Nacionales
Reforma al Código Penal impedirá que los corruptos burlen la justicia
Ladrones de cuello blanco, políticos corruptos y exfuncionarios acusados de enriquecerse con el dinero de los salvadoreños serán investigados sin importar el tiempo que transcurra desde que cometieron el delito, gracias a la reciente reforma al Código Procesal Penal, que no permitirá que los delitos ligados a corrupción y a la administración pública prescriban.
Dejar el país y esperar que el delito prescriba ha sido la apuesta vergonzosa que delincuentes han tomado para huir de la justicia; sin embargo, con la nueva reforma se podrá continuar investigando a expresidentes acusados de corrupción, como Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, y a exfuncionarios como Arístides Valencia o Gerson Martínez, quienes son prófugos.
Al listado se suma la exministra de Medio Ambiente Lina Pohl y el exministro de Agricultura José Guillermo López Suárez.
En septiembre pasado, los diputados aprobaron reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, que incluye la imprescriptibilidad y retroactividad en el juzgamiento de los delitos de peculado, peculado por culpa, concusión (hacer cobros injustificados), negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio y cohecho impropio (sobornos).
Asimismo, no prescribirán y serán procesados de forma retroactiva quienes cometan ilícitos de malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos, cohecho activo, soborno transnacional, tráfico de influencias, entre otros.
Hasta antes de la reforma, la legislación establecía que este tipo de delitos no podía investigarse ni procesarse luego de 10 años.
Funcionarios del actual Gobierno y diputados de la bancada cian aseguraron que con dicha modificación se pretende hacer «justicia», ya que no existirá barrera temporal para que se pueda investigar a los funcionarios que hayan cometido delitos en los últimos 30 años.
Entre los procesos judiciales pendientes están las seis acusaciones contra el expresidente Funes, quien no ha podido ser detenido ya que huyó y se asiló en Nicaragua.
El ministerio público acusa a Funes y a 31 personas más de sustraer $351,035,400 de los fondos públicos durante su mandato, en 2009-2014.
Pese al tiempo que transcurra, su caso seguirá vigente y, al entrar a territorio salvadoreño, podrá ser capturado inmediatamente.
El ministerio público señala que el prófugo expresidente por el FMLN y sus más cercanos colaboradores crearon una compleja red para sustraer de Casa Presidencial esos millones de dólares. El mecanismo que llevó a cabo para ocultar el origen del dinero fue utilizar testaferros para adquirir propiedades, residencias, vehículos, entre otros.
Uno de los políticos que fueron «salvados» por decisión de jueces es el exdiputado y excandidato presidencial de ARENA Norman Quijano, quien huyó a Honduras al ser señalado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
Sin embargo, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, entonces presidida por el magistrado Guillermo Arévalo Domínguez, quien renunció a la judicatura el mismo día del fallo que favoreció a Quijano, y Carlos Sánchez, destituido de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), anuló el proceso penal que la Fiscalía inició contra el exlegislador. Quijano también fue señalado por el corrupto Funes, durante su gestión, quien reveló que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) construyó un pozo a la exesposa de Quijano en 2001, cuando este era diputado.
El expresidente prófugo dijo que al pozo se le instaló el respectivo equipo de bombeo, fue cavado en la parcela 47, que comprende los lotes 6, 7, 8 y 11 del polígono E de la hacienda Las Mezas, cantón Cangrejera, en La Libertad, y en la obra se utilizó la perforadora de la ANDA Top 750.
Este caso quedó paralizado. Otra reciente acusación ligada a corrupción es sobre nueve exfuncionarios, quienes, liderados por Sánchez Cerén, recibieron $2.6 millones en bonos. Entre los involucrados prófugos están Martínez, Pohl y López Suárez.
Para todos ellos el ministerio público detalló que tramita órdenes de captura internacional. Sánchez Cerén y su familia huyeron a Nicaragua y recibieron de manera exprés la ciudadanía por parte de Daniel Ortega, mientras que Pohl continúa laborando para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México. El pasado 28 de julio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, entregó al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, una iniciativa del presidente de la república, Nayib Bukele, para reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, para que los actos de corrupción no prescriban.
Ante la iniciativa, el fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró que era necesaria y que la cumplirían, ya que «la corrupción como flagelo afecta todos los esfuerzos de las instituciones para combatir este tema. La corrupción ha afectado a toda la sociedad salvadoreña.
Los delitos de corrupción desvían los recursos públicos e impiden mejorar la calidad de vida de la población».
Tras la aprobación, los diputados de la bancada cian se mostraron satisfechos y reiteraron que, con la no prescripción de los referidos delitos, «los corruptos devolverán lo que les robaron a los salvadoreños».
ENTREGA ESPECIAL
De fuente protegida de El Faro a capturado: cae “Little Man”, pandillero que acusó a Bukele de pactos con la 18
Remberto Ismael Colindres Rajo apareció en una investigación periodística haciendo graves señalamientos sobre supuestos acuerdos políticos con pandillas. Más de un año después, fue localizado en México y trasladado nuevamente a El Salvador. Su captura ha reabierto una polémica que ahora también alcanza al papel de los periodistas que lo entrevistaron.
La historia de Remberto Ismael Colindres Rajo, alias “Little Man”, dio un giro que difícilmente pasará inadvertido en la discusión política salvadoreña. El hombre que en 2025 apareció como una de las fuentes utilizadas para sostener explosivas acusaciones sobre supuestos pactos entre políticos y la Pandilla 18 fue localizado en México y terminó nuevamente bajo custodia de las autoridades salvadoreñas.
