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Presidencias del FMLN en el TSE dejaron deuda de $2.1 millones por inmueble de la DOE
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá desembolsar de su presupuesto general de gastos de 2023 un monto de $2,170,000 para pagar a la empresa Dureco El Salvador una deuda que dejó pendiente Eugenio Chicas, expresidente del organismo electoral del FMLN.
La deuda es en concepto de pago por el arrendamiento con promesa de venta del inmueble ubicado en el kilómetro 12.5 en la jurisdicción de San Marcos, San Salvador, a la orilla de la autopista que conduce al aeropuerto internacional, donde actualmente operan las oficinas de la Dirección de Organización Electoral (DOE).
El 10 de mayo de 2022, los magistrados del TSE recibieron la notificación de una sentencia emitida por el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil en la que condenaba a la institución a desembolsar $2.1 millones a favor de Dureco para finalizar el pago total por el edificio señalado, que asciende a $2,370,000.
Las actas de 2012 de las sesiones de trabajo del organismo electoral, cuando Chicas era su presidente, reflejan que el TSE y Dureco empezaron a tener inconvenientes desde que se comenzó a arrendar el inmueble; el primero surgió debido a que la empresa solicitó un incremento en el canon de arrendamiento, a lo que el organismo electoral se opuso porque «no estaba contemplado en el contrato y no era legalmente posible».
Sin embargo, a pesar de las complicaciones, Eugenio Chicas insistió en seguir sosteniendo el arrendamiento y en octubre de 2012 comenzó a pedir prórrogas para el contrato de alquiler.
El organismo electoral logró alargar el contrato hasta diciembre de 2012; no obstante, un acta del TSE con fecha 18 de marzo de 2013 indica que la institución extendió la contratación con Dureco para arrendar el inmueble desde enero hasta junio de ese año, con prórroga de seis meses, finalizando el alquiler el 31 de diciembre de 2013.
Pero Dureco se negó a prorrogarlo y solicitó una reunión con Eugenio Chicas para tratar la compraventa del inmueble. El TSE ofreció una prórroga con un canon mensual de $20,000 para seguir usando el edificio.
A pesar de estas desavenencias, el tribunal planteó ofertas para comprarle el inmueble definitivamente a Dureco; incluso, por medio de un acta, Chicas ordenó al director ejecutivo del tribunal de ese momento, Luis Alfonso Peralta Cerritos, presentar una propuesta de alternativas internas para financiar los fondos correspondientes.
Según documentos oficiales del TSE, la administración de Chicas solo pagó $200,000 de los $2.7 millones en que está valorado el inmueble, luego salió del cargo como magistrado y las trabas con la empresa arrendadora no se resolvieron en los años posteriores, cuando asumió la presidencia otro representante del FMLN, Julio Olivo Granadino (2014-2019), pues no se continuaron pagando las cuotas establecidas
De acuerdo con fuentes oficiales del organismo colegiado, los actuales magistrados se negaron a desembolsar fondos para pagarle a Dureco desde que asumieron sus cargos, debido a que encontraron irregularidades en el proceso de alquiler y compra del inmueble.
Además, señalan que el Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS-OPAMSS) emitió una declaración en la que establecía que el inmueble adquirido por Chicas está construido sobre una falla tectónica, por lo que no puede ser intervenido de ninguna manera, considerando que la compra de este espacio no tendría ningún beneficio para el TSE.
Sin embargo, el organismo electoral deberá asumir las consecuencias de las decisiones que tomó Chicas entre 2009 y 2014 y pagar más de $2 millones, debido a que la sentencia judicial se encuentra firme y de ser incumplida pasaría a responsabilidad personal del funcionario infractor, o sea, a los magistrados en turno.
En lo que parece ser un nuevo episodio de maniobras legales para ganar más tiempo en los tribunales, el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador se vio obligado a reprogramar diligencias clave en el proceso penal contra una estructura acusada de administración fraudulenta conformadas por los imputados Juan Ignacio Berger Jiménez, Marisabel Umaña Velásquez y Carol Odette Echeverria Cabrera.
Los señalados están implicados en el desfalcos contras las empresas Maintenance and Services S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, LTDA DE C.V. Un proceso donde Jorge Alberto Gaitán Castro es uno de los principales procesados en calidad de autor directo del delito.
Este proceso está caso conectado a la disputa internacional entre Terra Towers y la estadounidense TPG Pepertree por el control de Continental Towers, y a un expediente criminal abierto en otro tribunal salvadoreño en el cual se la ha decretado orden de detención a tres ejecutivos estadounidenses de la empresa de ese país: Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri
Este último movimiento de la defensa hizo que ganaran por lo menos tres semanas. La decisión surge tras un cambio repentino en el equipo de defensa de cuatro de los principales procesados, una táctica que, aunque legal, suele ser señalada como una herramienta típica para dilatar el avance de la justicia.
El pasado 14 de abril, la sede judicial recibió un escrito donde nuevos abogados solicitaron ser nombrados como defensores particulares en sustitución de cualquier abogado nombrado anteriormente. Esta movida dejó fuera del tablero a siete abogados que ya venían ejerciendo la representación técnica de los imputados.
