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Reforma al Código Penal impedirá que los corruptos burlen la justicia
Ladrones de cuello blanco, políticos corruptos y exfuncionarios acusados de enriquecerse con el dinero de los salvadoreños serán investigados sin importar el tiempo que transcurra desde que cometieron el delito, gracias a la reciente reforma al Código Procesal Penal, que no permitirá que los delitos ligados a corrupción y a la administración pública prescriban.
Dejar el país y esperar que el delito prescriba ha sido la apuesta vergonzosa que delincuentes han tomado para huir de la justicia; sin embargo, con la nueva reforma se podrá continuar investigando a expresidentes acusados de corrupción, como Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, y a exfuncionarios como Arístides Valencia o Gerson Martínez, quienes son prófugos.
Al listado se suma la exministra de Medio Ambiente Lina Pohl y el exministro de Agricultura José Guillermo López Suárez.
En septiembre pasado, los diputados aprobaron reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, que incluye la imprescriptibilidad y retroactividad en el juzgamiento de los delitos de peculado, peculado por culpa, concusión (hacer cobros injustificados), negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio y cohecho impropio (sobornos).
Asimismo, no prescribirán y serán procesados de forma retroactiva quienes cometan ilícitos de malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos, cohecho activo, soborno transnacional, tráfico de influencias, entre otros.
Hasta antes de la reforma, la legislación establecía que este tipo de delitos no podía investigarse ni procesarse luego de 10 años.
Funcionarios del actual Gobierno y diputados de la bancada cian aseguraron que con dicha modificación se pretende hacer «justicia», ya que no existirá barrera temporal para que se pueda investigar a los funcionarios que hayan cometido delitos en los últimos 30 años.
Entre los procesos judiciales pendientes están las seis acusaciones contra el expresidente Funes, quien no ha podido ser detenido ya que huyó y se asiló en Nicaragua.
El ministerio público acusa a Funes y a 31 personas más de sustraer $351,035,400 de los fondos públicos durante su mandato, en 2009-2014.
Pese al tiempo que transcurra, su caso seguirá vigente y, al entrar a territorio salvadoreño, podrá ser capturado inmediatamente.
El ministerio público señala que el prófugo expresidente por el FMLN y sus más cercanos colaboradores crearon una compleja red para sustraer de Casa Presidencial esos millones de dólares. El mecanismo que llevó a cabo para ocultar el origen del dinero fue utilizar testaferros para adquirir propiedades, residencias, vehículos, entre otros.
Uno de los políticos que fueron «salvados» por decisión de jueces es el exdiputado y excandidato presidencial de ARENA Norman Quijano, quien huyó a Honduras al ser señalado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
Sin embargo, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, entonces presidida por el magistrado Guillermo Arévalo Domínguez, quien renunció a la judicatura el mismo día del fallo que favoreció a Quijano, y Carlos Sánchez, destituido de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), anuló el proceso penal que la Fiscalía inició contra el exlegislador. Quijano también fue señalado por el corrupto Funes, durante su gestión, quien reveló que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) construyó un pozo a la exesposa de Quijano en 2001, cuando este era diputado.
El expresidente prófugo dijo que al pozo se le instaló el respectivo equipo de bombeo, fue cavado en la parcela 47, que comprende los lotes 6, 7, 8 y 11 del polígono E de la hacienda Las Mezas, cantón Cangrejera, en La Libertad, y en la obra se utilizó la perforadora de la ANDA Top 750.
Este caso quedó paralizado. Otra reciente acusación ligada a corrupción es sobre nueve exfuncionarios, quienes, liderados por Sánchez Cerén, recibieron $2.6 millones en bonos. Entre los involucrados prófugos están Martínez, Pohl y López Suárez.
Para todos ellos el ministerio público detalló que tramita órdenes de captura internacional. Sánchez Cerén y su familia huyeron a Nicaragua y recibieron de manera exprés la ciudadanía por parte de Daniel Ortega, mientras que Pohl continúa laborando para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México. El pasado 28 de julio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, entregó al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, una iniciativa del presidente de la república, Nayib Bukele, para reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, para que los actos de corrupción no prescriban.
Ante la iniciativa, el fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró que era necesaria y que la cumplirían, ya que «la corrupción como flagelo afecta todos los esfuerzos de las instituciones para combatir este tema. La corrupción ha afectado a toda la sociedad salvadoreña.
Los delitos de corrupción desvían los recursos públicos e impiden mejorar la calidad de vida de la población».
Tras la aprobación, los diputados de la bancada cian se mostraron satisfechos y reiteraron que, con la no prescripción de los referidos delitos, «los corruptos devolverán lo que les robaron a los salvadoreños».
La Asamblea Legislativa ratificó, con 57 votos, el acuerdo constitucional siete que establece la reforma al inciso primero del artículo 79 de la carta magna para crear una circunscripción (15) y que los salvadoreños en el exterior tengan representación directa en el congreso a través de sus diputados.
«Estamos sumando una representación, porque hoy la diáspora va a elegir a quienes los van a dirigir; eso es democracia. Se les dará el derecho, de manera directa, en un proceso transparente, y los salvadoreños dirán cómo estará conformado», expresó el presidente del congreso, Ernesto Castro.
