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Presidencias del FMLN en el TSE dejaron deuda de $2.1 millones por inmueble de la DOE
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá desembolsar de su presupuesto general de gastos de 2023 un monto de $2,170,000 para pagar a la empresa Dureco El Salvador una deuda que dejó pendiente Eugenio Chicas, expresidente del organismo electoral del FMLN.
La deuda es en concepto de pago por el arrendamiento con promesa de venta del inmueble ubicado en el kilómetro 12.5 en la jurisdicción de San Marcos, San Salvador, a la orilla de la autopista que conduce al aeropuerto internacional, donde actualmente operan las oficinas de la Dirección de Organización Electoral (DOE).
El 10 de mayo de 2022, los magistrados del TSE recibieron la notificación de una sentencia emitida por el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil en la que condenaba a la institución a desembolsar $2.1 millones a favor de Dureco para finalizar el pago total por el edificio señalado, que asciende a $2,370,000.
Las actas de 2012 de las sesiones de trabajo del organismo electoral, cuando Chicas era su presidente, reflejan que el TSE y Dureco empezaron a tener inconvenientes desde que se comenzó a arrendar el inmueble; el primero surgió debido a que la empresa solicitó un incremento en el canon de arrendamiento, a lo que el organismo electoral se opuso porque «no estaba contemplado en el contrato y no era legalmente posible».
Sin embargo, a pesar de las complicaciones, Eugenio Chicas insistió en seguir sosteniendo el arrendamiento y en octubre de 2012 comenzó a pedir prórrogas para el contrato de alquiler.
El organismo electoral logró alargar el contrato hasta diciembre de 2012; no obstante, un acta del TSE con fecha 18 de marzo de 2013 indica que la institución extendió la contratación con Dureco para arrendar el inmueble desde enero hasta junio de ese año, con prórroga de seis meses, finalizando el alquiler el 31 de diciembre de 2013.
Pero Dureco se negó a prorrogarlo y solicitó una reunión con Eugenio Chicas para tratar la compraventa del inmueble. El TSE ofreció una prórroga con un canon mensual de $20,000 para seguir usando el edificio.
A pesar de estas desavenencias, el tribunal planteó ofertas para comprarle el inmueble definitivamente a Dureco; incluso, por medio de un acta, Chicas ordenó al director ejecutivo del tribunal de ese momento, Luis Alfonso Peralta Cerritos, presentar una propuesta de alternativas internas para financiar los fondos correspondientes.
Según documentos oficiales del TSE, la administración de Chicas solo pagó $200,000 de los $2.7 millones en que está valorado el inmueble, luego salió del cargo como magistrado y las trabas con la empresa arrendadora no se resolvieron en los años posteriores, cuando asumió la presidencia otro representante del FMLN, Julio Olivo Granadino (2014-2019), pues no se continuaron pagando las cuotas establecidas
De acuerdo con fuentes oficiales del organismo colegiado, los actuales magistrados se negaron a desembolsar fondos para pagarle a Dureco desde que asumieron sus cargos, debido a que encontraron irregularidades en el proceso de alquiler y compra del inmueble.
Además, señalan que el Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS-OPAMSS) emitió una declaración en la que establecía que el inmueble adquirido por Chicas está construido sobre una falla tectónica, por lo que no puede ser intervenido de ninguna manera, considerando que la compra de este espacio no tendría ningún beneficio para el TSE.
Sin embargo, el organismo electoral deberá asumir las consecuencias de las decisiones que tomó Chicas entre 2009 y 2014 y pagar más de $2 millones, debido a que la sentencia judicial se encuentra firme y de ser incumplida pasaría a responsabilidad personal del funcionario infractor, o sea, a los magistrados en turno.
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Gobierno aumenta y acelera la siembra de maíz bajo riego en distintas zonas de El Salvador
El Gobierno de El Salvador incorporará 60 mil manzanas de maíz con el fin de garantizar el abastecimiento en el mercado nacional así como la competitividad en los precios en favor del productor y los salvadoreños en general, aseguró esta tarde el viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez.
