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Nayib Bukele lidera la aprobación presidencial en América Latina
El presidente Nayib Bukele se mantiene como el mandatario con la mayor aprobación de la gestión presidencial en toda América Latina, con un porcentaje de aceptación del 92 %, según indicó la última encuesta de opinión de CID Gallup.
Los resultados del sondeo indican que nueve de cada 10 ciudadanos salvadoreños respaldan la gestión de Bukele, quien está al frente del Ejecutivo desde el 1.° de junio de 2019 y que ganó un segundo mandato para el quinquenio 2024-2029 en las elecciones libres y democráticas del 4 de febrero pasado.
Estos datos de la encuesta se conocieron 10 días después del acto de la investidura presidencial de Nayib Bukele, que se celebró en el Palacio Nacional el 1.° de junio pasado, cuando brindó un enérgico discurso en el que indicó que la gran apuesta de su Gobierno para este nuevo quinquenio será la economía.
En el discurso reafirmó que su Gobierno está listo para asumir el reto de la economía, tal y como lo hizo con la seguridad pública, gracias a la cual ahora existen las condiciones para atraer la inversión a El Salvador.
Nayib Bukele es reconocido nacional e internacionalmente por su trabajo en la seguridad pública con la implementación del Plan Control Territorial (PCT) que contiene diversos componentes desde el control de los territorios, la extracción de los miembros de pandillas de las calles, la prevención de violencia y la creación de oportunidades de formación para los jóvenes.
Además, el mandatario, con el apoyo del Órgano Legislativo, implementó el régimen de excepción en marzo de 2022 que ha permitido la captura de más de 86,000 miembros de pandillas que han dejado de cometer delitos en contra de la población como extorsiones, asesinatos, secuestros, privaciones de libertad, robos y hurtos
La encuesta, que se realizó mayo pasado, colocó en segundo lugar a Luis Abinader, presidente de República Dominicana con el 66 % de apoyo; mientras que en el tercer lugar está Rodrigo Chaves, de Costa Rica, con el respaldo del 55 % de la población.
En el cuarto lugar se encuentra Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala con el 54 %, seguido de Xiomara Castro, de Honduras, con 52 %; Daniel Novoa, de Ecuador, obtuvo 48 %; Gustavo Petro, de Colombia, se agenció el 44 %; Javier Milei, de Argentina, el 36 %; y Daniel Ortega, de Nicaragua el 32 %.
La encuesta también detalló que los presidentes menos apoyados son: Luis Arce, de Bolivia, con el 18 %; Laurentino Cortizo (presidente de Panamá), con el 12 %. El menor apoyo en toda la región lo tiene Dina Boluarte, presidenta de Perú, con el 6 %.
Para la recopilación de los datos de la encuesta se realizaron llamadas telefónicas a celulares o entrevistas cara a cara, con una muestra mínima de 1,200 ciudadanos consultados en cada país. La encuesta tiene un nivel de confianza del del 95 % y un margen de error de +/- 2.8 %, según la ficha técnica del estudio.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
