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Presidente de CEPA, Federico Anliker asegura tener información sobre un diputado que trafica piezas arqueológicas
El Presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, aseguró este domingo 20 de octubre tener información sobre presuntos delitos que estaría cometiendo un diputado de la Asamblea Legislativa.
A través de su cuenta de Twitter, Anliker reveló que el legislador estaría tras el delito de tráfico ilegal de piezas arqueológicas.
“Fuentes fidedignas me confirman que un diputado está en el tráfico ilegal de piezas arqueológicas, a que no adivinan quién es”, publicó en sus redes sociales.
Sin especificar el nombre del parlamentario, el presidente de CEPA dejó entrever que esta persona sería alguien que ha estado últimamente en el ojo del huracán por algunos comentarios en contra de proyectos del Ejecutivo.
Uno del primero comentario que tuvo esta publicación fue del ministro de Gobernación Mario Durán. “Algún diputado del siglo pasado”, afirmó.
Hasta el momento el presidente de CEPA no ha brindado más información que le ha sido proporcionada.
Sobre el delito
El tráfico ilícito de bienes culturales como piezas arqueológicas o paleontológicas, documentos históricos, imágenes religiosas, obras de arte y objetos coloniales, entre otros, es un flagelo que en los últimos años amenaza con el despojo de la identidad de los pueblos, y convierte a los bienes en simples objetos decorativos, despojados de su historia y contexto.
Si bien es cierto que las personas tienen derecho a la posesión de bienes culturales, tienen también la obligación de registrarlos y evitar caer en el delito de infracción a las medidas de registro, control y circulación de los mismos, establecido en el artículo 223 del Código Penal de El Salvador.
“El que infringiere los preceptos legales relativos al cumplimiento de los requisitos de reconocimiento, identificación, registro, acreditación circulación de los bienes que conforman el patrimonio cultural de la República”, reza parte del artículo 223 del Código Penal.
Las personas que cometan este delito podrían ser sancionados con prisión de seis meses a un año.
Por su parte, el artículo 224 del mismo código establece que: “El que exportare o importare bienes que conforman el patrimonio cultural de la República, sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley especial” podría ser sancionado con prisión de dos a cuatro años.
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Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
