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Reforma al Código Penal impedirá que los corruptos burlen la justicia

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Ladrones de cuello blanco, políticos corruptos y exfuncionarios acusados de enriquecerse con el dinero de los salvadoreños serán investigados sin importar el tiempo que transcurra desde que cometieron el delito, gracias a la reciente reforma al Código Procesal Penal, que no permitirá que los delitos ligados a corrupción y a la administración pública prescriban.

Dejar el país y esperar que el delito prescriba ha sido la apuesta vergonzosa que delincuentes han tomado para huir de la justicia; sin embargo, con la nueva reforma se podrá continuar investigando a expresidentes acusados de corrupción, como Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, y a exfuncionarios como Arístides Valencia o Gerson Martínez, quienes son prófugos.

Al listado se suma la exministra de Medio Ambiente Lina Pohl y el exministro de Agricultura José Guillermo López Suárez.

En septiembre pasado, los diputados aprobaron reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, que incluye la imprescriptibilidad y retroactividad en el juzgamiento de los delitos de peculado, peculado por culpa, concusión (hacer cobros injustificados), negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio y cohecho impropio (sobornos).

Asimismo, no prescribirán y serán procesados de forma retroactiva quienes cometan ilícitos de malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos, cohecho activo, soborno transnacional, tráfico de influencias, entre otros.

Hasta antes de la reforma, la legislación establecía que este tipo de delitos no podía investigarse ni procesarse luego de 10 años.

Funcionarios del actual Gobierno y diputados de la bancada cian aseguraron que con dicha modificación se pretende hacer «justicia», ya que no existirá barrera temporal para que se pueda investigar a los funcionarios que hayan cometido delitos en los últimos 30 años.

Entre los procesos judiciales pendientes están las seis acusaciones contra el expresidente Funes, quien no ha podido ser detenido ya que huyó y se asiló en Nicaragua.

El ministerio público acusa a Funes y a 31 personas más de sustraer $351,035,400 de los fondos públicos durante su mandato, en 2009-2014.

Pese al tiempo que transcurra, su caso seguirá vigente y, al entrar a territorio salvadoreño, podrá ser capturado inmediatamente.

El ministerio público señala que el prófugo expresidente por el FMLN y sus más cercanos colaboradores crearon una compleja red para sustraer de Casa Presidencial esos millones de dólares. El mecanismo que llevó a cabo para ocultar el origen del dinero fue utilizar testaferros para adquirir propiedades, residencias, vehículos, entre otros.

Uno de los políticos que fueron «salvados» por decisión de jueces es el exdiputado y excandidato presidencial de ARENA Norman Quijano, quien huyó a Honduras al ser señalado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas.

Sin embargo, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, entonces presidida por el magistrado Guillermo Arévalo Domínguez, quien renunció a la judicatura el mismo día del fallo que favoreció a Quijano, y Carlos Sánchez, destituido de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), anuló el proceso penal que la Fiscalía inició contra el exlegislador. Quijano también fue señalado por el corrupto Funes, durante su gestión, quien reveló que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) construyó un pozo a la exesposa de Quijano en 2001, cuando este era diputado.

El expresidente prófugo dijo que al pozo se le instaló el respectivo equipo de bombeo, fue cavado en la parcela 47, que comprende los lotes 6, 7, 8 y 11 del polígono E de la hacienda Las Mezas, cantón Cangrejera, en La Libertad, y en la obra se utilizó la perforadora de la ANDA Top 750.

Este caso quedó paralizado. Otra reciente acusación ligada a corrupción es sobre nueve exfuncionarios, quienes, liderados por Sánchez Cerén, recibieron $2.6 millones en bonos. Entre los involucrados prófugos están Martínez, Pohl y López Suárez.

Para todos ellos el ministerio público detalló que tramita órdenes de captura internacional. Sánchez Cerén y su familia huyeron a Nicaragua y recibieron de manera exprés la ciudadanía por parte de Daniel Ortega, mientras que Pohl continúa laborando para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México. El pasado 28 de julio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, entregó al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, una iniciativa del presidente de la república, Nayib Bukele, para reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, para que los actos de corrupción no prescriban.

Ante la iniciativa, el fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró que era necesaria y que la cumplirían, ya que «la corrupción como flagelo afecta todos los esfuerzos de las instituciones para combatir este tema. La corrupción ha afectado a toda la sociedad salvadoreña.

Los delitos de corrupción desvían los recursos públicos e impiden mejorar la calidad de vida de la población».

Tras la aprobación, los diputados de la bancada cian se mostraron satisfechos y reiteraron que, con la no prescripción de los referidos delitos, «los corruptos devolverán lo que les robaron a los salvadoreños».

ENTREGA ESPECIAL

El Psicopata que cambio la regla del Narco

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Edgar Valdés Villarreal, hijo de un pintor de casas mexicano y una ama de casa tejana, la Barbie. Un apodo que le pusieron en la secundaria por su cabello gero. Un apodo que terminaría escrito con sangre en las calles de Medio México. No había nada en su infancia que anunciara el monstruo. Jugaba fútbol americano en la Lincoln High School.

