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Reforma al Código Penal impedirá que los corruptos burlen la justicia
Ladrones de cuello blanco, políticos corruptos y exfuncionarios acusados de enriquecerse con el dinero de los salvadoreños serán investigados sin importar el tiempo que transcurra desde que cometieron el delito, gracias a la reciente reforma al Código Procesal Penal, que no permitirá que los delitos ligados a corrupción y a la administración pública prescriban.
Dejar el país y esperar que el delito prescriba ha sido la apuesta vergonzosa que delincuentes han tomado para huir de la justicia; sin embargo, con la nueva reforma se podrá continuar investigando a expresidentes acusados de corrupción, como Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, y a exfuncionarios como Arístides Valencia o Gerson Martínez, quienes son prófugos.
Al listado se suma la exministra de Medio Ambiente Lina Pohl y el exministro de Agricultura José Guillermo López Suárez.
En septiembre pasado, los diputados aprobaron reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, que incluye la imprescriptibilidad y retroactividad en el juzgamiento de los delitos de peculado, peculado por culpa, concusión (hacer cobros injustificados), negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio y cohecho impropio (sobornos).
Asimismo, no prescribirán y serán procesados de forma retroactiva quienes cometan ilícitos de malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos, cohecho activo, soborno transnacional, tráfico de influencias, entre otros.
Hasta antes de la reforma, la legislación establecía que este tipo de delitos no podía investigarse ni procesarse luego de 10 años.
Funcionarios del actual Gobierno y diputados de la bancada cian aseguraron que con dicha modificación se pretende hacer «justicia», ya que no existirá barrera temporal para que se pueda investigar a los funcionarios que hayan cometido delitos en los últimos 30 años.
Entre los procesos judiciales pendientes están las seis acusaciones contra el expresidente Funes, quien no ha podido ser detenido ya que huyó y se asiló en Nicaragua.
El ministerio público acusa a Funes y a 31 personas más de sustraer $351,035,400 de los fondos públicos durante su mandato, en 2009-2014.
Pese al tiempo que transcurra, su caso seguirá vigente y, al entrar a territorio salvadoreño, podrá ser capturado inmediatamente.
El ministerio público señala que el prófugo expresidente por el FMLN y sus más cercanos colaboradores crearon una compleja red para sustraer de Casa Presidencial esos millones de dólares. El mecanismo que llevó a cabo para ocultar el origen del dinero fue utilizar testaferros para adquirir propiedades, residencias, vehículos, entre otros.
Uno de los políticos que fueron «salvados» por decisión de jueces es el exdiputado y excandidato presidencial de ARENA Norman Quijano, quien huyó a Honduras al ser señalado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
Sin embargo, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, entonces presidida por el magistrado Guillermo Arévalo Domínguez, quien renunció a la judicatura el mismo día del fallo que favoreció a Quijano, y Carlos Sánchez, destituido de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), anuló el proceso penal que la Fiscalía inició contra el exlegislador. Quijano también fue señalado por el corrupto Funes, durante su gestión, quien reveló que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) construyó un pozo a la exesposa de Quijano en 2001, cuando este era diputado.
El expresidente prófugo dijo que al pozo se le instaló el respectivo equipo de bombeo, fue cavado en la parcela 47, que comprende los lotes 6, 7, 8 y 11 del polígono E de la hacienda Las Mezas, cantón Cangrejera, en La Libertad, y en la obra se utilizó la perforadora de la ANDA Top 750.
Este caso quedó paralizado. Otra reciente acusación ligada a corrupción es sobre nueve exfuncionarios, quienes, liderados por Sánchez Cerén, recibieron $2.6 millones en bonos. Entre los involucrados prófugos están Martínez, Pohl y López Suárez.
Para todos ellos el ministerio público detalló que tramita órdenes de captura internacional. Sánchez Cerén y su familia huyeron a Nicaragua y recibieron de manera exprés la ciudadanía por parte de Daniel Ortega, mientras que Pohl continúa laborando para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México. El pasado 28 de julio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, entregó al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, una iniciativa del presidente de la república, Nayib Bukele, para reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, para que los actos de corrupción no prescriban.
Ante la iniciativa, el fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró que era necesaria y que la cumplirían, ya que «la corrupción como flagelo afecta todos los esfuerzos de las instituciones para combatir este tema. La corrupción ha afectado a toda la sociedad salvadoreña.
Los delitos de corrupción desvían los recursos públicos e impiden mejorar la calidad de vida de la población».
Tras la aprobación, los diputados de la bancada cian se mostraron satisfechos y reiteraron que, con la no prescripción de los referidos delitos, «los corruptos devolverán lo que les robaron a los salvadoreños».
