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Persisten las quejas por deficiente atención del ISSS a pacientes renales
La deficiente atención a pacientes renales por parte de personal del Seguro Social volvió a ser motivo de discusión por parte de representantes de la Asociación de Pacientes Renales de El Salvador (Apredesal), esta vez en la entrevista «El Salvador Today», de Diario Digital Cronio.
Mónica Trujillo, miembro de la asociación y paciente con Insuficiencia Renal desde el 2015, aseguró que por dos meses pasó sin tratamiento debido a que el personal del Seguro querían imponer un tratamiento que no le hacía bien, obligándola a costear su tratamiento en un hospital privado.
“Me empezaron los síntomas, consulté a una clínica comunal de seguro y fui diagnosticada con insuficiencia renal. Rápidamente fui referida de emergencia al hospital Médico Quirúrgico; ahí con todos los exámenes me dijeron tenía que usar el catéter blando para la diálisis peritoneal porque la creatinina ya iba muy alta y no tenía otra opción”, sostuvo la joven de 31 años,
Según dijo, pasó ingresada casi un mes -octubre 2015- le pusieron el catéter y pasó un año con él hasta que que sufrió peritonitis a causa de una bacteria hospitalaria.
Debido a esa bacteria le retiraron el catéter. Le habían cambiado cuatro veces los antibióticos y «la bacteria no moría», indicó.
Lograron pasarla a hemodiálisis con el catéter «Mahur» que va conectado al cuello pero no funcionaba y le pusieron el «Permacath», con el que se ha mantenido bien hasta el día de hoy.
“Ellos decidieron pasarme a la diálisis peritoneal pero yo me negué porque con el catéter permacath. Yo me siento bien pero como me negaba me dijeron que no iba a tener tratamiento, pasé dos meses sin tratamiento”, sostuvo.
“Me decían que no me daban el tratamiento por falta de cupos. Llegué tres días a las 6:00 de la mañana para ver si me atendían, por si alguien faltaba a su tratamiento pero no cedían; entonces, me fui a una clínica privada para mantenerme estable.
Omar Vásquez, presidente de la Apredesal, afirma que en el Seguro Social se ha creado un comité de evaluación de pacientes donde se establecen los requisitos de para optar por un catéter blando. Pero dicho comité supuestamente es utilizado para intimidar a los pacientes: “Es indignante que un paciente que teniendo Seguro no sea atendido y tenga que ir a un hospital privado a pagar por una diálisis”, dijo.
Los miembros de la asociación señalan que al interior del Seguro hay grandes gastos para capacitar al personal sobre el trato a pacientes, sin embargo, aseguran que pese a la millonaria inversión los problemas persisten.
Afirman también que “Tenemos un tema complejo y seguimos en la lucha. Tenemos un amparo en la Sala de lo Constitucional… (el medicamento) Eritropoyetina Beta y la quitaron por ahorro institucional y en el caso del catéter blando vamos por el mismo lado, les sale más barato a ellos, pero al paciente no”.
Respecto al tema de finanzas, el presidente de la Asociación afirma que 640 millones van a recoger este año en el ISSS, “es decir que dinero hay pero no se está administrando bien “.
En cuanto al caso de Mónica Trujillo se dijo que este llegó hasta la dirección general y que gracias a la intervención de Derechos Humanos, ahora la joven recibe su tratamiento tres veces por semana.
La Sala de Lo Constitucional dio una medida cautelar que favorecía a los pacientes. Fue dictada en 2016 y señala que el ISSS tiene la obligación de brindar tratamiento adecuado al paciente tomando en cuenta los efectos secundarios en la vida del paciente, pero los miembros de Apredesal insisten que el ISSS «no está cumpliendo con eso». Sostienen que «solo brindan el tratamiento terapéutico adecuado».
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