El Ministerio de Gobernación de Guatemala confirmó que Colindres Rajo, de 37 años, se encontraba entre cinco salvadoreños entregados por autoridades mexicanas en la frontera de El Carmen, San Marcos. La institución guatemalteca los identificó como presuntos integrantes de estructuras de pandillas y posteriormente los trasladó hacia la frontera con El Salvador. En el caso de “Little Man”, Guatemala indicó que registra antecedentes por agrupaciones ilícitas y extorsión agravada en grado de tentativa.


Pero el nombre de Colindres Rajo ya había trascendido mucho antes de esta operación.
En 2025, “Little Man” apareció como fuente en una investigación difundida por El Faro y N+ Univision sobre presuntos acuerdos entre dirigentes políticos y miembros de la Pandilla 18. En aquel trabajo, el pandillero sostuvo que la estructura criminal había utilizado su control territorial para presionar a comunidades y conseguir respaldo electoral para Nayib Bukele durante su ascenso político.
Su testimonio fue particularmente polémico. “Little Man” afirmó que desde la estructura se giraban instrucciones para obligar a familiares y habitantes de comunidades controladas por la pandilla a votar por Bukele bajo amenazas. También aseguró que durante determinados períodos existió un entendimiento para reducir enfrentamientos y que Carlos Marroquín, funcionario vinculado a la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, habría tenido contacto con integrantes de la organización. Bukele negó públicamente aquellas acusaciones.
El personaje utilizado como fuente tampoco fue presentado por los propios reportajes como un ciudadano ajeno a las estructuras criminales. Publicaciones de la época describieron a “Little Man”, también identificado con el alias “Tasmania”, como un integrante con peso dentro del Barrio 18 y señalaron que su rostro y ubicación no serían revelados durante la publicación del material.
Ese detalle cobra una dimensión distinta después de su captura.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aprovechó la detención para atacar directamente al medio que entrevistó al pandillero. El funcionario lo describió como uno de los sujetos a los que El Faro habría dado espacio en sus investigaciones y fue todavía más lejos: afirmó que periodistas involucrados en el reportaje supuestamente ofrecieron gestionar para Colindres Rajo asilo y tranquilidad en México a cambio de su participación.
Precisamente ahí aparece la nueva controversia.
Una cosa es que un periodista proteja la identidad o ubicación de una fuente —una práctica utilizada habitualmente cuando revelar esa información puede poner en peligro a quien proporciona datos— y otra muy distinta sería colaborar activamente para que una persona requerida por la justicia escape de las autoridades. La primera pertenece al terreno de la protección de fuentes; la segunda, de comprobarse, plantearía cuestionamientos de naturaleza completamente diferente. Por ahora, la acusación pública del ministro no permite confundir ambas situaciones.
La captura también coloca bajo una nueva lupa las declaraciones que “Little Man” realizó en 2025. Haber sido detenido o poseer antecedentes no demuestra por sí solo que aquello que declaró fuera falso; del mismo modo, que haya participado como fuente tampoco convierte automáticamente sus afirmaciones en hechos comprobados. Su testimonio debía ser —y continúa debiendo ser— evaluado frente a documentos, otras fuentes y evidencias independientes.
El caso resulta todavía más explosivo porque El Faro ha publicado durante años investigaciones sobre supuestas negociaciones entre distintos gobiernos salvadoreños y estructuras criminales. En 2021, por ejemplo, el medio publicó información basada en documentos de una investigación de la Fiscalía denominada “Catedral”, en la que se señalaban reuniones entre funcionarios y representantes de las principales pandillas dentro de centros penitenciarios.
Ahora, sin embargo, uno de los hombres que apareció contando desde adentro su versión sobre esos supuestos entendimientos ya no está oculto ni fuera del alcance de las autoridades salvadoreñas.
“Little Man” pasó de fuente protegida a detenido.
Y con su regreso a El Salvador se abre una interrogante que probablemente continuará alimentando el enfrentamiento entre el Gobierno y uno de sus medios más críticos: ¿la captura servirá únicamente para procesar al presunto pandillero por los delitos que las autoridades le atribuyen, o también permitirá comprobar —o desmontar— algunas de las acusaciones que durante meses colocaron su testimonio en el centro de la tormenta política?
Por ahora hay una certeza: el hombre cuya identidad y ubicación fueron protegidas mientras hacía acusaciones capaces de sacudir al poder político salvadoreño ya está en manos de ese mismo Estado.

Nacionales
Automóvil cae a un barranco de 25 metros en carretera a playa El Espino
Un automóvil particular cayó esta mañana en un barranco de aproximadamente 25 metros de profundidad, en el departamento de Usulután.
El vehículo circulaba sobre la carretera que conduce hacia la playa El Espino cuando, por circunstancias no precisadas, cayó al precipicio.
De manera preliminar, se reportó que el conductor del automotor resultó lesionado tras el aparatoso siniestro vial.
Hasta el cierre de esta nota, el automóvil permanecía en el fondo del barranco, a la espera de la llegada de una grúa para ser retirado del lugar.
Nacionales
Más de 500 familias son beneficiadas con jornada de fumigación en San Salvador Centro
La Administración de la Zona 1 de la alcaldía de San Salvador Centro, en coordinación con Promoción de Salud, realizó una jornada de fumigación en los condominios Palo Verde, Belloso, Cuscatlán, Palmas, Jardines de Versalles y Libertad.
De acuerdo con las autoridades edilicias, estas acciones benefician a más de 500 familias de las colonias intervenidas.
La jornada tiene como objetivo prevenir los contagios de dengue, zika y chikungunya, enfermedades asociadas a la proliferación de zancudos.
Asimismo, el personal municipal brindó recomendaciones a las familias beneficiadas para prevenir la formación de criaderos de zancudos y contribuir a evitar la propagación de estas enfermedades.
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