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Reforma al Código Penal impedirá que los corruptos burlen la justicia
Ladrones de cuello blanco, políticos corruptos y exfuncionarios acusados de enriquecerse con el dinero de los salvadoreños serán investigados sin importar el tiempo que transcurra desde que cometieron el delito, gracias a la reciente reforma al Código Procesal Penal, que no permitirá que los delitos ligados a corrupción y a la administración pública prescriban.
Dejar el país y esperar que el delito prescriba ha sido la apuesta vergonzosa que delincuentes han tomado para huir de la justicia; sin embargo, con la nueva reforma se podrá continuar investigando a expresidentes acusados de corrupción, como Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, y a exfuncionarios como Arístides Valencia o Gerson Martínez, quienes son prófugos.
Al listado se suma la exministra de Medio Ambiente Lina Pohl y el exministro de Agricultura José Guillermo López Suárez.
En septiembre pasado, los diputados aprobaron reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, que incluye la imprescriptibilidad y retroactividad en el juzgamiento de los delitos de peculado, peculado por culpa, concusión (hacer cobros injustificados), negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio y cohecho impropio (sobornos).
Asimismo, no prescribirán y serán procesados de forma retroactiva quienes cometan ilícitos de malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos, cohecho activo, soborno transnacional, tráfico de influencias, entre otros.
Hasta antes de la reforma, la legislación establecía que este tipo de delitos no podía investigarse ni procesarse luego de 10 años.
Funcionarios del actual Gobierno y diputados de la bancada cian aseguraron que con dicha modificación se pretende hacer «justicia», ya que no existirá barrera temporal para que se pueda investigar a los funcionarios que hayan cometido delitos en los últimos 30 años.
Entre los procesos judiciales pendientes están las seis acusaciones contra el expresidente Funes, quien no ha podido ser detenido ya que huyó y se asiló en Nicaragua.
El ministerio público acusa a Funes y a 31 personas más de sustraer $351,035,400 de los fondos públicos durante su mandato, en 2009-2014.
Pese al tiempo que transcurra, su caso seguirá vigente y, al entrar a territorio salvadoreño, podrá ser capturado inmediatamente.
El ministerio público señala que el prófugo expresidente por el FMLN y sus más cercanos colaboradores crearon una compleja red para sustraer de Casa Presidencial esos millones de dólares. El mecanismo que llevó a cabo para ocultar el origen del dinero fue utilizar testaferros para adquirir propiedades, residencias, vehículos, entre otros.
Uno de los políticos que fueron «salvados» por decisión de jueces es el exdiputado y excandidato presidencial de ARENA Norman Quijano, quien huyó a Honduras al ser señalado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
Sin embargo, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, entonces presidida por el magistrado Guillermo Arévalo Domínguez, quien renunció a la judicatura el mismo día del fallo que favoreció a Quijano, y Carlos Sánchez, destituido de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), anuló el proceso penal que la Fiscalía inició contra el exlegislador. Quijano también fue señalado por el corrupto Funes, durante su gestión, quien reveló que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) construyó un pozo a la exesposa de Quijano en 2001, cuando este era diputado.
El expresidente prófugo dijo que al pozo se le instaló el respectivo equipo de bombeo, fue cavado en la parcela 47, que comprende los lotes 6, 7, 8 y 11 del polígono E de la hacienda Las Mezas, cantón Cangrejera, en La Libertad, y en la obra se utilizó la perforadora de la ANDA Top 750.
Este caso quedó paralizado. Otra reciente acusación ligada a corrupción es sobre nueve exfuncionarios, quienes, liderados por Sánchez Cerén, recibieron $2.6 millones en bonos. Entre los involucrados prófugos están Martínez, Pohl y López Suárez.
Para todos ellos el ministerio público detalló que tramita órdenes de captura internacional. Sánchez Cerén y su familia huyeron a Nicaragua y recibieron de manera exprés la ciudadanía por parte de Daniel Ortega, mientras que Pohl continúa laborando para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México. El pasado 28 de julio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, entregó al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, una iniciativa del presidente de la república, Nayib Bukele, para reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, para que los actos de corrupción no prescriban.
