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Reforma al Código Penal impedirá que los corruptos burlen la justicia
Ladrones de cuello blanco, políticos corruptos y exfuncionarios acusados de enriquecerse con el dinero de los salvadoreños serán investigados sin importar el tiempo que transcurra desde que cometieron el delito, gracias a la reciente reforma al Código Procesal Penal, que no permitirá que los delitos ligados a corrupción y a la administración pública prescriban.
Dejar el país y esperar que el delito prescriba ha sido la apuesta vergonzosa que delincuentes han tomado para huir de la justicia; sin embargo, con la nueva reforma se podrá continuar investigando a expresidentes acusados de corrupción, como Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, y a exfuncionarios como Arístides Valencia o Gerson Martínez, quienes son prófugos.
Al listado se suma la exministra de Medio Ambiente Lina Pohl y el exministro de Agricultura José Guillermo López Suárez.
En septiembre pasado, los diputados aprobaron reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, que incluye la imprescriptibilidad y retroactividad en el juzgamiento de los delitos de peculado, peculado por culpa, concusión (hacer cobros injustificados), negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio y cohecho impropio (sobornos).
Asimismo, no prescribirán y serán procesados de forma retroactiva quienes cometan ilícitos de malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos, cohecho activo, soborno transnacional, tráfico de influencias, entre otros.
Hasta antes de la reforma, la legislación establecía que este tipo de delitos no podía investigarse ni procesarse luego de 10 años.
Funcionarios del actual Gobierno y diputados de la bancada cian aseguraron que con dicha modificación se pretende hacer «justicia», ya que no existirá barrera temporal para que se pueda investigar a los funcionarios que hayan cometido delitos en los últimos 30 años.
Entre los procesos judiciales pendientes están las seis acusaciones contra el expresidente Funes, quien no ha podido ser detenido ya que huyó y se asiló en Nicaragua.
El ministerio público acusa a Funes y a 31 personas más de sustraer $351,035,400 de los fondos públicos durante su mandato, en 2009-2014.
Pese al tiempo que transcurra, su caso seguirá vigente y, al entrar a territorio salvadoreño, podrá ser capturado inmediatamente.
El ministerio público señala que el prófugo expresidente por el FMLN y sus más cercanos colaboradores crearon una compleja red para sustraer de Casa Presidencial esos millones de dólares. El mecanismo que llevó a cabo para ocultar el origen del dinero fue utilizar testaferros para adquirir propiedades, residencias, vehículos, entre otros.
Uno de los políticos que fueron «salvados» por decisión de jueces es el exdiputado y excandidato presidencial de ARENA Norman Quijano, quien huyó a Honduras al ser señalado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
Sin embargo, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, entonces presidida por el magistrado Guillermo Arévalo Domínguez, quien renunció a la judicatura el mismo día del fallo que favoreció a Quijano, y Carlos Sánchez, destituido de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), anuló el proceso penal que la Fiscalía inició contra el exlegislador. Quijano también fue señalado por el corrupto Funes, durante su gestión, quien reveló que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) construyó un pozo a la exesposa de Quijano en 2001, cuando este era diputado.
El expresidente prófugo dijo que al pozo se le instaló el respectivo equipo de bombeo, fue cavado en la parcela 47, que comprende los lotes 6, 7, 8 y 11 del polígono E de la hacienda Las Mezas, cantón Cangrejera, en La Libertad, y en la obra se utilizó la perforadora de la ANDA Top 750.
Este caso quedó paralizado. Otra reciente acusación ligada a corrupción es sobre nueve exfuncionarios, quienes, liderados por Sánchez Cerén, recibieron $2.6 millones en bonos. Entre los involucrados prófugos están Martínez, Pohl y López Suárez.
Para todos ellos el ministerio público detalló que tramita órdenes de captura internacional. Sánchez Cerén y su familia huyeron a Nicaragua y recibieron de manera exprés la ciudadanía por parte de Daniel Ortega, mientras que Pohl continúa laborando para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México. El pasado 28 de julio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, entregó al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, una iniciativa del presidente de la república, Nayib Bukele, para reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, para que los actos de corrupción no prescriban.
Ante la iniciativa, el fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró que era necesaria y que la cumplirían, ya que «la corrupción como flagelo afecta todos los esfuerzos de las instituciones para combatir este tema. La corrupción ha afectado a toda la sociedad salvadoreña.
Los delitos de corrupción desvían los recursos públicos e impiden mejorar la calidad de vida de la población».
Tras la aprobación, los diputados de la bancada cian se mostraron satisfechos y reiteraron que, con la no prescripción de los referidos delitos, «los corruptos devolverán lo que les robaron a los salvadoreños».
La Procuraduría General de la República (PGR) acreditó a 28 nuevos mediadores internos, que tienen por función ayudar a resolver conflictos de forma pacífica y rápida, sin escalar a instancias judiciales.
«La mediación constituye un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa, pacífica y armónica, transformando los conflictos en oportunidades de diálogo y entendimiento», expresó el procurador general de la república, René Escobar.
Con los nuevos profesionales acreditados, la PGR cuenta con 388 mediadores, que atienden en la sede central y en las 18 procuradurías auxiliares.
