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Reforma al Código Penal impedirá que los corruptos burlen la justicia
Ladrones de cuello blanco, políticos corruptos y exfuncionarios acusados de enriquecerse con el dinero de los salvadoreños serán investigados sin importar el tiempo que transcurra desde que cometieron el delito, gracias a la reciente reforma al Código Procesal Penal, que no permitirá que los delitos ligados a corrupción y a la administración pública prescriban.
Dejar el país y esperar que el delito prescriba ha sido la apuesta vergonzosa que delincuentes han tomado para huir de la justicia; sin embargo, con la nueva reforma se podrá continuar investigando a expresidentes acusados de corrupción, como Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, y a exfuncionarios como Arístides Valencia o Gerson Martínez, quienes son prófugos.
Al listado se suma la exministra de Medio Ambiente Lina Pohl y el exministro de Agricultura José Guillermo López Suárez.
En septiembre pasado, los diputados aprobaron reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, que incluye la imprescriptibilidad y retroactividad en el juzgamiento de los delitos de peculado, peculado por culpa, concusión (hacer cobros injustificados), negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio y cohecho impropio (sobornos).
Asimismo, no prescribirán y serán procesados de forma retroactiva quienes cometan ilícitos de malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos, cohecho activo, soborno transnacional, tráfico de influencias, entre otros.
Hasta antes de la reforma, la legislación establecía que este tipo de delitos no podía investigarse ni procesarse luego de 10 años.
Funcionarios del actual Gobierno y diputados de la bancada cian aseguraron que con dicha modificación se pretende hacer «justicia», ya que no existirá barrera temporal para que se pueda investigar a los funcionarios que hayan cometido delitos en los últimos 30 años.
Entre los procesos judiciales pendientes están las seis acusaciones contra el expresidente Funes, quien no ha podido ser detenido ya que huyó y se asiló en Nicaragua.
El ministerio público acusa a Funes y a 31 personas más de sustraer $351,035,400 de los fondos públicos durante su mandato, en 2009-2014.
Pese al tiempo que transcurra, su caso seguirá vigente y, al entrar a territorio salvadoreño, podrá ser capturado inmediatamente.
El ministerio público señala que el prófugo expresidente por el FMLN y sus más cercanos colaboradores crearon una compleja red para sustraer de Casa Presidencial esos millones de dólares. El mecanismo que llevó a cabo para ocultar el origen del dinero fue utilizar testaferros para adquirir propiedades, residencias, vehículos, entre otros.
Uno de los políticos que fueron «salvados» por decisión de jueces es el exdiputado y excandidato presidencial de ARENA Norman Quijano, quien huyó a Honduras al ser señalado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
Sin embargo, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, entonces presidida por el magistrado Guillermo Arévalo Domínguez, quien renunció a la judicatura el mismo día del fallo que favoreció a Quijano, y Carlos Sánchez, destituido de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), anuló el proceso penal que la Fiscalía inició contra el exlegislador. Quijano también fue señalado por el corrupto Funes, durante su gestión, quien reveló que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) construyó un pozo a la exesposa de Quijano en 2001, cuando este era diputado.
El expresidente prófugo dijo que al pozo se le instaló el respectivo equipo de bombeo, fue cavado en la parcela 47, que comprende los lotes 6, 7, 8 y 11 del polígono E de la hacienda Las Mezas, cantón Cangrejera, en La Libertad, y en la obra se utilizó la perforadora de la ANDA Top 750.
Este caso quedó paralizado. Otra reciente acusación ligada a corrupción es sobre nueve exfuncionarios, quienes, liderados por Sánchez Cerén, recibieron $2.6 millones en bonos. Entre los involucrados prófugos están Martínez, Pohl y López Suárez.
Para todos ellos el ministerio público detalló que tramita órdenes de captura internacional. Sánchez Cerén y su familia huyeron a Nicaragua y recibieron de manera exprés la ciudadanía por parte de Daniel Ortega, mientras que Pohl continúa laborando para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México. El pasado 28 de julio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, entregó al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, una iniciativa del presidente de la república, Nayib Bukele, para reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, para que los actos de corrupción no prescriban.