Ante la iniciativa, el fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró que era necesaria y que la cumplirían, ya que «la corrupción como flagelo afecta todos los esfuerzos de las instituciones para combatir este tema. La corrupción ha afectado a toda la sociedad salvadoreña.
Los delitos de corrupción desvían los recursos públicos e impiden mejorar la calidad de vida de la población».
Tras la aprobación, los diputados de la bancada cian se mostraron satisfechos y reiteraron que, con la no prescripción de los referidos delitos, «los corruptos devolverán lo que les robaron a los salvadoreños».
Mientras que en países como Guatemala y Costa Rica los combustibles superan los $5 por galón, en El Salvador los precios se mantienen por debajo de esa cifra, gracias a un sólido esquema de fijación de precios por parte del Gobierno en las tres zonas del país.
Esto a pesar de que la situación geopolítica en Oriente Medio sigue empujando los precios de los hidrocarburos al alza a escala mundial.
Según la tabla anunciada ayer por la Dirección General de Energía Hidrocarburos y Minas (DGEHM), los precios de la gasolina superior se fijaron en $4.63 para la zona central; $4.64 para occidente y el mismo precio para oriente. Mientras que la regular en $4.30 para la zona central y $4.31 para occidente y oriente.
Por su parte, el diésel se fijó en $4.37 para las tres zonas del país, según la autoridad correspondiente. Cabe aclarar que es tos precios estarán vigentes desde este día hasta el 28 de mayo.
En cuanto al área centroamericana, en Guatemala se dio a conocer que la gasolina regular tiene un costo de $5.05, la superior $5.18 y el diésel $5.35.
En Costa Rica, el costo de la gasolina superior alcanza los $5.14, la regular $5.11 y el diésel $4.60, mientras las autoridades buscan mitigar el impacto mediante políticas de abastecimiento y comunicación al consumidor.
De acuerdo con el medio «El Comercio», la Refinadora Costarricense de Petróleo trata de amortiguar el impacto asegurando que, a pesar de la subida de los precios, es poco probable que haya un desabastecimiento.
En Honduras, la gasolina regular tiene un costo de $4.80, la superior $5.23 y el diésel $5.33. En Nicaragua, la situación se torna similar al resto de los países, puesto que la gasolina regular tiene un costo de $4.94, la superior $5.06 y el diésel alcanzó los $4.47.
En el caso hondureño, el mercado ya suma 14 alzas consecutivas que, según medios locales, han sido amortiguadas por el subsidio parcial denominado apoyo económico temporal.
En Panamá, la situación se torna similar, con precios que van desde $4.44 hasta $5.18 por el diésel; mientras que en Belice el costo es de $7.27 para las gasolinas y $7.24 para el galón de diésel.
Según la DGEHM, la tensión en el estrecho de Ormuz, en Irán, aumenta la prima de riesgo de los hidrocarburos de Oriente Medio, manteniendo alzas en los precios internacionales.
Asimismo, menciona que las amena zas en el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, por parte de los hutíes en Yemen, genera presión al alza en los precios de los hidrocarburos a escala global.
Además, indica que la disminución sostenida de inventarios de gasolina y diésel en Estados Unidos, reportada por la Agencia Internacional de Energía (AIE), genera tensión al alza en los precios internacionales, que se mantienen a la expectativa de las conversaciones entre Estados Unidos, Irán e Israel.
El Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat) continúa fortaleciendo la cultura de prevención en los centros educativos del país, mediante la conformación de un nuevo Comité Escolar de Seguridad Vial en el Complejo Educativo Caserío La Pedrera, cantón La Perla, en el departamento de La Libertad, con el apoyo de la Policía Nacional Civil de Seguridad Vial (PNCSV).
