Judicial
Probidad encuentra indicios de enriquecimiento ilícito contra Nayib Bukele y Luis Mario Rodríguez, Corte Plena por definir juicios este martes
La Sección de Probidad concluyó recientemente los análisis financieros de las administraciones públicas de Nayib Bukele y Luis Mario Rodríguez.
Al primero se le investigó por la gestión al frente de la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, en La Libertad, para los años 2012-2015 y al segundo (Rodríguez) cuando fungió como Secretario Jurídico de la Presidencia, durante la administración de Elías Antonio Saca (2004-2009).
De acuerdo con Probidad, hay indicios de enriquecimiento ilícito contra los dos indagados, por lo sus casos se diligenciaron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes en Corte Plena deberán decidir si Bukele y Rodríguez son enjuiciados civilmente.
Este martes, se espera que los magistrados estudien y resuelvan ambos casos.
Rodríguez se desempeña actualmente como Director de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).
Bukele está por abandonar la alcaldía de San Salvador, quien al ser expulsado del FMLN perdió automáticamente la posibilidad de reelección con el partido de izquierda.
De acuerdo con Probidad, Bukele debe justificar un incremento dudoso en su patrimonio por un monto cercano a los $300,000, mientras que Rodríguez deberá justificar un aproximado de $400,000
¿Qué podría pasar en Corte Plena?
Los 15 magistrados de la CSJ deberán votar si envían a juicio a Bukele y Rodríguez.
Para el alcalde la situación es compleja, sobre todo, por sus aspiraciones políticas de cara a las Presidenciales del 2019.
Si los magistrados ordenar abrir juicio contra Bukele esto pondría en riesgo su intención de optar al Ejecutivo, una aspiración que no termina de confirmar el alcalde saliente.
Considerando lo anterior, ha trascendido que los magistrados tomarían dos caminos para resolver los casos de enriquecimiento ilícito contra Bukele y Rodríguez.
El tema Bukele sería enviado a otras instituciones del Estado, como el Ministerio de Hacienda, para que imponga una posible multa y así resolver de manera definitiva.
En el caso de Rodríguez se ordenaría juicio civil y deberá seguir todo el proceso que señale la Cámara.
A inicios del año pasado, la Fiscalía General de la República informó sobre el caso “Destape a la Corrupción” donde figura como principal implicado el expresidente Saca, quien al igual que algunos de sus colaboradores más cercanos fue detenido y enviado a prisión. Pese a que Rodríguez era el Secretario Jurídico de la Presidencia no fue implicado.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
