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Ministro de Defensa destaca valioso aporte del director de la PNC para el éxito del Plan Control Territorial
El ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, destacó el valioso aporte del Viceministro de Seguridad Pública y director de la Policía Nacional Civil, comisionado Mauricio Arriaza Chicas, en el éxito del Plan Control Territorial que está llevando tranquilidad a la población en general.
“Hablar del Plan Control Territorial es hablar del comisionado Arriaza Chicas”, dijo el ministro Merino Monroy en conferencia de prensa, donde defendió la actuación del director policial ante una petición de antejuicio por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
El funcionario señaló que “atacar al comisionado Arriaza Chicas es atacar de manera directa al Plan Control Territorial que tanta tranquilidad está llevando a nuestra población”.
“Como miembros de la Fuerza Armada reiteramos nuestro apoyo al comisionado Arriaza Chicas”, señaló el contralmirante, tras destacar que la coordinación del director policial ha sido fundamental para el desarrollo de dicho Plan.
Enfatizó que en 17 meses de la gestión del Presidente Nayib Bukele, con el Plan Control Territorial “Han logrado una reducción del 50% en los homicidios y otros delitos que tanto acechan a la población”.
“Antes de nuestra gestión se registraban datos de hasta 30 o más homicidios diarios. Por el contrario, durante nuestra gestión llevamos 34 días con cero homicidios y tenemos una importante reducción de asesinatos, como también de otros delitos”, explicó el ministro de la Defensa.
Dijo, que esos días sin homicidios “ninguna familia salvadoreña ha tenido que llorar la pérdida de un ser querido. Son resultados que ya hubieran querido tenerlos los anteriores gobiernos”.
“Nosotros como Fuerza Armada solo somos un apoyo a la seguridad pública. Los verdaderos gestores y estrategas de este Plan Control Territorial son los miembros de la Policía Nacional Civil que están bajo el mando del comisionado Arriaza Chicas”, recalcó Merino Monroy.
Dijo que como ministro de la Defensa de El Salvador, tiene “la suficiente moral para poder decir y poder diferenciar como era la actuación de la Policía Nacional Civil en épocas anteriores y como es la actuación en este momento”.
Finalmente señaló, que continuarán trabajando para que este Plan siga velando por la seguridad de toda la población, aunque lamentó la falta de apoyo de los diputados para la implementación de las siguientes etapas.
Transmisión : https://bit.ly/38vJJ0N
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
