Judicial
“Pensamos que el asesinato fue porque el esposo de mi hija vivía en una zona contraria”
Todo ocurrió la noche del 28 de octubre de 2017 en la residencia de María, a las 7:30 de la noche, mientras Agustín y Violeta descansaban dentro de la casa, él miraba la televisión y ella se relajaba sobre su cama.
Todo parecía normal hasta que Jonathan tocó la puerta y desde adentro Agustín abrió sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. Jonathan levantó su brazo sin mediar palabras le disparó e inmediatamente cayó al piso. El sujeto se introdujo en la vivienda hasta entrar al cuarto de ella, quien al verlo intentó esconderse debajo de una mesa que estaba cerca de su cama, pero fue en vano.
Uno de los testigos del caso señaló a las autoridades que Jonathan entró con un arma de fuego a la casa, se escucharon una serie de detonaciones. A los pocos minutos lo observó salir del lugar para darse a la fuga hacia un estacionamiento, ubicado al costado de la colonia.
Pasaron varios minutos para que María y su hijo llegaran y descubrieran la escena.
El caso llegó al tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, el cual deberá decretar, una resolución en el juicio en contra de Jonathan C., quien es acusado de homicidio agravado.
La vida de María (nombre modificado por seguridad) cambió el mismo día en que su hija y su esposo fueron asesinados.
“Yo andaba con hijo comprando una cosas y cuando regresamos encontramos la puerta abierta y vimos los dos cuerpos tirados en el piso”, relató María luego de duros meses después de la fatídica noche.
“Nosotros no teníamos problemas con nadie pero pensamos que (el asesinato) fue porque el esposo de mi hija vivía en una zona contraria”, sospechó la mujer.
Los días posteriores al asesinato se convirtieron en su mayor pesadilla, ya que cada vez que regresaba de sus diligencias diarias la escena chocante regresaba a su cabeza una y otra vez. “Cuando abría la puerta miraba las imágenes de los dos cuerpos tirados en el piso, me sentía devastada. Pasaba con miedo porque pensaba que regresarían a matarme”, señaló.
El dolor de la pérdida de sus parientes la llevó a tomar terapias psicológicas en una clínica de Soyapango.
María tuvo que huir de su casa junto con su hijo a un lugar más seguro, donde cuida el hijo que Violeta dejó mientras que el viudo decidió escapar del país por miedo a represarías. “Yo me siento muy mal, ya nada es igual para mí”, concluyó con enojo.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
Judicial
Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).
Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.
Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.
En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.
Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.
Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.
