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PNC sospecha que se intentó borrar evidencias con incendio en exfábrica de baterías Record
El Sistema de Protección Civil continúa trabajando este lunes sobre el incendio que ocurrió la noche de este domingo en la exfábrica de Baterías El Salvador, empresa distribuidora de la marca Récord, en Sitio del Niño, en la jurisdicción de San Juan Opico, La Libertad.
Las autoridades sospechan que el incendio fue provocado por mano criminal, pues en la medida que investigan en la zona, reúnen más indicios que fortalecen esta hipótesis.
“Cuando llegamos, nos dimos cuenta que la cantidad de fuego era demasiado alta. No es fácil darle fuego a un material tan duro como el PVC. Se requiere mayor cantidad de calor. Por eso es probable que haya mano criminal detrás de todo esto”, explicó el director de Bomberos, Edwin Chavarría.
El PVC es un material diseñado para soportar presión, altas temperaturas y resistir el deterioro del tiempo. Sin embargo, los Bomberos encontraron que el fuego persistía precisamente sobre este material de construcción, que sirve para “empaquetar” las baterías. Además, el desastre inició en el área de producción de las referidas baterías.
Chavarría también explicó : “Hemos visto que hay agujeros por todos lados. ¿Qué significa? Que posiblemente hayan ingresado a las instalaciones en ocasiones anteriores”.
“Tuvieron que usar un químico inflamatorio para generar un incendio que se sostuviera en el tiempo y poder crear este desastre. Vamos a averiguar si en verdad hubo mano criminal y si la finalidad era borrar evidencias”, comentó el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas.
En parte, esta hipótesis se sotiene también porque se trata de una fábrica abandonada con residuos tóxicos adentro. No tiene activo ningún sistema eléctrico y tampoco hay un frecuente tránsito de personas.
La fábrica de Baterías El Salvador es una empresa propiedad de la familia Lacayo de Nicaragua. En 2017 fueron condenados por crímenes ambientales, ocasionados por el mal manejo de su cadena de producción. Los efectos sobre los pobladores fueron graves y también dañaron los mantos acuíferos en la zona de Sitio del Niño.
Los miembros de la familia Lacayo, condenados en la sentencia de 2017, son prófugos de la justicia y viajaron a Estados Unidos antes de ser capturados. “La familia dueña de la fábrica tiene órdenes judiciales de captura por delitos ambientales. Hay sentencias, resoluciones, multas y lo que se puede ver es que ha habido aquí una gran negligencia por parte de los dueños y de las autoridades anteriores, especialmente las ambientales, que tenían que haber retirado toda estos restos de plomo y de mercurio, entre otros”, sostuvo Arriaza Chicas.
Arriaza explicó que como equipo interinstitucional han iniciado una nueva investigación, a partir del incendio que ocurrió el domingo. “El móvil, la finalidad, puede ser para evitar o que se borre la evidencia criminal que todavía está siendo juzgada o generar una conmoción de contaminación de aire, de suelo y de agua”, comentó el director de la PNC.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, informó en La Entrevista de Noticiero El Salvador que en el 100 % de los casos que han atendido por vulneración a los derechos de la niñez, han buscado la permanencia de los menores de edad en el sistema educativo.
«Durante estos tres años, el 100 % de los casos se ha buscado la restitución de sus derechos, además tienen un seguimiento porque la idea es que deje de haber deserción escolar, no solo es el tema de reincorporar a la educación, sino asegurarnos de que se mantengan dentro del sistema educativo», expresó.
De acuerdo con Amaya, trabajan de manera articulada con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) para dar un seguimiento a los casos de los niños que han sufrido vulneraciones para garantizar su permanencia en las escuelas.
«Es un trabajo que también el Ministerio de Educación lo ha retomado con mucha fuerza y trabajar de manera articulada nos ha permitido ir asegurando seguimientos en esta población», afirmó la titular del Conapina.
Por otra parte, Amaya afirmó que los equipos de la institución han recibido actualizaciones en su formación para fortalecer sus capacidades y dotarlos de herramientas modernas para abordar óptimamente cada caso en el que la niñez salvadoreña se encuentre en riesgo.
