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Ministros presentan reformas de FIREMPRESA para financiar el salario mínimo
Los ministros de Hacienda y de Economía, Alejandro Zelaya y María Luisa Hayem, llegaron a la Asamblea Legislativa para presentar una pieza de correspondencia para pedir reformas al Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas (FIREMPRESA), para financiar el aumento del salario mínimo en un 20% que entra en vigencia a partir del 1 de agosto.
Los funcionarios explicaron que entre la reformas se pide un incremento de 100 millones de dólares como soporte para subsidiar a las micros, pequeñas y medianas empresas.
Las empresas, para optar a este beneficio deben de poseer entre uno y 100 empleados y reflejar el aumento al salario mínimo en las cotizaciones que realizan en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
María Luis Hayem manifestó a medios de prensa que esta medidas no fue tomada de forma aisladas y que forma parte de un enfoque integral que anunció el presidente hace varios días atrás, donde él adquirió el compromiso de poder absorber el incremento salarial por un año a fin de que el costo no sea trasladado a los salvadoreños.
Por su parte el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, se refirió que a la par del incremento del salario mínimo del 20%, el Gobierno siguió con una política de entrega de alimentos a la mayor parte de las familias salvadoreñas a fin de evitar una crisis inflacionaria. «Vamos a entregar 2.1 millones de paquetes alimentarios para que hayan más productos en el ambiente», dijo.
«Las solicitudes se tendrán que presentar a BANDESAL para que el banco le haga el desembolso de dinero. Será el empresario que tendrá que decidir en que momento va a entregar la solicitud a BANDESAL y tiene que reflejar el incremento en las cotizaciones del ISSS», puntualizó.
Por su parte el diputado y jefe de fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, aseguró que esta iniciativa es una clara apuesta para la recuperación del empleo que ha sido afectado por la pandemia de Covid-19.
«Estamos dando nuestro respaldo como bancada cyan para seguir apostando por la recuperación de la economía del país, apoyando a la micro y pequeña empresa», puntualizó el legislador.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
