuerzos de las instituciones para combatir este tema. La corrupción ha afectado a toda la sociedad salvadoreña.
Los delitos de corrupción desvían los recursos públicos e impiden mejorar la calidad de vida de la población».
Tras la aprobación, los diputados de la bancada cian se mostraron satisfechos y reiteraron que, con la no prescripción de los referidos delitos, «los corruptos devolverán lo que les robaron a los salvadoreños».
La estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de El Salvador (UES), Ariel Torres, ha sido seleccionada para participar en el International Air and Space Program (IASP) 2026 de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) en Houston, Texas, Estados Unidos.
Su ingreso al programa fue posible gracias a su destacado proyecto de Comunicación y Trayectoria Satelital, una propuesta de investigación enfocada en el desarrollo de redes de pequeños satélites.
«Mi participación en el IASP 2026 fue considerada gracias a mi proyecto que consiste en la comunicación y trayectoria satelital que estos son como pequeños satelites que se comunican a través de una red. Este proyecto va de la mano junto con el proyecto presentado en 2025 en la edición en la que participó mi compañera también de la UES, Ángela Pineda», explicó Torres.
De acuerdo a la alumna, esta gran oportunidad se realizará gracias al apoyo que está dando la Universidad de El Salvador a su gran proyecto «y también como estudiante me siento muy agradecida de que se me ha dado la infraestructura y también los medios para poder realizar mi investigación correspondiente al IASP 2026», comentó la joven.
Para la UES es muy destacable que sus estudiantes estén viajando con proyectos innovadores a representar a El Salvador en lugares de renombre internacional: «Este hito consolida a nuestra institución como un verdadero ecosistema de innovación y apoyo a la investigación científica, demostrando que el talento UES no tiene fronteras», se lee en un mensaje publicado en las redes sociales de la UES.
Torres se siente agradecida con la UES por el apoyo e invita a otros jóvenes a desarrollar proyectos innovadores: «Así que gracias a la Universidad de El Salvador he podido llegar a la NASA e invito a todos los estudiantes a creer en sus sueños ya que no hay oportunidad pequeña, no hay sueño pequeño ni loco, todas tus ideas se pueden hacer realidad, solamente hay que ser preseverante y también muy curioso», aconsejó la futura ingeniera mecánica.
Luego de permanecer prófugo de la justicia durante más de 20 años, José Walter Cruz fue condenado a 35 años de prisión por su participación en un secuestro agravado ocurrido en octubre de 2001 en San Salvador.
De acuerdo con la Físcalia General de la República (FGR), la víctima transitaba por el redondel San Benito cuando fue interceptada por Cruz y otros sujetos, quienes utilizando armas de fuego la privaron de libertad.
Durante los 10 días que permaneció secuestrado, los captores exigieron a sus familiares una suma millonaria en efectivo a cambio de su liberación. Finalmente, la víctima logró recuperar su libertad.
Aunque el resto de los implicados ya habían sido procesados y condenados anteriormente por este mismo caso, Cruz logró evadir a las autoridades durante más de dos décadas, hasta que su captura se hizo efectiva en 2025.
El tribunal lo declaró culpable del delito de secuestro agravado y le impuso una pena de 35 años de cárcel.
Este viernes, la Policía Nacional Civil (PNC) en conjunto con la Fuerza Armada reportaron la captura de Cristian Ernesto Flores Sibrian, de 32 años de edad, por el delito de contrabando de mercadería.
Según reportó la policía, en la vivienda de Flores Sibrian encontraron seis cajas con mercadería ilícita y dinero en efectivo.
«Tras un registro de prevención de allanamiento girado por un juez de Santa Ana, encontramos en su vivienda 6 cajas con mercadería ilícita y dinero en efectivo», detallaron.
El hombre fue ubicado y capturado en el cantón San Jacinto, de Coatepeque, Santa Ana Este.
