Judicial
Probidad encuentra indicios de enriquecimiento ilícito contra Nayib Bukele y Luis Mario Rodríguez, Corte Plena por definir juicios este martes
La Sección de Probidad concluyó recientemente los análisis financieros de las administraciones públicas de Nayib Bukele y Luis Mario Rodríguez.
Al primero se le investigó por la gestión al frente de la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, en La Libertad, para los años 2012-2015 y al segundo (Rodríguez) cuando fungió como Secretario Jurídico de la Presidencia, durante la administración de Elías Antonio Saca (2004-2009).
De acuerdo con Probidad, hay indicios de enriquecimiento ilícito contra los dos indagados, por lo sus casos se diligenciaron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes en Corte Plena deberán decidir si Bukele y Rodríguez son enjuiciados civilmente.
Este martes, se espera que los magistrados estudien y resuelvan ambos casos.
Rodríguez se desempeña actualmente como Director de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).
Bukele está por abandonar la alcaldía de San Salvador, quien al ser expulsado del FMLN perdió automáticamente la posibilidad de reelección con el partido de izquierda.
De acuerdo con Probidad, Bukele debe justificar un incremento dudoso en su patrimonio por un monto cercano a los $300,000, mientras que Rodríguez deberá justificar un aproximado de $400,000
¿Qué podría pasar en Corte Plena?
Los 15 magistrados de la CSJ deberán votar si envían a juicio a Bukele y Rodríguez.
Para el alcalde la situación es compleja, sobre todo, por sus aspiraciones políticas de cara a las Presidenciales del 2019.
Si los magistrados ordenar abrir juicio contra Bukele esto pondría en riesgo su intención de optar al Ejecutivo, una aspiración que no termina de confirmar el alcalde saliente.
Considerando lo anterior, ha trascendido que los magistrados tomarían dos caminos para resolver los casos de enriquecimiento ilícito contra Bukele y Rodríguez.
El tema Bukele sería enviado a otras instituciones del Estado, como el Ministerio de Hacienda, para que imponga una posible multa y así resolver de manera definitiva.
En el caso de Rodríguez se ordenaría juicio civil y deberá seguir todo el proceso que señale la Cámara.
A inicios del año pasado, la Fiscalía General de la República informó sobre el caso “Destape a la Corrupción” donde figura como principal implicado el expresidente Saca, quien al igual que algunos de sus colaboradores más cercanos fue detenido y enviado a prisión. Pese a que Rodríguez era el Secretario Jurídico de la Presidencia no fue implicado.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
