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Presidencias del FMLN en el TSE dejaron deuda de $2.1 millones por inmueble de la DOE
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá desembolsar de su presupuesto general de gastos de 2023 un monto de $2,170,000 para pagar a la empresa Dureco El Salvador una deuda que dejó pendiente Eugenio Chicas, expresidente del organismo electoral del FMLN.
La deuda es en concepto de pago por el arrendamiento con promesa de venta del inmueble ubicado en el kilómetro 12.5 en la jurisdicción de San Marcos, San Salvador, a la orilla de la autopista que conduce al aeropuerto internacional, donde actualmente operan las oficinas de la Dirección de Organización Electoral (DOE).
El 10 de mayo de 2022, los magistrados del TSE recibieron la notificación de una sentencia emitida por el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil en la que condenaba a la institución a desembolsar $2.1 millones a favor de Dureco para finalizar el pago total por el edificio señalado, que asciende a $2,370,000.
Las actas de 2012 de las sesiones de trabajo del organismo electoral, cuando Chicas era su presidente, reflejan que el TSE y Dureco empezaron a tener inconvenientes desde que se comenzó a arrendar el inmueble; el primero surgió debido a que la empresa solicitó un incremento en el canon de arrendamiento, a lo que el organismo electoral se opuso porque «no estaba contemplado en el contrato y no era legalmente posible».
Sin embargo, a pesar de las complicaciones, Eugenio Chicas insistió en seguir sosteniendo el arrendamiento y en octubre de 2012 comenzó a pedir prórrogas para el contrato de alquiler.
El organismo electoral logró alargar el contrato hasta diciembre de 2012; no obstante, un acta del TSE con fecha 18 de marzo de 2013 indica que la institución extendió la contratación con Dureco para arrendar el inmueble desde enero hasta junio de ese año, con prórroga de seis meses, finalizando el alquiler el 31 de diciembre de 2013.
Pero Dureco se negó a prorrogarlo y solicitó una reunión con Eugenio Chicas para tratar la compraventa del inmueble. El TSE ofreció una prórroga con un canon mensual de $20,000 para seguir usando el edificio.
A pesar de estas desavenencias, el tribunal planteó ofertas para comprarle el inmueble definitivamente a Dureco; incluso, por medio de un acta, Chicas ordenó al director ejecutivo del tribunal de ese momento, Luis Alfonso Peralta Cerritos, presentar una propuesta de alternativas internas para financiar los fondos correspondientes.
Según documentos oficiales del TSE, la administración de Chicas solo pagó $200,000 de los $2.7 millones en que está valorado el inmueble, luego salió del cargo como magistrado y las trabas con la empresa arrendadora no se resolvieron en los años posteriores, cuando asumió la presidencia otro representante del FMLN, Julio Olivo Granadino (2014-2019), pues no se continuaron pagando las cuotas establecidas
De acuerdo con fuentes oficiales del organismo colegiado, los actuales magistrados se negaron a desembolsar fondos para pagarle a Dureco desde que asumieron sus cargos, debido a que encontraron irregularidades en el proceso de alquiler y compra del inmueble.
Además, señalan que el Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS-OPAMSS) emitió una declaración en la que establecía que el inmueble adquirido por Chicas está construido sobre una falla tectónica, por lo que no puede ser intervenido de ninguna manera, considerando que la compra de este espacio no tendría ningún beneficio para el TSE.
Sin embargo, el organismo electoral deberá asumir las consecuencias de las decisiones que tomó Chicas entre 2009 y 2014 y pagar más de $2 millones, debido a que la sentencia judicial se encuentra firme y de ser incumplida pasaría a responsabilidad personal del funcionario infractor, o sea, a los magistrados en turno.
La Superintendencia de Competencia (SC) recibió oficialmente la Certificación de Sistema de Gestión Antisoborno bajo la Norma ISO 37001:2016, un reconocimiento que valida la implementación de mecanismos diseñados para prevenir, detectar y enfrentar riesgos de soborno en el ejercicio de sus funciones.
El certificado fue entregado por el Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN), representado por su directora, Yanira Colindres, junto a la jefa de Normalización, Mónica Ulloa. Durante el acto, se destacó que la acreditación es resultado de un proceso de auditoría externa que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el estándar internacional.
La Norma ISO 37001:2016 es un estándar global que establece lineamientos para que las organizaciones implementen sistemas de gestión antisoborno basados en controles internos, políticas claras, evaluación de riesgos, monitoreo permanente y revisión continua. Su objetivo es promover una cultura organizacional orientada a la integridad, la transparencia y el cumplimiento normativo.
