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Reforma al Código Penal impedirá que los corruptos burlen la justicia
Ladrones de cuello blanco, políticos corruptos y exfuncionarios acusados de enriquecerse con el dinero de los salvadoreños serán investigados sin importar el tiempo que transcurra desde que cometieron el delito, gracias a la reciente reforma al Código Procesal Penal, que no permitirá que los delitos ligados a corrupción y a la administración pública prescriban.
Dejar el país y esperar que el delito prescriba ha sido la apuesta vergonzosa que delincuentes han tomado para huir de la justicia; sin embargo, con la nueva reforma se podrá continuar investigando a expresidentes acusados de corrupción, como Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, y a exfuncionarios como Arístides Valencia o Gerson Martínez, quienes son prófugos.
Al listado se suma la exministra de Medio Ambiente Lina Pohl y el exministro de Agricultura José Guillermo López Suárez.
En septiembre pasado, los diputados aprobaron reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, que incluye la imprescriptibilidad y retroactividad en el juzgamiento de los delitos de peculado, peculado por culpa, concusión (hacer cobros injustificados), negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio y cohecho impropio (sobornos).
Asimismo, no prescribirán y serán procesados de forma retroactiva quienes cometan ilícitos de malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos, cohecho activo, soborno transnacional, tráfico de influencias, entre otros.
Hasta antes de la reforma, la legislación establecía que este tipo de delitos no podía investigarse ni procesarse luego de 10 años.
Funcionarios del actual Gobierno y diputados de la bancada cian aseguraron que con dicha modificación se pretende hacer «justicia», ya que no existirá barrera temporal para que se pueda investigar a los funcionarios que hayan cometido delitos en los últimos 30 años.
Entre los procesos judiciales pendientes están las seis acusaciones contra el expresidente Funes, quien no ha podido ser detenido ya que huyó y se asiló en Nicaragua.
El ministerio público acusa a Funes y a 31 personas más de sustraer $351,035,400 de los fondos públicos durante su mandato, en 2009-2014.
Pese al tiempo que transcurra, su caso seguirá vigente y, al entrar a territorio salvadoreño, podrá ser capturado inmediatamente.
El ministerio público señala que el prófugo expresidente por el FMLN y sus más cercanos colaboradores crearon una compleja red para sustraer de Casa Presidencial esos millones de dólares. El mecanismo que llevó a cabo para ocultar el origen del dinero fue utilizar testaferros para adquirir propiedades, residencias, vehículos, entre otros.
Uno de los políticos que fueron «salvados» por decisión de jueces es el exdiputado y excandidato presidencial de ARENA Norman Quijano, quien huyó a Honduras al ser señalado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
Sin embargo, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, entonces presidida por el magistrado Guillermo Arévalo Domínguez, quien renunció a la judicatura el mismo día del fallo que favoreció a Quijano, y Carlos Sánchez, destituido de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), anuló el proceso penal que la Fiscalía inició contra el exlegislador. Quijano también fue señalado por el corrupto Funes, durante su gestión, quien reveló que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) construyó un pozo a la exesposa de Quijano en 2001, cuando este era diputado.
El expresidente prófugo dijo que al pozo se le instaló el respectivo equipo de bombeo, fue cavado en la parcela 47, que comprende los lotes 6, 7, 8 y 11 del polígono E de la hacienda Las Mezas, cantón Cangrejera, en La Libertad, y en la obra se utilizó la perforadora de la ANDA Top 750.
Este caso quedó paralizado. Otra reciente acusación ligada a corrupción es sobre nueve exfuncionarios, quienes, liderados por Sánchez Cerén, recibieron $2.6 millones en bonos. Entre los involucrados prófugos están Martínez, Pohl y López Suárez.
Para todos ellos el ministerio público detalló que tramita órdenes de captura internacional. Sánchez Cerén y su familia huyeron a Nicaragua y recibieron de manera exprés la ciudadanía por parte de Daniel Ortega, mientras que Pohl continúa laborando para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México. El pasado 28 de julio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, entregó al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, una iniciativa del presidente de la república, Nayib Bukele, para reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, para que los actos de corrupción no prescriban.
Ante la iniciativa, el fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró que era necesaria y que la cumplirían, ya que «la corrupción como flagelo afecta todos los esfuerzos de las instituciones para combatir este tema. La corrupción ha afectado a toda la sociedad salvadoreña.
