Nacionales
Presidencias del FMLN en el TSE dejaron deuda de $2.1 millones por inmueble de la DOE
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá desembolsar de su presupuesto general de gastos de 2023 un monto de $2,170,000 para pagar a la empresa Dureco El Salvador una deuda que dejó pendiente Eugenio Chicas, expresidente del organismo electoral del FMLN.
La deuda es en concepto de pago por el arrendamiento con promesa de venta del inmueble ubicado en el kilómetro 12.5 en la jurisdicción de San Marcos, San Salvador, a la orilla de la autopista que conduce al aeropuerto internacional, donde actualmente operan las oficinas de la Dirección de Organización Electoral (DOE).
El 10 de mayo de 2022, los magistrados del TSE recibieron la notificación de una sentencia emitida por el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil en la que condenaba a la institución a desembolsar $2.1 millones a favor de Dureco para finalizar el pago total por el edificio señalado, que asciende a $2,370,000.
Las actas de 2012 de las sesiones de trabajo del organismo electoral, cuando Chicas era su presidente, reflejan que el TSE y Dureco empezaron a tener inconvenientes desde que se comenzó a arrendar el inmueble; el primero surgió debido a que la empresa solicitó un incremento en el canon de arrendamiento, a lo que el organismo electoral se opuso porque «no estaba contemplado en el contrato y no era legalmente posible».

Sin embargo, a pesar de las complicaciones, Eugenio Chicas insistió en seguir sosteniendo el arrendamiento y en octubre de 2012 comenzó a pedir prórrogas para el contrato de alquiler.
El organismo electoral logró alargar el contrato hasta diciembre de 2012; no obstante, un acta del TSE con fecha 18 de marzo de 2013 indica que la institución extendió la contratación con Dureco para arrendar el inmueble desde enero hasta junio de ese año, con prórroga de seis meses, finalizando el alquiler el 31 de diciembre de 2013.
Pero Dureco se negó a prorrogarlo y solicitó una reunión con Eugenio Chicas para tratar la compraventa del inmueble. El TSE ofreció una prórroga con un canon mensual de $20,000 para seguir usando el edificio.
A pesar de estas desavenencias, el tribunal planteó ofertas para comprarle el inmueble definitivamente a Dureco; incluso, por medio de un acta, Chicas ordenó al director ejecutivo del tribunal de ese momento, Luis Alfonso Peralta Cerritos, presentar una propuesta de alternativas internas para financiar los fondos correspondientes.
Según documentos oficiales del TSE, la administración de Chicas solo pagó $200,000 de los $2.7 millones en que está valorado el inmueble, luego salió del cargo como magistrado y las trabas con la empresa arrendadora no se resolvieron en los años posteriores, cuando asumió la presidencia otro representante del FMLN, Julio Olivo Granadino (2014-2019), pues no se continuaron pagando las cuotas establecidas
De acuerdo con fuentes oficiales del organismo colegiado, los actuales magistrados se negaron a desembolsar fondos para pagarle a Dureco desde que asumieron sus cargos, debido a que encontraron irregularidades en el proceso de alquiler y compra del inmueble.
Además, señalan que el Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS-OPAMSS) emitió una declaración en la que establecía que el inmueble adquirido por Chicas está construido sobre una falla tectónica, por lo que no puede ser intervenido de ninguna manera, considerando que la compra de este espacio no tendría ningún beneficio para el TSE.
Sin embargo, el organismo electoral deberá asumir las consecuencias de las decisiones que tomó Chicas entre 2009 y 2014 y pagar más de $2 millones, debido a que la sentencia judicial se encuentra firme y de ser incumplida pasaría a responsabilidad personal del funcionario infractor, o sea, a los magistrados en turno.

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FOTOS | Alcaldía de Santa Ana Centro investiga el abandono de cuatro gatitos en la colonia San Luis
El alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, informó que la municipalidad ya cuenta con datos importantes sobre la persona responsable de abandonar a cuatro gatitos en la calle Barcelona, colonia San Luis, en Santa Ana, así como con evidencia recopilada mediante el sistema de videovigilancia.
Acevedo explicó que, desde el primer día en que se reportó el caso, giró instrucciones a la Unidad de Protección de Animales de Compañía Municipal (UPACM) y al Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) para localizar a la responsable de este hecho.
El funcionario detalló que las investigaciones se realizaron conforme a las facultades establecidas en la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal. Asimismo, indicó que la información y las pruebas recopiladas permitirán gestionar la Esquela de Emplazamiento por faltas muy graves, como la relacionada con este caso.
Sin embargo, el alcalde señaló que existen limitaciones legales para ingresar a una vivienda sin autorización. Según explicó, la municipalidad no puede derribar una puerta ni allanar una casa sin una orden judicial. Agregó que, si los ocupantes permiten el ingreso, es posible proceder con la imposición de la sanción correspondiente.
