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Reforma al Código Penal impedirá que los corruptos burlen la justicia
Ladrones de cuello blanco, políticos corruptos y exfuncionarios acusados de enriquecerse con el dinero de los salvadoreños serán investigados sin importar el tiempo que transcurra desde que cometieron el delito, gracias a la reciente reforma al Código Procesal Penal, que no permitirá que los delitos ligados a corrupción y a la administración pública prescriban.
Dejar el país y esperar que el delito prescriba ha sido la apuesta vergonzosa que delincuentes han tomado para huir de la justicia; sin embargo, con la nueva reforma se podrá continuar investigando a expresidentes acusados de corrupción, como Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, y a exfuncionarios como Arístides Valencia o Gerson Martínez, quienes son prófugos.
Al listado se suma la exministra de Medio Ambiente Lina Pohl y el exministro de Agricultura José Guillermo López Suárez.
En septiembre pasado, los diputados aprobaron reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, que incluye la imprescriptibilidad y retroactividad en el juzgamiento de los delitos de peculado, peculado por culpa, concusión (hacer cobros injustificados), negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio y cohecho impropio (sobornos).
Asimismo, no prescribirán y serán procesados de forma retroactiva quienes cometan ilícitos de malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos, cohecho activo, soborno transnacional, tráfico de influencias, entre otros.
Hasta antes de la reforma, la legislación establecía que este tipo de delitos no podía investigarse ni procesarse luego de 10 años.
Funcionarios del actual Gobierno y diputados de la bancada cian aseguraron que con dicha modificación se pretende hacer «justicia», ya que no existirá barrera temporal para que se pueda investigar a los funcionarios que hayan cometido delitos en los últimos 30 años.
Entre los procesos judiciales pendientes están las seis acusaciones contra el expresidente Funes, quien no ha podido ser detenido ya que huyó y se asiló en Nicaragua.
El ministerio público acusa a Funes y a 31 personas más de sustraer $351,035,400 de los fondos públicos durante su mandato, en 2009-2014.
Pese al tiempo que transcurra, su caso seguirá vigente y, al entrar a territorio salvadoreño, podrá ser capturado inmediatamente.
El ministerio público señala que el prófugo expresidente por el FMLN y sus más cercanos colaboradores crearon una compleja red para sustraer de Casa Presidencial esos millones de dólares. El mecanismo que llevó a cabo para ocultar el origen del dinero fue utilizar testaferros para adquirir propiedades, residencias, vehículos, entre otros.
Uno de los políticos que fueron «salvados» por decisión de jueces es el exdiputado y excandidato presidencial de ARENA Norman Quijano, quien huyó a Honduras al ser señalado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
Sin embargo, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, entonces presidida por el magistrado Guillermo Arévalo Domínguez, quien renunció a la judicatura el mismo día del fallo que favoreció a Quijano, y Carlos Sánchez, destituido de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), anuló el proceso penal que la Fiscalía inició contra el exlegislador. Quijano también fue señalado por el corrupto Funes, durante su gestión, quien reveló que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) construyó un pozo a la exesposa de Quijano en 2001, cuando este era diputado.
El expresidente prófugo dijo que al pozo se le instaló el respectivo equipo de bombeo, fue cavado en la parcela 47, que comprende los lotes 6, 7, 8 y 11 del polígono E de la hacienda Las Mezas, cantón Cangrejera, en La Libertad, y en la obra se utilizó la perforadora de la ANDA Top 750.
Este caso quedó paralizado. Otra reciente acusación ligada a corrupción es sobre nueve exfuncionarios, quienes, liderados por Sánchez Cerén, recibieron $2.6 millones en bonos. Entre los involucrados prófugos están Martínez, Pohl y López Suárez.
Para todos ellos el ministerio público detalló que tramita órdenes de captura internacional. Sánchez Cerén y su familia huyeron a Nicaragua y recibieron de manera exprés la ciudadanía por parte de Daniel Ortega, mientras que Pohl continúa laborando para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México. El pasado 28 de julio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, entregó al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, una iniciativa del presidente de la república, Nayib Bukele, para reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, para que los actos de corrupción no prescriban.
Ante la iniciativa, el fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró que era necesaria y que la cumplirían, ya que «la corrupción como flagelo afecta todos los esfuerzos de las instituciones para combatir este tema. La corrupción ha afectado a toda la sociedad salvadoreña.
Los delitos de corrupción desvían los recursos públicos e impiden mejorar la calidad de vida de la población».