Los delitos de corrupción desvían los recursos públicos e impiden mejorar la calidad de vida de la población».
Tras la aprobación, los diputados de la bancada cian se mostraron satisfechos y reiteraron que, con la no prescripción de los referidos delitos, «los corruptos devolverán lo que les robaron a los salvadoreños».
Este día, representantes del Sistema Nacional de Protección Civil, brindaron un balance de las emergencias que han atendido las instituciones de primera respuesta durante las vacaciones agostinas.
Por su parte, el Cuerpo de Bomberos ha atendido 17 emergencias durante el periodo del 1 al 5 de agosto, dos más que el año pasado en estas mismas fechas, según informó el director de la institución, Baltazar Solano.
El director de la entidad también explicó que han sido desplegados 800 bomberos operativos en todo el territorio nacional, para atender emergencias durante el periodo vacacional.
Solano resaltó que dentro del Plan Vacación también han priorizado las inspecciones en restaurantes, gasolineras y otros establecimientos, para constatar el cumplimiento de normas básicas y evitar incendios estructurales.
Mientras tanto, el director general de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, destacó que se han realizado 12 rescates acuáticos simples, de igual forma, dos más que el año pasado durante el mismo periodo de tiempo.
«Rescates profundos hay 19 en 2025, y en 2024 hubo 24. En total tenemos 31», informó Luis Alonso Amaya.
Finalmente, el director general de Protección Civil, Luis Alonso Amya, reporta que en el periodo de vacaciones hay registro de 161 lesionados en accidentes de tránsito, 16 fallecidos y 33 detenciones por conducción peligrosa.
Durante siete meses han estado vigentes diferentes reformas legislativas que han establecieron la intolerancia al delito de la conducción peligrosa, con el propósito de evitar accidentes de tránsito, lesionados o muertes.
El 20 de diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el propósito de prohibir que los motoristas de cualquier vehículo ingieran licor, cualquier tipo de sustancia o medicamentos que puedan afectar la capacidad de conducir. En esa misma línea se incrementaron las multas.
Con el propósito de robustecer las leyes en ese tema, la Asamblea Legislativa también aprobó un pliego de reformas al Código Penal, propuestas por el Ejecutivo, en el sentido se incrementen las condenas por el delito de conducción peligrosa. Se estableció una condena de 2 a 5 años, por el delito de conducción peligrosa cuando el percance es con un vehículo liviano; y de 5 a 10 años, si el accidente es con transporte público o pesado.
Ese mismo día, la Asamblea también reformó al Código Procesal Penal para garantizar la justicia para las víctimas de percances viales y sus familiares.
Desde que se aprobaron estas medidas han transcurrido siete meses, tiempo en que las autoridades de transporte han reportado una reducción de casos de conducción peligrosa.
El viceministro de transporte, Nelson Reyes, aseguró en una conferencia que «hay una reducción de alrededor del 10 % de disminución de personas detenidas por conducción peligrosa, si lo comparamos con 2024, desde el 1 de enero a la fecha».
La remoción de más de 20 árboles fue parte de las emergencias atendidas ayer por la noche, a raíz de las fuertes tormentas ocurridas en el municipio de Cuscatlán Norte, informó el gobernador de Cuscatlán, Eduardo Alas.
La mayoría de árboles caídos se reportó en el distrito de Suchitoto, y para la intervención se activó toda la comisión departamental de Protección Civil que está en función del monitoreo y atención de eventualidades, detalló el funcionario.
«En conjunto con la municipalidad de Cuscatlán Norte, coordinamos para enviar los equipos para atender las emergencias», añadió Alas, quien afirmó que se trabaja de forma articulada en los territorios.
Los árboles cayeron sobre calles y carreteras, por lo que era de urgencia retirarlos para garantizar el paso y la seguridad en las vías, indicó.
Por otra parte, la alcaldía de Cuscatlán Sur informó que un árbol de gran tamaño también cedió ante las lluvias, quedando sobre la calle principal al barrio Nuevo, en la ciudad de San Ramón.
A las labores de remoción que realizó personal del distrito se sumaron elementos del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), que tras los trabajos despejaron la vía restableciendo el paso que había quedado completamente bloqueado.
