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Reforma al Código Penal impedirá que los corruptos burlen la justicia
Ladrones de cuello blanco, políticos corruptos y exfuncionarios acusados de enriquecerse con el dinero de los salvadoreños serán investigados sin importar el tiempo que transcurra desde que cometieron el delito, gracias a la reciente reforma al Código Procesal Penal, que no permitirá que los delitos ligados a corrupción y a la administración pública prescriban.
Dejar el país y esperar que el delito prescriba ha sido la apuesta vergonzosa que delincuentes han tomado para huir de la justicia; sin embargo, con la nueva reforma se podrá continuar investigando a expresidentes acusados de corrupción, como Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, y a exfuncionarios como Arístides Valencia o Gerson Martínez, quienes son prófugos.
Al listado se suma la exministra de Medio Ambiente Lina Pohl y el exministro de Agricultura José Guillermo López Suárez.
En septiembre pasado, los diputados aprobaron reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, que incluye la imprescriptibilidad y retroactividad en el juzgamiento de los delitos de peculado, peculado por culpa, concusión (hacer cobros injustificados), negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio y cohecho impropio (sobornos).
Asimismo, no prescribirán y serán procesados de forma retroactiva quienes cometan ilícitos de malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos, cohecho activo, soborno transnacional, tráfico de influencias, entre otros.
Hasta antes de la reforma, la legislación establecía que este tipo de delitos no podía investigarse ni procesarse luego de 10 años.
Funcionarios del actual Gobierno y diputados de la bancada cian aseguraron que con dicha modificación se pretende hacer «justicia», ya que no existirá barrera temporal para que se pueda investigar a los funcionarios que hayan cometido delitos en los últimos 30 años.
Entre los procesos judiciales pendientes están las seis acusaciones contra el expresidente Funes, quien no ha podido ser detenido ya que huyó y se asiló en Nicaragua.
El ministerio público acusa a Funes y a 31 personas más de sustraer $351,035,400 de los fondos públicos durante su mandato, en 2009-2014.
Pese al tiempo que transcurra, su caso seguirá vigente y, al entrar a territorio salvadoreño, podrá ser capturado inmediatamente.
El ministerio público señala que el prófugo expresidente por el FMLN y sus más cercanos colaboradores crearon una compleja red para sustraer de Casa Presidencial esos millones de dólares. El mecanismo que llevó a cabo para ocultar el origen del dinero fue utilizar testaferros para adquirir propiedades, residencias, vehículos, entre otros.
Uno de los políticos que fueron «salvados» por decisión de jueces es el exdiputado y excandidato presidencial de ARENA Norman Quijano, quien huyó a Honduras al ser señalado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
Sin embargo, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, entonces presidida por el magistrado Guillermo Arévalo Domínguez, quien renunció a la judicatura el mismo día del fallo que favoreció a Quijano, y Carlos Sánchez, destituido de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), anuló el proceso penal que la Fiscalía inició contra el exlegislador. Quijano también fue señalado por el corrupto Funes, durante su gestión, quien reveló que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) construyó un pozo a la exesposa de Quijano en 2001, cuando este era diputado.
El expresidente prófugo dijo que al pozo se le instaló el respectivo equipo de bombeo, fue cavado en la parcela 47, que comprende los lotes 6, 7, 8 y 11 del polígono E de la hacienda Las Mezas, cantón Cangrejera, en La Libertad, y en la obra se utilizó la perforadora de la ANDA Top 750.
Este caso quedó paralizado. Otra reciente acusación ligada a corrupción es sobre nueve exfuncionarios, quienes, liderados por Sánchez Cerén, recibieron $2.6 millones en bonos. Entre los involucrados prófugos están Martínez, Pohl y López Suárez.
Para todos ellos el ministerio público detalló que tramita órdenes de captura internacional. Sánchez Cerén y su familia huyeron a Nicaragua y recibieron de manera exprés la ciudadanía por parte de Daniel Ortega, mientras que Pohl continúa laborando para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México. El pasado 28 de julio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, entregó al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, una iniciativa del presidente de la república, Nayib Bukele, para reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, para que los actos de corrupción no prescriban.
Ante la iniciativa, el fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró que era necesaria y que la cumplirían, ya que «la corrupción como flagelo afecta todos los esfuerzos de las instituciones para combatir este tema. La corrupción ha afectado a toda la sociedad salvadoreña.
