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Reforma al Código Penal impedirá que los corruptos burlen la justicia
Ladrones de cuello blanco, políticos corruptos y exfuncionarios acusados de enriquecerse con el dinero de los salvadoreños serán investigados sin importar el tiempo que transcurra desde que cometieron el delito, gracias a la reciente reforma al Código Procesal Penal, que no permitirá que los delitos ligados a corrupción y a la administración pública prescriban.
Dejar el país y esperar que el delito prescriba ha sido la apuesta vergonzosa que delincuentes han tomado para huir de la justicia; sin embargo, con la nueva reforma se podrá continuar investigando a expresidentes acusados de corrupción, como Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, y a exfuncionarios como Arístides Valencia o Gerson Martínez, quienes son prófugos.
Al listado se suma la exministra de Medio Ambiente Lina Pohl y el exministro de Agricultura José Guillermo López Suárez.
En septiembre pasado, los diputados aprobaron reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, que incluye la imprescriptibilidad y retroactividad en el juzgamiento de los delitos de peculado, peculado por culpa, concusión (hacer cobros injustificados), negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio y cohecho impropio (sobornos).
Asimismo, no prescribirán y serán procesados de forma retroactiva quienes cometan ilícitos de malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos, cohecho activo, soborno transnacional, tráfico de influencias, entre otros.
Hasta antes de la reforma, la legislación establecía que este tipo de delitos no podía investigarse ni procesarse luego de 10 años.
Funcionarios del actual Gobierno y diputados de la bancada cian aseguraron que con dicha modificación se pretende hacer «justicia», ya que no existirá barrera temporal para que se pueda investigar a los funcionarios que hayan cometido delitos en los últimos 30 años.
Entre los procesos judiciales pendientes están las seis acusaciones contra el expresidente Funes, quien no ha podido ser detenido ya que huyó y se asiló en Nicaragua.
El ministerio público acusa a Funes y a 31 personas más de sustraer $351,035,400 de los fondos públicos durante su mandato, en 2009-2014.
Pese al tiempo que transcurra, su caso seguirá vigente y, al entrar a territorio salvadoreño, podrá ser capturado inmediatamente.
El ministerio público señala que el prófugo expresidente por el FMLN y sus más cercanos colaboradores crearon una compleja red para sustraer de Casa Presidencial esos millones de dólares. El mecanismo que llevó a cabo para ocultar el origen del dinero fue utilizar testaferros para adquirir propiedades, residencias, vehículos, entre otros.
Uno de los políticos que fueron «salvados» por decisión de jueces es el exdiputado y excandidato presidencial de ARENA Norman Quijano, quien huyó a Honduras al ser señalado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
Sin embargo, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, entonces presidida por el magistrado Guillermo Arévalo Domínguez, quien renunció a la judicatura el mismo día del fallo que favoreció a Quijano, y Carlos Sánchez, destituido de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), anuló el proceso penal que la Fiscalía inició contra el exlegislador. Quijano también fue señalado por el corrupto Funes, durante su gestión, quien reveló que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) construyó un pozo a la exesposa de Quijano en 2001, cuando este era diputado.
El expresidente prófugo dijo que al pozo se le instaló el respectivo equipo de bombeo, fue cavado en la parcela 47, que comprende los lotes 6, 7, 8 y 11 del polígono E de la hacienda Las Mezas, cantón Cangrejera, en La Libertad, y en la obra se utilizó la perforadora de la ANDA Top 750.
Este caso quedó paralizado. Otra reciente acusación ligada a corrupción es sobre nueve exfuncionarios, quienes, liderados por Sánchez Cerén, recibieron $2.6 millones en bonos. Entre los involucrados prófugos están Martínez, Pohl y López Suárez.
Para todos ellos el ministerio público detalló que tramita órdenes de captura internacional. Sánchez Cerén y su familia huyeron a Nicaragua y recibieron de manera exprés la ciudadanía por parte de Daniel Ortega, mientras que Pohl continúa laborando para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México. El pasado 28 de julio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, entregó al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, una iniciativa del presidente de la república, Nayib Bukele, para reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, para que los actos de corrupción no prescriban.
Ante la iniciativa, el fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró que era necesaria y que la cumplirían, ya que «la corrupción como flagelo afecta todos los esfuerzos de las instituciones para combatir este tema. La corrupción ha afectado a toda la sociedad salvadoreña.
Los delitos de corrupción desvían los recursos públicos e impiden mejorar la calidad de vida de la población».
Tras la aprobación, los diputados de la bancada cian se mostraron satisfechos y reiteraron que, con la no prescripción de los referidos delitos, «los corruptos devolverán lo que les robaron a los salvadoreños».
El Viceministerio de Transporte (VMT) publicó un mensaje en sus redes sociales informando que emitió una multa de $150 para el diputado de Nuevas Ideas, Edgardo Mulato, por viajar inadecuadamente en la parte de atrás de un picop. La institución adjuntó una imagen de la esquela impuesta.