Tras la aprobación, los diputados de la bancada cian se mostraron satisfechos y reiteraron que, con la no prescripción de los referidos delitos, «los corruptos devolverán lo que les robaron a los salvadoreños».
Como parte de su apuesta por el país y en acompañamiento a la visión del Gobierno del presidente Nayib Bukele, la desarrolladora inmobiliaria ALGASA, presentó recientemente CASA TERRA, un proyecto habitacional ubicado en la calle a Huizar (San Marcos, San Salvador Sur).
Según Herbert Alvarado, presidente y fundador de ALGASA, el proyecto se desarrollará en distintas fases en la primera, se invertirán $45 millones en la construcción de 177 unidades habitacionales, entre townhouses y apartamentos; y en las siguientes se invertirán más de $90 millones, para un total de $135 millones.
«Nos motiva seguir creyendo en El Salvador, tenemos mucho trabajo, seguridad y el país que habíamos añorado todos y es el momento justo para seguir invirtiendo», dijo.
Detalló que las torres tendrán cuatro niveles de estacionamiento, incluido el lobby, nueve niveles de apartamentos (de una, dos o tres habitaciones) y un nivel de amenidades en rooftop.
Asimismo, afirmó que entre las amenidades compartidas destacan: piscina, área de juegos para niños, picnic, senderos entre torres, jardín para mascotas, sala de reuniones y espacios para coworking, y cada torre contará con salón de usos múltiples con opción a apertura a terraza rooftop, área de gimnasio y pilates, de juegos (pingpong y área de tv) y área recreativa para bebés y para la pequeña infancia.
Las siguientes etapas comprenden una torre de 14 niveles para oficinas y otras 12 torres de apartamentos con más de 3,000 unidades y más de 150 viviendas con la generación de más de 5,000 empleos.
«Tenemos la convicción de seguir empujando y apoyando a El Salvador a ser un líder referente no solo a nivel centroamericano, sino a nivel latinoamericano y por qué no, mundial», añadió el fundador de ALGASA.
La construcción del proyecto ya inició y las primeras entregas de casas iniciarán en 2027 y se irán otorgando en los próximos 12 años, tiempo contemplado para finalizar el proyecto.
A lo largo de su trayectoria, ALGASA ha desarrollado proyectos residenciales que hoy son referentes en el país como: La Florida en Nuevo Cuscatlán, Florida Sky, ALTEMA y SERRA Townhouses.
En el caso de La Florida, uno de los primeros proyectos en la zona, se han desarrollado más de 500 unidades habitacionales, más de 120,000 metros cuadrados construidos, con un valor estimado de $200 millones en propiedades.
Este desarrollo contribuyó a posicionar a Nuevo Cuscatlán como un referente inmobiliario a escala nacional.
«Este es otro Nuevo Cuscatlán que hay que desarrollar y a raíz de eso todas las instituciones nos han abierto las puertas porque siguen creyendo en que tenemos que seguir innovando en El Salvador acercándole vivienda a la gente», sostuvo Alvarado.
Por su parte el director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), Luis Rodríguez, afirmó que la decisión de los inversionistas se ve motivada por el compromiso de las instituciones por impulsar nuevas inversiones, así como los logros en seguridad del Gobierno, que han activado nuevas zonas de desarrollo.
«Es el primer proyecto de estas dimensiones en la parte alta de San Marcos, esto es progresivo en zonas donde antes no se podía hacer nada, que estaban tomadas por la delincuencia y eran zonas rojas. El tema de seguridad ha ido provocando este tipo de inversiones», señaló el director ejecutivo de la Opamss.
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Argentina avanza en la implementación de la regulación de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
Argentina continúa dando pasos en la implementación de la regulación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales bajo un enfoque propio, distinto al modelo integral adoptado por El Salvador, pero con avances concretos en la supervisión del mercado y el reconocimiento del liderazgo regional del país centroamericano.
Así lo explicó Roberto E. Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina, quien subrayó que ambas jurisdicciones han seguido caminos diferentes para abordar un fenómeno en crecimiento, condicionado por sus contextos económicos y regulatorios.
En el caso argentino, el impulso hacia la regulación ha estado marcado por el compromiso de promover la innovación y la modernización del sistema financiero, en línea con los más altos estándares internacionales e incorporando, además, las recomendaciones del GAFI.
«Teníamos una adopción muy grande de criptomonedas en la población local, no solo por las virtudes de los activos virtuales, sino también por razones como los controles de cambios y la inflación», explicó Silva.
