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Reforma al Código Penal impedirá que los corruptos burlen la justicia
Ladrones de cuello blanco, políticos corruptos y exfuncionarios acusados de enriquecerse con el dinero de los salvadoreños serán investigados sin importar el tiempo que transcurra desde que cometieron el delito, gracias a la reciente reforma al Código Procesal Penal, que no permitirá que los delitos ligados a corrupción y a la administración pública prescriban.
Dejar el país y esperar que el delito prescriba ha sido la apuesta vergonzosa que delincuentes han tomado para huir de la justicia; sin embargo, con la nueva reforma se podrá continuar investigando a expresidentes acusados de corrupción, como Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, y a exfuncionarios como Arístides Valencia o Gerson Martínez, quienes son prófugos.
Al listado se suma la exministra de Medio Ambiente Lina Pohl y el exministro de Agricultura José Guillermo López Suárez.
En septiembre pasado, los diputados aprobaron reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, que incluye la imprescriptibilidad y retroactividad en el juzgamiento de los delitos de peculado, peculado por culpa, concusión (hacer cobros injustificados), negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio y cohecho impropio (sobornos).
Asimismo, no prescribirán y serán procesados de forma retroactiva quienes cometan ilícitos de malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos, cohecho activo, soborno transnacional, tráfico de influencias, entre otros.
Hasta antes de la reforma, la legislación establecía que este tipo de delitos no podía investigarse ni procesarse luego de 10 años.
Funcionarios del actual Gobierno y diputados de la bancada cian aseguraron que con dicha modificación se pretende hacer «justicia», ya que no existirá barrera temporal para que se pueda investigar a los funcionarios que hayan cometido delitos en los últimos 30 años.
Entre los procesos judiciales pendientes están las seis acusaciones contra el expresidente Funes, quien no ha podido ser detenido ya que huyó y se asiló en Nicaragua.
El ministerio público acusa a Funes y a 31 personas más de sustraer $351,035,400 de los fondos públicos durante su mandato, en 2009-2014.
Pese al tiempo que transcurra, su caso seguirá vigente y, al entrar a territorio salvadoreño, podrá ser capturado inmediatamente.
El ministerio público señala que el prófugo expresidente por el FMLN y sus más cercanos colaboradores crearon una compleja red para sustraer de Casa Presidencial esos millones de dólares. El mecanismo que llevó a cabo para ocultar el origen del dinero fue utilizar testaferros para adquirir propiedades, residencias, vehículos, entre otros.
Uno de los políticos que fueron «salvados» por decisión de jueces es el exdiputado y excandidato presidencial de ARENA Norman Quijano, quien huyó a Honduras al ser señalado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
Sin embargo, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, entonces presidida por el magistrado Guillermo Arévalo Domínguez, quien renunció a la judicatura el mismo día del fallo que favoreció a Quijano, y Carlos Sánchez, destituido de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), anuló el proceso penal que la Fiscalía inició contra el exlegislador. Quijano también fue señalado por el corrupto Funes, durante su gestión, quien reveló que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) construyó un pozo a la exesposa de Quijano en 2001, cuando este era diputado.
El expresidente prófugo dijo que al pozo se le instaló el respectivo equipo de bombeo, fue cavado en la parcela 47, que comprende los lotes 6, 7, 8 y 11 del polígono E de la hacienda Las Mezas, cantón Cangrejera, en La Libertad, y en la obra se utilizó la perforadora de la ANDA Top 750.
Este caso quedó paralizado. Otra reciente acusación ligada a corrupción es sobre nueve exfuncionarios, quienes, liderados por Sánchez Cerén, recibieron $2.6 millones en bonos. Entre los involucrados prófugos están Martínez, Pohl y López Suárez.
Para todos ellos el ministerio público detalló que tramita órdenes de captura internacional. Sánchez Cerén y su familia huyeron a Nicaragua y recibieron de manera exprés la ciudadanía por parte de Daniel Ortega, mientras que Pohl continúa laborando para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México. El pasado 28 de julio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, entregó al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, una iniciativa del presidente de la república, Nayib Bukele, para reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, para que los actos de corrupción no prescriban.
Ante la iniciativa, el fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró que era necesaria y que la cumplirían, ya que «la corrupción como flagelo afecta todos los esfuerzos de las instituciones para combatir este tema. La corrupción ha afectado a toda la sociedad salvadoreña.
Los delitos de corrupción desvían los recursos públicos e impiden mejorar la calidad de vida de la población».
Tras la aprobación, los diputados de la bancada cian se mostraron satisfechos y reiteraron que, con la no prescripción de los referidos delitos, «los corruptos devolverán lo que les robaron a los salvadoreños».
A ocho aumentó el número de muertos por las fuertes lluvias en el noreste de Brasil, mientras que más de 3.700 personas tuvieron que ser desalojadas de sus casas.
