Nacionales
Reforma al Código Penal impedirá que los corruptos burlen la justicia
Ladrones de cuello blanco, políticos corruptos y exfuncionarios acusados de enriquecerse con el dinero de los salvadoreños serán investigados sin importar el tiempo que transcurra desde que cometieron el delito, gracias a la reciente reforma al Código Procesal Penal, que no permitirá que los delitos ligados a corrupción y a la administración pública prescriban.
Dejar el país y esperar que el delito prescriba ha sido la apuesta vergonzosa que delincuentes han tomado para huir de la justicia; sin embargo, con la nueva reforma se podrá continuar investigando a expresidentes acusados de corrupción, como Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, y a exfuncionarios como Arístides Valencia o Gerson Martínez, quienes son prófugos.
Al listado se suma la exministra de Medio Ambiente Lina Pohl y el exministro de Agricultura José Guillermo López Suárez.
En septiembre pasado, los diputados aprobaron reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, que incluye la imprescriptibilidad y retroactividad en el juzgamiento de los delitos de peculado, peculado por culpa, concusión (hacer cobros injustificados), negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio y cohecho impropio (sobornos).
Asimismo, no prescribirán y serán procesados de forma retroactiva quienes cometan ilícitos de malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos, cohecho activo, soborno transnacional, tráfico de influencias, entre otros.
Hasta antes de la reforma, la legislación establecía que este tipo de delitos no podía investigarse ni procesarse luego de 10 años.
Funcionarios del actual Gobierno y diputados de la bancada cian aseguraron que con dicha modificación se pretende hacer «justicia», ya que no existirá barrera temporal para que se pueda investigar a los funcionarios que hayan cometido delitos en los últimos 30 años.
Entre los procesos judiciales pendientes están las seis acusaciones contra el expresidente Funes, quien no ha podido ser detenido ya que huyó y se asiló en Nicaragua.
El ministerio público acusa a Funes y a 31 personas más de sustraer $351,035,400 de los fondos públicos durante su mandato, en 2009-2014.
Pese al tiempo que transcurra, su caso seguirá vigente y, al entrar a territorio salvadoreño, podrá ser capturado inmediatamente.
El ministerio público señala que el prófugo expresidente por el FMLN y sus más cercanos colaboradores crearon una compleja red para sustraer de Casa Presidencial esos millones de dólares. El mecanismo que llevó a cabo para ocultar el origen del dinero fue utilizar testaferros para adquirir propiedades, residencias, vehículos, entre otros.
Uno de los políticos que fueron «salvados» por decisión de jueces es el exdiputado y excandidato presidencial de ARENA Norman Quijano, quien huyó a Honduras al ser señalado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
Sin embargo, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, entonces presidida por el magistrado Guillermo Arévalo Domínguez, quien renunció a la judicatura el mismo día del fallo que favoreció a Quijano, y Carlos Sánchez, destituido de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), anuló el proceso penal que la Fiscalía inició contra el exlegislador. Quijano también fue señalado por el corrupto Funes, durante su gestión, quien reveló que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) construyó un pozo a la exesposa de Quijano en 2001, cuando este era diputado.
El expresidente prófugo dijo que al pozo se le instaló el respectivo equipo de bombeo, fue cavado en la parcela 47, que comprende los lotes 6, 7, 8 y 11 del polígono E de la hacienda Las Mezas, cantón Cangrejera, en La Libertad, y en la obra se utilizó la perforadora de la ANDA Top 750.
Este caso quedó paralizado. Otra reciente acusación ligada a corrupción es sobre nueve exfuncionarios, quienes, liderados por Sánchez Cerén, recibieron $2.6 millones en bonos. Entre los involucrados prófugos están Martínez, Pohl y López Suárez.
Para todos ellos el ministerio público detalló que tramita órdenes de captura internacional. Sánchez Cerén y su familia huyeron a Nicaragua y recibieron de manera exprés la ciudadanía por parte de Daniel Ortega, mientras que Pohl continúa laborando para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México. El pasado 28 de julio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, entregó al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, una iniciativa del presidente de la república, Nayib Bukele, para reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, para que los actos de corrupción no prescriban.
Ante la iniciativa, el fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró que era necesaria y que la cumplirían, ya que «la corrupción como flagelo afecta todos los esfuerzos de las instituciones para combatir este tema. La corrupción ha afectado a toda la sociedad salvadoreña.
Los delitos de corrupción desvían los recursos públicos e impiden mejorar la calidad de vida de la población».
Tras la aprobación, los diputados de la bancada cian se mostraron satisfechos y reiteraron que, con la no prescripción de los referidos delitos, «los corruptos devolverán lo que les robaron a los salvadoreños».
Principal
CCR e ISP firman acuerdo histórico: traslado del Registro de Personal Público agilizará certificaciones de tiempo de servicio
En un paso considerado histórico por las autoridades involucradas, la Corte de Cuentas de la República (CCR) y el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) firmaron hoy una carta de entendimiento que transfiere formalmente la gestión del Registro de Personal de la Administración Pública al ISP.
El acuerdo fue suscrito por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, y el titular del ISP, Marlon Vásquez, con la presencia de los magistrados Julio Bendek y José Rodrigo Flores.
El proceso incluye la entrega física de un archivo masivo: más de 2,600 cajas que contienen planillas históricas, notas de tiempo de servicio y otros documentos relacionados con la trayectoria laboral de empleados públicos.