Linebacker, posición de impacto. Posición de violencia controlada. Sus compañeros lo recuerdan como un chavo popular. Nada extraordinario, nada que hiciera pensar en lo que vendría después. Pero Laredo no es cualquier ciudad, es la frontera y la frontera tiene sus propias reglas.

En los 90, Laredo era un punto de entrada clave para la coca que venía del sur. El cártel del Golfo controlaba la plaza. Los Zetas, un grupo recién formado por desertores del gafe mexicano con influencia de entrenamientos especializados.

Apenas comenzaban a operar como brazo armado. Valdés Villarreal no era un estudiante brillante, no era un atleta excepcional, pero tenía algo que llamaba la atención en ese mundo. No dudaba.

Y en la frontera eso vale más que un título universitario. Finales de los 90. Edgar, todavía adolescente, ya vende marihuana en pequeñas cantidades en su high school.

Nada mayor, nada que llame la atención de las autoridades, pero es suficiente para que los conectes locales lo noten. Un chavo bilingüe que puede moverse entre dos mundos sin levantar sospechas.

Eso es oro en el negocio. 2000. Edgar ya no está en la escuela, dejó el fútbol, dejó cualquier pretensión de vida normal.

Las autoridades de Texas comienzan a investigarlo por distribución de marihuana. Nada grave todavía. Pero suficiente para que tome una decisión que cambiaría todo.

Cruza el río, se va para Nuevo Laredo, del lado mexicano, donde las leyes americanas no llegan, donde un chavo con sus características puede desaparecer o puede convertirse en algo más grande.

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 2001. La ciudad es un hervidero. El cártel del Golfo domina, pero enfrenta presión.

El gobierno de Vicente Fox promete mano dura contra el crimen organizado. Los operativos federales se intensifican por primera vez en décadas y en ese caos un gero de Texas encuentra su lugar.

Valdés Villarreal no llega como un narco hecho y derecho, llega como un refugiado, como alguien que huye de problemas menores en el norte, pero tiene conexiones.

Tiene un primo que trabaja para gente pesada y tiene ese perfil que nadie espera. Los primeros meses trabaja en lo básico, mueve paquetes, cobra deudas pequeñas, hace mandados, pero desde el principio muestra algo diferente, no duda.

Cuando le ordenan golpear a alguien, lo hace sin preguntar. Cuando le dicen que entregue un mensaje violento, lo entrega con exceso.

Los jefes locales comienzan a notar al americanito, no por su experiencia, por su disposición. Arturo Beltrán Leyva, el Barbás, en ese momento es uno de los operadores principales de la Federación de Sinaloa en la zona del Golfo.

Controla rutas, coordina envíos masivos y necesita gente de confianza en Nuevo Laredo, gente que no tenga los vicios de los narcos tradicionales, gente que no esté quemada con las autoridades mexicanas.

Alguien le habla de un guero que acaba de llegar de Texas. Alguien que no tiene historial, alguien que puede pasar desapercibido. La primera vez que Valdés Villarreal se reúne con gente de Beltrán Leiva es en una casa de seguridad en la colonia Jardín 2002.

Barbas no está presente, pero sus lugartenientes sí le hacen preguntas, le prueban, le dan una tarea sencilla, recoger un paquete del otro lado y traerlo a Nuevo Laredo.

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Edgar lo hace en menos de 6 horas sin problemas, sin nervios. Cuando regresa, los lugartenientes se miran entre ellos. Este chavo sirve. Los siguientes meses, Valdés Villarreal se convierte en un operador de confianza

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Agresión con botella en Soyapango deja un lesionado y una mujer detenida

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Una mujer fue capturada en el distrito de Soyapango, San Salvador Este, luego de protagonizar un hecho de violencia contra su compañero de vida durante una discusión.

La detenida fue identificada como Zenaida Beatriz Gámez Lara, de 37 años, quien habría agredido a la víctima con una botella de vidrio mientras ambos se encontraban consumiendo alcohol.

De acuerdo con el informe, los equipos intervinieron de manera oportuna, evitando que la agresión continuara. La persona lesionada fue trasladada a un centro asistencial, donde se encuentra estable.

Las autoridades informaron que Gámez Lara será remitida por el delito de lesiones, reiterando que, incluso bajo los efectos del alcohol, cada decisión tiene consecuencias.

 

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Bomberos reportan menos emergencias a nivel nacional

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El subdirector de Bomberos de El Salvador, Erick Vásquez, presentó un balance preliminar de los incendios atendidos entre el 28 de marzo y el 1 de abril, en el marco del Plan Verano 2026, destacando variaciones importantes en comparación con el mismo período del año anterior.

De acuerdo con los datos oficiales, los incendios en vehículos disminuyeron de 10 casos en 2025 a 7 en 2026. Asimismo, los incendios forestales registraron una baja significativa, pasando de 19 a 9 incidentes.

En cuanto a los incendios estructurales, se reportaron 18 este año, apenas uno más que los 17 contabilizados en 2025. Por otro lado, las autoridades señalaron un incremento en los incendios en basureros, que pasaron de 6 a 9 casos.

Mientras tanto, los incendios en maleza reflejaron una reducción considerable, disminuyendo de 167 a 116, lo que evidencia el trabajo constante de la institución durante el período vacacional para atender emergencias y prevenir mayores afectaciones.

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