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Reforma al Código Penal impedirá que los corruptos burlen la justicia

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Ladrones de cuello blanco, políticos corruptos y exfuncionarios acusados de enriquecerse con el dinero de los salvadoreños serán investigados sin importar el tiempo que transcurra desde que cometieron el delito, gracias a la reciente reforma al Código Procesal Penal, que no permitirá que los delitos ligados a corrupción y a la administración pública prescriban.

Dejar el país y esperar que el delito prescriba ha sido la apuesta vergonzosa que delincuentes han tomado para huir de la justicia; sin embargo, con la nueva reforma se podrá continuar investigando a expresidentes acusados de corrupción, como Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, y a exfuncionarios como Arístides Valencia o Gerson Martínez, quienes son prófugos.

Al listado se suma la exministra de Medio Ambiente Lina Pohl y el exministro de Agricultura José Guillermo López Suárez.

En septiembre pasado, los diputados aprobaron reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, que incluye la imprescriptibilidad y retroactividad en el juzgamiento de los delitos de peculado, peculado por culpa, concusión (hacer cobros injustificados), negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio y cohecho impropio (sobornos).

Asimismo, no prescribirán y serán procesados de forma retroactiva quienes cometan ilícitos de malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos, cohecho activo, soborno transnacional, tráfico de influencias, entre otros.

Hasta antes de la reforma, la legislación establecía que este tipo de delitos no podía investigarse ni procesarse luego de 10 años.

Funcionarios del actual Gobierno y diputados de la bancada cian aseguraron que con dicha modificación se pretende hacer «justicia», ya que no existirá barrera temporal para que se pueda investigar a los funcionarios que hayan cometido delitos en los últimos 30 años.

Entre los procesos judiciales pendientes están las seis acusaciones contra el expresidente Funes, quien no ha podido ser detenido ya que huyó y se asiló en Nicaragua.

El ministerio público acusa a Funes y a 31 personas más de sustraer $351,035,400 de los fondos públicos durante su mandato, en 2009-2014.

Pese al tiempo que transcurra, su caso seguirá vigente y, al entrar a territorio salvadoreño, podrá ser capturado inmediatamente.

El ministerio público señala que el prófugo expresidente por el FMLN y sus más cercanos colaboradores crearon una compleja red para sustraer de Casa Presidencial esos millones de dólares. El mecanismo que llevó a cabo para ocultar el origen del dinero fue utilizar testaferros para adquirir propiedades, residencias, vehículos, entre otros.

Uno de los políticos que fueron «salvados» por decisión de jueces es el exdiputado y excandidato presidencial de ARENA Norman Quijano, quien huyó a Honduras al ser señalado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas.

Sin embargo, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, entonces presidida por el magistrado Guillermo Arévalo Domínguez, quien renunció a la judicatura el mismo día del fallo que favoreció a Quijano, y Carlos Sánchez, destituido de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), anuló el proceso penal que la Fiscalía inició contra el exlegislador. Quijano también fue señalado por el corrupto Funes, durante su gestión, quien reveló que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) construyó un pozo a la exesposa de Quijano en 2001, cuando este era diputado.

El expresidente prófugo dijo que al pozo se le instaló el respectivo equipo de bombeo, fue cavado en la parcela 47, que comprende los lotes 6, 7, 8 y 11 del polígono E de la hacienda Las Mezas, cantón Cangrejera, en La Libertad, y en la obra se utilizó la perforadora de la ANDA Top 750.

Este caso quedó paralizado. Otra reciente acusación ligada a corrupción es sobre nueve exfuncionarios, quienes, liderados por Sánchez Cerén, recibieron $2.6 millones en bonos. Entre los involucrados prófugos están Martínez, Pohl y López Suárez.

Para todos ellos el ministerio público detalló que tramita órdenes de captura internacional. Sánchez Cerén y su familia huyeron a Nicaragua y recibieron de manera exprés la ciudadanía por parte de Daniel Ortega, mientras que Pohl continúa laborando para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México. El pasado 28 de julio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, entregó al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, una iniciativa del presidente de la república, Nayib Bukele, para reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, para que los actos de corrupción no prescriban.

Ante la iniciativa, el fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró que era necesaria y que la cumplirían, ya que «la corrupción como flagelo afecta todos los esfuerzos de las instituciones para combatir este tema. La corrupción ha afectado a toda la sociedad salvadoreña.

Los delitos de corrupción desvían los recursos públicos e impiden mejorar la calidad de vida de la población».

Tras la aprobación, los diputados de la bancada cian se mostraron satisfechos y reiteraron que, con la no prescripción de los referidos delitos, «los corruptos devolverán lo que les robaron a los salvadoreños».