«Los equipos del Conapina se han actualizado, hemos contado con el apoyo de organismos que nos han dado herramientas modernas y actuales para poder hacer valoraciones de carácter forense donde ya no te pregunto a ti, pero puedo observar qué es lo que jugás y cómo te expresás para ir determinando si has sido vulnerado», explicó la directora del Conapina.
Amaya recordó que la institución cuenta con 16 juntas de protección a escala nacional y con la línea telefónica gratuita 119 para que los ciudadanos den avisos o denuncien casos de maltratos o abusos a la primera infancia, niñez y adolescencia.
Dos centros educativos del distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste, serán renovados con una inversión conjunta que supera los $1.3 millones, como parte del programa nacional de modernización de infraestructura escolar. Las obras corresponden a la Escuela #571, Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, y a la Escuela #572, Centro Escolar Caserío El Mogote.
La primera intervención corresponde al Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, que atiende a 63 estudiantes desde parvularia hasta básica. El proyecto contempla una inversión de $806,000 para renovar 620 metros cuadrados de infraestructura educativa, bajo la ejecución de la Dirección General de Centros Penales.
Además, se desarrolla la renovación del Centro Escolar Caserío El Mogote, que beneficia a 65 estudiantes y abarca un área de construcción de 412 metros cuadrados. En este caso, la inversión asciende a $535,000.
Las obras en ambos centros incluyen escarificación de paredes para retirar pintura deteriorada, repello y nuevos acabados; nivelación de pisos e instalación de porcelanato de alto tráfico; colocación de ventanas corredizas tipo francesa y sustitución de puertas por modelos metálicos. Asimismo, se renovará la red eléctrica con iluminación LED y ventiladores en cada aula, además de mejoras en los sistemas hidrosanitarios.
El proyecto también contempla obras exteriores como andenes, canchas deportivas, espacios lúdicos y jardines, además de la dotación de mobiliario para estudiantes y docentes, juegos didácticos y áreas de cocina, con el objetivo de garantizar instalaciones modernas, seguras y funcionales para la comunidad educativa.
El uso correcto del sistema de retención infantil (SRI) reduce el riesgo de muerte y de lesiones graves en niños, ya que en el caso de un accidente protege zonas vulnerables, especialmente la cabeza, el cuello y la columna. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los traumatismos por accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de niños y jóvenes a escala mundial.
En ese sentido, la directora del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat), Bessy Guzmán, destacó que los SRI reducen hasta un 71 % el riesgo de muerte. Asimismo, el Gobierno salvadoreño ha sumado esfuerzos para impulsar una estrategia nacional de seguridad vial infantil para reducir los índices de siniestralidad.
«Actualmente nos encontramos en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial [2021–2030], el cual busca reducir la siniestralidad vial y la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito a la mitad. Medidas como usar el cinturón de seguridad, la utilización de cascos certificados y de los sistemas de retención infantil están encaminadas a ayudarnos a llegar a esa reducción», dijo Guzmán.
Desde el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Fonat se ejecutan medidas preventivas para garantizar la seguridad vial de los niños. Entre estas destacan capacitaciones sobre el uso de las SRI, la conformación de comités de seguridad vial en centros escolares y la intervención de conductores y peatones sobre la movilidad segura en las calles y carreteras. Asimismo, trabajan en la toma de conciencia sobre la importancia de usar correctamente estos sistemas en el vehículo.
A partir de diciembre de 2025, en El Salvador usar el SRI es obligatorio. Como pasajeros de vehículos, los menores de 12 años no podrán viajar en el asiento delantero, mientras que los niños menores de cinco años deben ser trasladados en un SRI de acuerdo con su peso y estatura.
El incumplimiento de esta normativa se considera una falta muy grave y se sancionará con una multa de $150. Para garantizar la seguridad de los menores de edad, el Fonat recomienda no poner en marcha el vehículo antes de que todos los ocupantes tengan puesto el cinturón de seguridad y los niños estén colocados en el SRI.
De igual manera, ningún ocupante puede tomar bebidas calientes en el carro, ya que podría lesionar a los niños en un choque o un frenado brusco.
«Los sistemas de retención infantil no deben utilizarse si ya han sido parte de un siniestro vial o si alguna de sus piezas ha caducado; vea la fecha de vencimiento en la parte de atrás», indicó el Fonat