“Este no es solo un traslado de documentos; es una transición ordenada que garantiza la integridad, trazabilidad y resguardo total de la información. Aseguramos la continuidad del servicio sin afectar los derechos de los usuarios”, declaró el presidente Sosa durante la firma.
La medida da cumplimiento al decreto legislativo número 438, aprobado el 31 de agosto de 1995, que ordenó el traslado del registro al entonces Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (hoy ISP).
Tras tres décadas de espera, el acuerdo materializa ese mandato legal pendiente.Con esta alianza estratégica, ambas instituciones buscan modernizar la emisión de certificaciones de tiempo de servicio, reducir tiempos de espera en trámites y mejorar la eficiencia de los servicios públicos en beneficio de miles de empleados y pensionados.
“Este paso fortalece la coordinación interinstitucional y coloca al ciudadano en el centro de la gestión pública”, resaltaron las autoridades firmantes.
La ceremonia se llevó a cabo en San Salvador este viernes 27 de febrero de 2026.
Familias del departamento de La Libertad, en la zona de La Libertad Costa, recibieron este viernes viviendas y escrituras de propiedad como parte del Programa de Reasentamiento impulsado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Durante el acto de entrega, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, detalló que «cada una de estas viviendas tiene una inversión de $35,000, que incluye la compra del terreno, la construcción, la instalación de servicios básicos como agua, energía eléctrica y sistema de fosa séptica». Las casas están destinadas a familias que durante años residieron en zonas consideradas vulnerables.
Según datos oficiales, el Programa de Reasentamiento ha representado una inversión total de $56 millones en la actual administración. La iniciativa busca ofrecer soluciones habitacionales seguras y con respaldo legal a hogares que anteriormente carecían de certeza jurídica sobre los terrenos que ocupaban.
«Hoy se les entrega su escritura de propiedad. Esto les brinda la seguridad de que nadie llegará a amenazarlos ni a sacarlos, como ocurría en el pasado en diferentes lotificaciones del país. Esta es una zona que cuenta con todos los permisos para construir, donde pueden tener su casa y su terreno, y ampliarla si así lo desean», afirmó la funcionaria.
La ministra agregó que «el Programa de Reasentamiento del presidente Nayib Bukele busca que las familias puedan vivir en un lugar seguro, ordenado y propio, donde tengan la oportunidad de construir un futuro digno», y subrayó que, además de las llaves, la entrega de escrituras «garantiza que las familias tengan un patrimonio propio», con prioridad para mujeres jefas de hogar.
Principal
España conmemorará 40 años de cooperación en el país con diversas actividades durante 2026
La embajada de España en El Salvador y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) llevaron a cabo hoy la presentación del programa de actos que se realizarán durante este año en el marco del 40 aniversario de la cooperación española en El Salvador.
Entre las actividades que se llevarán a cabo están: exposiciones; conservatorios de acciones humanitarias, igualdad de género, cultura y desarrollo, derechos humanos; y un encuentro de ex becarios MAEC-AECID.
La presentación fue realizada en un evento con el que comenzaron las diez actividades conmemorativas que realizará el Gobierno de España durante 2026 para celebrar los 40 años de cooperación con El Salvador, que iniciaron desde el terremoto de 1986.
A dicho evento asistió la viceministra de relaciones exteriores, Adriana Mira, la directora general de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), Karla de Palma, la embajadora de España en El Salvador, Sonia Álvarez de Cibanal, el director de cooperación con Centroamérica, México y el Caribe de AECID, Álvaro Borrega, el coordinador de AECID en El Salvador, Fernando Rey.
También estuvieron presentes invitados especiales y algunas personas de la sociedad civil que han sido beneficiadas con la cooperación española.
Por su parte, la embajadora de España en El Salvador destacó que estos 40 años han sostenido sólidas relaciones con el país en el ámbito político, económico, empresarial, científico, consular, defensa y seguridad, académico y en la cooperación.
«En todos estos ámbitos hay algo determinante y son las relaciones humanas. Sin componente humano no se logra entender la necesidad de nuestras relaciones bilaterales y ese componente humano tiene un reflejo muy claro en la cooperación española», expresó la diplomática.
Por otra parte, Borrega destacó que en esto 40 años la cooperación española ha invertido $1,000 millones en múltiples proyectos que se ejecutan en El Salvador en beneficio de la población.
«La historia de la cooperación española en este país es también la historia de miles de vidas transformadas. Durante cuatro décadas, la cooperación española ha invertido en El Salvador unos $1,000 millones. Solo en 2025, la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo está ejecutando 54 proyectos por un valor de $117 millones», detalló.
En ese sentido, la viceministra Adriana Mira destacó que la cooperación española ha estado presente en los momentos más difíciles para El Salvador como durante el huracán Mitch, los terremotos de 1986 y 2001, así como las lluvias que afectaron al país en 2024.
«España siempre ha estado ahí, no solo como un donante sino como una nación hermana. Todos estos años, la labor que la AECID ha canalizado se traduce en cientos de millones de euros en proyectos que han transformado a nuestro país», afirmó.
Para conmemorar los 40 años de cooperación, la embajada española y AECID crearon un logotipo especial y el hashtag #40CooperaciónEspañolaSV.