Ante esta situación, Acevedo hizo un llamado a la población y a las organizaciones de protección animal para que presenten la denuncia respectiva ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de que la institución pueda iniciar las acciones legales correspondientes contra la responsable.
El alcalde aseguró que la municipalidad entregará a la Fiscalía todos los videos y las pruebas recolectadas para contribuir a la conformación del caso.
Por otra parte, pidió a la organización Dame tu Pata El Salvador evitar señalamientos falsos y sostuvo que la alcaldía actuó de manera inmediata y responsable desde que tuvo conocimiento del abandono de los cuatro gatitos.
Finalmente, invitó a la organización y a la población a trabajar en conjunto para generar conciencia y prevenir que hechos de maltrato y abandono animal vuelvan a ocurrir. Acevedo reiteró que su compromiso con la protección de los animales es genuino y manifestó su intención de trabajar para que se cumpla la ley.
Informo a la población que desde el día 1 que se registró el caso de abandono de 4 gatitos en la calle Barcelona, colonia San Luis, giré instrucciones inmediatas a la Unidad de Protección de Animales de Compañía Municipal (UPACM) y al Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), para ubicar a la responsable de tan reprochable acto. Procedimos a la investigación en base a lo que la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal nos permite. Ya contamos con datos importantes de la responsable y toda la evidencia recolectada por el sistema de videovigilancia, para poder hacer efectiva la Esquela de Emplazamiento por faltas muy graves como esta. Aquí nos enfrentamos a una barrera que me llena de impotencia, porque la ley no nos permite derribar una puerta o allanar la casa sin la orden de un juez. Obviamente, si nos abren, es posible colocar la sanción o proceder. Invitamos a la población y organizaciones de protección animal a poner la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la República, para que ellos puedan proceder legalmente y que caiga todo el peso de la ley sobre la responsable. Desde la municipalidad, les entregaré todos los videos y pruebas recolectadas para armar el caso. También pido a la organización «Dame tu Pata El Salvador» evitar señalamientos falsos, ya que hemos actuado de manera inmediata y responsable. Los invito a trabajar de la mano para hacer conciencia a la población y evitar que este tipo de actos crueles se repitan. Mi compromiso con los animalitos es genuino y juntos vamos a hacer que la ley se respete. #SantaAnaCentro #ElSalvador
— Gustavo Acevedo (@AcevedoGustavo_) October 8, 2026
Nacionales
Autoridades ejecutan peritaje en droga decomisada para su destrucción
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), inició este 8 de octubre un peritaje a droga decomisada que será destruida en cumplimiento de un mandato judicial.
Las autoridades realizan la prueba de campo, el registro, la clasificación y el levantamiento de actas como parte del procedimiento previo a la destrucción de las sustancias.
De acuerdo con la FGR, la droga corresponde a diferentes incautaciones realizadas por las autoridades en Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y San Salvador.
La diligencia se desarrolla en cumplimiento de una orden judicial.
AUTORIDADES EJECUTAN PERITAJE EN DROGA DECOMISADA, PARA SU DESTRUCCIÓN La @FGR_SV en coordinación con @PNCSV inician con la prueba de campo, registro, clasificación y levantamiento de actas para proceder con la destrucción de droga que se realizará este día. Estas sustancias corresponden a diferentes incautaciones desarrolladas por las autoridades en Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y San Salvador. Esta diligencia se desarrolla de acuerdo a mandato judicial. #CronioSV #FGR #PNC #DrogaIncautada #ElSalvador
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 8, 2026
Judicial
Inicia juicio contra exalcaldesa de Soyapango por actos arbitrarios y desobediencia
Este 8 de octubre inició el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de actos arbitrarios y desobediencia, en perjuicio de la administración pública y de empleados municipales.
De acuerdo con las investigaciones, durante su gestión al frente de la municipalidad, Montano realizó despidos de manera arbitraria, sin respetar los procedimientos legales establecidos para separar de sus cargos a los trabajadores de la comuna.
“Durante su gestión, Nercy Patricia Montano de Martínez realizó despidos de forma arbitraria, sin seguir el procedimiento legal establecido para separar de sus cargos a empleados de la municipalidad”, señaló la Fiscalía en su reporte.
Ante estas vulneraciones, los trabajadores afectados interpusieron recursos ante los juzgados correspondientes y obtuvieron fallos favorables que ordenaban su reinstalación inmediata, así como el pago de los salarios y las prestaciones adeudadas.
Sin embargo, según la información proporcionada, la exfuncionaria y su concejo municipal se negaron a cumplir con los mandatos judiciales, situación que dio origen al proceso penal que enfrenta actualmente.




