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Ministro de Defensa destaca valioso aporte del director de la PNC para el éxito del Plan Control Territorial
El ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, destacó el valioso aporte del Viceministro de Seguridad Pública y director de la Policía Nacional Civil, comisionado Mauricio Arriaza Chicas, en el éxito del Plan Control Territorial que está llevando tranquilidad a la población en general.
“Hablar del Plan Control Territorial es hablar del comisionado Arriaza Chicas”, dijo el ministro Merino Monroy en conferencia de prensa, donde defendió la actuación del director policial ante una petición de antejuicio por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
El funcionario señaló que “atacar al comisionado Arriaza Chicas es atacar de manera directa al Plan Control Territorial que tanta tranquilidad está llevando a nuestra población”.
“Como miembros de la Fuerza Armada reiteramos nuestro apoyo al comisionado Arriaza Chicas”, señaló el contralmirante, tras destacar que la coordinación del director policial ha sido fundamental para el desarrollo de dicho Plan.
Enfatizó que en 17 meses de la gestión del Presidente Nayib Bukele, con el Plan Control Territorial “Han logrado una reducción del 50% en los homicidios y otros delitos que tanto acechan a la población”.
“Antes de nuestra gestión se registraban datos de hasta 30 o más homicidios diarios. Por el contrario, durante nuestra gestión llevamos 34 días con cero homicidios y tenemos una importante reducción de asesinatos, como también de otros delitos”, explicó el ministro de la Defensa.
Dijo, que esos días sin homicidios “ninguna familia salvadoreña ha tenido que llorar la pérdida de un ser querido. Son resultados que ya hubieran querido tenerlos los anteriores gobiernos”.
“Nosotros como Fuerza Armada solo somos un apoyo a la seguridad pública. Los verdaderos gestores y estrategas de este Plan Control Territorial son los miembros de la Policía Nacional Civil que están bajo el mando del comisionado Arriaza Chicas”, recalcó Merino Monroy.
Dijo que como ministro de la Defensa de El Salvador, tiene “la suficiente moral para poder decir y poder diferenciar como era la actuación de la Policía Nacional Civil en épocas anteriores y como es la actuación en este momento”.
Finalmente señaló, que continuarán trabajando para que este Plan siga velando por la seguridad de toda la población, aunque lamentó la falta de apoyo de los diputados para la implementación de las siguientes etapas.
Transmisión : https://bit.ly/38vJJ0N
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
