Judicial
Pandillero de la MS que era «DJ» fue condenado por portar arma de fuego. Entérese de todo aquí
Un DJ que forma parte de la MS fue condenado a 4 años de cárcel por haber sido sorprendido con un arma de fuego de la que no pudo justificar su procedencia y tampoco tenía permiso para portar, su madre alega que el caso se trata de una persecución en contra del joven que estaba por comenzar a estudiar.
Jonatan Ayala Pineda, de 20 años de edad, se ganaba la vida como DJ de un bar en Soyapango, no obstante, estaba ligado a la pandilla que delinque en la zona en la que creció y en la que llegó a tener un rango por las actividades delictivas que realizaba.
Según representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), el 18 de agosto del 2017, Pineda fue sorprendido cuando vagaba con otros sujetos por policías que se aparecieron en su camino.
Los sujetos intentaron escapar de los agentes, pero de los tres Ayala no logró su cometido y fue alcanzado para una requisa que dio con el hallazgo de una pistola que portaba y que confesó que no era suya, además, que no tenía el permiso requerido.
El DJ quedó detenido y las investigaciones señalaron que el arma decomisada había sido robada a un vigilante privado el 18 de febrero de 2017 en el departamento de Ahuachapán; algo que procedió para que la Fiscalía presentara la respectiva acusación.
Durante el proceso judicial, el imputado estuvo en libertad bajo medidas, pese a que la representación fiscal señaló en reiterada ocasiones que se trataba de un pandillero.
El juicio
El 30 de enero del 2019, Ayala escuchó al fiscal del caso acusarlo por los delitos de portación y tenencia irresponsable de arma de fuego y receptación, pero su abogada recriminó a los agentes haber estigmatizado a su cliente por la zona en la que vive.
El juez explicó que exoneraba al imputado por el delito de receptación ya que no se había logrado comprobar que la pistola había sido robada o sí este tenía el conocimiento de que cargaba un objeto ilícito.
Por el delito de portación “la cosa es distinta, los captores (policías) no fueron desacreditados. No tenía licencia para tener armar de fuego, la portaba ilegalmente”, dijo el juzgador.
En un primer momento, el juez consideró imponerle la pena mínima de tres años, la cual le permitiría el remplazo por trabajos de utilidad pública, sin embargo, su decisión cambió en cuestión de segundos.
“¿Qué cosas buenas puede andar haciendo un muchacho con un arma de fuego?”, se cuestionó el juez quien tras tocar su mentón determinó que la pena para el acusado iba ser de cuatro años.
La decisión del tribunal tomó por sorpresa a Ayala que resignado pidió ser trasladado al penal de Chalatenango, lugar en el que se encuentran recluidos miembros de la pandilla a la que pertenece.
Su madre en el pasillo del tribunal
Con lágrimas en los ojos y sin soltar una mochila negra, la madre de Ayala no creía la sentencia impuesta a su primogénito.
La mujer denunció el caso como un un acto arbitrario, ya que dice que esto fue obra de los policías que llegaron a la colonia esa noche.
Según la versión de la mujer, el DJ había salido a comer cerca de su casa cuando de pronto los policías llegaron y lo arrestaron para implantarle el arma.
“Ahí quedaron las pupusas tiradas, lo golpearon y los policías le dispararon. Yo no estaba ese día, cuando llegué no lo encontré; me dijeron que se lo habían llevado”, aseguró la mujer que miró a su hijo salir esposado para pagar su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
