El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a 16 años de prisión a Alexander Linares Ortiz, de 32 años, por el delito de extorsión agravada en perjuicio de una víctima con régimen de protección. Además, se le impuso el pago de responsabilidad civil. «El imputado amenazó a la víctima y le exigió $2,000 a cambio de no atentar contra su vida», detallaron las autoridades.

El 17 de octubre de 2021, la víctima recibía mensajes con amenazas de muerte a través de la plataforma Facebook mientras realizaba sus actividades cotidianas en Candelaria de la Frontera, municipio de Santa Ana Oeste. Ante el temor generado, interpuso la denuncia cinco días después, el 22 de octubre.

En coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), se planificó una entrega controlada de dinero programada para el 25 de octubre. Cuando Linares Ortiz llegó al lugar para recibir el paquete, comenzó a buscarlo entre los matorrales, momento en el cual fue intervenido y capturado en flagrancia por los agentes policiales.

La Fiscalía General de la República de El Salvador informó que la condena y la captura reflejan la efectividad de los protocolos de protección a víctimas y la coordinación con la PNC en casos de extorsión. «Este resultado demuestra el compromiso de las autoridades en garantizar justicia frente a delitos cometidos mediante redes sociales», señalaron.

El caso también pone de relieve los riesgos asociados al uso de plataformas digitales para cometer delitos, subrayando la importancia de la denuncia inmediata y la colaboración ciudadana con las autoridades.

La ministra de Educación de El Salvador, Karla Trigueros, y el director ejecutivo y registrador nacional del Registro Nacional de las Personas Naturales, Fernando Velasco, verificaron este viernes el proceso de preenrolamiento del Documento Único de Identidad (DUI) para estudiantes que están próximos a cumplir 18 años, durante una visita al Instituto Nacional Acción Cívica Militar.

La ministra destacó que el programa busca acercar este trámite a los jóvenes directamente en los centros educativos. «Continuamos llevando a los jóvenes la oportunidad del preenrolamiento para que puedan obtener su Documento Único de Identidad directamente en los centros escolares», afirmó.

Trigueros subrayó que la iniciativa se desarrolla en coordinación con el Registro Nacional de las Personas Naturales y las autoridades de los centros educativos, con el objetivo de facilitar el acceso al documento de identidad a la población estudiantil antes de alcanzar la mayoría de edad.

Por su parte, Velasco explicó que el proceso permitirá que los jóvenes puedan participar en la próxima jornada electoral prevista para el 28 de febrero de 2027. «Hemos realizado un convenio con el Ministerio de Educación que nos permite visitar los centros educativos, acercarles el servicio a los jóvenes y preenrolarlos para que ellos puedan ser partícipes», indicó.

Para realizar el preenrolamiento, los estudiantes deben presentar autorización de sus padres y un documento de identificación, como el carné estudiantil o el pasaporte; en caso de no contar con ellos, deben acudir acompañados de dos testigos. «El Gobierno garantiza a los jóvenes servicios de calidad al acercar el preenrolamiento directamente a las instituciones educativas del país», concluyó Velasco.

El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, informó que la institución ha realizado más de 6,000 verificaciones a escala nacional en lo que va de 2026 para supervisar los precios de productos de la canasta básica y evitar incrementos injustificados.

Durante su participación en la Entrevista AM, Salazar señaló que la vigilancia de los precios de alimentos ha sido una de las principales tareas de la institución, con el objetivo de proteger la economía de los salvadoreños.

«El tema de la verificación de los precios de los productos de la canasta básica ha sido un eje central dentro de la labor de la Defensoría del Consumidor», destacó el funcionario.

El titular de la entidad explicó que históricamente en el país se han registrado casos en los que comerciantes o productores han sido señalados por especular con los precios de los alimentos, por lo que las inspecciones buscan prevenir estas prácticas.

Salazar indicó que algunas sanciones han sido impuestas principalmente por la falta de colaboración de comerciantes durante las diligencias de verificación realizadas por la institución.

Asimismo, recordó que cuando se detectan incrementos injustificados de precios u otras prácticas abusivas, la Ley de Protección al Consumidor establece multas que pueden alcanzar hasta los 500 salarios mínimos.

El funcionario también destacó herramientas digitales como el portal PRECOMPRA, que permite a la población comparar precios de más de 1,170 productos en supermercados, distribuidos en 20 categorías y actualizados semanalmente.

Además, detalló que en lo que va del año la Defensoría del Consumidor ha brindado más de 21,000 atenciones a escala nacional, entre ellas 17,800 asesorías y más de 3,300 denuncias, muchas relacionadas con servicios financieros y servicios para el hogar.