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Ministros presentan reformas de FIREMPRESA para financiar el salario mínimo
Los ministros de Hacienda y de Economía, Alejandro Zelaya y María Luisa Hayem, llegaron a la Asamblea Legislativa para presentar una pieza de correspondencia para pedir reformas al Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas (FIREMPRESA), para financiar el aumento del salario mínimo en un 20% que entra en vigencia a partir del 1 de agosto.
Los funcionarios explicaron que entre la reformas se pide un incremento de 100 millones de dólares como soporte para subsidiar a las micros, pequeñas y medianas empresas.
Las empresas, para optar a este beneficio deben de poseer entre uno y 100 empleados y reflejar el aumento al salario mínimo en las cotizaciones que realizan en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
María Luis Hayem manifestó a medios de prensa que esta medidas no fue tomada de forma aisladas y que forma parte de un enfoque integral que anunció el presidente hace varios días atrás, donde él adquirió el compromiso de poder absorber el incremento salarial por un año a fin de que el costo no sea trasladado a los salvadoreños.
Por su parte el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, se refirió que a la par del incremento del salario mínimo del 20%, el Gobierno siguió con una política de entrega de alimentos a la mayor parte de las familias salvadoreñas a fin de evitar una crisis inflacionaria. «Vamos a entregar 2.1 millones de paquetes alimentarios para que hayan más productos en el ambiente», dijo.
«Las solicitudes se tendrán que presentar a BANDESAL para que el banco le haga el desembolso de dinero. Será el empresario que tendrá que decidir en que momento va a entregar la solicitud a BANDESAL y tiene que reflejar el incremento en las cotizaciones del ISSS», puntualizó.
Por su parte el diputado y jefe de fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, aseguró que esta iniciativa es una clara apuesta para la recuperación del empleo que ha sido afectado por la pandemia de Covid-19.
«Estamos dando nuestro respaldo como bancada cyan para seguir apostando por la recuperación de la economía del país, apoyando a la micro y pequeña empresa», puntualizó el legislador.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
