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Ministerio de Salud lleva vacuna anti Covid-19 a Santa Ana y Ahuachapán
Este sábado el Ministerio de Salud trasladó los insumos para continuar con el proceso de inmunización contra el Covid-19, en los centros de atenciones médicas de Santa Ana y Ahuachapán.
El ministro de Salud, Francisco Alabi, dijo que buscan reabastecer las diferentes zonas para garantizar que en cada uno de los puntos de vacunación se cuenten con los elementos para continuar con el proceso para el personal que ha demostrado su dedicación en la atención a la pandemia y en salvar miles de vidas.
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“Estamos dándole ese abastecimiento nuevamente de la vacuna para continuar con esta estrategia. Esperamos que progresivamente se vayan cumpliendo esas 2,000 dosis diarias e incrementarlas con base en la necesidad”, aseguró Alabi.
El funcionario pidió a la población no dejar de lado las medidas de bioseguridad y cumplir con las recomendaciones del Ministerio de Salud para la prevención efectiva del coronavirus, lo que significa que no tenemos que bajar la guardia en estos momentos que se dice que hay una leve disminución de casos.
“Siguen las acciones en los diferentes hospitales para inmunizar a los que están en primera línea conteniendo la pandemia”, detalló el titular.
A 20 años de cárcel fue condenado Francis Guadalupe Cruz Aguilar, por el delito de homicidio agravado cometido el 24 de diciembre de 2013, en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte.
La pena se la impuso el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, tras revisar la prueba que la Fiscalía General de la República presentó en el juicio y con la cual demostró que el prófugo asesinó a José Eladio Franco Moreno.
En la acusación expuesta por el ministerio público, Cruz Aguilar fue parte de un grupo de siete pandilleros que interceptó a la víctima para privarla de libertad en El Paisnal.
Fue hasta el 27 de diciembre que encontraron cuerpo de Franco Moreno, desmembrado a la orilla del río Acelhuate, en la jurisdicción de ese distrito.
Para probar la participación que Cruz Aguilar tuvo en el crimen, la Fiscalía presentó al tribunal la declaración de un testigo quien presenció el hecho, su declaración fue clave para que se emitiera la condena.
El testigo dijo que el ahora condenado hizo labores de vigilancia mientras los demás miembros de la pandilla estaban asesinando a la víctima, se apostó en lugar para alertar a los criminales sobre la presencia de autoridades policiales.
Al momento del fallo el tribunal dio validez y credibilidad a la declaración del testigo quien identificó a Cruz Aguilar como parte del grupo criminal y su participación fue activa y clave para ejecutar el crimen.
Por intento de homicidio, la Policía Nacional Civil (PNC), informó que capturó a dos hombres en Aguilares y Chalatenango.
Los arrestados son: Brandon Omar Castillo Rivera quien protagonizó una pelea con Juan Carlos Zamorano Callejas, propietario del bar donde ocurrió el incidente la madrugada del domingo.
Según el informe oficial, cuando la víctima los intentó separar, lo golpearon y apuñalaron de gravedad, tras lo ocurrido huyeron, pero las autoridades luego de llegar a verificar lo ocurrido comenzaron a investigarlos para detenerlos.
Castillo Rivera fue ubicado por agentes de Inteligencia Policial en la calle principal de la colonia Reubicación 2, de Chalatenango Centro.
«Juan Carlos Zamorano Callejas, dueño del local también se dio a la fuga, pero nuestras Fuerzas Especiales lo ubicaron en Aguilares, San Salvador Norte», destacó la PNC.
Los dos capturados serán puestos a la orden de la Fiscalía General de la República para que en los próximos 15 días sean acusados en el juzgado de Paz de Aguilares, por el delito de homicidio tentado.
A siete años de cárcel fueron condenados Wilmer Munguía, Julio Guzmán, Fernando Cruz, Oswaldo Rivera y Carlos Rodezno, por el delito de privación de libertad.
La pena se las impuso el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, al encontrarlos responsables de la desaparición de dos personas el 13 de abril de 2018, en el cantón El Triunfo, distrito de Santa Tecla, municipio de La Libertad Sur.
Según la acusación de la Fiscalía General de la República, las víctimas se encontraban comprando verduras cuando fueron interceptadas por los ahora condenados, tras amenazarlas las sometieron y obligaron a bajar de su vehículo para privarlas de libertad.
El tribunal fundamentó la condena tras valorar la prueba anexada al expediente, sobre todo la declaración de un testigo con régimen de protección, quien señaló a los imputados y dijo la participación que tuvieron en el hecho.