Durante la discusión del dictamen emitido por la comisión política se señaló que la enmienda constitucional conllevará a reformar leyes secundarias, para establecer la forma en que se aplicará la modificación constitucional.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, manifestó que otorgarle sus propios diputados a la diáspora tiene fundamento en otros artículos de la Constitución, como el 13 que establece que «todas las personas son iguales ante la ley», así como el artículo 72, que reconoce derechos políticos de los ciudadanos, como ejercer el sufragio; y el artículo 78 que establece que el voto será libre, directo, igualitario y secreto, que, según Guevara, es donde «realmente se garantiza la igualdad del voto entre salvadoreños, en cualquier parte del mundo».
Recordó que durante décadas ese derecho fue negado a los salvadoreños en el exterior y contrastó cómo en el pasado los partidos tradicionales velaron más porque reos pudieran emitir el voto dentro de las cárceles y no la diáspora.
La diputada cian Alexia Rivas recordó que crear la circunscripción 15 es una iniciativa del presidente Nayib Bukele, así como lo fue la creación de la ley del voto en el exterior. Afirmó que para crear ese marco normativo se hicieron consultas en el exterior, para que los salvadoreños pudieran votar usando tecnologías de la comunicación.
«Hemos cuidado cada detalle, no para imponer lo que esta Asamblea quiere, sino para facilitar que los salvadoreños en el exterior sean parte y acompañen los procesos, no únicamente electorales, sino todo el proceso de modernización que eso incluye», agregó.
Los diputados de la oposición, Claudia Ortiz, de VAMOS; y Marcela Villatoro y Francisco Lira, de ARENA, no respaldaron la iniciativa de ratificación de reforma constitucional.
Villatoro expresó que «más allá del voto, es de saber si realmente el Tribunal Supremo Electoral [TSE] está preparado para esto» y cuestionó que no se recibiera el resto de reformas a las leyes secundarias que conllevará la enmienda constitucional.
Las iniciativas para homologar el Código Electoral, la Ley de Partidos Políticos y Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero ingresaron ayer al pleno.
Cielo nublado, calor y lluvias se pronostican para este viernes, informa el Ministerio de Medio Ambiente. La temperatura máxima podría alcanzar los 39 °C detalla la institución.
«Desde la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con lluvias cerca del mediodía en sectores de la cadena volcánica. Por la tarde, continuarán las lluvias en la cordillera volcánica, con énfasis en Apaneca-Ilamatepec, además de tormentas en la zona montañosa norte», comunica el MARN.
Se espera que por la noche, «las lluvias y tormentas continuarán en sectores del noroccidente del país y algunos puntos del Área Metropolitana de San Salvador», añade.
De acuerdo a Medio Ambiente, actualmente se tiene la influencia del flujo del este junto con una vaguada sobre Centroamérica lo que favorece las condiciones antes mencionadas.
La máxima temperatura pronosticada para hoy es de 39 °C para la zona de Nueva Concepción, Chalatenango. Entretanto, La Unión, 38 °C; San Miguel y La Libertad, 37 °C; Acajutla, 36 °C, Santa Ana, 35 °C, y San Salvador, 32 °C.
Principal
Detienen provisionalmente a tres acusados de administración fraudulenta por más de $1.2 millones
El Juzgado Tercero de Instrucción ordenó el jueves la detención provisional de María Isabel Umaña Velásquez, Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes y Juan Ignacio Berger Giménez (los dos últimos de nacionalidad guatemalteca), por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de dos sociedades.
La medida se dictó en una audiencia especial de revisión de medidas cautelares. Los tres imputados venían enfrentando el proceso en libertad, pero al no presentarse a la diligencia, el tribunal ordenó girar las órdenes de captura correspondientes.
Según la Fiscalía General de la República, los procesados, junto a otras cuatro personas, habrían sustraído $1,284,274.39 entre 2016 y 2020. Los imputados, en sus cargos de jefatura de operaciones y dirección ejecutiva, cobraron viáticos y comisiones por supuestos gastos que, según la acusación, carecían de justificación documental.
La investigación se remonta a febrero de 2024, cuando la Fiscalía presentó la acusación contra siete personas por presuntas irregularidades en la administración de recursos de las sociedades Tierras Nacionales LTDA y otra empresa vinculada. Entre los imputados figuran Jorge Leonel Gaitán Paredes (fallecido) y su hijo Jorge Alberto Gaitán Castro, además de Jeni Celina Torres Zepeda y Selvin Martín Torres Andrade. Para estos últimos no se solicitó revisión de medidas en la audiencia de este viernes.
En marzo de 2025, las autoridades guatemaltecas capturaron a padre e hijo Gaitán con fines de extradición a El Salvador por este mismo caso. Durante el proceso se han realizado peritajes informáticos para analizar correos electrónicos y sistemas contables de las empresas involucradas.
La detención provisional de Umaña Velásquez, Echeverría Cabrera de Reyes y Berger Giménez se mantendrá mientras avanzan las diligencias de instrucción.
