La deficiente atención a pacientes renales por parte de personal del Seguro Social volvió a ser motivo de discusión por parte de representantes de la Asociación de Pacientes Renales de El Salvador (Apredesal), esta vez en la entrevista «El Salvador Today», de Diario Digital Cronio.

Mónica Trujillo, miembro de la asociación y paciente con Insuficiencia Renal desde el 2015, aseguró que por dos meses pasó sin tratamiento debido a que el personal del Seguro querían imponer un tratamiento que no le hacía bien, obligándola a costear su tratamiento en un hospital privado.

“Me empezaron los síntomas, consulté a una clínica comunal de seguro y fui diagnosticada con insuficiencia renal. Rápidamente fui referida de emergencia al hospital Médico Quirúrgico; ahí con todos los exámenes me dijeron tenía que usar el catéter blando para la diálisis peritoneal porque la creatinina ya iba muy alta y no tenía otra opción”, sostuvo la joven de 31 años,

Según dijo, pasó ingresada casi un mes -octubre 2015- le pusieron el catéter y pasó un año con él hasta que que sufrió peritonitis a causa de una bacteria hospitalaria.

Debido a esa bacteria le retiraron el catéter. Le habían cambiado cuatro veces los antibióticos y «la bacteria no moría», indicó.

Lograron pasarla a hemodiálisis con el catéter «Mahur» que va conectado al cuello pero no funcionaba y le pusieron el «Permacath», con el que se ha mantenido bien hasta el día de hoy.

“Ellos decidieron pasarme a la diálisis peritoneal pero yo me negué porque con el catéter permacath. Yo me siento bien pero como me negaba me dijeron que no iba a tener tratamiento, pasé dos meses sin tratamiento”, sostuvo.

“Me decían que no me daban el tratamiento por falta de cupos. Llegué tres días a las 6:00 de la mañana para ver si me atendían, por si alguien faltaba a su tratamiento pero no cedían; entonces, me fui a una clínica privada para mantenerme estable.

Omar Vásquez, presidente de la Apredesal, afirma que en el Seguro Social se ha creado un comité de evaluación de pacientes donde se establecen los requisitos de para optar por un catéter blando. Pero dicho comité supuestamente es utilizado para intimidar a los pacientes: “Es indignante que un paciente que teniendo Seguro no sea atendido y tenga que ir a un hospital privado a pagar por una diálisis”, dijo.

Los miembros de la asociación señalan que al interior del Seguro hay grandes gastos para capacitar al personal sobre el trato a pacientes, sin embargo, aseguran que pese a la millonaria inversión los problemas persisten.

Afirman también que “Tenemos un tema complejo y seguimos en la lucha. Tenemos un amparo en la Sala de lo Constitucional… (el medicamento) Eritropoyetina Beta y la quitaron por ahorro institucional y en el caso del catéter blando vamos por el mismo lado, les sale más barato a ellos, pero al paciente no”.

Respecto al tema de finanzas, el presidente de la Asociación afirma que 640 millones van a recoger este año en el ISSS, “es decir que dinero hay pero no se está administrando bien “.

En cuanto al caso de Mónica Trujillo se dijo que este llegó hasta la dirección general y que gracias a la intervención de Derechos Humanos, ahora la joven recibe su tratamiento tres veces por semana.

La Sala de Lo Constitucional dio una medida cautelar que favorecía a los pacientes. Fue dictada en 2016 y señala que el ISSS tiene la obligación de brindar tratamiento adecuado al paciente tomando en cuenta los efectos secundarios en la vida del paciente, pero los miembros de Apredesal insisten que el ISSS «no está cumpliendo con eso». Sostienen que «solo brindan el tratamiento terapéutico adecuado».