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Reforma al Código Penal impedirá que los corruptos burlen la justicia
Ladrones de cuello blanco, políticos corruptos y exfuncionarios acusados de enriquecerse con el dinero de los salvadoreños serán investigados sin importar el tiempo que transcurra desde que cometieron el delito, gracias a la reciente reforma al Código Procesal Penal, que no permitirá que los delitos ligados a corrupción y a la administración pública prescriban.
Dejar el país y esperar que el delito prescriba ha sido la apuesta vergonzosa que delincuentes han tomado para huir de la justicia; sin embargo, con la nueva reforma se podrá continuar investigando a expresidentes acusados de corrupción, como Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, y a exfuncionarios como Arístides Valencia o Gerson Martínez, quienes son prófugos.
Al listado se suma la exministra de Medio Ambiente Lina Pohl y el exministro de Agricultura José Guillermo López Suárez.
En septiembre pasado, los diputados aprobaron reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, que incluye la imprescriptibilidad y retroactividad en el juzgamiento de los delitos de peculado, peculado por culpa, concusión (hacer cobros injustificados), negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio y cohecho impropio (sobornos).
Asimismo, no prescribirán y serán procesados de forma retroactiva quienes cometan ilícitos de malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos, cohecho activo, soborno transnacional, tráfico de influencias, entre otros.
Hasta antes de la reforma, la legislación establecía que este tipo de delitos no podía investigarse ni procesarse luego de 10 años.
Funcionarios del actual Gobierno y diputados de la bancada cian aseguraron que con dicha modificación se pretende hacer «justicia», ya que no existirá barrera temporal para que se pueda investigar a los funcionarios que hayan cometido delitos en los últimos 30 años.
Entre los procesos judiciales pendientes están las seis acusaciones contra el expresidente Funes, quien no ha podido ser detenido ya que huyó y se asiló en Nicaragua.
El ministerio público acusa a Funes y a 31 personas más de sustraer $351,035,400 de los fondos públicos durante su mandato, en 2009-2014.
Pese al tiempo que transcurra, su caso seguirá vigente y, al entrar a territorio salvadoreño, podrá ser capturado inmediatamente.
El ministerio público señala que el prófugo expresidente por el FMLN y sus más cercanos colaboradores crearon una compleja red para sustraer de Casa Presidencial esos millones de dólares. El mecanismo que llevó a cabo para ocultar el origen del dinero fue utilizar testaferros para adquirir propiedades, residencias, vehículos, entre otros.
Uno de los políticos que fueron «salvados» por decisión de jueces es el exdiputado y excandidato presidencial de ARENA Norman Quijano, quien huyó a Honduras al ser señalado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
Sin embargo, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, entonces presidida por el magistrado Guillermo Arévalo Domínguez, quien renunció a la judicatura el mismo día del fallo que favoreció a Quijano, y Carlos Sánchez, destituido de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), anuló el proceso penal que la Fiscalía inició contra el exlegislador. Quijano también fue señalado por el corrupto Funes, durante su gestión, quien reveló que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) construyó un pozo a la exesposa de Quijano en 2001, cuando este era diputado.
El expresidente prófugo dijo que al pozo se le instaló el respectivo equipo de bombeo, fue cavado en la parcela 47, que comprende los lotes 6, 7, 8 y 11 del polígono E de la hacienda Las Mezas, cantón Cangrejera, en La Libertad, y en la obra se utilizó la perforadora de la ANDA Top 750.
Este caso quedó paralizado. Otra reciente acusación ligada a corrupción es sobre nueve exfuncionarios, quienes, liderados por Sánchez Cerén, recibieron $2.6 millones en bonos. Entre los involucrados prófugos están Martínez, Pohl y López Suárez.
Para todos ellos el ministerio público detalló que tramita órdenes de captura internacional. Sánchez Cerén y su familia huyeron a Nicaragua y recibieron de manera exprés la ciudadanía por parte de Daniel Ortega, mientras que Pohl continúa laborando para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México. El pasado 28 de julio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, entregó al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, una iniciativa del presidente de la república, Nayib Bukele, para reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, para que los actos de corrupción no prescriban.
Ante la iniciativa, el fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró que era necesaria y que la cumplirían, ya que «la corrupción como flagelo afecta todos los esfuerzos de las instituciones para combatir este tema. La corrupción ha afectado a toda la sociedad salvadoreña.
Los delitos de corrupción desvían los recursos públicos e impiden mejorar la calidad de vida de la población».
Tras la aprobación, los diputados de la bancada cian se mostraron satisfechos y reiteraron que, con la no prescripción de los referidos delitos, «los corruptos devolverán lo que les robaron a los salvadoreños».
El trabajo realizado por el presidente Nayib Bukele al frente del Ejecutivo ha mantenido y profundizado su función como estadista, consideró el politólogo Óscar Martínez Peñate; agregó que ello se debe a su visión para lograr beneficios para los salvadoreños.
Martínez señaló que durante los casi siete años de administración el mandatario ha priorizado la atención de diversas áreas, lo que ha generado el respaldo de la población ante los resultados de las acciones implementadas.
«Desde el primer día que accedió a la presidencia inició su mandato de estadista en función única y exclusivamente del bienestar del ciudadano salvadoreño y esa función, además de ser invariable, se ha profundizado», aseveró.
Esto, indicó, se ha consolidado con hechos, muy lejos de los discursos populistas o de demagogia que caracterizaron a los gobiernos del pasado que únicamente se quedaban en promesas incumplidas.
«Significa que Bukele predica con resultados exitosos y no con demagogia ni populismo. El éxito de la gestión presidencial de Bukele ha transcendido las fronteras nacionales y ahora es la envidia de ciudadanos de casi todos los países de América Latina y del mundo», afirmó el politólogo.