Esta acción forma parte del Programa de Aumento a la Producción del que forman parte gremiales, cooperativas y productores individuales, y se ejecuta en distintas zonas de país. Además, es una respuesta al «inminente pronóstico del Súper Niño».
«Este fenómeno climatológico representa una amenaza global; sin embargo, con la ayuda de Dios y las acciones anticipatorias que estamos impulsando como Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, estamos trabajando para asegurar el abastecimiento de este grano básico», escribió el funcionario en X.
Detalló que el MAG está aumentando y acelerando la siembra de maíz bajo riego en distintas zonas del país, mediante la perforación de pozos, instalación de punteras y distribución de sistemas de riego móviles.
«Ya contamos con resultados concretos en la producción de hortalizas y frijol; hoy avanzamos con el maíz, siempre de la mano con las gremiales, los distritos de riego y los productores a gran escala. El objetivo es garantizar el abastecimiento en el mercado nacional y la competitividad en los precios, en favor del productor y de las familias salvadoreñas», amplió.
En esta labor, indicó, se trabaja de manera articulada con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y la representación en el país de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), lo cual fortalece la respuesta como país, al ampliar la cobertura del apoyo y potenciar los resultados en beneficio de los productores y de las familias salvadoreñas.
«Tenemos y garantizaremos los insumos más baratos del país a través de AGROCENTA y avanzaremos en la implementación de fábricas de biofertilizantes a nivel nacional, con el objetivo de integrar prácticas agroecológicas en las distintas siembras del país», destacó.
En la actualidad, añadió el funcionario, estos manejos ya se están implementando en las principales zonas productoras, y muy pronto estos insumos estarán también disponibles para el público en general.
Domínguez sostiene que sectores desde la oposición así como detractores del Gobierno están politizando este tema y sostuvo que hay algunos que quisieran un escenario de caos. «A ellos, decirles con claridad que no se les dará ese gusto, por el contrario disfrutarán los resultados comiendo deliciosas pupusas y tortillas calientitas. Aquí, el verdadero protagonista es el productor salvadoreño, con el respaldo firme del Gobierno», concluyó.
Ocho años de prisión fueron impuestos a Manuel de Jesús Vásquez Huezo, luego de comprobarse su culpa por el delito de corrupción de niños, niñas y adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de tecnologías de la información y comunicación.
De acuerdo a la Fiscalía General de la República, este hombre contactó a un menor a través de las redes sociales «para enviarle material explícito e invitarlo a reunirse».
Al enterarse de lo sucedido, los familiares de la víctima alertaron a las autoridades quienes realizaron su captura en un parque del distrito de Apopa, al norte de San Salvador.
La condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador.
El Tribunal Tercero de Sentencia condenó ayer a Kevin Monterrosa y Brayan Rivas a tres años de cárcel con medidas sustitutivas y a pagar $7 mil a una víctima a quien dieron una golpiza y ésta perdió su ojo izquierdo.
Según el relato de los hechos, el 22 de agosto de 2025, en el distrito de Mejicanos, Monterrosa y Rivas consumían bebidas alcohólicas. En ese momento llegó Jorge Regalado, quien iba a parquear su vehículo en la cochera de su casa.
Según el expediente judicial, Rivas se abalanzó sobre Regalado y le propinó un puñetazo, que rompió el vidrio de los lentes de la víctima y algunos fragmentos se le incrustaron en el ojo izquierdo. En ese momento, intervino Monterrosa, quien también intentó agredir a la víctima.
De acuerdo al relato de los hechos, Regalado tomó un machete que andaba en su vehículo y logró alejar a los agresores y luego pidió auxilio médico.
Mediante un juicio abreviado -los agresores aceptaron los cargos-, el Tribunal resolvió que se consumó el delito de lesiones graves y aplicó una pena de tres años de prisión que serán sustituidos por medidas como abstenerse de consumir drogas y bebidas embriagantes y no acercarse a la víctima.