Bajo el argumento de «desconocer el proceso penal» y haber recibido el poder apenas el 8 de abril en la Ciudad de Guatemala, la nueva defensa pidió suspender la audiencia especial programada originalmente para el 16 y 17 de abril.
Audiencias al congelador.
La jueza a cargo, tras valorar el derecho irrenunciable a la defensa técnica, cedió ante las peticiones, provocando un retraso en el calendario judicial:
• Audiencia de Revisión de Medidas: Estaba prevista para el 17 de abril de 2026. Ahora, los imputados ganaron tres semanas, pues la cita se movió al 7 de mayo.
• Juramentación de Peritos: Esta etapa crucial, donde se entregan los puntos de pericia para analizar el posible fraude, fue movida de inicios de mayo hasta los días 8 y 9 de junio de 2026.
Un caso de millones y empresas
El proceso, que se instruye bajo la referencia 166-2025-11/AC, gira en torno al delito de administración fraudulenta tipificado en el Art. 218 del Código Penal. Las víctimas son las sociedades Maintenance and Services S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, LTDA DE C.V.
Entre los procesados figuran Jorge Alberto Gaitán Castro, señalado como autor directo, junto a otros cómplices necesarios que ahora cuentan con nuevos defensores y más tiempo para preparar su estrategia antes de enfrentar al juez.
Mientras la defensa técnica argumenta la necesidad de un «plazo prudencial» para revisar los folios del expediente, el sistema de justicia salvadoreño vuelve a enfrentar el reto de balancear las garantías procesales con la celeridad que exigen las víctimas de delitos financieros. Por ahora, los informes al Ministerio de Hacienda y la entrega de copias del expediente son los únicos pasos que avanzan con firmeza en esta causa.
No es la primera vez que se reprograma una audiencia en este caso en beneficios de los sospechosos.
Durante la sesión plenaria 106, la Asamblea ratificó ayer —con 56 votos— la suscripción de un préstamo por $501.2 millones entre el Ejecutivo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el Programa Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital.
Este proyecto lo ejecutará el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt), y se fundamenta en el uso eficiente de la innovación educativa mediante plataformas digitales y herramientas emergentes basadas en la inteligencia artificial, para optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje al integrar tecnología y el acompañamiento de los docentes.
La petición del Ejecutivo a la Asamblea detalla que el programa será financiado con la modalidad de resultados específicos y medibles, es decir, los desembolsos que se efectúen dependerán de los avances en el aprendizaje, uso responsable y efectivo de la tecnología y el fortalecimiento institucional.
«En el programa se han identificado tres áreas de resultados que en un período de cinco años el BIRF estará monitoreando mediante un equipo de expertos», explicó en la comisión esta semana Marlon Herrera, director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda.
La primera área de resultados a las que se refirió el funcionario se relaciona con mejorar el aprendizaje en los salones de clases, especialmente en la lectura y el desarrollo de matemáticas a través de una enseñanza estructurada, el empleo de recursos digitales y programas de refuerzo para estudiantes desde segundo grado hasta segundo año de bachillerato.
En este apartado se ha integrado a los directores de los centros educativos para fortalecer su rol en el acompañamiento a los maestros.
La segunda área comprende fortalecer el sistema educativo mediante evaluaciones de aprendizaje, así como un mejor monitoreo y toma de decisiones, apoyadas por sistemas de información más robustos.
Mientras que la tercera promueve el uso de la tecnología, garantiza la conectividad, la entrega de dispositivos y plataformas digitales que apoyen el aprendizaje y el desarrollo de habilidades relevantes para la vida laboral.
«Para el logro de estos indicadores se requiere de insumos tecnológicos, materiales y recurso humano que el banco va a reconocer dentro del financiamiento», afirmó Herrera.
El Vicepresidente Félix Ulloa, sostuvo un acercamiento con el Vicepresidente de la Cámara de Diputados de la República Italiana, Sr. Giorgio Mulé, en el marco de una agenda orientada al fortalecimiento de los lazos de cooperación y diálogo político entre El Salvador e Italia.
Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa expuso el proceso de transformación que impulsa El Salvador bajo el liderazgo del Presidente Nayib Bukele, haciendo referencia al contexto de crisis en materia de seguridad, economía y control territorial que enfrentó el país, así como a la implementación de una estrategia integral conformada por siete etapas, que ha permitido recuperar el orden, fortalecer la presencia del Estado en los territorios y avanzar en procesos de reinserción social en las comunidades.
Asimismo, destacó que las reformas adoptadas en materia penal y procesal penal han sido herramientas necesarias para fortalecer la capacidad de investigación de las instituciones y salvaguardar el bienestar de la población, en estricto apego al respeto de los derechos humanos. El Vicemandatario, extendió una invitación a Italia para participar como observador en los comicios electorales de 2027.
Por su parte, el Vicepresidente Giorgio Mulé expresó su interés en conocer con mayor profundidad las reformas impulsadas en El Salvador, particularmente en lo relativo a la legislación penal juvenil y al Código Penal, reconociendo además la transformación que el país ha experimentado en materia de seguridad y su impacto en la estabilidad del entorno regional.
En un ambiente de cordialidad y apertura, ambas autoridades coincidieron en la importancia de continuar promoviendo espacios de intercambio de experiencias y cooperación entre ambas naciones.
