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Presidencias del FMLN en el TSE dejaron deuda de $2.1 millones por inmueble de la DOE
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá desembolsar de su presupuesto general de gastos de 2023 un monto de $2,170,000 para pagar a la empresa Dureco El Salvador una deuda que dejó pendiente Eugenio Chicas, expresidente del organismo electoral del FMLN.
La deuda es en concepto de pago por el arrendamiento con promesa de venta del inmueble ubicado en el kilómetro 12.5 en la jurisdicción de San Marcos, San Salvador, a la orilla de la autopista que conduce al aeropuerto internacional, donde actualmente operan las oficinas de la Dirección de Organización Electoral (DOE).
El 10 de mayo de 2022, los magistrados del TSE recibieron la notificación de una sentencia emitida por el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil en la que condenaba a la institución a desembolsar $2.1 millones a favor de Dureco para finalizar el pago total por el edificio señalado, que asciende a $2,370,000.
Las actas de 2012 de las sesiones de trabajo del organismo electoral, cuando Chicas era su presidente, reflejan que el TSE y Dureco empezaron a tener inconvenientes desde que se comenzó a arrendar el inmueble; el primero surgió debido a que la empresa solicitó un incremento en el canon de arrendamiento, a lo que el organismo electoral se opuso porque «no estaba contemplado en el contrato y no era legalmente posible».
Sin embargo, a pesar de las complicaciones, Eugenio Chicas insistió en seguir sosteniendo el arrendamiento y en octubre de 2012 comenzó a pedir prórrogas para el contrato de alquiler.
El organismo electoral logró alargar el contrato hasta diciembre de 2012; no obstante, un acta del TSE con fecha 18 de marzo de 2013 indica que la institución extendió la contratación con Dureco para arrendar el inmueble desde enero hasta junio de ese año, con prórroga de seis meses, finalizando el alquiler el 31 de diciembre de 2013.
Pero Dureco se negó a prorrogarlo y solicitó una reunión con Eugenio Chicas para tratar la compraventa del inmueble. El TSE ofreció una prórroga con un canon mensual de $20,000 para seguir usando el edificio.
A pesar de estas desavenencias, el tribunal planteó ofertas para comprarle el inmueble definitivamente a Dureco; incluso, por medio de un acta, Chicas ordenó al director ejecutivo del tribunal de ese momento, Luis Alfonso Peralta Cerritos, presentar una propuesta de alternativas internas para financiar los fondos correspondientes.
Según documentos oficiales del TSE, la administración de Chicas solo pagó $200,000 de los $2.7 millones en que está valorado el inmueble, luego salió del cargo como magistrado y las trabas con la empresa arrendadora no se resolvieron en los años posteriores, cuando asumió la presidencia otro representante del FMLN, Julio Olivo Granadino (2014-2019), pues no se continuaron pagando las cuotas establecidas
De acuerdo con fuentes oficiales del organismo colegiado, los actuales magistrados se negaron a desembolsar fondos para pagarle a Dureco desde que asumieron sus cargos, debido a que encontraron irregularidades en el proceso de alquiler y compra del inmueble.
Además, señalan que el Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS-OPAMSS) emitió una declaración en la que establecía que el inmueble adquirido por Chicas está construido sobre una falla tectónica, por lo que no puede ser intervenido de ninguna manera, considerando que la compra de este espacio no tendría ningún beneficio para el TSE.
Sin embargo, el organismo electoral deberá asumir las consecuencias de las decisiones que tomó Chicas entre 2009 y 2014 y pagar más de $2 millones, debido a que la sentencia judicial se encuentra firme y de ser incumplida pasaría a responsabilidad personal del funcionario infractor, o sea, a los magistrados en turno.
Un motociclista de 37 años sufrió lesiones de gravedad tras verse involucrado en un accidente de tránsito registrado sobre la carretera que conecta Sonsonate con Santa Ana, a la altura del desvío El Canelo, en Nahuizalco.
