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Reforma al Código Penal impedirá que los corruptos burlen la justicia
Ladrones de cuello blanco, políticos corruptos y exfuncionarios acusados de enriquecerse con el dinero de los salvadoreños serán investigados sin importar el tiempo que transcurra desde que cometieron el delito, gracias a la reciente reforma al Código Procesal Penal, que no permitirá que los delitos ligados a corrupción y a la administración pública prescriban.
Dejar el país y esperar que el delito prescriba ha sido la apuesta vergonzosa que delincuentes han tomado para huir de la justicia; sin embargo, con la nueva reforma se podrá continuar investigando a expresidentes acusados de corrupción, como Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, y a exfuncionarios como Arístides Valencia o Gerson Martínez, quienes son prófugos.
Al listado se suma la exministra de Medio Ambiente Lina Pohl y el exministro de Agricultura José Guillermo López Suárez.
En septiembre pasado, los diputados aprobaron reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, que incluye la imprescriptibilidad y retroactividad en el juzgamiento de los delitos de peculado, peculado por culpa, concusión (hacer cobros injustificados), negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio y cohecho impropio (sobornos).
Asimismo, no prescribirán y serán procesados de forma retroactiva quienes cometan ilícitos de malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos, cohecho activo, soborno transnacional, tráfico de influencias, entre otros.
Hasta antes de la reforma, la legislación establecía que este tipo de delitos no podía investigarse ni procesarse luego de 10 años.
Funcionarios del actual Gobierno y diputados de la bancada cian aseguraron que con dicha modificación se pretende hacer «justicia», ya que no existirá barrera temporal para que se pueda investigar a los funcionarios que hayan cometido delitos en los últimos 30 años.
Entre los procesos judiciales pendientes están las seis acusaciones contra el expresidente Funes, quien no ha podido ser detenido ya que huyó y se asiló en Nicaragua.
El ministerio público acusa a Funes y a 31 personas más de sustraer $351,035,400 de los fondos públicos durante su mandato, en 2009-2014.
Pese al tiempo que transcurra, su caso seguirá vigente y, al entrar a territorio salvadoreño, podrá ser capturado inmediatamente.
El ministerio público señala que el prófugo expresidente por el FMLN y sus más cercanos colaboradores crearon una compleja red para sustraer de Casa Presidencial esos millones de dólares. El mecanismo que llevó a cabo para ocultar el origen del dinero fue utilizar testaferros para adquirir propiedades, residencias, vehículos, entre otros.
Uno de los políticos que fueron «salvados» por decisión de jueces es el exdiputado y excandidato presidencial de ARENA Norman Quijano, quien huyó a Honduras al ser señalado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
Sin embargo, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, entonces presidida por el magistrado Guillermo Arévalo Domínguez, quien renunció a la judicatura el mismo día del fallo que favoreció a Quijano, y Carlos Sánchez, destituido de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), anuló el proceso penal que la Fiscalía inició contra el exlegislador. Quijano también fue señalado por el corrupto Funes, durante su gestión, quien reveló que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) construyó un pozo a la exesposa de Quijano en 2001, cuando este era diputado.
El expresidente prófugo dijo que al pozo se le instaló el respectivo equipo de bombeo, fue cavado en la parcela 47, que comprende los lotes 6, 7, 8 y 11 del polígono E de la hacienda Las Mezas, cantón Cangrejera, en La Libertad, y en la obra se utilizó la perforadora de la ANDA Top 750.
Este caso quedó paralizado. Otra reciente acusación ligada a corrupción es sobre nueve exfuncionarios, quienes, liderados por Sánchez Cerén, recibieron $2.6 millones en bonos. Entre los involucrados prófugos están Martínez, Pohl y López Suárez.
Para todos ellos el ministerio público detalló que tramita órdenes de captura internacional. Sánchez Cerén y su familia huyeron a Nicaragua y recibieron de manera exprés la ciudadanía por parte de Daniel Ortega, mientras que Pohl continúa laborando para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México. El pasado 28 de julio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, entregó al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, una iniciativa del presidente de la república, Nayib Bukele, para reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, para que los actos de corrupción no prescriban.
Ante la iniciativa, el fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró que era necesaria y que la cumplirían, ya que «la corrupción como flagelo afecta todos los esfuerzos de las instituciones para combatir este tema. La corrupción ha afectado a toda la sociedad salvadoreña.
Los delitos de corrupción desvían los recursos públicos e impiden mejorar la calidad de vida de la población».
Tras la aprobación, los diputados de la bancada cian se mostraron satisfechos y reiteraron que, con la no prescripción de los referidos delitos, «los corruptos devolverán lo que les robaron a los salvadoreños».
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a Francisco Eduardo Rodríguez Bautista a purgar una pena de diez años de cárcel por el delito de hurto agravado en el distrito de Cuscatancingo, en el municipio de San Salvador Centro.
Según la versión de la Fiscalía General de la República, este delito ocurrió el 13 de junio de 2025 en una lotificación de Cuscatancingo, cuando Rodríguez Bautista aprovechó la oscuridad de la zona para hurtar varias piezas de un vehículo que se encontraba estacionado cerca de su casa.