En el primer trimestre de 2026, la Unidad de Mediación y Conciliación de la Procuraduría, ingresó 4,023 expedientes de personas que buscaron ayuda para resolver problemas de tipo patrimonial, problemas vecinales, de familia, cuotas alimenticias, custodias de hijos, entre otros.
Los 28 nuevos mediadores serán desplegados en las procuradurías de San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, Ahuachapán, Cuscatlán y Soyapango, informó la institución.
«La mediación ofrece a la ciudadanía una forma pacífica, rápida y humana de resolver los conflictos, sin necesidad de llegar a procesos judiciales largos y costosos. La mediación permite la justicia a las personas, promoviendo el diálogo, la comprensión mutua y la construcción de acuerdos sostenibles», afirmó Jeanneth Marconi, procuradora especializada de mediación.
Este lunes, representantes del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Fondo de Conservación Vial (Fovial) verificaron el avance de las obras de construcción del puente ubicado sobre la carretera Panamericana, en el cantón El Rebalse, distrito de San Miguel, San Miguel Centro.
En actualidad, en San Miguel también se están interviniendo los puentes La Gallina y el de San Antonio Silva, mediante una inversión de $6.8 millones, según informó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
Por su parte, el director ejecutivo del Fovial explicó que se ha habilitado un desvío temporal mientras se realiza la demolición del antiguo puente El Rebalse. El funcionario recalcó que no se detendrá el tráfico gracias a los desvíos pavimentados que se han habilitado.
«Este mismo trabajo vamos a replicar en el puente La Gallina y en el puente de San Antonio Silva», detalló Alex Beltrán, director ejecutivo del Fovial.
El nuevo puente Rebalse tendrá dos carriles de 3.65 metros, a un hombro de 1.80 en cada lado, a un espacio para peatones de 1.20 mts y estructuras de seguridad
«Este es un tramo que se hizo únicamente para el paso vehicular mientras se desarrolla la reconstrucción del nuevo puente El Rebalse, que va a ser más amplio, más seguro para los vehículos, para los peatones y para todas las familias del oriente del país», subrayó el titular del MOP.
La reconstrucción de los puentes La Gallina, El Rebalse y el de San Antonio Silva mejorará el tránsito vehicular, la actividad comercial y garantizará un paso seguro para la población.
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Sentosa Residences 523, un desarrollo inmobiliario de alta gama de Inversiones Méndez Miller (IMM), que eleva los estándares de la vida residencial en El Salvador con dos torres de apartamentos de lujo de 25 y 16 niveles, presenta un avance total del 42 % y una colocación que supera el 85 %.
El proyecto, ubicado en la colonia San Benito, San Salvador, representa una inversión de $55 millones y cuenta con un área total de desarrollo de alrededor de 42,000 metros cuadrados (m2) y 72 apartamentos, consolidándose como uno de los complejos residenciales más relevantes y sofisticados de la capital.
Asimismo, durante la etapa de construcción de ambas torres se han generado más de 200 empleos directos y una cifra superior de indirectos.
Gracias a su escala, inversión, amplitud de espacios, amenidades exclusivas y calidad constructiva, Sentosa Residences 523 se posiciona como una de las propuestas residenciales más exclusivas de San Salvador, ideal tanto para vivienda permanente como para inversión inmobiliaria de alta plusvalía.
De acuerdo con Mario Méndez Miller, gerente general de IMM, la torre A ya alcanzó los 25 niveles de construcción y se encuentra en etapa de adecuación de acabados de mármol, ventanales, electricidad, hidráulica y otros detalles, mientras que la torre B alcanzó el cuarto nivel de 16.
«Somos el único proyecto que estamos llevando a la par dos torres al mismo tiempo, esto ha sido un reto que estamos superando. La torre A esperamos entregarla a finales de 2026 y la torre B en marzo de 2027», añadió.
Las residencias cuentan con áreas desde 188 m2 hasta 640 m2, superando ampliamente los estándares habitacionales del mercado de lujo en El Salvador y ofreciendo configuraciones generosas, funcionales y elegantes.
«Estamos en más de un 85 % de todo el proyecto ya vendido, la aceptación ha sido excelente porque los usuarios de este segmento están más informados. Tenemos ya en trámites un segundo proyecto en esta zona de San Benito, donde creemos que hay mucho potencial para el mercado de lujo triple A, que no se ha explotado», indicó Miller.
Por su parte, Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), afirmó que la institución ha dado seguimiento a este proyecto que forma parte de la oferta y parte de las 87 torres que se están edificando en el área metropolitana, desde antes de arrancar la construcción.
«Se sigue trabajando y el sector está más estimulado, se siguen trabajando cada vez más propuestas atrevidas en cuanto a diseño, altura y servicios que alimentan la base económica del país. Nuestro objetivo con todos los proyectos es ir viendo los avances que presentan, lo que necesitan, cambios que se pueden hacer y otros», dijo.
Rodríguez señaló que, como parte de su dinamismo, el sector construcción está cubriendo una demanda alta en general y a todo nivel de mercado, con propuestas como la de Sentosa y otros proyectos que llegan hasta vivienda de interés social.
«El objetivo es que tanto la inversión privada como la misma estrategia de Gobierno vayamos caminando juntos para poder ir impulsando el sector de la construcción», destacó Luis Rodríguez.