Como parte de esta iniciativa, también entregaron un kit de seguridad vial, beneficiando a 343 estudiantes, quienes ahora contarán con herramientas que les permitirán desplazarse de forma más segura en los alrededores de su centro escolar.
Estas acciones forman parte del compromiso del Fonat por promover entornos más seguros y fomentar una cultura de responsabilidad vial desde la niñez, contribuyendo así a la reducción de accidentes de tránsito en el país.
ENTREGA ESPECIAL
Del Uber de confianza al asesino: La brutal historia de Glenda Hernández que conmocionó El Salvador
En las calles de Santa Ana todavía pesa el eco de un CRIMEN que estremeció a todos.
Un caso más de VIOLENCIA que comenzó mucho antes del ASESINATO, porque según las investigaciones de la Fiscalía, la víctima vivía atrapada en un círculo constante de MALTRATO, AMENAZAS y MIEDO por parte de Diego Antonio Santos Villanueva, de 34 años, su expareja.
Al principio, él era solo el taxista de confianza —ese conductor que le hacía viajes periódicos y se ganó su confianza hasta entrar en su vida—. Ella le abrió la puerta pensando que sería diferente, que el amor podía cambiarlo. Pero ya no pudo salir. Aunque dijera NO, aunque supiera que el peligro crecía, tuvo tiempo para salir de allí pero no lo intentó. El miedo la paralizó. Pensó que las cosas serían diferentes esta vez.
La tragedia alcanzó su punto más BRUTAL el 19 de abril de 2026, en su propia vivienda en el barrio San Rafael, calle Libertad Oriente, Santa Ana Centro. Ese día, Villanueva entró a la casa. Tras una discusión, la furia se desató sin PIEDAD. Armado con un CUCHILLO, la atacó con saña hasta arrebatarle la vida dentro del lugar donde debía sentirse segura.
La víctima era Glenda Isabel Hernández Trujillo, de 28 años, una joven madre originaria de Texistepeque: trabajadora, instructora de gimnasio, dedicada a su hija de apenas 8 años, amiga de todos, apasionada por el ejercicio y con sueños aún por cumplir. Una mujer que, según sus cercanos, brillaba por su amabilidad y su fuerza.
Pero esa tarde, la pequeña de 8 años se convirtió en la voz que rompió el silencio. Encontró a su madre tirada en el piso de la entrada, con sangre en la cabeza, y marcó a sus familiares por teléfono. “Mamá tuvo un accidente”, dijo quien aún no entiende la magnitud del horror. Los familiares llegaron corriendo, pidieron ayuda médica en el Hospital San Juan de Dios… pero ya era tarde. Glenda yacía sin vida. La Policía Nacional Civil confirmó el feminicidio por arma blanca.
Después del CRIMEN, no hubo remordimiento. Hubo fuga.
Villanueva escapó de la escena, ocultó su vehículo e intentó desaparecer cruzando la frontera hacia Guatemala para burlar a la justicia. Pero la huida terminó cuando agentes policiales lo capturaron y lo entregaron a El Salvador.
Ahora, la Fiscalía General de la República logró que Diego Antonio Santos Villanueva continúe en prisión provisional mientras avanza el proceso penal en su contra por feminicidio agravado. El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana ya lo decretó: seguirá tras las rejas.
Pero en la calle se sabe una verdad amarga: cuando la violencia se normaliza, cuando los gritos se ignoran y cuando el miedo se calla, muchas veces la historia termina en TRAGEDIA.
Hoy él duerme tras las rejas. Ella no volverá jamás.
La hija de 8 años tuvo que despedir a su madre en el cementerio de Texistepeque, con el corazón hecho pedazos. Otra familia rota. Otro hogar enlutado.
Y Santa Ana, una vez más, amanece con rabia.
Glenda Isabel Hernández Trujillo. Otro nombre que se suma a la lista de mujeres arrebatadas por la VIOLENCIA. Otro recordatorio de que el miedo no es debilidad… hasta que te mata.