Los temporales han afectado principalmente a los estados de Pernambuco y Paraíba, ubicados la zona noroeste del gigante sudamericano, con costas al Océano Atlántico.
En Recife, capital de Pernambuco, se reportaron seis víctimas mortales, mientras que dos hombres fallecieron electrocutados en la ciudad de Guarabira, Paraíba.
Las lluvias provocaron miles de desplazados en ambos estados.
Las autoridades locales distribuyen ayuda humanitaria, como alimentos, colchones y «kits» de higiene, mientras monitorean el nivel de los ríos y el riesgo de nuevos deslizamientos, ante la previsión de que las lluvias continúen en los próximos días.
La liberación de diferentes especies silvestres en Áreas Naturales Protegidas (ANP) es clave para la conservación de los ecosistemas. Entre 2025 y en lo que va de 2026, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) reincorporó a 1,700 animales a su entorno natural.
El médico veterinario del MARN Josué Coto explicó a «Diario El Salvador» la importancia de cumplir con esta actividad, pues es parte de la labor fundamental como restauradores y conservadores del patrimonio natural.
«Básicamente es la parte final de todo el trabajo que realizamos dentro de la clínica veterinaria y otros sitios de resguardo de fauna del ministerio. Está dentro de la labor de conservación y restauración. Aunque no nos demos cuenta, estos animales mantienen gran parte del ambiente que nos rodea», detalló.
La clínica veterinaria del MARN brinda atención a los animales silvestres que han sido rescatados por instituciones o entregados por personas particulares.
Muchos provienen del tráfico ilegal, accidentes o pérdida de su hábitat. Cuenta con personal capacitado para atender cualquier especie, incluyendo animales marinos. Incluso tiene un área de neonatos con una atención más especializada para la crianza de animales silvestres de diferentes especies. Además, la clínica cuenta con equipo para brindar tratamientos dependiendo del daño o el estado de salud de la especie.
«Nosotros recibimos a los animales en cualquier circunstancia. Primero lo evaluamos, vemos qué tiene para realizar el tratamiento específico y tratar de recuperarlo. Una vez que ya está recuperado, se evalúan sus capacidades físicas para regresarlo al medio», explicó Coto.
Añadió que los tratamientos son variados, ya que dependerán del estado de salud del espécimen. Lo más común son los traumatismos, golpes o heridas. Además, son tratados por infecciones, problemas de comportamiento o limitaciones físicas, más que todo en aves cuando les cortan las plumas.
El objetivo es devolver al animal lo más pronto posible a su entorno natural y que goce de buena salud. Según explicó Coto, los primeros en evaluar su estado de salud son los veterinarios para determinar el estado físico y de salud, y si está apto para su liberación.
«Si vemos que el animal necesita una etapa de rehabilitación, realizamos el envío correspondiente con biólogos. Ponen a los animales en entornos más naturales con elementos de su hábitat y van evaluando el comportamiento, principalmente que sea capaz de obtener su alimento, de moverse dentro de la simulación de su hábitat previo a la reincorporación al ecosistema», indicó.
En promedio, el MARN libera entre 65 a 75 especímenes al mes. Entre ellos, osos hormigueros, tortugas marinas, halcones, gavilanes, tucanes, serpientes y muchas otras especies. Aunque las especies más frecuentes son los tacuazines, mapaches e iguanas. Como institución protectora, el Ministerio de Medio Ambiente hizo un llamado a la población para unirse a este esfuerzo de conservación de especies y los ecosistemas.
Coto destacó que el mensaje principal es que como sociedad es necesario entender que la fauna silvestre es de todos y por ello es responsabilidad protegerla y cuidarla. «No comprar, no consumir, ni tener especies silvestres como mascotas es una parte muy importante que nuestra sociedad todavía tiene que seguir aprendiendo. Ellos nacieron libres y necesitamos que se encuentren en el ambiente, si no están ahí es como que no existieran.
Nacionales
Así fueron recuperados los cuerpos de tres personas ahogadas en La Poza del Chorrerón, Morazán Norte
Buzos de la Marina Nacional de la Fuerza Armada realizaron una operación de búsqueda y recuperación tras el fallecimiento de tres personas por ahogamiento en el Centro Turístico La Poza del Chorrerón, ubicado en San Fernando, Morazán Norte.
El hecho ocurrió ayer, cuando las víctimas se encontraban departiendo en el lugar.
Las autoridades confirmaron que los tres cuerpos ya fueron localizados. Los fallecidos fueron identificados como José Benedicto Hernández, agente de la Policía Nacional Civil, así como Eladio Argueta y Jesús Argueta.
Las autoridades señalan que los cuerpos fueron entregados a las autoridades correspondientes para llevar a cabo el reconocimiento legal.
