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Presidente Nayib Bukele propone reducir municipios a 44 y diputaciones a 60
El presidente Nayib Bukele presentó ayer durante su discurso del cuarto año de mandato la propuesta de reordenamiento administrativo del territorio, así como la reducción de diputaciones de la Asamblea Legislativa.
La propuesta anunciada por el mandatario contempla que El Salvador pase de 262 municipios a tener 44.
«Los municipios [actuales] se convertirán en distritos, que a su vez integrarán estas 44 alcaldías. Ya no tendremos 262 alcaldes ni 262 concejos municipales ni todos los demás colaboradores de confianza que tienen síndicos, suplentes, tesoreros, gerentes, asistentes, asistente del asistente […]», explicó el mandatario.
Bukele enfatizó que el reordenamiento territorial propuesto no borrará la identidad cultural de cada municipio, ya que las costumbres y las tradiciones seguirán.
«El reordenamiento de municipios permitirá que aquellos más pobres ahora puedan recibir mayor recurso para obras e infraestructuras. Con la reducción de alcaldías y municipios no van a desaparecer las identidades de los municipios, esas van a continuar convertidas en distritos; las tasas municipales continuarán siendo las mismas en cada distrito, sin incremento», añadió.
Sobre la conformación de diputaciones de la Asamblea Legislativa, la propuesta es que sean 64, como eran antes de que se modificaran a 84 escaños, tal cual es en la actualidad.
«ARENA y el FMLN en esa farsa que firmaron, en su momento, añadieron 24 diputados más a la Asamblea para asegurar las curules de sus amigos sin perder las otras curules», recordó el presidente.
Además, pidió a los diputados que ambas propuestas sean aprobadas antes de que se desarrollen las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, que están programadas entre febrero y marzo de 2024.
«Para un país como el nuestro, que estaba al borde del colapso por la violencia, reinventarse era y sigue siendo vital. Hoy, cuatro años después, podemos decirlo sin que suene exagerado: ya no somos los mismos», reflexionó.
Pero los partidos ARENA y VAMOS afirmaron que con las propuestas solo se busca concentrar más el poder. El tricolor emitió un comunicado en el que afirman que son tácticas para inclinar la cancha electoral a su favor que, además, le quitarían incidencia a los partidos minoritarios.
Claudia Ortiz, diputada de VAMOS, afirmó: «Se busca concentrar más poder y dejar sin espacio a quienes pueden tener una diversidad de pensamiento e ideas políticas».}
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
