Judicial
Ministro de Seguridad y Director de Centros penales visitan juzgados para hablar sobre la implementación de los brazaletes o dispositivos de seguridad electrónicos a los privados de libertad
Los Juzgados de Paz, Instrucción y Sentencia ubicados en el Centro Judicial Integrado de Santa Tecla, recibieron recientemente la visita del Ministro de Justicia y Seguridad Publica Comisionado Mauricio Ramirez Landaverde y el Director General de Centros Penales Sub Comisionado Marco Tulio Lima.
De acuerdo con las autoridades de seguridad pública: «La visita tuvo como propósito explicar a través de una exposición a base de preguntas y respuestas los alcances, beneficios y desafíos de la implementación de los brazaletes o dispositivos de seguridad electrónicos a los privados de libertad».
Los juzgados en los que se sostuvo dicha visita fueron 1°, 2° y 3° de Paz; 1° y 2° de Instrucción y 1° y 2° de Sentencia de este recinto judicial.
Según las autoridades de seguridad pública lo que se pretende es la implementación de más dispositivos electrónicos en reos que gozan de algún tipo de beneficio o fase de confianza.
Dicha medida está basada, según las autoridades, en la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la cual se declaró inconstitucional el hacinamiento en centros penales y bartolinas de El Salvador, especialmente en Quezaltepeque, Soyapango y San Vicente y se ordenó el cese de esas condiciones, para lo cual las autoridades involucradas debería “realizar los planes estratégicos para ese efecto y llevar a cabo el seguimiento correspondiente”.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Miguel Ángel Mejía Orellana fue condenado a 30 años de cárcel por el delito de violación.
De acuerdo con el ministerio público, Mejía Orellana se aprovechó del vínculo cercano que tenía con la familia de la menor, de nueve años, para abusarla sexualmente en momentos que se encontraba sola.
«Mejía la amenazó para que no dijera nada. La mamá de la víctima se enteró de lo sucedido e inmediatamente interpuso la denuncia», detalló la FGR en su cuenta oficial de X.
Según información oficial, los hechos ocurrieron en julio 2024 en Nueva Concepción, Chalatenango.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, en La Libertad, condenó a 12 años de prisión a un profesor de matemáticas por agredir sexualmente a una de sus alumnas.
«Los hechos sucedieron el 23 de mayo de 2024. El imputado, identificado con las siglas M. J. R. R., fungía como profesor de matemáticas cuando agredió a la víctima, según se demostró en el desfile probatorio durante la vista pública», indicó la fiscal del caso.
La fuente detalló que el docente se aprovechó, en los momentos que se encontraba a solas con la estudiante de primaria.
«El imputado aprovechaba para tocarle el cuerpo, y a pesar del miedo que le tenía al profesor, la menor le confesó a la madre lo que ocurría», señaló la fiscal.
Por esos hechos, el Tribunal condenó al imputado a 12 años de prisión por el delito de agresión sexual en menor e incapaz, en su modalidad continuada.
A tres años de cárcel fue condenada una mujer que estafó a otra con la venta de 100 gallinas de postura que nunca entregó, informó Centros Judiciales El Salvador (CJES), la tarde del viernes.
Se trata de Jennifer del Carmen Rivera fue condenada a la pena de tres años de prisión al ser declarada responsable penal y civilmente del delito de estafa por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla.
CJES detalló que, el 26 de octubre de 2023, en el distrito de Jicalapa, en La Libertad Costa, la víctima contactó a la imputada a través de Marketplace de la plataforma de Facebook, para gestionar la entrega de las gallinas, y la ahora condenada le exigió un depósito a su cuenta bancaria por $256. La víctima realizó el depósito y, tras varios días de espera, nunca recibió el producto.
“Basándose en engaños, le hizo creer que era dueña de una granja y le prometió la venta de 100 gallinas de postura que nunca entregó”, añadió Centros.
Finalmente, el Tribunal valoró todas las pruebas y concluyó que había suficiente evidencia del delito y por ello la condenó a tres años tras las rejas.
