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Presidente Nayib Bukele afirma que golpe a la economía criminal no afectó el PIB
El presidente de la república, Nayib Bukele, recordó que «la economía del crimen» fue golpeada fuertemente con la política y estrategia de seguridad pública, sin que ello afectara el producto interno bruto (PIB) del país.
«Nosotros aceptamos pagar el costo económico y calculábamos que íbamos a tener un costo de un 10 % del PIB, iba a caer por acabar con la delincuencia, pero no cayó, subió 3.5 %», afirma Bukele en un video que retomó en X el martes anterior.
De acuerdo con el mandatario, «entendimos a la fuerza y con golpes que la única forma era ir tras el pandillero y arrestarlo no para castigarlo, sino para sacarlo de la sociedad».
Con la implementación del Plan Control Territorial (PCT), reforzado con el régimen de excepción, el Gobierno de Nayib Bukele ha golpeado fuertemente la economía de las pandillas y sus grupos familiares, decomisándoles bienes muebles e inmuebles, drogas, armas, dinero en efectivo y desarticulando sus negocios de origen ilícito.
El jefe de Estado reveló en noviembre del año pasado que un representante de organismo multilateral le dijo, al iniciar la guerra contra las pandillas: «Queramos aceptarlo o no, las pandillas son una economía oscura, pero son parte de la economía. De entrada, si son 70,000 pandilleros, son 70,000 empleos, 70,000 familias».
Y luego le advirtió: «Si usted remueve esa capa de la economía de golpe, el PIB de El Salvador va a caer»; sin embargo, se continuó enfrentando a las pandillas a pesar del costo económico que pudiera generarse. «Sorpresivamente terminó 2022 y no cayó el PIB, más bien subió, y vamos a terminar 2023 y tampoco cayó el PIB, más bien subió», escribió Bukele en esa ocasión en X.
Un estudio de Global Financial Integrity (GFI) de 2022 reportó que El Salvador fue el país del llamado Triángulo Norte (con Honduras y Guatemala) que más pagaba extorsiones hasta antes de las acciones de seguridad implementadas por la gestión de Bukele.
Contrario a la advertencia, el combate a las pandillas no afectó el desarrollo económico, más bien lo impulsó, pues sectores como el turismo y la construcción crecieron gracias al ambiente de seguridad.
Además, la implementación del PCT ha provocado una reducción histórica de asesinatos, convirtiendo a El Salvador en el país más seguro del hemisferio occidental.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
