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PNC sospecha que se intentó borrar evidencias con incendio en exfábrica de baterías Record
El Sistema de Protección Civil continúa trabajando este lunes sobre el incendio que ocurrió la noche de este domingo en la exfábrica de Baterías El Salvador, empresa distribuidora de la marca Récord, en Sitio del Niño, en la jurisdicción de San Juan Opico, La Libertad.
Las autoridades sospechan que el incendio fue provocado por mano criminal, pues en la medida que investigan en la zona, reúnen más indicios que fortalecen esta hipótesis.
“Cuando llegamos, nos dimos cuenta que la cantidad de fuego era demasiado alta. No es fácil darle fuego a un material tan duro como el PVC. Se requiere mayor cantidad de calor. Por eso es probable que haya mano criminal detrás de todo esto”, explicó el director de Bomberos, Edwin Chavarría.
El PVC es un material diseñado para soportar presión, altas temperaturas y resistir el deterioro del tiempo. Sin embargo, los Bomberos encontraron que el fuego persistía precisamente sobre este material de construcción, que sirve para “empaquetar” las baterías. Además, el desastre inició en el área de producción de las referidas baterías.
Chavarría también explicó : “Hemos visto que hay agujeros por todos lados. ¿Qué significa? Que posiblemente hayan ingresado a las instalaciones en ocasiones anteriores”.
“Tuvieron que usar un químico inflamatorio para generar un incendio que se sostuviera en el tiempo y poder crear este desastre. Vamos a averiguar si en verdad hubo mano criminal y si la finalidad era borrar evidencias”, comentó el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas.
En parte, esta hipótesis se sotiene también porque se trata de una fábrica abandonada con residuos tóxicos adentro. No tiene activo ningún sistema eléctrico y tampoco hay un frecuente tránsito de personas.
La fábrica de Baterías El Salvador es una empresa propiedad de la familia Lacayo de Nicaragua. En 2017 fueron condenados por crímenes ambientales, ocasionados por el mal manejo de su cadena de producción. Los efectos sobre los pobladores fueron graves y también dañaron los mantos acuíferos en la zona de Sitio del Niño.
Los miembros de la familia Lacayo, condenados en la sentencia de 2017, son prófugos de la justicia y viajaron a Estados Unidos antes de ser capturados. “La familia dueña de la fábrica tiene órdenes judiciales de captura por delitos ambientales. Hay sentencias, resoluciones, multas y lo que se puede ver es que ha habido aquí una gran negligencia por parte de los dueños y de las autoridades anteriores, especialmente las ambientales, que tenían que haber retirado toda estos restos de plomo y de mercurio, entre otros”, sostuvo Arriaza Chicas.
Arriaza explicó que como equipo interinstitucional han iniciado una nueva investigación, a partir del incendio que ocurrió el domingo. “El móvil, la finalidad, puede ser para evitar o que se borre la evidencia criminal que todavía está siendo juzgada o generar una conmoción de contaminación de aire, de suelo y de agua”, comentó el director de la PNC.
El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; el Ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy; y el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, brindaron detalles sobre la incautación de droga más grande registrada en la historia de El Salvador.
De acuerdo con la información oficial, fueron decomisadas 6.6 toneladas de cocaína, con un valor estimado de 165 millones de dólares, distribuidas en 330 bultos. La operación fue ejecutada a 380 millas náuticas al suroeste de las costas nacionales, como parte de acciones de vigilancia y control en aguas internacionales.
El ministro Villatoro destacó que, más allá del valor económico, la cantidad incautada representa aproximadamente 19.8 millones de dosis que, según explicó, estaban destinadas a ser distribuidas en distintas ciudades.
Las autoridades resaltaron el trabajo coordinado de las instituciones de seguridad y defensa, subrayando que este tipo de resultados reflejan la capacidad operativa del país en el combate al narcotráfico.
En el procedimiento fueron detenidas las siguientes personas de distintas nacionalidades:
José Martín Cerda Cea, 60 años (Nicaragua)
Roberto Adolfo Díaz, 64 años (Nicaragua)
Francisco Javier García Duval, 63 años (Nicaragua)
José Ramiro Valencia Fox, 59 años (Ecuador)
Luis Enrique Rodelo Osorio, 59 años (Colombia)
Antonio José Angulo Narváez, 59 años (Colombia)
Mario Alonso Pérez Hernández, 58 años (Colombia)
Miguel Antonio Galeano Ariza, 71 años (Colombia)
Yareth Samir Carr Garcés, 29 años (Panamá)
Vicente Ramos, 60 años (Panamá)
Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para enfrentar el proceso judicial correspondiente.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador llevó a cabo la vista pública en contra de José René Ventura Alvarado, acusado del delito de estafa agravada.
De acuerdo con la investigación, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, el imputado se reunió con la víctima, presentándose como propietario de una sociedad importante de talleres y negoció la adquisición de una cantidad masiva de llantas.
José Ventura propuso recibir la mercadería y efectuar el pago en un tiempo estipulado. La víctima, confiando en la supuesta reputación de la sociedad, cumplió lo acordado y entregó cuatro pedidos en diversas sucursales de los talleres, cuyo valor total ascendió a $375,360.04.
Transcurrido el tiempo pactado, el imputado no realizó el pago. Tras varios intentos fallidos por recuperar el dinero y ante múltiples excusas por parte del procesado, la víctima interpuso la denuncia correspondiente.
Durante el desfile probatorio, el tribunal determinó que el imputado solicitó la entrega de las llantas haciéndose pasar por un empresario confiable y afirmando poseer dos sociedades; sin embargo, dichas sociedades ni siquiera estaban constituidas legalmente.
Asimismo, se estableció que no tenía intención de cumplir con el pago de la mercadería. Por estos hechos, el tribunal le impuso una pena de cinco años de prisión, que podrían aumentar si Ventura Alvarado no cumple con el pago de $375,360.04 en concepto de responsabilidad civil.
El Ministerio de Obras Públicas informó sobre la transformación de 8 kilómetros de la calle que conecta desde El Ceibillo hacia San José El Naranjo, en el departamento de Ahuachapán. La obra busca mejorar la conectividad y garantizar un tránsito más seguro para las comunidades de la zona.
Con la pavimentación de esta vía, niños, jóvenes y adultos podrán movilizarse en condiciones óptimas, facilitando el acceso a centros educativos, comercios y servicios básicos. La intervención forma parte de los proyectos de infraestructura impulsados para fortalecer el desarrollo local.
Más de 28,000 habitantes son beneficiados directamente con la mejora de la calle que conduce a San José El Naranjo, en Jujutla, Ahuachapán Sur, impactando positivamente en la calidad de vida y dinamizando la economía del sector.