El puerto de La Unión continúa impulsando el movimiento de carga marítima en el país. En ese sentido, recientemente, recibió el primer buque del año, proveniente de la República Popular China.
El buque Prosperity 105 atracó el viernes pasado y transportaba 21,000 toneladas de cemento. El desembarque se realizó el mismo día por la noche.
«El buque Prosperity 105 evidencia el crecimiento sostenido de la actividad portuaria en esa región», afirmó el Gobierno.
Además, destacó que la reactivación del puerto de La Unión no solo impulsa el comercio exterior, también genera empleo y oportunidades para las familias de la zona oriental.
Cada operación portuaria representa un paso más hacia la modernización logística nacional, fortaleciendo la competitividad de El Salvador en la región.
Recientemente, el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, aseguró que este es el primer buque de carga suelta que llega a dicha terminal marítima.
«Este día será histórico porque llega un buque de carga suelta, por primera vez. La Unión se volvió un hub de autos nuevos, pero también estamos manejando carga suelta», dijo Anliker.
Además, informó que en 2025 atendieron más de 75 buques en el puerto de La Unión, como parte del trabajo de la Unión Portuaria del Pacífico.
«Esta es una sociedad de economía mixta, entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y Yilport, la Unión Portuaria del Pacífico se encarga del manejo de los puertos marítimos de El Salvador. En 2025 atendimos más de 75 buques en el puerto de La Unión», remarcó.
Este lunes, la Defensoría del Consumidor inició con las inspecciones que forman parte de la Defensoría Escolar «Back to School», que consiste en inspecciones que buscan defender el derecho de los consumidores y evitar que sea vulnerada la economía de los salvadoreños
Las inspecciones en establecimientos de comercialización de útiles escolares y productos relacionados al uso de actividades educativas por parte de los estudiantes, fueron lideradas por el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar.
«Además, nuestra institución realiza una serie de verificaciones en diferentes puntos comerciales, vinculados a la venta de útiles escolares, también otro tipo de equipos como computadoras, tablets, muebles de escritorio», explicó Salazar.
«Como Gobierno del presidente Nayib Bukele estamos comprometidos en proteger la economía familiar en este retorno a clases tanto para el sector público como el privado», declaró Salazar durante las verificaciones, además, el funcionario explicó que se han instalado puntos de atención para brindar apoyo jurídico a los consumidores ante posibles abusos o vulneraciones de derechos.
En el parque Daniel Hernández, en Santa Tecla, se dispone de un centro de recepción de denuncias, según informó el titular de la Defensoría del Consumidor.
Salazar explicó que en el observatorio de útiles escolares la población puede encontrar información de precios de más de 6,500 productos.
La Defensoría del Consumidor realizará monitoreos semanales para permitir que la población identifique aquellos puntos donde se comercializan los productos escolares a un costo más bajo que pueden representar importantes ahorros para su economía.
La Dirección General de Aduanas (DGA) acreditó recientemente a cuatro nuevas empresas con el Programa de Operador Confiable, una iniciativa de cumplimiento aduanero que facilita las operaciones de comercio exterior y que ofrece a las empresas un despacho más rápido, eficiente y especializado.
Con dicha incorporación, la DGA registra 28 empresas certificadas con lo que fortalece la seguridad, la eficiencia y la confianza en el comercio internacional, y consolida a El Salvador como un destino atractivo para la inversión.
«Desde Aduanas acreditamos a un nuevo grupo de empresas que han cumplido con altos estándares de seguridad y control en sus procesos de producción, almacenamiento, transporte y distribución de mercancías», afirmó el titular de Aduanas, Benjamín Mayorga.
Las empresas certificadas son: Melher, S.A. DE C.V; Crio Inversiones, S.A. DE C.V.; DHL Global Forwarding (El Salvador) y Trans-Auto, S.A. DE C.V.
«Agradecemos y felicitamos a Cifacil [Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio en El Salvador] por su valioso apoyo al Programa de Operador Confiable y a este proceso de acreditación», añadió Mayorga.
Cifacil reafirmó su compromiso de seguir apoyando iniciativas que «fortalezcan la facilitación del comercio, la confianza y seguridad en el comercio exterior de El Salvador».
Por su parte, la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) afirmó que contribuye con la certificación mediante su programa de Asistencia Técnica para la Certificación mediante el cual buscará llegar a 100 operadores confiables este 2026.
«Muy felices por el avance de nuestras empresas socias apoyadas a través del Programa de Asistencia Técnica para la Certificación de Operador Confiable. Seguimos impulsando capacidades que fortalecen la competitividad del país», publicó la gremial.
