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Reforma al Código Penal impedirá que los corruptos burlen la justicia
Ladrones de cuello blanco, políticos corruptos y exfuncionarios acusados de enriquecerse con el dinero de los salvadoreños serán investigados sin importar el tiempo que transcurra desde que cometieron el delito, gracias a la reciente reforma al Código Procesal Penal, que no permitirá que los delitos ligados a corrupción y a la administración pública prescriban.
Dejar el país y esperar que el delito prescriba ha sido la apuesta vergonzosa que delincuentes han tomado para huir de la justicia; sin embargo, con la nueva reforma se podrá continuar investigando a expresidentes acusados de corrupción, como Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, y a exfuncionarios como Arístides Valencia o Gerson Martínez, quienes son prófugos.
Al listado se suma la exministra de Medio Ambiente Lina Pohl y el exministro de Agricultura José Guillermo López Suárez.
En septiembre pasado, los diputados aprobaron reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, que incluye la imprescriptibilidad y retroactividad en el juzgamiento de los delitos de peculado, peculado por culpa, concusión (hacer cobros injustificados), negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio y cohecho impropio (sobornos).
Asimismo, no prescribirán y serán procesados de forma retroactiva quienes cometan ilícitos de malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos, cohecho activo, soborno transnacional, tráfico de influencias, entre otros.
Hasta antes de la reforma, la legislación establecía que este tipo de delitos no podía investigarse ni procesarse luego de 10 años.
Funcionarios del actual Gobierno y diputados de la bancada cian aseguraron que con dicha modificación se pretende hacer «justicia», ya que no existirá barrera temporal para que se pueda investigar a los funcionarios que hayan cometido delitos en los últimos 30 años.
Entre los procesos judiciales pendientes están las seis acusaciones contra el expresidente Funes, quien no ha podido ser detenido ya que huyó y se asiló en Nicaragua.
El ministerio público acusa a Funes y a 31 personas más de sustraer $351,035,400 de los fondos públicos durante su mandato, en 2009-2014.
Pese al tiempo que transcurra, su caso seguirá vigente y, al entrar a territorio salvadoreño, podrá ser capturado inmediatamente.
El ministerio público señala que el prófugo expresidente por el FMLN y sus más cercanos colaboradores crearon una compleja red para sustraer de Casa Presidencial esos millones de dólares. El mecanismo que llevó a cabo para ocultar el origen del dinero fue utilizar testaferros para adquirir propiedades, residencias, vehículos, entre otros.
Uno de los políticos que fueron «salvados» por decisión de jueces es el exdiputado y excandidato presidencial de ARENA Norman Quijano, quien huyó a Honduras al ser señalado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
Sin embargo, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, entonces presidida por el magistrado Guillermo Arévalo Domínguez, quien renunció a la judicatura el mismo día del fallo que favoreció a Quijano, y Carlos Sánchez, destituido de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), anuló el proceso penal que la Fiscalía inició contra el exlegislador. Quijano también fue señalado por el corrupto Funes, durante su gestión, quien reveló que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) construyó un pozo a la exesposa de Quijano en 2001, cuando este era diputado.
El expresidente prófugo dijo que al pozo se le instaló el respectivo equipo de bombeo, fue cavado en la parcela 47, que comprende los lotes 6, 7, 8 y 11 del polígono E de la hacienda Las Mezas, cantón Cangrejera, en La Libertad, y en la obra se utilizó la perforadora de la ANDA Top 750.
Este caso quedó paralizado. Otra reciente acusación ligada a corrupción es sobre nueve exfuncionarios, quienes, liderados por Sánchez Cerén, recibieron $2.6 millones en bonos. Entre los involucrados prófugos están Martínez, Pohl y López Suárez.
Para todos ellos el ministerio público detalló que tramita órdenes de captura internacional. Sánchez Cerén y su familia huyeron a Nicaragua y recibieron de manera exprés la ciudadanía por parte de Daniel Ortega, mientras que Pohl continúa laborando para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México. El pasado 28 de julio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, entregó al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, una iniciativa del presidente de la república, Nayib Bukele, para reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, para que los actos de corrupción no prescriban.