La sanción ocurre luego de que el diputado subiera un video a sus redes sociales en el que se le ve sentado en los laterales de la cama de un picop que va a alta velocidad; junto a las imágenes colocó el texto: “Saliendo de plenaria y rumbo a Tonacatepeque”.
La publicación del funcionario se volvió viral en redes sociales, generando diversas reacciones entre los usuarios, muchos de los cuales señalaron que el diputado estaba incumpliendo una norma de seguridad.
Tras las réplicas negativas, Mulato eliminó el video de sus redes. Una hora después de la publicación del VMT el diputado publicó en su página de X una foto de la multa pagada, con el texto:
“Nadie está por encima de la ley. No estoy exento a ello. Cometí una infracción de tránsito, asumo mi responsabilidad y pido disculpas. No volverá a pasar. Para que exista orden, debemos cumplir la ley” (sic), excribió.
El reglamento de tránsito establece que las personas pueden viajar en la parte trasera de un picop de uso familiar, siempre y cuando lo hagan sentados en la parte inferior, no en los laterales.
Además, la cantidad de personas trasladadas no debe sobrepasar la capacidad de carga del vehículo, tanto en dimensiones como en peso.
El incumplimiento de estas normas puede conllevar multas de entre $100 a $150. Y en los casos en los que se arriesgue la vida de personas, incluso puede implicar una sanción penal por el delito de conducción peligrosa.
El VMT no indicó si la multa solo se impuso a Mulato o también a la persona que conducía el vehículo.
La Escuela Superior de Innovación y Tecnología (ESIT) anunció nuevos cursos gratuitos enfocados en tecnología y ciberseguridad, dirigidos a personas interesadas en fortalecer sus conocimientos en herramientas digitales e inteligencia artificial.
La institución informó que desde ayer está disponible el curso «Protección de las Implementaciones de Inteligencia Artificial con Model Armor», mientras que desde el próximo 26 de mayo estará habilitado el curso «Google Threat Intelligence».
Las capacitaciones son desarrolladas en alianza con Google Cloud y buscan acercar a más personas a temas relacionados con seguridad tecnológica, inteligencia artificial y protección en entornos digitales.
De acuerdo con la ESIT, los cursos se impartirán bajo modalidad virtual y asincrónica, permitiendo que los participantes organicen su tiempo de estudio y accedan a las clases desde cualquier lugar con conexión a internet. Los interesados pueden inscribirse gratuitamente a través del sitio oficial de la institución.
Además de los nuevos programas, durante mayo también continúan disponibles los cursos «Estrategias para la gestión de riesgos de seguridad en la nube» e «Identificación de amenazas y riesgos de seguridad en la nube».
La construcción de la nueva Planta Potabilizadora de Ilopango avanza en su fase final con las 13 estructuras destinadas al tratamiento de agua y apoyo operativo completamente terminadas, informó ayer la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) durante una visita de inspección junto a representantes de la República Popular China.
Las autoridades detallaron que el proyecto ya supera el 90 % de avance y que actualmente los trabajos se concentran en el equipamiento electromecánico, instalaciones eléctricas y pruebas técnicas previas a su funcionamiento.
El presidente de ANDA, Dagoberto Arévalo, explicó que el proyecto ha entrado en la etapa decisiva, enfocada en garantizar el correcto funcionamiento de cada componente de la planta.
«En el avance de la obra en general, porque algunos edificios aún los están pintando y todo, estamos arriba del 90 %», afirmó Arévalo.
La planta contará con infraestructura especializada para el tratamiento y distribución de agua potable hacia distintos sectores de San Salvador Este y municipios aledaños.
De acuerdo con la institución, las pruebas incluirán la revisión de sistemas eléctricos, equipos electromecánicos, bombas, motores, calidad del agua y funcionamiento de las líneas de conducción.
Las autoridades estiman que estas pruebas comenzarán entre finales de julio y principios de agosto, conforme concluyan las obras pendientes y la instalación total de equipos.
Además, la ANDA confirmó que los ocho pozos subterráneos que abastecerán la planta ya fueron perforados y que actualmente continúan los trabajos de equipamiento hidráulico y conexión eléctrica externa.
El embajador chino en El Salvador, Zhang Yanhui, destacó que el proyecto representa un símbolo de cooperación entre ambos países y aseguró que la obra se ejecuta bajo estrictos estándares técnicos y de calidad.
La nueva planta beneficiará a más de 250,000 habitantes de Ilopango, Soyapango, San Martín, Santo Tomás, San Marcos, Santiago Texacuangos y San Francisco Chinameca, fortaleciendo el sistema de abastecimiento de agua potable en la zona oriental del Área Metropolitana de San Salvador.
