Judicial
“Pensamos que el asesinato fue porque el esposo de mi hija vivía en una zona contraria”
Todo ocurrió la noche del 28 de octubre de 2017 en la residencia de María, a las 7:30 de la noche, mientras Agustín y Violeta descansaban dentro de la casa, él miraba la televisión y ella se relajaba sobre su cama.
Todo parecía normal hasta que Jonathan tocó la puerta y desde adentro Agustín abrió sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. Jonathan levantó su brazo sin mediar palabras le disparó e inmediatamente cayó al piso. El sujeto se introdujo en la vivienda hasta entrar al cuarto de ella, quien al verlo intentó esconderse debajo de una mesa que estaba cerca de su cama, pero fue en vano.
Uno de los testigos del caso señaló a las autoridades que Jonathan entró con un arma de fuego a la casa, se escucharon una serie de detonaciones. A los pocos minutos lo observó salir del lugar para darse a la fuga hacia un estacionamiento, ubicado al costado de la colonia.
Pasaron varios minutos para que María y su hijo llegaran y descubrieran la escena.
El caso llegó al tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, el cual deberá decretar, una resolución en el juicio en contra de Jonathan C., quien es acusado de homicidio agravado.
La vida de María (nombre modificado por seguridad) cambió el mismo día en que su hija y su esposo fueron asesinados.
“Yo andaba con hijo comprando una cosas y cuando regresamos encontramos la puerta abierta y vimos los dos cuerpos tirados en el piso”, relató María luego de duros meses después de la fatídica noche.
“Nosotros no teníamos problemas con nadie pero pensamos que (el asesinato) fue porque el esposo de mi hija vivía en una zona contraria”, sospechó la mujer.
Los días posteriores al asesinato se convirtieron en su mayor pesadilla, ya que cada vez que regresaba de sus diligencias diarias la escena chocante regresaba a su cabeza una y otra vez. “Cuando abría la puerta miraba las imágenes de los dos cuerpos tirados en el piso, me sentía devastada. Pasaba con miedo porque pensaba que regresarían a matarme”, señaló.
El dolor de la pérdida de sus parientes la llevó a tomar terapias psicológicas en una clínica de Soyapango.
María tuvo que huir de su casa junto con su hijo a un lugar más seguro, donde cuida el hijo que Violeta dejó mientras que el viudo decidió escapar del país por miedo a represarías. “Yo me siento muy mal, ya nada es igual para mí”, concluyó con enojo.
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Prisión para pandillero que obligó a familia de Panchimalco a abandonar su vivienda
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
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Pandillero enfrenta juicio por asesinar a siete personas en La Paz
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
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Fidel Zavala deberá regresar más de $50,000 a sus víctimas
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.