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Presidencias del FMLN en el TSE dejaron deuda de $2.1 millones por inmueble de la DOE
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá desembolsar de su presupuesto general de gastos de 2023 un monto de $2,170,000 para pagar a la empresa Dureco El Salvador una deuda que dejó pendiente Eugenio Chicas, expresidente del organismo electoral del FMLN.
La deuda es en concepto de pago por el arrendamiento con promesa de venta del inmueble ubicado en el kilómetro 12.5 en la jurisdicción de San Marcos, San Salvador, a la orilla de la autopista que conduce al aeropuerto internacional, donde actualmente operan las oficinas de la Dirección de Organización Electoral (DOE).
El 10 de mayo de 2022, los magistrados del TSE recibieron la notificación de una sentencia emitida por el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil en la que condenaba a la institución a desembolsar $2.1 millones a favor de Dureco para finalizar el pago total por el edificio señalado, que asciende a $2,370,000.
Las actas de 2012 de las sesiones de trabajo del organismo electoral, cuando Chicas era su presidente, reflejan que el TSE y Dureco empezaron a tener inconvenientes desde que se comenzó a arrendar el inmueble; el primero surgió debido a que la empresa solicitó un incremento en el canon de arrendamiento, a lo que el organismo electoral se opuso porque «no estaba contemplado en el contrato y no era legalmente posible».
Sin embargo, a pesar de las complicaciones, Eugenio Chicas insistió en seguir sosteniendo el arrendamiento y en octubre de 2012 comenzó a pedir prórrogas para el contrato de alquiler.
El organismo electoral logró alargar el contrato hasta diciembre de 2012; no obstante, un acta del TSE con fecha 18 de marzo de 2013 indica que la institución extendió la contratación con Dureco para arrendar el inmueble desde enero hasta junio de ese año, con prórroga de seis meses, finalizando el alquiler el 31 de diciembre de 2013.
Pero Dureco se negó a prorrogarlo y solicitó una reunión con Eugenio Chicas para tratar la compraventa del inmueble. El TSE ofreció una prórroga con un canon mensual de $20,000 para seguir usando el edificio.
A pesar de estas desavenencias, el tribunal planteó ofertas para comprarle el inmueble definitivamente a Dureco; incluso, por medio de un acta, Chicas ordenó al director ejecutivo del tribunal de ese momento, Luis Alfonso Peralta Cerritos, presentar una propuesta de alternativas internas para financiar los fondos correspondientes.
Según documentos oficiales del TSE, la administración de Chicas solo pagó $200,000 de los $2.7 millones en que está valorado el inmueble, luego salió del cargo como magistrado y las trabas con la empresa arrendadora no se resolvieron en los años posteriores, cuando asumió la presidencia otro representante del FMLN, Julio Olivo Granadino (2014-2019), pues no se continuaron pagando las cuotas establecidas
De acuerdo con fuentes oficiales del organismo colegiado, los actuales magistrados se negaron a desembolsar fondos para pagarle a Dureco desde que asumieron sus cargos, debido a que encontraron irregularidades en el proceso de alquiler y compra del inmueble.
Además, señalan que el Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS-OPAMSS) emitió una declaración en la que establecía que el inmueble adquirido por Chicas está construido sobre una falla tectónica, por lo que no puede ser intervenido de ninguna manera, considerando que la compra de este espacio no tendría ningún beneficio para el TSE.
Sin embargo, el organismo electoral deberá asumir las consecuencias de las decisiones que tomó Chicas entre 2009 y 2014 y pagar más de $2 millones, debido a que la sentencia judicial se encuentra firme y de ser incumplida pasaría a responsabilidad personal del funcionario infractor, o sea, a los magistrados en turno.
Luis Roberto Delgado Molina fue condenado a seis años de prisión por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico, en perjuicio de la salud pública.
La Fiscalía General de la República detalló que acreditaron que el 15 de agosto de 2025, agentes policiales que realizaban patrullaje en la colonia La Cima IV, en San Salvador, escucharon una discusión proveniente de un pasaje. Al aproximarse al lugar para indagar, observaron al imputado, quien manifestó que había discutido con su compañera de vida.
Para constatar el estado de la otra persona, los agentes ingresaron a la vivienda y observaron un maletín en el suelo. Al preguntarle a Delgado Molina qué contenía el maletín, este admitió que se trataba de marihuana. Al procesado se le incautaron una porción grande y tres porciones medianas de material vegetal, una pipa de vidrio, una báscula digital y cinco molinillos.
En el juicio se estableció que el peso de la droga era de 493.0 gramos de marihuana, con un valor económico en el mercado ilícito de $1,739.48.
