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PNC sospecha que se intentó borrar evidencias con incendio en exfábrica de baterías Record
El Sistema de Protección Civil continúa trabajando este lunes sobre el incendio que ocurrió la noche de este domingo en la exfábrica de Baterías El Salvador, empresa distribuidora de la marca Récord, en Sitio del Niño, en la jurisdicción de San Juan Opico, La Libertad.
Las autoridades sospechan que el incendio fue provocado por mano criminal, pues en la medida que investigan en la zona, reúnen más indicios que fortalecen esta hipótesis.
“Cuando llegamos, nos dimos cuenta que la cantidad de fuego era demasiado alta. No es fácil darle fuego a un material tan duro como el PVC. Se requiere mayor cantidad de calor. Por eso es probable que haya mano criminal detrás de todo esto”, explicó el director de Bomberos, Edwin Chavarría.
El PVC es un material diseñado para soportar presión, altas temperaturas y resistir el deterioro del tiempo. Sin embargo, los Bomberos encontraron que el fuego persistía precisamente sobre este material de construcción, que sirve para “empaquetar” las baterías. Además, el desastre inició en el área de producción de las referidas baterías.
Chavarría también explicó : “Hemos visto que hay agujeros por todos lados. ¿Qué significa? Que posiblemente hayan ingresado a las instalaciones en ocasiones anteriores”.
“Tuvieron que usar un químico inflamatorio para generar un incendio que se sostuviera en el tiempo y poder crear este desastre. Vamos a averiguar si en verdad hubo mano criminal y si la finalidad era borrar evidencias”, comentó el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas.
En parte, esta hipótesis se sotiene también porque se trata de una fábrica abandonada con residuos tóxicos adentro. No tiene activo ningún sistema eléctrico y tampoco hay un frecuente tránsito de personas.
La fábrica de Baterías El Salvador es una empresa propiedad de la familia Lacayo de Nicaragua. En 2017 fueron condenados por crímenes ambientales, ocasionados por el mal manejo de su cadena de producción. Los efectos sobre los pobladores fueron graves y también dañaron los mantos acuíferos en la zona de Sitio del Niño.
Los miembros de la familia Lacayo, condenados en la sentencia de 2017, son prófugos de la justicia y viajaron a Estados Unidos antes de ser capturados. “La familia dueña de la fábrica tiene órdenes judiciales de captura por delitos ambientales. Hay sentencias, resoluciones, multas y lo que se puede ver es que ha habido aquí una gran negligencia por parte de los dueños y de las autoridades anteriores, especialmente las ambientales, que tenían que haber retirado toda estos restos de plomo y de mercurio, entre otros”, sostuvo Arriaza Chicas.
Arriaza explicó que como equipo interinstitucional han iniciado una nueva investigación, a partir del incendio que ocurrió el domingo. “El móvil, la finalidad, puede ser para evitar o que se borre la evidencia criminal que todavía está siendo juzgada o generar una conmoción de contaminación de aire, de suelo y de agua”, comentó el director de la PNC.
Este día, representantes del Sistema Nacional de Protección Civil, brindaron un balance de las emergencias que han atendido las instituciones de primera respuesta durante las vacaciones agostinas.
Por su parte, el Cuerpo de Bomberos ha atendido 17 emergencias durante el periodo del 1 al 5 de agosto, dos más que el año pasado en estas mismas fechas, según informó el director de la institución, Baltazar Solano.
El director de la entidad también explicó que han sido desplegados 800 bomberos operativos en todo el territorio nacional, para atender emergencias durante el periodo vacacional.
Solano resaltó que dentro del Plan Vacación también han priorizado las inspecciones en restaurantes, gasolineras y otros establecimientos, para constatar el cumplimiento de normas básicas y evitar incendios estructurales.
Mientras tanto, el director general de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, destacó que se han realizado 12 rescates acuáticos simples, de igual forma, dos más que el año pasado durante el mismo periodo de tiempo.
«Rescates profundos hay 19 en 2025, y en 2024 hubo 24. En total tenemos 31», informó Luis Alonso Amaya.
Finalmente, el director general de Protección Civil, Luis Alonso Amya, reporta que en el periodo de vacaciones hay registro de 161 lesionados en accidentes de tránsito, 16 fallecidos y 33 detenciones por conducción peligrosa.
Durante siete meses han estado vigentes diferentes reformas legislativas que han establecieron la intolerancia al delito de la conducción peligrosa, con el propósito de evitar accidentes de tránsito, lesionados o muertes.
El 20 de diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el propósito de prohibir que los motoristas de cualquier vehículo ingieran licor, cualquier tipo de sustancia o medicamentos que puedan afectar la capacidad de conducir. En esa misma línea se incrementaron las multas.
Con el propósito de robustecer las leyes en ese tema, la Asamblea Legislativa también aprobó un pliego de reformas al Código Penal, propuestas por el Ejecutivo, en el sentido se incrementen las condenas por el delito de conducción peligrosa. Se estableció una condena de 2 a 5 años, por el delito de conducción peligrosa cuando el percance es con un vehículo liviano; y de 5 a 10 años, si el accidente es con transporte público o pesado.
Ese mismo día, la Asamblea también reformó al Código Procesal Penal para garantizar la justicia para las víctimas de percances viales y sus familiares.
Desde que se aprobaron estas medidas han transcurrido siete meses, tiempo en que las autoridades de transporte han reportado una reducción de casos de conducción peligrosa.
El viceministro de transporte, Nelson Reyes, aseguró en una conferencia que «hay una reducción de alrededor del 10 % de disminución de personas detenidas por conducción peligrosa, si lo comparamos con 2024, desde el 1 de enero a la fecha».
La remoción de más de 20 árboles fue parte de las emergencias atendidas ayer por la noche, a raíz de las fuertes tormentas ocurridas en el municipio de Cuscatlán Norte, informó el gobernador de Cuscatlán, Eduardo Alas.
La mayoría de árboles caídos se reportó en el distrito de Suchitoto, y para la intervención se activó toda la comisión departamental de Protección Civil que está en función del monitoreo y atención de eventualidades, detalló el funcionario.
«En conjunto con la municipalidad de Cuscatlán Norte, coordinamos para enviar los equipos para atender las emergencias», añadió Alas, quien afirmó que se trabaja de forma articulada en los territorios.
Los árboles cayeron sobre calles y carreteras, por lo que era de urgencia retirarlos para garantizar el paso y la seguridad en las vías, indicó.
Por otra parte, la alcaldía de Cuscatlán Sur informó que un árbol de gran tamaño también cedió ante las lluvias, quedando sobre la calle principal al barrio Nuevo, en la ciudad de San Ramón.
A las labores de remoción que realizó personal del distrito se sumaron elementos del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), que tras los trabajos despejaron la vía restableciendo el paso que había quedado completamente bloqueado.