Desde el OSN señalaron que la certificación confirma que la Superintendencia ha establecido y mantenido un sistema estructurado para reducir riesgos legales y reputacionales asociados a prácticas indebidas. Asimismo, subrayan la relevancia de que instituciones encargadas de la regulación de mercados adopten estándares internacionales que fortalezcan la confianza pública.
Durante su intervención, el superintendente de Competencia, Gerardo Henríquez, indicó que uno de los objetivos prioritarios de su gestión fue incorporarse a un sistema certificado internacionalmente que permitiera reforzar los controles institucionales. «Agradezco al equipo de la SC y su compromiso; este es un resultado de todos, y a la OSN por su admirable labor en guiar a nuestra institución a culminar este proceso», afirmó.
El alcance del Sistema de Gestión Antisoborno abarca los servicios y procesos sustantivos de la institución, lo que implica que sus actuaciones técnicas, administrativas y regulatorias quedan comprendidas dentro del marco de controles establecidos por la norma. Esto incluye la identificación de riesgos, la aplicación de medidas preventivas, la capacitación del personal y la adopción de mecanismos de denuncia y supervisión.
La certificación ISO 37001 no sustituye las obligaciones legales existentes, pero sí complementa el marco normativo al introducir estándares internacionales de buenas prácticas. En el caso de la Superintendencia, la acreditación se presenta como un instrumento adicional para fortalecer su rol como autoridad encargada de velar por la competencia en los mercados salvadoreños.
Con esta certificación, la institución busca consolidar un entorno de mayor confianza para los agentes económicos y la ciudadanía, al respaldar sus actuaciones bajo un sistema formal de gestión que promueve la ética y la transparencia en cada uno de sus procesos.
Los registros inflacionarios de El Salvador mostraron una disminución en el inicio de 2026, según el último informe publicado por el Banco Central de Reserva (BCR), dato que es coincidente con la tendencia mostrada el año pasado.
Las estadísticas muestran que, hasta el 31 de enero de 2026, el índice exhibió un 0.65 %, lo que implica una reducción de 26 puntos porcentuales con respecto al cierre de diciembre de 2025, cuando se ubicó en 0.91 %.
El reporte del primer mes de este año refleja que sectores importantes de la economía mostraron estabilidad en sus tasas inflacionarias, entre estas destaca el sector de alimentos, que mostró un 0.89 %.
Este caso específico es atribuido por las autoridades de Gobierno a la estabilidad de precios lograda gracias a los más de 60 agromercados distribuidos en el país, y centros de ventas que junto a la Central de Abastos de Soyapango se han convertido en una alternativa real para el acceso a alimentos.
Estos lugares mantienen precios bajos debido a que eliminan los intermediarios al facilitar la compra directa de productores e importadores, lo que al mismo tiempo garantiza la frescura y calidad de los productos.
Otros rubros que también reflejaron inflación moderada o baja en enero de 2026 fueron los bienes y servicios con 1.05 %; y la educación con un 0.46 %
En el análisis también resaltaron ítems que mostraron comportamientos de inflación negativa, entre los que se encuentra el transporte con -3.27 %; recreación y cultura con -0.61 %; comunicaciones con -0.53 %; prendas de vestir y calzado con -0.49%; muebles y artículos para el hogar con -0.13 %.
Los resultados reportados en enero son consistentes con la estabilidad mostrada por este índice en 2025, cuando mantuvo su promedio en 0.93 %.
En información compartida de forma reciente con «Diario El Salvador», el presidente del BCR, Douglas Rodríguez, indicó que el registro del año pasado se ubicó por debajo del promedio de 1.77 % de los últimos 15 años.
El funcionario explicó que los resultados obtenidos en 2025 implican que «los ingresos de los hogares están manteniendo su poder adquisitivo para realizar sus gastos de consumo».
«También son beneficiarios del incremento de 12 % en el salario mínimo aplicado desde junio de 2025 y del aumento de 17.8 % en las remesas familiares a lo largo del año», aseguró.
Añadió que el panorama estuvo a favor del bolsillo de las familias salvadoreñas que no se vio presionado por repentinas escaladas de precios o desabastecimiento de productos de primera necesidad.
En el análisis de los resultados hasta diciembre de 2025, Rodríguez puso de relieve que apartados con gran perspectiva de consumo reflejaron tasa de inflación a la baja a lo largo del año pasado, entre ellos mencionó transporte con -1.64 %; comunicaciones con -0.88 %; prendas de vestir y calzado con -0.48 %; recreación y cultura con -0.24 %.
Apuntó que este comportamiento se atribuye a las oscilaciones de los precios internacionales, y de estrategias empresariales para impulsar la demanda interna.