Ante la iniciativa, el fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró que era necesaria y que la cumplirían, ya que «la corrupción como flagelo afecta todos los esfuerzos de las instituciones para combatir este tema. La corrupción ha afectado a toda la sociedad salvadoreña.
Los delitos de corrupción desvían los recursos públicos e impiden mejorar la calidad de vida de la población».
Tras la aprobación, los diputados de la bancada cian se mostraron satisfechos y reiteraron que, con la no prescripción de los referidos delitos, «los corruptos devolverán lo que les robaron a los salvadoreños».
El ministro del Ministerio de Obras Públicas de El Salvador, Romeo Herrera, anunció la activación del servicio gratuito de grúas como parte del plan “MOP Te Asiste”, que estará disponible a nivel nacional las 24 horas del día.
El servicio inició este 25 de marzo y se mantendrá hasta el lunes 6 de abril, cubriendo el periodo de Semana Santa, con el objetivo de brindar apoyo inmediato a los conductores ante cualquier emergencia vial.
Las autoridades destacaron que cualquier persona podrá acceder al servicio sin costo, sin importar el lugar o la hora, incluso con traslado hasta su vivienda si es necesario, garantizando así mayor seguridad y tranquilidad en las carreteras del país.
Este miércoles 25 de marzo, la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (TSE), Roxana Soriano, suscribió un acuerdo de cooperación con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), en el marco de la preparación de las Elecciones Generales de 2027.
El convenio fue firmado junto a la procuradora Raquel Caballero de Guevara, quien actuó en representación de la institución garante de los derechos humanos en el país. Este acuerdo establece mecanismos de coordinación interinstitucional, así como la articulación de esfuerzos técnicos y operativos durante el desarrollo del proceso electoral.
Durante el acto, Soriano destacó que la firma trasciende lo protocolario y representa un compromiso de fondo con el fortalecimiento democrático. “Más que formalizar un convenio es un compromiso histórico con la democracia, con los derechos humanos y con el futuro de nuestra nación”, expresó.
El acuerdo también busca robustecer las acciones de observación electoral, con énfasis en la promoción y garantía de los derechos políticos de la ciudadanía. A través de este tipo de alianzas, se pretende asegurar procesos más transparentes, inclusivos y respetuosos del marco legal vigente.
Las autoridades subrayaron que la cooperación entre instituciones será clave para generar confianza en la población de cara a los comicios de 2027.
Principal
Gobierno desplegará inspectores para verificar derechos laborales durante el asueto de Semana Santa 2026
Con el objetivo de proteger los derechos de la clase trabajadora, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) anunció que sus inspectores se desplegarán a nivel nacional durante el asueto vacacional de Semana Santa 2026. Los días jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de abril están establecidos como asuetos remunerados según el Código de Trabajo.
Aunque muchos salvadoreños aprovecharán estos días para actividades recreativas y descanso en familia, quienes laboren por mutuo acuerdo con su empleador tendrán derecho a un recargo del 100%, es decir, al pago doble de su jornada ordinaria.
El vocero del MTPS, Celso Aparicio, recordó que “si el empleado, de común acuerdo con el patrón, decide laborar, estos días deben ser remunerados con salario ordinario más un recargo del ciento por ciento”. Las inspecciones se realizarán en los 14 departamentos del país, priorizando comercios, empresas y centros de atención al público que permanezcan abiertos.
El Ministerio investigará cualquier denuncia de incumplimiento y aplicará sanciones que varían según la gravedad de la infracción y el tamaño de la empresa. El despliegue busca disuadir violaciones y garantizar que se respete plenamente la legislación laboral durante el periodo vacacional.
Los trabajadores que consideren que sus derechos han sido vulnerados pueden denunciar de forma gratuita a través del Call Center 130 o acercándose a cualquiera de las sedes del MTPS a nivel nacional.
