Judicial
Probidad encuentra indicios de enriquecimiento ilícito contra Nayib Bukele y Luis Mario Rodríguez, Corte Plena por definir juicios este martes
La Sección de Probidad concluyó recientemente los análisis financieros de las administraciones públicas de Nayib Bukele y Luis Mario Rodríguez.
Al primero se le investigó por la gestión al frente de la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, en La Libertad, para los años 2012-2015 y al segundo (Rodríguez) cuando fungió como Secretario Jurídico de la Presidencia, durante la administración de Elías Antonio Saca (2004-2009).
De acuerdo con Probidad, hay indicios de enriquecimiento ilícito contra los dos indagados, por lo sus casos se diligenciaron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes en Corte Plena deberán decidir si Bukele y Rodríguez son enjuiciados civilmente.
Este martes, se espera que los magistrados estudien y resuelvan ambos casos.
Rodríguez se desempeña actualmente como Director de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).
Bukele está por abandonar la alcaldía de San Salvador, quien al ser expulsado del FMLN perdió automáticamente la posibilidad de reelección con el partido de izquierda.
De acuerdo con Probidad, Bukele debe justificar un incremento dudoso en su patrimonio por un monto cercano a los $300,000, mientras que Rodríguez deberá justificar un aproximado de $400,000
¿Qué podría pasar en Corte Plena?
Los 15 magistrados de la CSJ deberán votar si envían a juicio a Bukele y Rodríguez.
Para el alcalde la situación es compleja, sobre todo, por sus aspiraciones políticas de cara a las Presidenciales del 2019.
Si los magistrados ordenar abrir juicio contra Bukele esto pondría en riesgo su intención de optar al Ejecutivo, una aspiración que no termina de confirmar el alcalde saliente.
Considerando lo anterior, ha trascendido que los magistrados tomarían dos caminos para resolver los casos de enriquecimiento ilícito contra Bukele y Rodríguez.
El tema Bukele sería enviado a otras instituciones del Estado, como el Ministerio de Hacienda, para que imponga una posible multa y así resolver de manera definitiva.
En el caso de Rodríguez se ordenaría juicio civil y deberá seguir todo el proceso que señale la Cámara.
A inicios del año pasado, la Fiscalía General de la República informó sobre el caso “Destape a la Corrupción” donde figura como principal implicado el expresidente Saca, quien al igual que algunos de sus colaboradores más cercanos fue detenido y enviado a prisión. Pese a que Rodríguez era el Secretario Jurídico de la Presidencia no fue implicado.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
