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Reforma al Código Penal impedirá que los corruptos burlen la justicia
Ladrones de cuello blanco, políticos corruptos y exfuncionarios acusados de enriquecerse con el dinero de los salvadoreños serán investigados sin importar el tiempo que transcurra desde que cometieron el delito, gracias a la reciente reforma al Código Procesal Penal, que no permitirá que los delitos ligados a corrupción y a la administración pública prescriban.
Dejar el país y esperar que el delito prescriba ha sido la apuesta vergonzosa que delincuentes han tomado para huir de la justicia; sin embargo, con la nueva reforma se podrá continuar investigando a expresidentes acusados de corrupción, como Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, y a exfuncionarios como Arístides Valencia o Gerson Martínez, quienes son prófugos.
Al listado se suma la exministra de Medio Ambiente Lina Pohl y el exministro de Agricultura José Guillermo López Suárez.
En septiembre pasado, los diputados aprobaron reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, que incluye la imprescriptibilidad y retroactividad en el juzgamiento de los delitos de peculado, peculado por culpa, concusión (hacer cobros injustificados), negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio y cohecho impropio (sobornos).
Asimismo, no prescribirán y serán procesados de forma retroactiva quienes cometan ilícitos de malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos, cohecho activo, soborno transnacional, tráfico de influencias, entre otros.
Hasta antes de la reforma, la legislación establecía que este tipo de delitos no podía investigarse ni procesarse luego de 10 años.
Funcionarios del actual Gobierno y diputados de la bancada cian aseguraron que con dicha modificación se pretende hacer «justicia», ya que no existirá barrera temporal para que se pueda investigar a los funcionarios que hayan cometido delitos en los últimos 30 años.
Entre los procesos judiciales pendientes están las seis acusaciones contra el expresidente Funes, quien no ha podido ser detenido ya que huyó y se asiló en Nicaragua.
El ministerio público acusa a Funes y a 31 personas más de sustraer $351,035,400 de los fondos públicos durante su mandato, en 2009-2014.
Pese al tiempo que transcurra, su caso seguirá vigente y, al entrar a territorio salvadoreño, podrá ser capturado inmediatamente.
El ministerio público señala que el prófugo expresidente por el FMLN y sus más cercanos colaboradores crearon una compleja red para sustraer de Casa Presidencial esos millones de dólares. El mecanismo que llevó a cabo para ocultar el origen del dinero fue utilizar testaferros para adquirir propiedades, residencias, vehículos, entre otros.
Uno de los políticos que fueron «salvados» por decisión de jueces es el exdiputado y excandidato presidencial de ARENA Norman Quijano, quien huyó a Honduras al ser señalado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
Sin embargo, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, entonces presidida por el magistrado Guillermo Arévalo Domínguez, quien renunció a la judicatura el mismo día del fallo que favoreció a Quijano, y Carlos Sánchez, destituido de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), anuló el proceso penal que la Fiscalía inició contra el exlegislador. Quijano también fue señalado por el corrupto Funes, durante su gestión, quien reveló que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) construyó un pozo a la exesposa de Quijano en 2001, cuando este era diputado.
El expresidente prófugo dijo que al pozo se le instaló el respectivo equipo de bombeo, fue cavado en la parcela 47, que comprende los lotes 6, 7, 8 y 11 del polígono E de la hacienda Las Mezas, cantón Cangrejera, en La Libertad, y en la obra se utilizó la perforadora de la ANDA Top 750.
Este caso quedó paralizado. Otra reciente acusación ligada a corrupción es sobre nueve exfuncionarios, quienes, liderados por Sánchez Cerén, recibieron $2.6 millones en bonos. Entre los involucrados prófugos están Martínez, Pohl y López Suárez.
Para todos ellos el ministerio público detalló que tramita órdenes de captura internacional. Sánchez Cerén y su familia huyeron a Nicaragua y recibieron de manera exprés la ciudadanía por parte de Daniel Ortega, mientras que Pohl continúa laborando para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México. El pasado 28 de julio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, entregó al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, una iniciativa del presidente de la república, Nayib Bukele, para reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, para que los actos de corrupción no prescriban.
Ante la iniciativa, el fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró que era necesaria y que la cumplirían, ya que «la corrupción como flagelo afecta todos los esfuerzos de las instituciones para combatir este tema. La corrupción ha afectado a toda la sociedad salvadoreña.
Los delitos de corrupción desvían los recursos públicos e impiden mejorar la calidad de vida de la población».
Tras la aprobación, los diputados de la bancada cian se mostraron satisfechos y reiteraron que, con la no prescripción de los referidos delitos, «los corruptos devolverán lo que les robaron a los salvadoreños».
Un motociclista resultó lesionado esta mañana en un accidente de tránsito ocurrido sobre el bulevar Merliot, en Santa Tecla, La Libertad.
Equipos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendieron a la víctima en el lugar y la trasladaron a un centro asistencial.
El incidente generó una fuerte carga vehicular en dirección al bulevar Monseñor Romero, mientras los paramédicos brindaban atención.
Agentes policiales regularon el tráfico y realizaron las investigaciones para determinar las causas del accidente.
En el 6.º Congreso Iberoamericano de Movilidad y Seguridad Vial, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, compartió en su ponencia cómo las políticas de prevención implementadas en el país han generado resultados positivos en la seguridad vial. La intervención del titular resaltó el impacto de los dispositivos de control antidopaje para reducir siniestros y proteger la vida de la población.
«Por ejemplo, algo que nos ha funcionado mucho es el tema de los controles antidoping y fiscalizar a las personas que están manejando bajo los efectos del alcohol. Realizamos otro tipo de drogas o estupefacientes, pero el protagonista es el del alcoholímetro», manifestó el viceministro de Transporte.
Reyes participó en el panel con la temática «Una nueva narrativa para la seguridad vial: Cambiando corazones, mentes y políticas públicas», un espacio para reflexionar sobre cómo transformar la cultura vial desde la comunicación.
El ministro de Obras Públicas (MOP), Romeo Rodríguez, informó esta noche que el Gobierno salvadoreño avanza en la reconstrucción de las principales arterias del país, en el marco de los proyectos impulsados por la administración del presidente Nayib Bukele.
«Estamos trabajando en la reconstrucción de las principales arterias del país. Hemos reparado miles de kilómetros durante el gobierno del presidente Bukele, aunque aún hay mucho por hacer», señaló el funcionario.
Entre las obras en ejecución, Rodríguez mencionó la reconstrucción total de la carretera Panamericana, en el tramo que conecta Cojutepeque con San Martín, cuyos trabajos dijo, estarán concluidos a inicios de enero de 2025.
El titular del MOP también destacó los avances en el proyecto del viaducto y ampliación de la carretera de Los Chorros, donde se intervendrán 14.7 kilómetros.
«Vamos a acelerar las obras, la idea es tener una buena parte de la carretera concluida a finales del próximo año, aunque el proyecto finalizará en 2027», explicó, al resaltar que esto permitirá aliviar la carga vehicular en una de las vías más transitadas del país.
Asimismo, Rodríguez anunció la ampliación de la carretera Litoral, desde la playa El Obispo hasta El Zonte, y el desarrollo del Bypass de Apopa, que incluirá un puente atirantado de cuatro carriles, considerado uno de los proyectos más ambiciosos de la actual gestión.