Aunque el ahora imputado huyó del lugar, fue identificado a través de un sistema de cámaras de video vigilancia para proceder a su detención.
Con base a las pruebas presentadas por la Fiscalía, el Tribunal aplicó la pena máxima que contempla la Ley, sobre este tipo de delitos patrimoniales
El Centro Histórico de San Salvador se consolida como uno de los principales dinamizadores de la economía en el país al generar $194 millones de inversión en proyectos presentados por la empresa privada durante los últimos tres años, según los registros de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (Aplan).
«Si hacemos una sumatoria de 2023 hasta enero de 2026 son cerca de $194 millones en proyectos que ya están en trámites, muchos ya los inauguramos y estamos trabajando con ellos otro tipo de estrategias», aseguró Adriana Larín, directora general de Aplan, durante la entrevista de Canal 10.
La funcionaria también destacó que la institución recibió al cierre de enero pasado nuevas pr++opuestas de proyectos por un estimado de $9 millones en inversión privada, por lo que, afirmó, «le estamos apostando a todos los proyectos que nos ayuden a continuar con este desarrollo socioeconómico».
Larín mencionó que al cierre de 2025 hubo un estimado de 40 nuevas inauguraciones de establecimientos de reconocidas empresas que están ayudando a dinamizar la economía, puesto que son generadoras de fuentes de empleos en rubros como servicio, comercio, turismo y construcción.
Agregó que para este año ya tienen un listado de nuevos inversionistas interesados en sumarse a este desarrollo económico del que ya forman parte muchos empresarios; además, manifestó que próximamente anunciarán el inicio de operaciones de nuevos hoteles.
«No es una sorpresa la llegada de nuevos hoteles que vamos a estar anunciando, y otros que vamos a inaugurar, primero Dios si el clima y las condiciones nos lo permiten», puntualizó.
La directora de Aplan también mencionó que tienen muchos proyectos de inversión «sobre la mesa», pero que en este momento algunos están siguiendo el debido proceso para que en el tiempo pertinente sean emitidos los permisos de funcionamiento.
En cuanto a los beneficios fiscales, Larín detalló que ya están recibiendo a los primeros empresarios que están aplicando a los incentivos fiscales, estos son aquellos que han completado el proceso de regularización.
«Continuamos brindando apoyo para poder inaugurar [establecimientos] en los tiempos que ellos [inversionistas] nos dicen, si es antes de la Semana Santa comenzamos a trabajar todos juntos y los apoyamos en asesoramiento», destacó.
Justamente, la funcionaria señaló que los períodos vacacionales son cuando más demanda tienen de los inversores para iniciar operaciones. Larín detalló que ya iniciaron las gestiones para obtener la certificación del Centro Histórico como destino turístico inteligente, pero que «obviamente es un proceso que lleva capacitación y un diagnóstico».
«El propósito es poder utilizar la tecnología, no solamente para seguridad, sino para mejorar la calidad de los residentes y visitantes desde medir la calidad de humo hasta sensores que tengan botones de alerta», comentó Larín.
Dijo que con ONU Mujeres trabajan un programa de ciudades seguras enfocado en mejorar la percepción de confianza de las mujeres y las niñas, por ejemplo si se requiere mejorar el sistema de iluminación en zonas donde hace falta hacerlo.
El sistema de telemedicina, DoctorSV, podrá iniciar el desarrollo de una segunda fase, luego que la Asamblea Legislativa aprobó un préstamo por $75 millones con el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe (CAF).
Con 57 votos fue autorizada la iniciativa del Ejecutivo, la cual fue presentada al Congreso por el Ministerio de Hacienda, que tiene como objetivo continuar con el fortalecimiento del sistema de salud público.
El proyecto incluye la mejora de la plataforma de telemedicina, a fin de garantizar la continuidad y sostenibilidad del programa DoctorSV basado en tecnología de vanguardia que permitirá fomentar el acceso y la cobertura de atención a pacientes a escala nacional.
Ernesto Castro, presidente del Órgano Legislativo, explicó que el sistema de telemedicina DoctorSV es un proyecto «exitoso» que está dirigido a la salud de los salvadoreños y que «estamos gozando y, sobre todo, la población que tiene menos recursos», detalló.
La segunda fase del programa busca descentralizar el acceso a los medicamentos, a través de la instalación de 400 quioscos instalados en sitios estratégicos del país para que la población pueda retirar las medicinas.
Además, incluye la incorporación de la inteligencia artificial que servirá de apoyo para los médicos y el personal de salud que forma parte de este sistema.
Desde el 14 de noviembre de 2025 cuando fue implementado el sistema de telemedicina, se ha beneficiado a unos 4.5 millones de salvadoreños, las autoridades esperan que diariamente sean atendidas 30,000 consultas médicas.
La primera fase se financió con un empréstito con el CAF por un monto de $77 millones, que fueron destinados para garantizar la conexión a internet y espacio en la nube.
También se contrataron consultorías de apoyo en protocolos clínicos y logísticos para la operación masiva del sistema de consulta médica.
