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Persisten las quejas por deficiente atención del ISSS a pacientes renales
La deficiente atención a pacientes renales por parte de personal del Seguro Social volvió a ser motivo de discusión por parte de representantes de la Asociación de Pacientes Renales de El Salvador (Apredesal), esta vez en la entrevista «El Salvador Today», de Diario Digital Cronio.
Mónica Trujillo, miembro de la asociación y paciente con Insuficiencia Renal desde el 2015, aseguró que por dos meses pasó sin tratamiento debido a que el personal del Seguro querían imponer un tratamiento que no le hacía bien, obligándola a costear su tratamiento en un hospital privado.
“Me empezaron los síntomas, consulté a una clínica comunal de seguro y fui diagnosticada con insuficiencia renal. Rápidamente fui referida de emergencia al hospital Médico Quirúrgico; ahí con todos los exámenes me dijeron tenía que usar el catéter blando para la diálisis peritoneal porque la creatinina ya iba muy alta y no tenía otra opción”, sostuvo la joven de 31 años,
Según dijo, pasó ingresada casi un mes -octubre 2015- le pusieron el catéter y pasó un año con él hasta que que sufrió peritonitis a causa de una bacteria hospitalaria.
Debido a esa bacteria le retiraron el catéter. Le habían cambiado cuatro veces los antibióticos y «la bacteria no moría», indicó.
Lograron pasarla a hemodiálisis con el catéter «Mahur» que va conectado al cuello pero no funcionaba y le pusieron el «Permacath», con el que se ha mantenido bien hasta el día de hoy.
“Ellos decidieron pasarme a la diálisis peritoneal pero yo me negué porque con el catéter permacath. Yo me siento bien pero como me negaba me dijeron que no iba a tener tratamiento, pasé dos meses sin tratamiento”, sostuvo.
“Me decían que no me daban el tratamiento por falta de cupos. Llegué tres días a las 6:00 de la mañana para ver si me atendían, por si alguien faltaba a su tratamiento pero no cedían; entonces, me fui a una clínica privada para mantenerme estable.
Omar Vásquez, presidente de la Apredesal, afirma que en el Seguro Social se ha creado un comité de evaluación de pacientes donde se establecen los requisitos de para optar por un catéter blando. Pero dicho comité supuestamente es utilizado para intimidar a los pacientes: “Es indignante que un paciente que teniendo Seguro no sea atendido y tenga que ir a un hospital privado a pagar por una diálisis”, dijo.
Los miembros de la asociación señalan que al interior del Seguro hay grandes gastos para capacitar al personal sobre el trato a pacientes, sin embargo, aseguran que pese a la millonaria inversión los problemas persisten.
Afirman también que “Tenemos un tema complejo y seguimos en la lucha. Tenemos un amparo en la Sala de lo Constitucional… (el medicamento) Eritropoyetina Beta y la quitaron por ahorro institucional y en el caso del catéter blando vamos por el mismo lado, les sale más barato a ellos, pero al paciente no”.
Respecto al tema de finanzas, el presidente de la Asociación afirma que 640 millones van a recoger este año en el ISSS, “es decir que dinero hay pero no se está administrando bien “.
En cuanto al caso de Mónica Trujillo se dijo que este llegó hasta la dirección general y que gracias a la intervención de Derechos Humanos, ahora la joven recibe su tratamiento tres veces por semana.
La Sala de Lo Constitucional dio una medida cautelar que favorecía a los pacientes. Fue dictada en 2016 y señala que el ISSS tiene la obligación de brindar tratamiento adecuado al paciente tomando en cuenta los efectos secundarios en la vida del paciente, pero los miembros de Apredesal insisten que el ISSS «no está cumpliendo con eso». Sostienen que «solo brindan el tratamiento terapéutico adecuado».
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
