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Presidencias del FMLN en el TSE dejaron deuda de $2.1 millones por inmueble de la DOE
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá desembolsar de su presupuesto general de gastos de 2023 un monto de $2,170,000 para pagar a la empresa Dureco El Salvador una deuda que dejó pendiente Eugenio Chicas, expresidente del organismo electoral del FMLN.
La deuda es en concepto de pago por el arrendamiento con promesa de venta del inmueble ubicado en el kilómetro 12.5 en la jurisdicción de San Marcos, San Salvador, a la orilla de la autopista que conduce al aeropuerto internacional, donde actualmente operan las oficinas de la Dirección de Organización Electoral (DOE).
El 10 de mayo de 2022, los magistrados del TSE recibieron la notificación de una sentencia emitida por el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil en la que condenaba a la institución a desembolsar $2.1 millones a favor de Dureco para finalizar el pago total por el edificio señalado, que asciende a $2,370,000.
Las actas de 2012 de las sesiones de trabajo del organismo electoral, cuando Chicas era su presidente, reflejan que el TSE y Dureco empezaron a tener inconvenientes desde que se comenzó a arrendar el inmueble; el primero surgió debido a que la empresa solicitó un incremento en el canon de arrendamiento, a lo que el organismo electoral se opuso porque «no estaba contemplado en el contrato y no era legalmente posible».
Sin embargo, a pesar de las complicaciones, Eugenio Chicas insistió en seguir sosteniendo el arrendamiento y en octubre de 2012 comenzó a pedir prórrogas para el contrato de alquiler.
El organismo electoral logró alargar el contrato hasta diciembre de 2012; no obstante, un acta del TSE con fecha 18 de marzo de 2013 indica que la institución extendió la contratación con Dureco para arrendar el inmueble desde enero hasta junio de ese año, con prórroga de seis meses, finalizando el alquiler el 31 de diciembre de 2013.
Pero Dureco se negó a prorrogarlo y solicitó una reunión con Eugenio Chicas para tratar la compraventa del inmueble. El TSE ofreció una prórroga con un canon mensual de $20,000 para seguir usando el edificio.
A pesar de estas desavenencias, el tribunal planteó ofertas para comprarle el inmueble definitivamente a Dureco; incluso, por medio de un acta, Chicas ordenó al director ejecutivo del tribunal de ese momento, Luis Alfonso Peralta Cerritos, presentar una propuesta de alternativas internas para financiar los fondos correspondientes.
Según documentos oficiales del TSE, la administración de Chicas solo pagó $200,000 de los $2.7 millones en que está valorado el inmueble, luego salió del cargo como magistrado y las trabas con la empresa arrendadora no se resolvieron en los años posteriores, cuando asumió la presidencia otro representante del FMLN, Julio Olivo Granadino (2014-2019), pues no se continuaron pagando las cuotas establecidas
De acuerdo con fuentes oficiales del organismo colegiado, los actuales magistrados se negaron a desembolsar fondos para pagarle a Dureco desde que asumieron sus cargos, debido a que encontraron irregularidades en el proceso de alquiler y compra del inmueble.
Además, señalan que el Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS-OPAMSS) emitió una declaración en la que establecía que el inmueble adquirido por Chicas está construido sobre una falla tectónica, por lo que no puede ser intervenido de ninguna manera, considerando que la compra de este espacio no tendría ningún beneficio para el TSE.
Sin embargo, el organismo electoral deberá asumir las consecuencias de las decisiones que tomó Chicas entre 2009 y 2014 y pagar más de $2 millones, debido a que la sentencia judicial se encuentra firme y de ser incumplida pasaría a responsabilidad personal del funcionario infractor, o sea, a los magistrados en turno.
A 26 años y ocho meses de cárcel fue condenado el violador R. E. R. V., quien fue encontrado responsable de abusar de forma continuada de una adolescente a quien embarazó.
La pena se la impuso el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, en la vista pública realizada por el delito de violación en menor o incapaz agravada.
Según la acusación que presentó la Fiscalía General de la República, el hombre quien convivía en la misma vivienda de la adolescente, aprovechaba cuando la víctima se quedaba sola para consumar los abusos sexuales.
El ministerio público plasmó en el expediente judicial que las constantes violaciones se dieron entre marzo de 2023 y septiembre de 2024 en el municipio de La Libertad Centro.
El caso comenzó a ser investigado cuando la madre llevó a la adolescente a pasar consulta a un centro asistencial, el personal que la atendió informó que estaba embarazada, por lo que el hecho fue denunciado ante las autoridades.
Por el tipo de delito y tratarse de una menor de edad, el expediente llegó hasta la fase de vista pública con reserva total del proceso.
Penas de hasta 81 años de prisión fueron impuestas a 23 terroristas homicidas de la Mara Salvatrucha, que delinquieron entre el 2015 y 2016 en la jurisdicción de Nejapa.
En la vista pública, la Fiscalía General de la República probó a la jueza dos, del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, que como miembros activos de la célula territorial Nejapa Locos Salvatruchos, consumaron los delitos siguiendo órdenes de cabecillas del Programa Libertad [estructura jerárquica superior].
La mayor condena de 81 años de cárcel fue para William Alexander Castillo Zaldaña, alias «Saiper» y Daniel Adonías Ochoa Carranza, alias «Callejero», por tres casos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
La jueza también encontró responsables de dos homicidios a Jonathan Alexander Huezo Molina y a Jonathan Alexander Sánchez Farfán, alias «Tigre de Nejapa», quienes recibieron 56 años de prisión, además fueron sentenciados por su pertenencia a la Mara Salvatrucha.
El fallo judicial también ordena prisión de 31 años para Edwin Ernesto Ramírez, alias «Snoopy»; Jonathan Alexander Díaz Osuna, alias «Chonta»; Mauricio Alberto Sánchez Mesa, alias «Mystic» y Rodrigo Ernesto Nerio Aragón, alias «Ángel Black», por un caso de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Otros 15 pandilleros fueron condenados a diversas penas aplicándoles el Código Penal anterior, recibieron cinco años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas y proposición y conspiración en homicidio agravado.
Ciro Alberto Alfaro Campos, fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), por intentar asesinar a su hijo de 17 años, con un arma de fuego.
El hecho ocurrió en la colonia San Juan Buena Vista, jurisdicción de Colón, de La Libertad Oeste, al momento de realizar la verificación del atentado las autoridades encontraron un arma de fuego tipo revólver.
«Según las investigaciones, el detenido llegó en estado de ebriedad a su vivienda con un arma de fuego y amenazó de muerte a su compañera de vida, luego disparó contra el menor de edad», publicó la Policía Nacional Civil luego de arrestar al imputado.
Tras el hecho la PNC fue alertada y acudió de inmediato para atender la emergencia y auxiliar al adolescente quien fue trasladado a un centro asistencial con una lesión de gravedad.
Según la Policía, Alfaro Campos será remitido ante la Fiscalía General de la República por los delitos de intento de homicidio, amenazas agravadas, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego.
El caso será judicializado en el Juzgado de Paz de Colón, sede que definirá la situación jurídica del agresor y el ministerio público definirá si inicia el proceso por los tres delitos o modifica la acusación por otros ilícitos.