Por otra parte, el titular del banco estatal también destacó que, la inflación de El Salvador estuvo en 2025 entre las tres más bajas de Latinoamérica, siendo los países de la región con menores tasas de inflación: Panamá (-0.2 %) y Costa Rica (-1.2 %).
A lo largo de 2025, el país no registró saltos pronunciados en cuanto a este indicador económico, según los datos estadísticos del BCR, en enero la tasa reflejó 0.31 %; en febrero 0.06 %; y en marzo 0.14 %.
Mientras tanto, de abril a agosto, los registros inflacionarios de El Salvador fueron negativos con -0.11 % en el cuarto mes del año, -0.21 % en mayo; -0.17 % en junio; -0.14 en julio; y -0.11 % en agosto.
Mientras que, en la última brecha de 2025, las métricas se presentaron en positivo y con leves oscilaciones con 0.36 % en septiembre; 0.93 % en octubre; 1.14 % en noviembre; y 0.91 en diciembre.
El mercado de valores salvadoreño concluyó el 2025 con un desempeño positivo que refleja una mayor utilización de los instrumentos bursátiles por parte de inversionistas y agentes económicos. Durante el año, se realizaron 7,992 transacciones que sumaron $6,031.6 millones, superando los $5,429.4 millones negociados en 2024 y marcando un crecimiento interanual de 11.1 %, según el Boletín de Mercado de Valores de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
El aumento en el monto negociado estuvo acompañado por una participación activa de distintos segmentos del mercado, lo que evidenció un mayor volumen promedio por operación y una consolidación del mercado de capitales como mecanismo para canalizar inversiones y gestionar liquidez. Solo en el último tramo del año se reportaron 507 operaciones por $586.7 millones, contribuyendo al cierre positivo del ejercicio.
Por tipo de mercado, los reportos se mantuvieron como el principal motor de la actividad bursátil. Este segmento, donde se realizan operaciones de recompra de valores para obtener liquidez de corto plazo, transó $2,832.7 millones, equivalente al 47 % del total negociado. La mayoría de estas operaciones se pactaron a plazos de uno a cuatro días, por un monto de $1,269.2 millones, con un rendimiento promedio ponderado de 4.34 %.
En este mercado, las personas naturales concentraron el 61.3 % de la demanda de liquidez, mientras que los fondos de inversión abiertos aportaron el 57.7 % de los recursos, reflejando el papel de estos vehículos como proveedores clave de financiamiento dentro del sistema financiero.
El mercado primario de renta fija y variable, donde se colocan por primera vez los valores emitidos por empresas y el sector público, registró un monto acumulado de $1,005 millones. Aunque esta cifra fue inferior a los $1,514.2 millones de 2024, el segmento continuó siendo relevante para el financiamiento de proyectos y necesidades de inversión de los emisores.
Por su parte, el mercado secundario, en el que se compran y venden valores ya emitidos, transó $249.3 millones y representó el 4.1 % del total negociado, contribuyendo a la liquidez del mercado y permitiendo a los inversionistas ajustar sus portafolios.
Las operaciones internacionales mostraron un comportamiento dinámico a lo largo del año. Las compras y ventas de instrumentos internacionales sumaron $1,668.3 millones, con una mayor presencia de deuda soberana extranjera y local. En el mercado accionario, el monto negociado alcanzó $276.4 millones, impulsado principalmente por instrumentos de origen extranjero, reflejando una mayor diversificación de las opciones de inversión disponibles.
Fondos de inversión fortalecen su presencia
El crecimiento del mercado también se reflejó en el desempeño de los fondos de inversión. Al cierre de 2025, el patrimonio total de los fondos abiertos y cerrados alcanzó $1,893.6 millones. De este total, los fondos abiertos concentraron $552.4 millones, mientras que los fondos cerrados alcanzaron $1,341.2 millones, consolidándose como vehículos relevantes para inversiones de mediano y largo plazo.
Adicionalmente, la integración bursátil entre El Salvador y Panamá continuó avanzando. Durante 2025, la bolsa integrada registró 867 operaciones por un monto de $272.9 millones. Desde el inicio de este mecanismo en 2017 y hasta el cierre de 2025, el monto acumulado negociado ascendió a $879.8 millones, con la participación de 12 intermediarios bursátiles autorizados, seis salvadoreños y seis panameños.
En conjunto, los resultados del cierre de 2025 confirman un mayor dinamismo y profundidad del mercado de valores salvadoreño, reflejado en el crecimiento del volumen negociado, el liderazgo de los reportos, la actividad del mercado primario y el fortalecimiento de los fondos de inversión, consolidando al mercado de capitales como un componente clave del sistema financiero nacional.