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Claudia Ortiz asegura que salvadoreños en el exterior rechazan a Nayib Bukele

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Durante una entrevista radial, Ortiz señaló que su partido mantiene comunicación constante con salvadoreños residentes fuera del país y reiteró su respaldo a la participación política de la diáspora.

Según expresó, algunos de esos ciudadanos le habrían manifestado sentirse decepcionados por el rumbo de la actual administración, pese a haber apoyado previamente el proyecto político oficialista.

“Nosotros los pusimos ahí y nosotros los vamos a quitar”, citó la legisladora al referirse —según explicó— a comentarios recibidos durante esos intercambios.

La diputada también sostuvo que el tema central no es si los salvadoreños en el exterior tienen derecho a participar políticamente, sino garantizar mecanismos adecuados de representación.

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Menores aprenden sobre seguridad vial con actividades interactivas en la plaza Gerardo Barrios

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En el marco de la Semana Mundial de la Seguridad Vial, este martes se desarrolló una jornada educativa en la plaza Gerardo Barrios, ubicada en el Centro Histórico de San Salvador, donde niños y adolescentes participan en actividades diseñadas para fortalecer la cultura de respeto a las normas de tránsito.

Como parte de la iniciativa, los asistentes recorrieron una alfombra de simulación vial, un espacio que recrea calles, redondeles, señales y un semáforo funcional, permitiendo a los menores familiarizarse de manera práctica con situaciones cotidianas en la vía pública.

A través de dinámicas lúdicas y ejercicios interactivos, los participantes ponen en práctica conceptos relacionados con la convivencia responsable y el respeto a la señalización vial.

«Este tipo de actividades tienen como objetivo que los niños aprendan jugando, que realicen una actividad lúdica, pero que también les sirva para llevarse esos conceptos y valores que les van a servir para convertirse en ciudadanos de bien. Esto, además, les va a ayudar a ser personas que respeten las leyes de tránsito en un futuro», expresó el titular del Viceministerio de Transporte, Nelson Reyes.

El funcionario también explicó que la experiencia busca acercar a los menores a escenarios reales de tránsito de forma segura.

« (En la alfombra) tenemos la simulación de diferentes calles, redondeles, un semáforo funcional y señales de tránsito, para que los niños aprendan sobre las diferentes normas que les van a servir en un futuro», indicó Reyes.

La alfombra de simulación vial permanecerá habilitada en la plaza Gerardo Barrios hasta el jueves 14 de mayo, en horarios de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 3:00 de la tarde a 8:00 de la noche.

 

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Stacy Herbert se reúne con delegación de EE.UU. para discutir estrategia de IA de El Salvador

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Stacy Herbert, directora de la Oficina Nacional del Bitcoin y figura clave en la dirección de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial de El Salvador, se reunió con el subsecretario de la Oficina de Asuntos Económicos y Empresariales del Departamento de Estado de Estados Unidos, Caleb Orr, durante la visita que este funcionario realizó al país al frente de una delegación interinstitucional.

El encuentro giró en torno a la estrategia de inteligencia artificial de El Salvador y al posicionamiento del país como lo que Herbert describió como «el banco de pruebas global para el despliegue de IA». Según la funcionaria, la delegación estadounidense, integrada por representantes de agencias económicas del gobierno de EE.UU. y capitalistas de riesgo, mostró un interés considerable en la propuesta de valor que El Salvador está construyendo en este sector.

«Estamos construyendo el entorno más favorable a la innovación para el futuro de la computación, y el mundo lo está notando», señaló Herbert tras el encuentro.

El Salvador aprobó su Ley de Inteligencia Artificial hace poco más de 14 meses, y desde entonces el país ha avanzado en la consolidación de alianzas con compañías tecnológicas de primer nivel mundial y con emprendedores de referencia internacional. Herbert destacó que estos vínculos se han construido «como iguales», lo que refleja el reconocimiento que El Salvador está alcanzando en el ecosistema global de tecnología e innovación.

La reunión se produjo en el marco de la misma visita en la que la delegación estadounidense recorrió Data Trust, el primer centro de datos comercial certificado Tier III del país, donde exploraron oportunidades de colaboración en infraestructura digital e IA con representantes del sector privado salvadoreño.

El Salvador forma parte de una gira regional liderada por Orr que también incluyó Honduras, con foco en sectores como energía, infraestructura digital, transporte y cadenas de suministro de alta tecnología. La inclusión de la estrategia de IA en la agenda bilateral refuerza el perfil que el país busca proyectar como destino de inversión tecnológica en Centroamérica.

Para Herbert, lo ocurrido en los últimos 14 meses desde la aprobación de la ley es solo el comienzo de un proceso de mayor alcance: «El Salvador está ganando de tantas formas que la mayoría de las personas aún no comprende», afirmó.

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