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PNC sospecha que se intentó borrar evidencias con incendio en exfábrica de baterías Record
El Sistema de Protección Civil continúa trabajando este lunes sobre el incendio que ocurrió la noche de este domingo en la exfábrica de Baterías El Salvador, empresa distribuidora de la marca Récord, en Sitio del Niño, en la jurisdicción de San Juan Opico, La Libertad.
Las autoridades sospechan que el incendio fue provocado por mano criminal, pues en la medida que investigan en la zona, reúnen más indicios que fortalecen esta hipótesis.
“Cuando llegamos, nos dimos cuenta que la cantidad de fuego era demasiado alta. No es fácil darle fuego a un material tan duro como el PVC. Se requiere mayor cantidad de calor. Por eso es probable que haya mano criminal detrás de todo esto”, explicó el director de Bomberos, Edwin Chavarría.
El PVC es un material diseñado para soportar presión, altas temperaturas y resistir el deterioro del tiempo. Sin embargo, los Bomberos encontraron que el fuego persistía precisamente sobre este material de construcción, que sirve para “empaquetar” las baterías. Además, el desastre inició en el área de producción de las referidas baterías.
Chavarría también explicó : “Hemos visto que hay agujeros por todos lados. ¿Qué significa? Que posiblemente hayan ingresado a las instalaciones en ocasiones anteriores”.
“Tuvieron que usar un químico inflamatorio para generar un incendio que se sostuviera en el tiempo y poder crear este desastre. Vamos a averiguar si en verdad hubo mano criminal y si la finalidad era borrar evidencias”, comentó el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas.
En parte, esta hipótesis se sotiene también porque se trata de una fábrica abandonada con residuos tóxicos adentro. No tiene activo ningún sistema eléctrico y tampoco hay un frecuente tránsito de personas.
La fábrica de Baterías El Salvador es una empresa propiedad de la familia Lacayo de Nicaragua. En 2017 fueron condenados por crímenes ambientales, ocasionados por el mal manejo de su cadena de producción. Los efectos sobre los pobladores fueron graves y también dañaron los mantos acuíferos en la zona de Sitio del Niño.
Los miembros de la familia Lacayo, condenados en la sentencia de 2017, son prófugos de la justicia y viajaron a Estados Unidos antes de ser capturados. “La familia dueña de la fábrica tiene órdenes judiciales de captura por delitos ambientales. Hay sentencias, resoluciones, multas y lo que se puede ver es que ha habido aquí una gran negligencia por parte de los dueños y de las autoridades anteriores, especialmente las ambientales, que tenían que haber retirado toda estos restos de plomo y de mercurio, entre otros”, sostuvo Arriaza Chicas.
Arriaza explicó que como equipo interinstitucional han iniciado una nueva investigación, a partir del incendio que ocurrió el domingo. “El móvil, la finalidad, puede ser para evitar o que se borre la evidencia criminal que todavía está siendo juzgada o generar una conmoción de contaminación de aire, de suelo y de agua”, comentó el director de la PNC.
Durante la madrugada y la mañana del domingo se prevé cielo poco nublado, sin lluvias. Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado, mientras que por la noche y la madrugada se mantendrá poco nublado, siempre sin precipitaciones.
Se tendrá el ingreso de Vientos Nortes con velocidades entre 10 y 22 km/h y ráfagas de 50 a 70 km/h. En zonas donde la geografía favorece el aceleramiento del viento, podrían registrarse ráfagas de hasta 80 km/h durante la noche del domingo y la madrugada del lunes.
Estas condiciones están asociadas a una alta presión sobre el sur de Estados Unidos y el golfo de México, que impulsa un frente frío por el Caribe y favorece la presencia de Vientos Nortes en la región.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que nueve pandilleros de la MS-13 recibieran penas de hasta 90 años de prisión por delitos cometidos en diferentes zonas de los distritos de Huizúcar y Zaragoza, en el departamento de La Libertad.
El ministerio público informó que los pandilleros Juan Manuel Chávez Aguilar y Danilo Amílcar Araujo Estrada, fueron condenados a 90 años de cárcel, mientras que Alexander Armando Granados Vásquez y William Alfredo Hernández Martínez recibieron penas de 60 años de prisión.
La FGR procesó a los pandilleros por asesinatos cometidos contra un trabajador y de un comerciante. Además, los acusó de la privación de libertad y el homicidio agravado de dos hermanos.
En su cuenta en X la institución recordó que los dos hermanos se dirigían hacia su trabajo cuando los pandilleros, utilizando armas de fuego, le salieron al encuentro para llevárselos a la fuerza hacia un lugar desolado en donde les quitaron la vida.
El informe oficial indica además que otros pandilleros recibieron penas carcelarias que van desde los 30 a los 20 años de prisión. Todos pertenecen a las clicas Teclas Locos Salvatruchos, San Antonio Locos Salvatruchos y Nejapas Locos Salvatruchos de la MS-13.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Por otra parte, la Fiscalía informó que Alexander Joel Torres Moreno, alias el Sangriento (prófugo) y Rigoberto Vladimir Velásquez Amaya, fueron condenados a 40 años de prisión por el homicidio agravado de dos hermanos.
El crimen ocurrió el 11 de junio de 2014 en el sector conocido como La Quebrada, de la colonia Santa María, del distrito de La Unión. Según la acusación fiscal, Velásquez Amaya se comunicó con una de las víctimas y le pidió que llegara al lugar para hablar, pero era una trampa para asesinarlos.
La FGR logró además, que José Mariano Martínez Calderón sea condenado a 40 años de prisión por los delitos de violación en menor o incapaz continuada y extorsión agravada.
El Ministerio de Salud (Minsal) recibió la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma internacional ISO 37001, luego de un riguroso proceso de capacitación e innovación.
Esta certificación es otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor), a través de su director para Centroamérica, Arnulfo Pino Figueroa.
La norma es un estándar internacional que especifica los requisitos y proporciona directrices para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión antisoborno, orientado a fomentar una cultura de integridad, transparencia y cumplimiento en las instituciones públicas.
Esto ha llevado al Minsal a establecer procedimientos y controles, con el objetivo de prevenir y mitigar riesgos, así como actuar de manera oportuna frente a posibles actos de soborno dentro de la institución.
