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Reforma al Código Penal impedirá que los corruptos burlen la justicia
Ladrones de cuello blanco, políticos corruptos y exfuncionarios acusados de enriquecerse con el dinero de los salvadoreños serán investigados sin importar el tiempo que transcurra desde que cometieron el delito, gracias a la reciente reforma al Código Procesal Penal, que no permitirá que los delitos ligados a corrupción y a la administración pública prescriban.
Dejar el país y esperar que el delito prescriba ha sido la apuesta vergonzosa que delincuentes han tomado para huir de la justicia; sin embargo, con la nueva reforma se podrá continuar investigando a expresidentes acusados de corrupción, como Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, y a exfuncionarios como Arístides Valencia o Gerson Martínez, quienes son prófugos.
Al listado se suma la exministra de Medio Ambiente Lina Pohl y el exministro de Agricultura José Guillermo López Suárez.
En septiembre pasado, los diputados aprobaron reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, que incluye la imprescriptibilidad y retroactividad en el juzgamiento de los delitos de peculado, peculado por culpa, concusión (hacer cobros injustificados), negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio y cohecho impropio (sobornos).
Asimismo, no prescribirán y serán procesados de forma retroactiva quienes cometan ilícitos de malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos, cohecho activo, soborno transnacional, tráfico de influencias, entre otros.
Hasta antes de la reforma, la legislación establecía que este tipo de delitos no podía investigarse ni procesarse luego de 10 años.
Funcionarios del actual Gobierno y diputados de la bancada cian aseguraron que con dicha modificación se pretende hacer «justicia», ya que no existirá barrera temporal para que se pueda investigar a los funcionarios que hayan cometido delitos en los últimos 30 años.
Entre los procesos judiciales pendientes están las seis acusaciones contra el expresidente Funes, quien no ha podido ser detenido ya que huyó y se asiló en Nicaragua.
El ministerio público acusa a Funes y a 31 personas más de sustraer $351,035,400 de los fondos públicos durante su mandato, en 2009-2014.
Pese al tiempo que transcurra, su caso seguirá vigente y, al entrar a territorio salvadoreño, podrá ser capturado inmediatamente.
El ministerio público señala que el prófugo expresidente por el FMLN y sus más cercanos colaboradores crearon una compleja red para sustraer de Casa Presidencial esos millones de dólares. El mecanismo que llevó a cabo para ocultar el origen del dinero fue utilizar testaferros para adquirir propiedades, residencias, vehículos, entre otros.
Uno de los políticos que fueron «salvados» por decisión de jueces es el exdiputado y excandidato presidencial de ARENA Norman Quijano, quien huyó a Honduras al ser señalado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
Sin embargo, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, entonces presidida por el magistrado Guillermo Arévalo Domínguez, quien renunció a la judicatura el mismo día del fallo que favoreció a Quijano, y Carlos Sánchez, destituido de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), anuló el proceso penal que la Fiscalía inició contra el exlegislador. Quijano también fue señalado por el corrupto Funes, durante su gestión, quien reveló que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) construyó un pozo a la exesposa de Quijano en 2001, cuando este era diputado.
El expresidente prófugo dijo que al pozo se le instaló el respectivo equipo de bombeo, fue cavado en la parcela 47, que comprende los lotes 6, 7, 8 y 11 del polígono E de la hacienda Las Mezas, cantón Cangrejera, en La Libertad, y en la obra se utilizó la perforadora de la ANDA Top 750.
Este caso quedó paralizado. Otra reciente acusación ligada a corrupción es sobre nueve exfuncionarios, quienes, liderados por Sánchez Cerén, recibieron $2.6 millones en bonos. Entre los involucrados prófugos están Martínez, Pohl y López Suárez.
Para todos ellos el ministerio público detalló que tramita órdenes de captura internacional. Sánchez Cerén y su familia huyeron a Nicaragua y recibieron de manera exprés la ciudadanía por parte de Daniel Ortega, mientras que Pohl continúa laborando para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México. El pasado 28 de julio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, entregó al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, una iniciativa del presidente de la república, Nayib Bukele, para reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, para que los actos de corrupción no prescriban.
Ante la iniciativa, el fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró que era necesaria y que la cumplirían, ya que «la corrupción como flagelo afecta todos los esfuerzos de las instituciones para combatir este tema. La corrupción ha afectado a toda la sociedad salvadoreña.
