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Presidente Bukele: “Este día es importante porque estamos graduando a 1,000 elementos de tropa que se incorporarán al Plan Control Territorial”
El Presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la incorporación de 1,000 soldados que apoyarán a la Policía Nacional Civil (PNC) en tareas de prevención de hechos delictivos en el marco del Plan Control Territorial (PCT), y tras ese acto, también acudió a una ceremonia de ascenso de subinspectores policiales al grado de inspectores.
En el marco de la ceremonia, el Presidente Bukele aseguró que lo resultados drásticos para reducir la criminalidad permitirán que este año cierre como “el más seguro de la historia”.
El mandatario destacó el trabajo realizado por la Fuerza Armada para combatir del narcotráfico y para llevar tranquilidad a los ciudadanos, sobre todo el papel de los militares que junto a la Policía han impactado la reducción de homicidios.
Bukele ha dicho que lo normal hasta mayo de 2019, era decir: “30 homicidios el día de ayer, 40 homicidios el día de ayer, 20 desaparecidos ayer, 900 homicidios en el mes 7,000 homicidios en el año, pues esa realidad no la podíamos tolerar y empezamos a trabajar con las pocas herramientas que teníamos, con el gran problema que teníamos y redujimos drásticamente los homicidios”.
Ante esto, el Comandante General de las Fuerzas Armadas afirmó que políticos se prestaron para negociar las vidas de cientos de salvadoreños. “Hay videos de políticos entregando montañas de dinero a las pandillas y sabemos que hubo un tiempo en el que el gobierno autorizaba el número de muertos que había en un día”.
Cabe señalar que, el anuncio de los nuevos militares que se unirán al PCT fue dado a conocer este miércoles durante la ceremonia de graduación de la promoción de XCIII de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, en Antiguo Cuscatlán, La Libertad, en la que se graduaron 86 cadetes.
“Este día es importante por muchas razones, porque estamos graduando a 1,000 tropas que se incorporarán al Plan Control Territorial”, afirmó el mandatario ante cientos de militares en la cancha de la Escuela Militar.
Hace unos días el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, explicó que las proyecciones para el 2022 es que sean incorporados 5,526 soldados a la Fuerza Armada, en cumplimiento a lo solicitado por el presidente Bukele cuando en julio de este año ordenó duplicar a 40,000 el número de efectivos.
Actualmente son 11,636 soldados asignados a las tareas de seguridad para el desarrollo de la Fase 4 del Plan Control Territorial, y también hay 7,579 efectivos más que brindan apoyo a otros planes del Gobierno que tienen un componente de seguridad, ejemplo de ello, las actividades que realiza el Ministerio de Turismo en los centros turísticos donde se requiere presencia de la PNC y la Fuerza Armada.
Este mismo miércoles, el mandatario se trasladó a las instalaciones del antiguo cuartel El Zapote, situado en el barrio San Jacinto, al sur de la capital, para participar en la ceremonia de ascenso de 137 subinspectores de la PNC al grado de inspectores y para la graduación de 136 alumnos de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