Durante la entrevista Panorama, Martínez Peñate afirmó ayer que el trabajo del presidente Bukele sobrepasa las demandas sociales de diferentes sectores de la población con la inversión que ejecuta, por ejemplo, en educación.
Señaló que la última entrega de 70 centros educativos renovados demuestra el compromiso del Gobierno por dignificar la calidad educativa del sector público, con el objetivo de garantizar el futuro de niños y jóvenes.
«Estos son centros escolares que nada tienen que envidiarle a países del primer mundo, sumamente equipados y modernos. Muchos colegios aquí en El Salvador ni siquiera tienen esas condiciones. También esto viene a dignificar al magisterio, a los profesores. Todas estas inversiones sociales sobrepasan las peticiones del movimiento social, el magisterio no pedía escuelas de primer mundo y se están haciendo», afirmó el analista.
También consideró que con la inversión pública efectuada en el sector educativo se está garantizando un «excelente futuro» para contar con profesionales de alto nivel y con comportamiento ético. Destacó que el país también tiene avances en el sector salud, además de la seguridad que ha posicionado a El Salvador en la mira de otras naciones que toman de referente el modelo implementado por Bukele
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, se reunió la semana pasada con el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales de Estados Unidos, Caleb Orr, para explorar cómo El Salvador puede integrarse en las cadenas de valor estadounidenses bajo la nueva política comercial del gobierno de Donald Trump. Entre los sectores identificados como oportunidad destacan los insumos para productos tecnológicos.
«Lo que veíamos era justamente cómo El Salvador se puede incorporar cada vez más en las cadenas de valor de Estados Unidos con la nueva política comercial que ha sido lanzada por el gobierno de Estados Unidos», declaró Hayem en una entrevista radial este lunes.
La funcionaria señaló que los insumos tecnológicos y la manufactura con transferencia de tecnología son los rubros prioritarios, por generar los salarios más elevados en comparación con otras industrias. Esta apuesta cobra especial relevancia con la vigencia de la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura Tecnológica, que ofrece exenciones fiscales por 15 años a empresas nacionales y extranjeras que desarrollen nuevas inversiones en ese sector.
La reunión contó también con la participación de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), agencia del gobierno estadounidense que provee financiamiento al sector privado para proyectos de inversión en el exterior.
El encuentro incluyó representantes de 75 empresas estadounidenses de sectores como banca, hotelería y aviación, entre otros. En la semana previa, el gobierno salvadoreño realizó una gira en Florida acompañado de ocho empresas privadas nacionales, entre ellas Agrisal.
Durante la reunión con Orr, el subsecretario describió a El Salvador como uno de los países con mejor clima de negocios del hemisferio occidental: «El Salvador es un socio crítico de los Estados Unidos en el Hemisferio Occidental. El milagro de ley y orden del presidente Nayib Bukele no solo ha traído libertad y seguridad para el pueblo salvadoreño, sino que está creando uno de los mejores climas de inversión en toda la región. Nuestro interés en política exterior es que las empresas estadounidenses participen y ayuden a impulsar el renacimiento de El Salvador».
Hayem respaldó el posicionamiento con cifras del primer trimestre de 2026: las exportaciones crecieron 4 % respecto al mismo período de 2025, las importaciones un 6 % y las remesas un 7 %. Al comparar marzo con febrero de este año, los incrementos son más pronunciados: exportaciones al alza en 12 %, importaciones en 26 % y remesas en 19 %.
La ministra atribuyó este desempeño a la mejora en seguridad pública, la modernización del marco regulatorio —que incluye leyes de ciberseguridad, protección de datos, inteligencia artificial y activos digitales—, la reducción de trámites burocráticos y el acuerdo de comercio recíproco firmado con Estados Unidos, siendo El Salvador el primer país de América Latina en suscribir bajo la actual administración norteamericana.
En materia de empleo e inversión, Hayem informó que el mercado laboral formal supera el millón de personas y que en 2025 más de 8,300 nuevas empresas se registraron en el país. La inversión extranjera directa del año pasado alcanzó $475 millones, con un crecimiento del 13% en la rentabilidad empresarial y 15 de 19 sectores económicos en expansión.
La funcionaria también mencionó el proyecto Air City, un espacio bajo esquema de zona franca orientado a atraer empresas del sector aeronáutico, y señaló que el sector privado salvadoreño impulsa de forma independiente una iniciativa para integrarse a la cadena de suministro de semiconductores.
Autoridades del Ministerio de Vivienda, de la embajada de Italia en El Salvador y de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo llevaron a cabo la entrega de un complejo habitacional para 180 personas, quienes son parte de las familias de las cooperativas Acovipri de R.L. y Acoviamfu de R.L. del municipio de San Salvador Centro.
Situado en el distrito capital, este conjunto residencial está comprendido por 64 apartamentos, así como espacios para llevar a cabo reuniones, zonas de juego y lugares para el aprendizaje.
«Se trata de un proyecto en el que se puede apreciar de manera concreta los resultados de un trabajo en conjunto, impulsado por nuestros gobiernos y que beneficia a un total de 180 personas», dijo el embajador italiano Paolo Rozo. Añadió que en esta urbanización cerrada se cuenta con una ludoteca, salones de usos múltiples y una cancha de baloncesto.
La inversión en la comunidad residencial asciende a $3.8 millones y es la segunda de este tipo que pasa a ser habitada en 2026, de acuerdo con la ministra de Vivienda, Michelle Sol.
«Esta no es la primera entrega que hacemos en el año, ya entregamos un proyecto similar de 40 apartamentos. Hoy se están entregando 64 apartamentos», indicó. De acuerdo a la funcionaria, este conjunto de viviendas también cuenta con locales comerciales «que van a permitir generar ingresos a la familias».
