Judicial
Ministro de Seguridad y Director de Centros penales visitan juzgados para hablar sobre la implementación de los brazaletes o dispositivos de seguridad electrónicos a los privados de libertad
Los Juzgados de Paz, Instrucción y Sentencia ubicados en el Centro Judicial Integrado de Santa Tecla, recibieron recientemente la visita del Ministro de Justicia y Seguridad Publica Comisionado Mauricio Ramirez Landaverde y el Director General de Centros Penales Sub Comisionado Marco Tulio Lima.
De acuerdo con las autoridades de seguridad pública: «La visita tuvo como propósito explicar a través de una exposición a base de preguntas y respuestas los alcances, beneficios y desafíos de la implementación de los brazaletes o dispositivos de seguridad electrónicos a los privados de libertad».
Los juzgados en los que se sostuvo dicha visita fueron 1°, 2° y 3° de Paz; 1° y 2° de Instrucción y 1° y 2° de Sentencia de este recinto judicial.
Según las autoridades de seguridad pública lo que se pretende es la implementación de más dispositivos electrónicos en reos que gozan de algún tipo de beneficio o fase de confianza.
Dicha medida está basada, según las autoridades, en la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la cual se declaró inconstitucional el hacinamiento en centros penales y bartolinas de El Salvador, especialmente en Quezaltepeque, Soyapango y San Vicente y se ordenó el cese de esas condiciones, para lo cual las autoridades involucradas debería “realizar los planes estratégicos para ese efecto y llevar a cabo el seguimiento correspondiente”.
Judicial
Exdiputada de ARENA, Silvia Ostorga, es demandada por enriquecimiento ilícito junto a su familia
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda por enriquecimiento ilícito contra Silvia Estela Ostorga de Escobar, exdiputada propietaria de la Asamblea Legislativa por el partido ARENA. La acción judicial también alcanza a su esposo, Marco Tulio Escobar Méndez, y a su hija, Katherine Tatiana Escobar Ostorga.
La investigación se originó tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia que detectó indicios de enriquecimiento no justificado durante los tres períodos legislativos de Ostorga (2012-2015, 2015-2018 y 2018-2021). De acuerdo con el Ministerio Público, se le atribuyen 40 irregularidades financieras que suman $4,287,490.91, incluyendo depósitos bancarios, compras de vehículos, pagos de tarjetas de crédito y préstamos bancarios.
A su cónyuge se le señalan 25 irregularidades por un monto de $520,465.96, también vinculadas a movimientos bancarios, adquisición de bienes y manejo de créditos. En el caso de su hija, se reporta un depósito bancario de $2,000 cuyo origen no fue justificado.
La FGR solicita que los acusados restituyan los fondos al Estado y ha pedido a la Cámara de lo Civil que inhabilite a la exlegisladora para ejercer cargos públicos durante 10 años, conforme a la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó ayer miércoles a Eluzur Rumpler, ciudadano con doble nacionalidad estadounidense e israelí, solicitado por el Estado de Israel por delitos de abuso y violencia contra menores y violación a orden legal.
Según informó el Ministerio Público, Rumpler está acusado en Israel de maltratar a estudiantes en centros educativos donde se desempeñó como director.
Tras cometer los hechos, el imputado huyó, pero fue detenido el 30 de diciembre en la frontera entre Guatemala y El Salvador, gracias a una notificación roja emitida por INTERPOL.
Las autoridades salvadoreñas detallaron que Rumpler pertenece a la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor, conocida por sus prácticas extremas y lesivas hacia sus propios miembros.
Antes de su entrega a Israel, la Fiscalía salvadoreña verificó que el hombre no tuviera procesos judiciales pendientes en El Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), localizaron restos humanos en un cementerio clandestino ubicado en el municipio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
Según las autoridades, los restos corresponden a un joven de 24 años que fue privado de libertad en abril de 2020 y posteriormente asesinado por miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), específicamente de las clicas Teclas Locos Salvatruchos (TLS) y Ayagualos Locos Salvatruchos.
Los presuntos responsables ya enfrentan juicio por este hecho. El procedimiento de exhumación fue autorizado por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Fiscales y agentes policiales continúan trabajando en el sitio para recolectar evidencia que respalde el proceso judicial.
La localización del cuerpo fue posible gracias a diligencias de investigación desarrolladas como parte del combate a estructuras criminales.
