Judicial
Probidad encuentra indicios de enriquecimiento ilícito contra Nayib Bukele y Luis Mario Rodríguez, Corte Plena por definir juicios este martes
La Sección de Probidad concluyó recientemente los análisis financieros de las administraciones públicas de Nayib Bukele y Luis Mario Rodríguez.
Al primero se le investigó por la gestión al frente de la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, en La Libertad, para los años 2012-2015 y al segundo (Rodríguez) cuando fungió como Secretario Jurídico de la Presidencia, durante la administración de Elías Antonio Saca (2004-2009).
De acuerdo con Probidad, hay indicios de enriquecimiento ilícito contra los dos indagados, por lo sus casos se diligenciaron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes en Corte Plena deberán decidir si Bukele y Rodríguez son enjuiciados civilmente.
Este martes, se espera que los magistrados estudien y resuelvan ambos casos.
Rodríguez se desempeña actualmente como Director de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).
Bukele está por abandonar la alcaldía de San Salvador, quien al ser expulsado del FMLN perdió automáticamente la posibilidad de reelección con el partido de izquierda.
De acuerdo con Probidad, Bukele debe justificar un incremento dudoso en su patrimonio por un monto cercano a los $300,000, mientras que Rodríguez deberá justificar un aproximado de $400,000
¿Qué podría pasar en Corte Plena?
Los 15 magistrados de la CSJ deberán votar si envían a juicio a Bukele y Rodríguez.
Para el alcalde la situación es compleja, sobre todo, por sus aspiraciones políticas de cara a las Presidenciales del 2019.
Si los magistrados ordenar abrir juicio contra Bukele esto pondría en riesgo su intención de optar al Ejecutivo, una aspiración que no termina de confirmar el alcalde saliente.
Considerando lo anterior, ha trascendido que los magistrados tomarían dos caminos para resolver los casos de enriquecimiento ilícito contra Bukele y Rodríguez.
El tema Bukele sería enviado a otras instituciones del Estado, como el Ministerio de Hacienda, para que imponga una posible multa y así resolver de manera definitiva.
En el caso de Rodríguez se ordenaría juicio civil y deberá seguir todo el proceso que señale la Cámara.
A inicios del año pasado, la Fiscalía General de la República informó sobre el caso “Destape a la Corrupción” donde figura como principal implicado el expresidente Saca, quien al igual que algunos de sus colaboradores más cercanos fue detenido y enviado a prisión. Pese a que Rodríguez era el Secretario Jurídico de la Presidencia no fue implicado.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
