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PNC da duro golpe a las finanzas de la pandilla 18-R en Apopa, San Salvador
Un duro golpe a las finanzas de la estructura del Barrio 18 de la facción Revolucionarios 18-R que delinquía en distintos sectores del municipio de Apopa, departamento de San Salvador, dio la Policía Nacional Civil (PNC), la tarde del jueves.
Los capturados responden a los nombres de José Miguel Ramírez, alias ‘Malacate’; Edwin Rutilio Reyes Meléndez, alias el ‘Padre’; y Geovanny Antonio Marroquín Palma, alias ‘Negro’, quienes son los tres principales testaferros o prestanombres de esta pandilla.
Los capturados son:
— PNC El Salvador (@PNCSV) September 23, 2022
-José Miguel Ramírez, alias Malacate
-Edwin Rutilio Reyes Meléndez, alias el Padre
-Geovanny Antonio Marroquín Palma, alias Negro
Según investigaciones, adquirieron los vehículos con dinero de la extorsión y luego los incorporaron al transporte local. pic.twitter.com/okU4h4cjak
La PNC aseguró que incautaron 20 vehículos y 05 mototaxis que eran usados para transporte privado.
Según investigaciones, adquirieron los vehículos con dinero de la extorsión y luego los incorporaron al transporte local.
Los testaferros también aparentaban trabajar como motoristas para controlar al resto de propietarios, a quienes exigían $3,000 para permitirles funcionar, además de otros $25 semanales.
“Recolectaban el dinero, se quedaban con una parte y el resto lo entregaban a los cabecillas. Con estos decomisos y capturas ponemos fin al lucro que tenía la pandilla 18-R en este sector de Apopa”, explicó la Policía tras el procedimiento.
El ecosistema tecnológico salvadoreño continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de AuthenticDoc, una plataforma de firmas digitales desarrollada sobre el protocolo descentralizado Nostr y diseñada para cumplir plenamente con la normativa nacional de firma electrónica. Su propuesta apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad y autenticidad criptográfica en documentos y contratos, en un contexto global marcado por los desafíos de verificación que plantean la inteligencia artificial y la centralización de datos.
Fabián Vleer, cofundador de AuthenticDoc, explicó que su llegada a El Salvador hace tres años fue determinante para impulsar esta iniciativa. «He estado en el espacio tecnológico por mucho tiempo. Soy bitcoiner, entiendo la tecnología descentralizada y entiendo dónde está el mundo hoy», afirmó.
Su trayectoria incluye desarrollo de software en Australia y un profundo entendimiento de los riesgos de privacidad y manipulación presentes en plataformas centralizadas.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
