Judicial
Pandillero de la MS que era «DJ» fue condenado por portar arma de fuego. Entérese de todo aquí
Un DJ que forma parte de la MS fue condenado a 4 años de cárcel por haber sido sorprendido con un arma de fuego de la que no pudo justificar su procedencia y tampoco tenía permiso para portar, su madre alega que el caso se trata de una persecución en contra del joven que estaba por comenzar a estudiar.
Jonatan Ayala Pineda, de 20 años de edad, se ganaba la vida como DJ de un bar en Soyapango, no obstante, estaba ligado a la pandilla que delinque en la zona en la que creció y en la que llegó a tener un rango por las actividades delictivas que realizaba.
Según representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), el 18 de agosto del 2017, Pineda fue sorprendido cuando vagaba con otros sujetos por policías que se aparecieron en su camino.
Los sujetos intentaron escapar de los agentes, pero de los tres Ayala no logró su cometido y fue alcanzado para una requisa que dio con el hallazgo de una pistola que portaba y que confesó que no era suya, además, que no tenía el permiso requerido.
El DJ quedó detenido y las investigaciones señalaron que el arma decomisada había sido robada a un vigilante privado el 18 de febrero de 2017 en el departamento de Ahuachapán; algo que procedió para que la Fiscalía presentara la respectiva acusación.
Durante el proceso judicial, el imputado estuvo en libertad bajo medidas, pese a que la representación fiscal señaló en reiterada ocasiones que se trataba de un pandillero.
El juicio
El 30 de enero del 2019, Ayala escuchó al fiscal del caso acusarlo por los delitos de portación y tenencia irresponsable de arma de fuego y receptación, pero su abogada recriminó a los agentes haber estigmatizado a su cliente por la zona en la que vive.
El juez explicó que exoneraba al imputado por el delito de receptación ya que no se había logrado comprobar que la pistola había sido robada o sí este tenía el conocimiento de que cargaba un objeto ilícito.
Por el delito de portación “la cosa es distinta, los captores (policías) no fueron desacreditados. No tenía licencia para tener armar de fuego, la portaba ilegalmente”, dijo el juzgador.
En un primer momento, el juez consideró imponerle la pena mínima de tres años, la cual le permitiría el remplazo por trabajos de utilidad pública, sin embargo, su decisión cambió en cuestión de segundos.
“¿Qué cosas buenas puede andar haciendo un muchacho con un arma de fuego?”, se cuestionó el juez quien tras tocar su mentón determinó que la pena para el acusado iba ser de cuatro años.
La decisión del tribunal tomó por sorpresa a Ayala que resignado pidió ser trasladado al penal de Chalatenango, lugar en el que se encuentran recluidos miembros de la pandilla a la que pertenece.
Su madre en el pasillo del tribunal
Con lágrimas en los ojos y sin soltar una mochila negra, la madre de Ayala no creía la sentencia impuesta a su primogénito.
La mujer denunció el caso como un un acto arbitrario, ya que dice que esto fue obra de los policías que llegaron a la colonia esa noche.
Según la versión de la mujer, el DJ había salido a comer cerca de su casa cuando de pronto los policías llegaron y lo arrestaron para implantarle el arma.
“Ahí quedaron las pupusas tiradas, lo golpearon y los policías le dispararon. Yo no estaba ese día, cuando llegué no lo encontré; me dijeron que se lo habían llevado”, aseguró la mujer que miró a su hijo salir esposado para pagar su condena.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
