Judicial
Pandillero de la MS que era «DJ» fue condenado por portar arma de fuego. Entérese de todo aquí
Un DJ que forma parte de la MS fue condenado a 4 años de cárcel por haber sido sorprendido con un arma de fuego de la que no pudo justificar su procedencia y tampoco tenía permiso para portar, su madre alega que el caso se trata de una persecución en contra del joven que estaba por comenzar a estudiar.
Jonatan Ayala Pineda, de 20 años de edad, se ganaba la vida como DJ de un bar en Soyapango, no obstante, estaba ligado a la pandilla que delinque en la zona en la que creció y en la que llegó a tener un rango por las actividades delictivas que realizaba.
Según representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), el 18 de agosto del 2017, Pineda fue sorprendido cuando vagaba con otros sujetos por policías que se aparecieron en su camino.
Los sujetos intentaron escapar de los agentes, pero de los tres Ayala no logró su cometido y fue alcanzado para una requisa que dio con el hallazgo de una pistola que portaba y que confesó que no era suya, además, que no tenía el permiso requerido.
El DJ quedó detenido y las investigaciones señalaron que el arma decomisada había sido robada a un vigilante privado el 18 de febrero de 2017 en el departamento de Ahuachapán; algo que procedió para que la Fiscalía presentara la respectiva acusación.
Durante el proceso judicial, el imputado estuvo en libertad bajo medidas, pese a que la representación fiscal señaló en reiterada ocasiones que se trataba de un pandillero.
El juicio
El 30 de enero del 2019, Ayala escuchó al fiscal del caso acusarlo por los delitos de portación y tenencia irresponsable de arma de fuego y receptación, pero su abogada recriminó a los agentes haber estigmatizado a su cliente por la zona en la que vive.
El juez explicó que exoneraba al imputado por el delito de receptación ya que no se había logrado comprobar que la pistola había sido robada o sí este tenía el conocimiento de que cargaba un objeto ilícito.
Por el delito de portación “la cosa es distinta, los captores (policías) no fueron desacreditados. No tenía licencia para tener armar de fuego, la portaba ilegalmente”, dijo el juzgador.
En un primer momento, el juez consideró imponerle la pena mínima de tres años, la cual le permitiría el remplazo por trabajos de utilidad pública, sin embargo, su decisión cambió en cuestión de segundos.
“¿Qué cosas buenas puede andar haciendo un muchacho con un arma de fuego?”, se cuestionó el juez quien tras tocar su mentón determinó que la pena para el acusado iba ser de cuatro años.
La decisión del tribunal tomó por sorpresa a Ayala que resignado pidió ser trasladado al penal de Chalatenango, lugar en el que se encuentran recluidos miembros de la pandilla a la que pertenece.
Su madre en el pasillo del tribunal
Con lágrimas en los ojos y sin soltar una mochila negra, la madre de Ayala no creía la sentencia impuesta a su primogénito.
La mujer denunció el caso como un un acto arbitrario, ya que dice que esto fue obra de los policías que llegaron a la colonia esa noche.
Según la versión de la mujer, el DJ había salido a comer cerca de su casa cuando de pronto los policías llegaron y lo arrestaron para implantarle el arma.
“Ahí quedaron las pupusas tiradas, lo golpearon y los policías le dispararon. Yo no estaba ese día, cuando llegué no lo encontré; me dijeron que se lo habían llevado”, aseguró la mujer que miró a su hijo salir esposado para pagar su condena.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
