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Presidencias del FMLN en el TSE dejaron deuda de $2.1 millones por inmueble de la DOE
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá desembolsar de su presupuesto general de gastos de 2023 un monto de $2,170,000 para pagar a la empresa Dureco El Salvador una deuda que dejó pendiente Eugenio Chicas, expresidente del organismo electoral del FMLN.
La deuda es en concepto de pago por el arrendamiento con promesa de venta del inmueble ubicado en el kilómetro 12.5 en la jurisdicción de San Marcos, San Salvador, a la orilla de la autopista que conduce al aeropuerto internacional, donde actualmente operan las oficinas de la Dirección de Organización Electoral (DOE).
El 10 de mayo de 2022, los magistrados del TSE recibieron la notificación de una sentencia emitida por el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil en la que condenaba a la institución a desembolsar $2.1 millones a favor de Dureco para finalizar el pago total por el edificio señalado, que asciende a $2,370,000.
Las actas de 2012 de las sesiones de trabajo del organismo electoral, cuando Chicas era su presidente, reflejan que el TSE y Dureco empezaron a tener inconvenientes desde que se comenzó a arrendar el inmueble; el primero surgió debido a que la empresa solicitó un incremento en el canon de arrendamiento, a lo que el organismo electoral se opuso porque «no estaba contemplado en el contrato y no era legalmente posible».
Sin embargo, a pesar de las complicaciones, Eugenio Chicas insistió en seguir sosteniendo el arrendamiento y en octubre de 2012 comenzó a pedir prórrogas para el contrato de alquiler.
El organismo electoral logró alargar el contrato hasta diciembre de 2012; no obstante, un acta del TSE con fecha 18 de marzo de 2013 indica que la institución extendió la contratación con Dureco para arrendar el inmueble desde enero hasta junio de ese año, con prórroga de seis meses, finalizando el alquiler el 31 de diciembre de 2013.
Pero Dureco se negó a prorrogarlo y solicitó una reunión con Eugenio Chicas para tratar la compraventa del inmueble. El TSE ofreció una prórroga con un canon mensual de $20,000 para seguir usando el edificio.
A pesar de estas desavenencias, el tribunal planteó ofertas para comprarle el inmueble definitivamente a Dureco; incluso, por medio de un acta, Chicas ordenó al director ejecutivo del tribunal de ese momento, Luis Alfonso Peralta Cerritos, presentar una propuesta de alternativas internas para financiar los fondos correspondientes.
Según documentos oficiales del TSE, la administración de Chicas solo pagó $200,000 de los $2.7 millones en que está valorado el inmueble, luego salió del cargo como magistrado y las trabas con la empresa arrendadora no se resolvieron en los años posteriores, cuando asumió la presidencia otro representante del FMLN, Julio Olivo Granadino (2014-2019), pues no se continuaron pagando las cuotas establecidas
De acuerdo con fuentes oficiales del organismo colegiado, los actuales magistrados se negaron a desembolsar fondos para pagarle a Dureco desde que asumieron sus cargos, debido a que encontraron irregularidades en el proceso de alquiler y compra del inmueble.
Además, señalan que el Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS-OPAMSS) emitió una declaración en la que establecía que el inmueble adquirido por Chicas está construido sobre una falla tectónica, por lo que no puede ser intervenido de ninguna manera, considerando que la compra de este espacio no tendría ningún beneficio para el TSE.
Sin embargo, el organismo electoral deberá asumir las consecuencias de las decisiones que tomó Chicas entre 2009 y 2014 y pagar más de $2 millones, debido a que la sentencia judicial se encuentra firme y de ser incumplida pasaría a responsabilidad personal del funcionario infractor, o sea, a los magistrados en turno.
La Corte de Cuentas de la República (CCR) informó que durante este año, hasta el 14 de mayo, están en marcha 233 procesos de auditoría dirigidos a entidades del sector público y organismos que administran fondos estatales. También ha emitido 66 informes finales.
«En el marco del Plan Anual Operativo 2026, la entidad fiscalizadora superior tiene programada la realización de 533 actividades de fiscalización, de las cuales 237 examinarán el período 2025. Esto refleja un nivel alto de eficiencia, ya que demuestra que las auditorías se están desarrollando de manera oportuna y al día», detalló la institución.
Asimismo, indicó que de las 233 auditorías en ejecución, la institución registra un avance del 44 % respecto de lo programado para este año.
«El enfoque en auditar el año inmediato anterior, es decir, hasta diciembre de 2025, representa un avance en la fiscalización oportuna, permitiendo que los resultados técnicos sean utilizados de manera efectiva para corregir deficiencias y fortalecer la administración de los recursos públicos en las entidades sujetas a control», señaló el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa.
