Judicial
Pandillero de la MS que era «DJ» fue condenado por portar arma de fuego. Entérese de todo aquí
Un DJ que forma parte de la MS fue condenado a 4 años de cárcel por haber sido sorprendido con un arma de fuego de la que no pudo justificar su procedencia y tampoco tenía permiso para portar, su madre alega que el caso se trata de una persecución en contra del joven que estaba por comenzar a estudiar.
Jonatan Ayala Pineda, de 20 años de edad, se ganaba la vida como DJ de un bar en Soyapango, no obstante, estaba ligado a la pandilla que delinque en la zona en la que creció y en la que llegó a tener un rango por las actividades delictivas que realizaba.
Según representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), el 18 de agosto del 2017, Pineda fue sorprendido cuando vagaba con otros sujetos por policías que se aparecieron en su camino.
Los sujetos intentaron escapar de los agentes, pero de los tres Ayala no logró su cometido y fue alcanzado para una requisa que dio con el hallazgo de una pistola que portaba y que confesó que no era suya, además, que no tenía el permiso requerido.
El DJ quedó detenido y las investigaciones señalaron que el arma decomisada había sido robada a un vigilante privado el 18 de febrero de 2017 en el departamento de Ahuachapán; algo que procedió para que la Fiscalía presentara la respectiva acusación.
Durante el proceso judicial, el imputado estuvo en libertad bajo medidas, pese a que la representación fiscal señaló en reiterada ocasiones que se trataba de un pandillero.
El juicio
El 30 de enero del 2019, Ayala escuchó al fiscal del caso acusarlo por los delitos de portación y tenencia irresponsable de arma de fuego y receptación, pero su abogada recriminó a los agentes haber estigmatizado a su cliente por la zona en la que vive.
El juez explicó que exoneraba al imputado por el delito de receptación ya que no se había logrado comprobar que la pistola había sido robada o sí este tenía el conocimiento de que cargaba un objeto ilícito.
Por el delito de portación “la cosa es distinta, los captores (policías) no fueron desacreditados. No tenía licencia para tener armar de fuego, la portaba ilegalmente”, dijo el juzgador.
En un primer momento, el juez consideró imponerle la pena mínima de tres años, la cual le permitiría el remplazo por trabajos de utilidad pública, sin embargo, su decisión cambió en cuestión de segundos.
“¿Qué cosas buenas puede andar haciendo un muchacho con un arma de fuego?”, se cuestionó el juez quien tras tocar su mentón determinó que la pena para el acusado iba ser de cuatro años.
La decisión del tribunal tomó por sorpresa a Ayala que resignado pidió ser trasladado al penal de Chalatenango, lugar en el que se encuentran recluidos miembros de la pandilla a la que pertenece.
Su madre en el pasillo del tribunal
Con lágrimas en los ojos y sin soltar una mochila negra, la madre de Ayala no creía la sentencia impuesta a su primogénito.
La mujer denunció el caso como un un acto arbitrario, ya que dice que esto fue obra de los policías que llegaron a la colonia esa noche.
Según la versión de la mujer, el DJ había salido a comer cerca de su casa cuando de pronto los policías llegaron y lo arrestaron para implantarle el arma.
“Ahí quedaron las pupusas tiradas, lo golpearon y los policías le dispararon. Yo no estaba ese día, cuando llegué no lo encontré; me dijeron que se lo habían llevado”, aseguró la mujer que miró a su hijo salir esposado para pagar su condena.
Judicial
Motorista que condujo en sentido contrario y amenazó con un corvo es condenado a trabajo comunitario
Hugo Antonio Flores Rivas, motorista de la ruta 106, fue condenado a un año de prisión por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores, luego de ser captado en video manejando en sentido contrario sobre una carretera en el departamento de La Libertad Oeste.
El hecho ocurrió el pasado 27 de abril en la vía que conduce hacia Quezaltepeque. En las imágenes que circularon en redes sociales, se observa a Flores Rivas conduciendo de forma temeraria. Al notar que estaba siendo grabado, el imputado sacó un arma blanca tipo corvo y amenazó al ciudadano que lo filmaba.
Tras la difusión del video, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal ante el tribunal correspondiente. Durante la audiencia preliminar, el procesado aceptó los hechos y se sometió a un procedimiento abreviado, lo que permitió al juez imponer una pena alternativa.
En lugar de cumplir el año de cárcel, la pena fue sustituida por trabajo de utilidad pública, medida contemplada en la legislación salvadoreña para ciertos delitos y bajo condiciones específicas. Las autoridades no precisaron en qué consistirán las labores comunitarias que deberá realizar el condenado.
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.
Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.
Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
