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Presidente Bukele inaugura el periférico Gerardo Barrios
El Gobierno está llevando a cabo obras estratégicas de infraestructura que buscan modernizar la red vial del país, a fin de fortalecer la economía nacional y transformar la conectividad. Estas inversiones permiten reducir tiempos de traslado y crean las condiciones para que sectores clave como el turismo y el comercio puedan desarrollarse de manera sostenida.
Este domingo, el mandatario entregó los paquetes 2, 3 y 4 del periférico Gerardo Barrios, en San Miguel, que representa la obra vial más grande que se ha construido en el oriente del país. Este consta de un total de 21 kilómetros y conecta desde el cantón El Obrajuelo, Quelepa, hasta el cantón El Papalón, en San Miguel Centro.
“Una promesa de campaña fue desarrollar el oriente del país, llevando obras de infraestructura vial y proyectos que desarrollarán la zona. Una de las promesas era la construcción del baipás de San Miguel, ahora denominado periférico Gerardo Barrios”, subrayó el jefe de Estado.
Detalló que la inversión de esta megaobra asciende a $160 millones y fue desarrollada con el apoyo del Gobierno de Japón. Beneficiará a más de 245,118 personas y generará un impacto nacional y regional, ya que fortalece la conectividad con los países vecinos, lo que contribuirá a dinamizar el comercio internacional, posicionando al país como un eje estratégico en Centroamérica.
El periférico reduce al menos 40 minutos los traslados, acorta los tiempos y costos, contribuyendo en la logística. El primer paquete fue inaugurado en 2021 y consistió en la ampliación de la carretera Panamericana (CA-1) de 2 a 4 carriles, desde el desvío a Moncagua hasta El Obrajuelo, en San Miguel. El dos fue la ampliación de dos a cuatro carriles desde El Obrajuelo, hasta Hato Nuevo; el tres inicia a 200 metros de la intersección con la Ruta Militar y llega hasta el redondel El Papalón. El cuatro consta de la construcción de dos puentes mayores.
“El periférico Gerardo Barrios, con sus cuatro paquetes, incluye una longitud de 21 kilómetros, 42 de ciclovía, cuatro puentes sobre el río Grande, Taisihuat, Jalacatal, y Papalón, dos intercambiadores, siete pasos a desnivel, un paso elevado a para ganado, cuatro intersecciones tipo rotonda, 12 paradas de buses. Es una obra que trascenderá en el tiempo”, amplió y destacó que, en total, se invertirán $1,358 millones en oriente del país. Añadió que la próxima semana iniciará un proyecto de iluminación, con paneles solares, por $3 millones, que terminará en 90 días.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