De igual forma, la entidad fiscalizadora lleva a cabo autorías internas de calidad, que permiten verificar procesos aplicando estándares internacionales (ISO 9001:2015) y asegurar que todo se ejecute en tiempo y forma; así como detectar oportunidades de mejora antes de auditorías externas y fortalecer el trabajo del talento humano y los resultados institucionales.
La CCR destacó que ha finalizado auditorías evaluando a 21 unidades organizativas.
«La calidad también se impulsa desde la evaluación interna. Impulsamos una gestión más eficiente, transparente y con estándares de calidad. Anticipamos oportunidades de mejora, optimizar procesos, y fortalecer los estándares institucionales con una gestión más eficiente», señaló la entidad.
La dinámica de inversión y construcción en El Salvador continúa marcando cifras históricas. La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss) informó que ha liberado cerca de $5,700 millones en proyectos de inversión únicamente en el Área Metropolitana de San Salvador, reflejando el auge que vive en la actualidad el sector y el desarrollo urbano en el país.
El director ejecutivo de Opamss, Luis Rodríguez, afirmó que dicha inversión liberada ha ido incrementando, y ejemplificó que hace dos años únicamente se habían liberado alrededor de $150 millones en proyectos.
«Actualmente estamos superando la barrera de los $5,700 millones», señaló Rodríguez, quien calificó el momento económico y urbanístico del país como uno de los más importantes de las últimas décadas.
En detalle, según estadísticas, el 49.7 % de los proyectos son habitacionales; el 11.6 % turísticos; el 12.8 % logísticos; 5.3 % comerciales, y un 20.5 % de uso mixto.
De acuerdo con el funcionario, El Salvador atraviesa un período de expansión inmobiliaria sin precedentes en Centroamérica, con crecimientos del sector construcción que en algunos momentos han superado el 30 %. Además, solo en ejecución ya se contabilizan cerca de $4,000 millones en proyectos activos durante los últimos dos años, dijo.
El impacto económico también se refleja en el empleo. La institución reportó aproximadamente 168,000 puestos de trabajo vinculados al sector construcción y toda su cadena de servicios asociados, incluyendo arquitectura, urbanismo, ingeniería y actividades complementarias, las cuales han registrado un crecimiento cercano al 50 %.
Asimismo, resaltó que este impulso responde a un trabajo coordinado entre el sector público y privado, basado en la generación de confianza y en la agilización de trámites para inversionistas y desarrolladores.
«Para que haya inversión tiene que haber confianza», enfatizó, al destacar que desde el Gobierno se han impulsado estrategias para facilitar permisos, modernizar normativas y acelerar procesos de aprobación de proyectos.
Uno de los segmentos que más crece es el desarrollo vertical. Actualmente, Opamss registra 89 proyectos verticales en ejecución y otros más están próximos a iniciar construcción en sectores de San Salvador Este y San Salvador Oeste.
Según Opamss, este fenómeno está transformando la morfología urbana de la capital y promoviendo una redensificación ordenada de la ciudad. Además, señalaron que la seguridad y la inversión pública en infraestructura estratégica han permitido impulsar nuevos planes de reurbanización y reconfiguración territorial.
La renovación de escuelas públicas continúa a nivel nacional con el programa Dos Escuelas por Día, algunas de ellas han necesitado más inversión para solucionar las necesidades de cada espacio y dejar ambientes apropiados para los niños y adolescentes, entre ellas cuatro centros educativos se modernizan con un financiamiento cerca a los 7 millones de dólares.
El Centro Escolar Cantón Dulce Nombre de San Pedro Masahuat, ubicado en La Paz Oeste tiene un monto de inversión de 1.1 millón para renovarlo, mientras que la Escuela Escolar La Rosa Blanca, ubicada en San Salvador Centro tiene una financiamiento de 1.9 millones.
Igual cantidad de 1.9 millones tiene destinada la Escuela de Educación Parvularia Profesora Berta Arlina Molina en Apopa, San Salvador Oeste y el Centro Escolar 5 de Noviembre en San Salvador Centro también se está modernizando con un costo de 1.9 millones de dólares.
Con esta inversión se beneficiarán más de 1,169 alumnos en los cuatro centros educativos desde inicial, parvularia hasta educación básica. Del Centro Escolar Cantón Dulce Nombre se encuentran matriculados 147 alumnos, mientras que de la Escuela Escolar La Rosa Blanca son 192 estudiantes.
Por su parte, que mayor escolaridad reporta es la Escuela de Educación Parvularia Profesora Berta Arlina Molina de Apopa con 503 estudiantes y el Centro Escolar 5 de Noviembre con 327 matriculados.