En otro caso similar, Daniel Enrique Hernández Hércules fue condenado a 10 años de cárcel por posesión y tenencia con fines de tráfico de drogas. La medida fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador.
El 25 de marzo del 2024 el imputado fue capturado en la Carretera de Oro, jurisdicción de Soyapango, cuando conducía un vehículo en el cual transportaba marihuana.
En el procedimiento también se le decomisó varios objetos que utilizaba para el tráfico de ese estupefaciente como una pesa pequeña electrónica, una herramienta conocida como picadora, así como varios celulares que al ser analizados arrojaron estuvieron en contacto con droga.
Miembros de la Asociación Rural de Agua y Saneamiento Apolinario Serrano (ARAS), funcionarios del Gobierno de la República y representantes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) inauguraron ayer un proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable en el distrito de Suchitoto, Cuscatlán Norte.
El Proyecto consistió en la optimización del Sistema de agua potable de ARAS, el cual beneficiará directamente a más de 1,080 habitantes de Suchitoto y permitirá incorporar al abastecimiento a más de 360 hogares.
Este proyecto fue ejecutado por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), con la cooperación de la AECID a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), el cual hizo un aporte no reembolsable de 211,000 euros (un estimado de $245,000).
La obra consistió en la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de 125 metros cúbicos, la rehabilitación de un tanque existente de 85 metros cúbicos y la instalación de 1,130 metros de nueva tubería.
El presidente de ANDA, Dagoberto Arévalo, explicó que el proyecto también incluyó un sistema de cloración con dosificador y válvulas controladoras para garantizar que el agua que consumirán los pobladores de la zona sea segura y de calidad.
«Nosotros como ANDA vamos a continuar apoyando técnicamente a la junta de agua, revisando equipos de bombeo, paneles de control y sistemas eléctricos, para contribuir a que este proyecto sea sostenible en el tiempo», afirmó Arévalo.
A la inauguración del proyecto asistió la secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Eva Granados, quien destacó que esta combina infraestructura, equipamiento, fortalecimiento institucional y trabajo comunitario.
«Cuando hablamos de cooperación en agua y saneamiento, no hablamos solamente de bombeo y tuberías, hablamos también de gobernanza y sostenibilidad», expresó.
Por su parte, la presidenta de la ARAS, Claudina Romanos, agradeció al Gobierno y a la cooperación española por la ejecución de este proyecto. Aseguró que anteriormente tenían fallas de energía y fugas, pero destacó que con esta obra han percibido grandes mejoras.
«Ahora, con este proyecto, esta situación ha mejorado muchísimo […] Nuestros usuarios tienen agua las 24 horas del día, siete días a la semana», dijo.
En la zona donde se ejecutó la obra, los funcionarios del Gobierno y representantes de la AECID develaron una placa conmemorativa del proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable Apolinario Serrano.
Buzos especializados encontraron este miércoles con vida a cinco de las siete personas que llevaban una semana atrapadas en una cueva inundada en Laos, pero ahora el desafío será sacarlos de allí, según uno de los rescatistas.
Los siete laosianos entraron en la cueva, situada en la provincia central de Xaysomboun, al noreste de la capital, Vientián, el 20 de mayo, según medios estatales
Estaban buscando oro pero quedaron atrapados dentro de la cueva cuando esta quedó inundada repentinamente por unas fuertes lluvias, indicaron los reportes.
Cinco hombres, con la ropa, las manos y la cara cubiertas de barro, estaban acurrucados en un estrecho pasadizo de la cueva mientras dos rescatistas con equipo de buceo los filmaban, según un video publicado por un socorrista tailandés.
«Encontramos a cinco laosianos. Todos están a salvo. Seguiremos prestando ayuda», dijo en el video el buzo de rescate tailandés Norrased Palasing.
El buzo finlandés Mikko Paasi, que también aparece en las imágenes de la cueva, dijo que él y Norrased necesitaban «bucear de inmediato de regreso» y llevar más suministros a los hombres para que recuperaran fuerzas y se prepararan para salir de la cueva.
«Aún tenemos por delante sacarlos de allí, y no va a ser fácil», apuntó Paasi en redes sociales.
Según el medio estatal Lao Security News, los rescatistas llevarán comida y medicinas a los cinco supervivientes y seguirán buscando a los otros dos que están desaparecidos.
El lugar donde se encontró a los cinco está a unos 300 metros de la salida de la cueva, dijo.
Norrased y Paasi, que llegaron a la cueva de Laos el lunes, también participaron en la dramática operación de rescate en 2018 de un equipo juvenil de fútbol que quedó atrapado en una cueva inundada en la vecina Tailandia.