Frente a este escenario, Argentina optó por desarrollar un marco enfocado en la regulación de los participantes del mercado, en lugar de establecer una ley integral sobre los activos digitales. Esto incluyó la creación de un registro y la supervisión de los proveedores de servicios de activos virtuales, bajo la órbita de la CNV.
«No tenemos una ley de activos virtuales. Regulamos a los sujetos, no al objeto», detalló el funcionario, al marcar una diferencia clave con el modelo salvadoreño, que cuenta con una legislación específica para este tipo de activos.
Este enfoque ha buscado mantener un equilibrio entre fomentar la innovación y garantizar la protección de los inversionistas. Según Silva, el proceso incluyó consultas públicas y un trabajo cercano con el sector privado para diseñar una regulación que no limite el desarrollo del ecosistema.
Además, Argentina ha comenzado a incorporar la tokenización dentro de su marco regulatorio, tratándola desde la lógica de los valores negociables tradicionales pero con una tecnología diferente. En este esquema, los activos tokenizados deben cumplir con requisitos de transparencia, incluyendo la divulgación completa de riesgos e información relevante para los inversionistas.
«Lo único que decimos es que hay que contarle todo al inversor para que tome la decisión de invertir o no», afirmó Silva al referirse al principio central de su regulación.
En paralelo, el regulador reconoció el papel que ha jugado El Salvador en el desarrollo de esta industria a nivel global. «Sin duda que lo que El Salvador ha hecho es extraordinario, se ha convertido en un líder en la materia», señaló y destacó el liderazgo del presidente de la CNAD, Juan Carlos Reyes.
No obstante, también enfatizó que el modelo salvadoreño responde a una estrategia particular orientada a posicionar al país como un hub internacional de activos digitales, algo que no necesariamente se ajusta a las prioridades actuales de Argentina.
A futuro, Silva no descartó que el país pueda avanzar hacia una legislación más amplia. «En el futuro nunca cerraría esa puerta», indicó, aunque aclaró que, por ahora, el foco está en fortalecer las capacidades de supervisión y acompañar la evolución del sector.
En este contexto, también anticipó que el desarrollo de la industria estará vinculado a una mayor integración con el sistema financiero tradicional, incluyendo iniciativas como la tokenización de depósitos tokenizados.
Con un ecosistema que describió como «muy dinámico y vibrante», Argentina avanza en la construcción de su propio camino en el mercado de activos digitales, mientras observa de cerca experiencias como la de El Salvador, que continúa posicionándose como referente en la región y a nivel global.
Con el lanzamiento de la fase 2 de DoctorSV, realizado por el presidente Nayib Bukele, se deja de lado la «utopía» de convertirse en el país con uno de los mejores sistemas de salud del mundo, pues ya se encamina a lograrlo, consideró ayer el sociólogo René Martínez.
Al ampliar la atención de DoctorSV con pacientes que padecen enfermedades crónicas, el gobierno reafirmó su compromiso de cuidar la salud de la población salvadoreña.
En ese sentido, durante la Entrevista AM de Canal 10, Martínez explicó que la transformación del sistema de salud que Bukele está ejecutando, con la implementación de la inteligencia artificial y nuevas tecnologías, coloca al país a la vanguardia de la salud pública.
«Cuando se revisa lo que está sucediendo en otros países, realmente te das cuenta que El Salvador está dando pasos para tener el sistema de salud pública mejor del mundo. Si lo hubiéramos dicho hace seis años, nos hubieran tildado de locos. Los pasos que estamos viendo son tan grandes y rápidos que ya dejó de ser una utopía que se esté pensando en tener el mejor sistema de salud del mundo, o ser uno de los mejores», dijo Martínez.
Agregó que el registro de 1.1 millones de usuarios en los primeros cinco meses de funcionamiento de DoctorSV tiene una variante política: la confianza de la población en las acciones del mandatario.
Por su parte, el politólogo Óscar Martínez Peñate expresó en la entrevista Panorama que las acciones del presidente Bukele han colocado al país como pionero no solo en el tema de seguridad, sino también de salud pública.
Estos resultados han permitido, según Martínez Peñate, que la población no solo respalde sino que se apropie del denominado «modelo Bukele», y lo defienda porque siente la diferencia respecto del Estado ausente que tuvo en el abandono a la ciudadanía.
«La segunda fase de DoctorSV va a venir a mejorar al ciudadano. Cuando se hacen encuestas y se dice que el 95 % apoya al gobierno y al presidente Nayib Bukele, ¿cuál es la causa fundamental?, es que cada ciudadano se siente beneficiado de las políticas públicas», subrayó.