Los delitos de corrupción desvían los recursos públicos e impiden mejorar la calidad de vida de la población».
Tras la aprobación, los diputados de la bancada cian se mostraron satisfechos y reiteraron que, con la no prescripción de los referidos delitos, «los corruptos devolverán lo que les robaron a los salvadoreños».
La Fiscalía General de la República (FGR) continúa este día con el desarrollo de la audiencia única contra 486 cabecillas de la MS-13, acusados de ordenar múltiples crímenes a nivel nacional entre 2012 y 2022.
Durante la jornada, se prevé concluir la reproducción de audios que evidencian el accionar criminal en la zona oriental del país, donde se detallan diversas órdenes ejecutadas por la estructura.
Entre los hechos documentados se incluyen asesinatos de víctimas específicas, como un miembro administrativo de la Fuerza Armada destacado en la Tercera Brigada de Infantería, así como un custodio de Centros Penales asignado al penal de Ciudad Barrios, además de otros homicidios coordinados por la organización.
Posteriormente, la FGR iniciará la presentación de audios relacionados con otros mecanismos de financiamiento ilícito, entre ellos el cobro de extorsiones y la distribución de drogas.
Las autoridades esperan concluir con la reproducción de un total de 125 audios seleccionados, los cuales forman parte de las pruebas que sustentan la acusación contra la cúpula de esta organización.
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, lanzó el programa de «Cumplimiento en seguridad de productos para la protección de los consumidores», el cual está dirigido a proveedores que comercializan a escala nacional.
«Está dirigido a aquellos proveedores que comercializan a escala nacional y se busca el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor en lo relativo a los productos seguros», explicó Salazar.
El funcionario señaló que el programa busca fomentar la buena práctica, impulsar una cultura de respeto, transparencia y responsabilidad. Además, las empresas que formen parte de este fortalecerán sus conocimientos legales.
«El conocimiento de esta materia de seguridad de productos, a través de la capacitación de la Defensoría, lo van a elevar y lo van a tener. Igualmente, nosotros vamos a reconocer a aquellos (proveedores) que están dentro del programa», indicó.
La institución ha trabajado desde el año 2019, en la implementación de estrategias vinculadas al desarrollo de programas que fomenten la buena práctica y el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor en los diferentes proveedores de bienes y servicios.
«El interés de nuestra institución y del Gobierno del presidente Nayib Bukele es generar este tipo de iniciativas para que podamos asegurar un mercado en el cual la seguridad de productos esté presente», destacó.
El Salvador está por finalizar la temporada de cruceros más importante de los últimos años, remarcando así que el país es un destino atractivo para las navieras internacionales y para los visitantes extranjeros.
En ese sentido, la ministra de Turismo, Morena Valdez, confirmó a «Diario El Salvador», que este fin de semana atracará el último crucero de la temporada en el puerto de Acajutla, en Sonsonate.
«Esta semana, específicamente el sábado, estaremos recibiendo el último crucero de la temporada 2025-2026. Es un crucero que viene por primera vez y vamos a tener alrededor de 1,000 cruceristas», afirmó la ministra Valdez.
Las estadísticas del Ministerio de Turismo (Mitur) indican que durante la temporada 2025-2026 (de octubre a mayo) 14 navieras internacionales han atracado en el puerto de Acajutla, en Sonsonate; y algunos lo hicieron en el puerto de La Unión. El último en llegar fue el Koningsdam, el 19 de abril.
El Mitur también destacó que durante esta temporada se han atendido a 25,000 visitantes internacionales que viajaban en cada uno de los buques. Además, solo este año se han recibido 10 cruceros en las terminales marítimas del país.
«Nuestros destinos culturales, históricos y naturales continúan conquistando a turistas internacionales. La temporada proyecta más de 25,000 visitantes, consolidando a El Salvador como un destino atractivo en la industria de cruceros», afirmó la cartera de Estado.
Al respecto, la directora ejecutiva de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), Alejandra Durán, aseguró que para la presente temporada se proyectaron entre 14 y 18 cruceros, por lo que se convierte en «la más grande que hemos tenido» en el país.
También destacó que la llegada de estos cruceristas genera la famosa economía naranja, ya que impulsa el movimiento de emprendedores, artistas, turoperadores, entre otros.
«Estas visitas se suman a toda la estrategia de cruceros y de atracción de visitantes que estamos teniendo con eventos, y por supuesto con toda la dinámica que el sector público y privado está realizando en conjunto», comentó Durán.
