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Presidente de CEPA, Federico Anliker asegura tener información sobre un diputado que trafica piezas arqueológicas
El Presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, aseguró este domingo 20 de octubre tener información sobre presuntos delitos que estaría cometiendo un diputado de la Asamblea Legislativa.
A través de su cuenta de Twitter, Anliker reveló que el legislador estaría tras el delito de tráfico ilegal de piezas arqueológicas.
“Fuentes fidedignas me confirman que un diputado está en el tráfico ilegal de piezas arqueológicas, a que no adivinan quién es”, publicó en sus redes sociales.
Sin especificar el nombre del parlamentario, el presidente de CEPA dejó entrever que esta persona sería alguien que ha estado últimamente en el ojo del huracán por algunos comentarios en contra de proyectos del Ejecutivo.
Uno del primero comentario que tuvo esta publicación fue del ministro de Gobernación Mario Durán. “Algún diputado del siglo pasado”, afirmó.
Hasta el momento el presidente de CEPA no ha brindado más información que le ha sido proporcionada.
Sobre el delito
El tráfico ilícito de bienes culturales como piezas arqueológicas o paleontológicas, documentos históricos, imágenes religiosas, obras de arte y objetos coloniales, entre otros, es un flagelo que en los últimos años amenaza con el despojo de la identidad de los pueblos, y convierte a los bienes en simples objetos decorativos, despojados de su historia y contexto.
Si bien es cierto que las personas tienen derecho a la posesión de bienes culturales, tienen también la obligación de registrarlos y evitar caer en el delito de infracción a las medidas de registro, control y circulación de los mismos, establecido en el artículo 223 del Código Penal de El Salvador.
“El que infringiere los preceptos legales relativos al cumplimiento de los requisitos de reconocimiento, identificación, registro, acreditación circulación de los bienes que conforman el patrimonio cultural de la República”, reza parte del artículo 223 del Código Penal.
Las personas que cometan este delito podrían ser sancionados con prisión de seis meses a un año.
Por su parte, el artículo 224 del mismo código establece que: “El que exportare o importare bienes que conforman el patrimonio cultural de la República, sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley especial” podría ser sancionado con prisión de dos a cuatro años.
La embajada de Japón en El Salvador anunció en sus redes sociales que está trabajando en un proyecto de vivienda de alquiler llamada “Danchi”, proyecto de vivienda social que fue popular en el país asiático en la década de los años 60 y 70.
Este anuncio lo realizó la embajada durante la visita que recibió de la ministra de Vivienda, Michelle Sol.
«Visita de cortesía a la ministra Michelle Sol por parte del embajador SANO (Taketoshi). Conversaron sobre el modelo japonés de vivienda de alquiler «Danchi». ¡Ya inició el proyecto para crear la versión salvadoreña de vivienda pública!”, detalló la embajada japonesa.
A pesar de este anuncio se desconocen más detalles del mismo, ya que ni la embajada de Japón ni el Ministerio de Hacienda han publicado sobre ese encuentro en su redes sociales ni páginas web, aparte de lo que anunció la embajada japonesa.
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó que Rolban Steven Rodríguez, enfrente juicio por los delitos estafa, uso y tenencia de documentos falsos, uso falso de documento de identidad, así como agrupaciones ilícitas.
En la acusación ratificada por la Fiscalía General de la República durante la audiencia preliminar, se detalló que el imputado fue parte de una estructura que entre el 2020 y 2022 alquiló vehículos y posteriormente los vendió con documentos falsos.
La banda utilizaba documentos de identidad de víctimas a quienes se los hurtaban para que los miembros de ese grupo delictivo se hicieran pasar como ellas.
Con los documentos sustraídos procedían a verificar quienes de los integrantes de la banda se parecían a las víctimas para trasladarse a empresas dedicadas a la renta de vehículos.
Cuando ya tenían los automotores en alquiler los llevaban a estacionamientos y los ponían a la venta, cuando aparecían las personas interesadas en adquirirlos, realizaban compraventas falsas con los documentos que habían hurtado.
Los demás miembros de la banda ya el mismo tribunal los había enviado a juicio, entre ellos hay exmiembros de la Policía Nacional Civil.
Un hombre de 65 años, identificado como José del Carmen R. A., fue enviado al penal de Mariona, acusado de intentar asesinar a Elmer Francisco A. F., en la urbanización Montes de San Bartolo V, de Soyapango.
El hecho ocurrió el 18 de enero de 2026, aproximadamente a las 11:23 de la noche, cuando ambos ingerían bebidas alcohólicas. Según la acusación luego de comenzar a discutir en el interior de una vivienda, el imputado sacó un arma blanca con la cual lesionó a la víctima.
Testigos informaron a las autoridades que auxiliaron a la víctima para que fuera trasladado al Hospital Nacional Dr. José Molina Martínez y una vecina llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para que investigara lo ocurrido y ubicara al agresor.
Al imputado lo capturado el siguiente día en horas de la mañana cuando estaba laborando como agente de seguridad privada en el distrito de Panchimalco.
En la resolución de la audiencia inicial, la jueza envió la causa penal al Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango y ordenó que el acusado siga en prisión mientras dure el proceso penal.
Según la decisión judicial, la víctima estuvo en riesgo inminente de perder la vida a raíz de las lesiones que el imputado le ocasionó.