Ante la iniciativa, el fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró que era necesaria y que la cumplirían, ya que «la corrupción como flagelo afecta todos los esfuerzos de las instituciones para combatir este tema. La corrupción ha afectado a toda la sociedad salvadoreña.
Los delitos de corrupción desvían los recursos públicos e impiden mejorar la calidad de vida de la población».
Tras la aprobación, los diputados de la bancada cian se mostraron satisfechos y reiteraron que, con la no prescripción de los referidos delitos, «los corruptos devolverán lo que les robaron a los salvadoreños».
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó que, desde la noche del miércoles, se prevé un nuevo ingreso de vientos nortes sobre territorio salvadoreño. Este nuevo incremento de vientos podría generar ráfagas de hasta 60 km/h, especialmente en zonas altas y montañosas del país.
El Marn explicó que el nuevo ciclo de vientos nortes podría tener influencia sobre El Salvador hasta el viernes 16 de enero.
«Para la noche del día miércoles 14 de enero se esperan Vientos Nortes con velocidades promedio entre 10 a 25 km/h y ráfagas de entre 40 y 60 km/h, que se podrían extender hasta la madrugada el día viernes 16», agregó el informe de Medio Ambiente.
Además, agregaron que estas condiciones climáticas se deben a «un frente frío y la alta presión que lo acompañan incursionan sobre el Caribe provocando vientos nortes».
El pandillero José Roberto Crespín Hércules, alias Joker, fue condenado a 30 años de prisión por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, por el delito de homicidio agravado en perjuicio de un empresario.
De acuerdo con la acusación fiscal, en 2008, Crespín y otros pandilleros abordaron un microbús propiedad de la víctima, de donde sustrajeron dinero y posteriormente agredieron físicamente a su hijo. Mientras los sujetos huían, la víctima interceptó a uno de ellos y le propinó una paliza.
Durante el juicio se estableció que, «como represalia, el 6 de mayo de 2008, en la colonia Valle del Sol, jurisdicción de Apopa, alias Joker, junto con otros miembros de la estructura criminal, -Crespín Hércules- vigiló y ubicó a la víctima cuando se conducía en uno de los microbuses y le quitó la vida con arma de fuego», detallaron fuentes judiciales.
Las extorsiones y el asesinato de transportistas eran parte común el accionar de las pandillas en El Salvador cuando controlaban diversos territorios. Hasta antes del 2019, este sector pagaba anualmente entre $12 a $34 millones en concepto de extorsión, además fueron víctimas de atentados armados como diariamente sucedía en los gobiernos de ARENA y FMLN.
Sin embargo, actualmente, representantes del sector transporte han asegurado que gracias al Plan Control Territorial y el régimen de excepción han logrado una reducción del 100% de lo que entregaban de extorsión cada año a pandilleros.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que impondrá aranceles del 25% a cualquier país que comercie con Irán, en momentos en que aumenta la presión sobre Teherán debido a la represión contra protestas antigubernamentales.
«Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará aranceles del 25% por cualquier negocio que realice con Estados Unidos. Esta orden es definitiva y concluyente», dijo Trump en su red Truth Social.
Los principales socios comerciales de Irán son China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak, según la base de datos económicos Trading Economics.
Antes de este anuncio, Trump amenazó el fin de semana con una posible intervención militar en Irán debido a la represión en las protestas, en las que según grupos de derechos humanos han aumentado el número de muertos.
«Los ataques aéreos serían una de las muchas, muchas opciones que están sobre la mesa para el comandante en jefe», comentó este lunes a periodistas la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Agregó sin embargo que Irán tiene abierto un canal diplomático con el enviado especial de Trump Steve Witkoff y lo que dice Teherán en privado es «bastante diferente» de lo que dice en declaraciones públicas