Los delitos de corrupción desvían los recursos públicos e impiden mejorar la calidad de vida de la población».
Tras la aprobación, los diputados de la bancada cian se mostraron satisfechos y reiteraron que, con la no prescripción de los referidos delitos, «los corruptos devolverán lo que les robaron a los salvadoreños».
Marco Antonio Pérez Hernández fue condenado a 39 años de prisión por homicidio agravado en grado de tentativa, en perjuicio de dos personas, y agrupaciones ilícitas, así resolvió el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
El doble intento de asesinato ocurrió el 1 de junio de 2013 en la comunidad Cristo Redentor, Ayutuxtepeque. El hombre disparó a las víctimas y luego se dio a la fuga; sin embargo, ambas personas sobrevivieron al ataque. Pérez Hernández fue perfilado como el encargado de la cancha Tainys Locos Revolucionarios de la pandilla 18 que delinquía en esa zona y tenía entre 20 y 30 pandilleros bajo sus órdenes.
El juzgador valoró la prueba ofertada por el ente fiscal y condenó al imputado de conformidad con el Código Penal anterior.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, realizó una nueva jornada del juicio que la Fiscalía General de la República promueve al expresentador de televisión, Jorge Hernández Meléndez, por el delito de evasión de impuestos.
La vista pública se ha estado desarrollando en jornadas interrumpidas, desde finales de febrero de 2026, cuando el tribunal comenzó a recibir la prueba, la cual continuó ayer.
En la acusación del ministerio público se detalla que Hernández Meléndez defraudó al fisco con un monto de $278,814.99; ya que en el 2014 declaró información falsa en el Ministerio de Hacienda.
Cuando el expediente fue judicializado la Fiscalía publicó que en el 2014, el imputado evadió el pago de impuesto sobre la renta en su calidad de contribuyente de la actividad económica consistentes en la prestación de servicios de carácter permanente bajo dependencia laboral en la sociedad Meridiano 89 S.A. de C.V.
Por esa acción ilícita el ministerio público pretende lograr una condena en este expediente que lleva varios años diligenciándose; inició en el Juzgado Octavo de Paz y luego enviado al extinto Juzgado Octavo de Instrucción ara que en la etapa final se asignara al Tribunal Quinto de Sentencia.
Hernández Meléndez, previo al juicio intentó finalizar el proceso con una salida alterna pagando el monto evadido, el juzgado que desarrolló la fase de instrucción le otorgó un plazo para pagar, pero al incumplir, tuvo que enfrentar la audiencia preliminar y ser enviado a juicio.
El procesado también tiene un expediente de extinción de dominio que llevó a la Fiscalía a incautarle 36 bienes entre inmuebles y dinero, para que en una decisión definitiva, el juez especializado se pronuncie.
El expresentador de televisión está bajo arresto domiciliar y con custodia de la Policía Nacional Civil (PNC) por resolución que emitió el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador el 11 de marzo del 2019 cuando fue la primera audiencia del proceso.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad condenó a dos ebrios que provocaron accidentes de tránsito en los que hubo un fallecido y dos lesionados.
En el primer expediente mediante procedimiento abreviado, impuso tres años excarcelables a Leonel Chicas Márquez, por homicidio culposo y conducción peligrosa.
Al otorgarle una suspensión condicional de la ejecución de la pena, quedó sujeto al cumplimiento de reglas de conducta por el mismo período y el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil a favor de los familiares del fallecido.
El accidente ocurrió la madrugada del 2 de agosto de 2025, cuando en estado de ebriedad invadió el carril contrario y colisionara con el vehículo de Jaime Edgardo Aguilar Romero, quien falleció en el periférico Claudia Lars, de San Juan Opico.
La segunda condena fue para Héctor M. A., quien recibió dos años, aplicándole la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero deberá pagar $5,500 por lesiones culposas en perjuicio de dos personas.
Según la acusación, la madrugada del 28 de marzo de 2025, en el km 30 de la carretera hacia San Juan Opico, La Libertad Centro, el imputado impactó la parte trasera de una motocicleta en la que viajaban dos personas. En la prueba de alcotest, detectaron que conducía con 159 grados de alcohol.
