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Presidente Bukele inaugura el periférico Gerardo Barrios
El Gobierno está llevando a cabo obras estratégicas de infraestructura que buscan modernizar la red vial del país, a fin de fortalecer la economía nacional y transformar la conectividad. Estas inversiones permiten reducir tiempos de traslado y crean las condiciones para que sectores clave como el turismo y el comercio puedan desarrollarse de manera sostenida.
Este domingo, el mandatario entregó los paquetes 2, 3 y 4 del periférico Gerardo Barrios, en San Miguel, que representa la obra vial más grande que se ha construido en el oriente del país. Este consta de un total de 21 kilómetros y conecta desde el cantón El Obrajuelo, Quelepa, hasta el cantón El Papalón, en San Miguel Centro.
“Una promesa de campaña fue desarrollar el oriente del país, llevando obras de infraestructura vial y proyectos que desarrollarán la zona. Una de las promesas era la construcción del baipás de San Miguel, ahora denominado periférico Gerardo Barrios”, subrayó el jefe de Estado.
Detalló que la inversión de esta megaobra asciende a $160 millones y fue desarrollada con el apoyo del Gobierno de Japón. Beneficiará a más de 245,118 personas y generará un impacto nacional y regional, ya que fortalece la conectividad con los países vecinos, lo que contribuirá a dinamizar el comercio internacional, posicionando al país como un eje estratégico en Centroamérica.
El periférico reduce al menos 40 minutos los traslados, acorta los tiempos y costos, contribuyendo en la logística. El primer paquete fue inaugurado en 2021 y consistió en la ampliación de la carretera Panamericana (CA-1) de 2 a 4 carriles, desde el desvío a Moncagua hasta El Obrajuelo, en San Miguel. El dos fue la ampliación de dos a cuatro carriles desde El Obrajuelo, hasta Hato Nuevo; el tres inicia a 200 metros de la intersección con la Ruta Militar y llega hasta el redondel El Papalón. El cuatro consta de la construcción de dos puentes mayores.
“El periférico Gerardo Barrios, con sus cuatro paquetes, incluye una longitud de 21 kilómetros, 42 de ciclovía, cuatro puentes sobre el río Grande, Taisihuat, Jalacatal, y Papalón, dos intercambiadores, siete pasos a desnivel, un paso elevado a para ganado, cuatro intersecciones tipo rotonda, 12 paradas de buses. Es una obra que trascenderá en el tiempo”, amplió y destacó que, en total, se invertirán $1,358 millones en oriente del país. Añadió que la próxima semana iniciará un proyecto de iluminación, con paneles solares, por $3 millones, que terminará en 90 días.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