Según el reporte, otro vehículo habría invadido el carril por donde circulaba la víctima, provocando la colisión.
El motociclista presentó fracturas expuestas en el brazo y la pierna derechos, por lo que recibió atención prehospitalaria por parte de Comandos de Salvamento de Sonsonate.
José de la Paz Hernández Argueta, de 35 años, falleció luego de sufrir un accidente laboral mientras trabajaba como jardinero en East Hills, Long Island, Nueva York, Estados Unidos.
Según la información proporcionada, el salvadoreño cayó de un camión el pasado 10 de septiembre, resultando gravemente afectado por el accidente.
Los restos de Hernández Argueta serán repatriados en los próximos días a El Salvador. Posteriormente, serán trasladados hasta su natal caserío Nacascolo, en el departamento de La Unión, donde recibirá sepultura.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron cuatro registros con prevención de allanamiento en los distritos de Apopa, Ciudad Delgado y San Martín, para desarticular una estructura criminal dedicada al hurto de identidad y hurto por medios informáticos.
Según la investigación, los integrantes de esta agrupación ilícita fingían ser empleados de instituciones financieras nacionales y para acercarse a habitantes de comunidades y vendedores de mercados a quienes les ofrecían entre $20 y $25 para que les respondieran una encuesta.
El formulario de la encuesta estaba diseñado para que la persona escribiera sus datos personales como el nombre, fecha de nacimiento, número del Documento Único de Identidad (DUI), la dirección de residencia y el correo electrónico. Además, a cada víctima le tomaban una fotografía.
Tras obtener los datos personales, los miembros de la estructura criminal procedían a abrir cuentas bancarias digitales a nombre de las víctimas en diversas instituciones financieras. Para crear las cuentas, la estructura también utilizaba números de teléfonos que ellos tenían bajo su dominio o control.
Las cuentas eran utilizadas para movilizar dinero que procedía de estafas que esta red previamente realizaba por WhatsApp, mediante la suplantación de identidad y de otras operaciones fraudulentas desarrolladas con medios informáticos.
No obstante, la víctima que había llenado el formulario nunca se enteraba que su información personal habían sido realmente utilizada para crear las cuentas y movilizar dinero de origen ilícito.
Con esta modalidad la estructura delincuencial operó de enero a marzo de 2026 y se estima que en ese período abrió al menos 22 cuentas bancarias digitales, según la investigación fiscal. De hecho, las autoridades aún trabajan por establecer el monto económico con que fueron afectadas las víctimas.
La línea de investigación que inició la FGR sobre esta estructura criminal logró realizar los allanamientos y la detención de Rodolfo Giovanni de León Rivas. Su captura se concretizó en una residencial del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
En la vivienda le decomisaron, entre otros objetos, dinero en efectivo, teléfonos celulares y una laptop.
De acuerdo con la versión fiscal, el sujeto está perfilado como el cabecilla principal de la estructura criminal y se determinó que para evitar ser caputado por las autoridades cambiaba periódicamente de lugar de residencia.
En la organización, el imputado daba las directrices al resto de los miembros sobre el manejo de las cuentas bancarias.
Asimismo, en el distrito de Ciudad Delgado, municipio de San Salvador Centro, se logró la captura de Leonardo Eduardo Castillo González. Según la investigación fiscal este sujeto administraba algunas de las cuentas bancarias digitales en que se movilizaba el dinero, así como los teléfonos asociados a ellas.
También se encargaba de hacer retiros en cajeros automáticos de dinero proveniente de estafas realizadas por medios informáticos. La FGR espera lograr la captura de más integrantes de esta estructura en las próximas horas.
Durante los registros se incautaron 6 celulares, 1 laptop, 1 computadora, 1 tablet, 4 tarjetas de débito, 1 contrato de cuenta corriente, 5 cascos de motocicleta y 9 gorras que aparecen en los videos de seguridad de los cajeros automáticos donde se retiraba el dinero, $651 dólares en efectivo, y otra evidencia que robustecerá la investigación.
