Judicial
“Pensamos que el asesinato fue porque el esposo de mi hija vivía en una zona contraria”
Todo ocurrió la noche del 28 de octubre de 2017 en la residencia de María, a las 7:30 de la noche, mientras Agustín y Violeta descansaban dentro de la casa, él miraba la televisión y ella se relajaba sobre su cama.
Todo parecía normal hasta que Jonathan tocó la puerta y desde adentro Agustín abrió sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. Jonathan levantó su brazo sin mediar palabras le disparó e inmediatamente cayó al piso. El sujeto se introdujo en la vivienda hasta entrar al cuarto de ella, quien al verlo intentó esconderse debajo de una mesa que estaba cerca de su cama, pero fue en vano.
Uno de los testigos del caso señaló a las autoridades que Jonathan entró con un arma de fuego a la casa, se escucharon una serie de detonaciones. A los pocos minutos lo observó salir del lugar para darse a la fuga hacia un estacionamiento, ubicado al costado de la colonia.
Pasaron varios minutos para que María y su hijo llegaran y descubrieran la escena.
El caso llegó al tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, el cual deberá decretar, una resolución en el juicio en contra de Jonathan C., quien es acusado de homicidio agravado.
La vida de María (nombre modificado por seguridad) cambió el mismo día en que su hija y su esposo fueron asesinados.
“Yo andaba con hijo comprando una cosas y cuando regresamos encontramos la puerta abierta y vimos los dos cuerpos tirados en el piso”, relató María luego de duros meses después de la fatídica noche.
“Nosotros no teníamos problemas con nadie pero pensamos que (el asesinato) fue porque el esposo de mi hija vivía en una zona contraria”, sospechó la mujer.
Los días posteriores al asesinato se convirtieron en su mayor pesadilla, ya que cada vez que regresaba de sus diligencias diarias la escena chocante regresaba a su cabeza una y otra vez. “Cuando abría la puerta miraba las imágenes de los dos cuerpos tirados en el piso, me sentía devastada. Pasaba con miedo porque pensaba que regresarían a matarme”, señaló.
El dolor de la pérdida de sus parientes la llevó a tomar terapias psicológicas en una clínica de Soyapango.
María tuvo que huir de su casa junto con su hijo a un lugar más seguro, donde cuida el hijo que Violeta dejó mientras que el viudo decidió escapar del país por miedo a represarías. “Yo me siento muy mal, ya nada es igual para mí”, concluyó con enojo.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.
