Nacionales
Más de 330 conductores peligrosos han sido detenidos con un promedio diario de cinco arrestos en lo que va de 2023
La labor de prevención, como parte del Plan Nacional de Seguridad Vial continúa dando los resultados esperados. En el afán de proteger la vida de los salvadoreños, del 1 de enero al 12 de marzo de 2023, un total de 330 conductores peligrosos han sido detenidos, según las estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI).
Se ha registrado un incremento arriba del 21% de capturas, alrededor de 60 más, que en igual periodo del 2022, con un promedio diario de cinco personas que han sido sacadas de circulación por manejar bajo los efectos del alcohol y las drogas.
Aparte de ser acreedores de multa por $57.14, los detenidos afrontan un proceso judicial por poner en riesgo su vida y la de los demás usuarios, al manejar bajo los efectos del alcohol o las drogas, conforme al artículo 147-E del Código Penal.
Los controles, que incluyen antidoping, los desarrolla a toda hora el Viceministerio de Transporte (VMT) con apoyo de la Policía Nacional Civil, en el Área Metropolitana de San Salvador y en el interior, incluyendo las rutas hacia los destinos turísticos.
Los dispositivos se extienden al transporte público de pasajeros, asegurando la tranquilidad y bienestar de los usuarios, así como al transporte de carga, los motociclistas y transporte escolar, hacienda cumplir la ley de tránsito.
El contar ahora con mayor número de gestores de tránsito, al pasar de tener cerca de 300 a 620 en la Administración del Presidente Bukele, el VMT puede fiscalizar mejor todo tipo de transporte. Además, pronto, el país dispondrá de un sistema de semáforos inteligentes y fotomultas que contribuirá a mejorar la seguridad vial.
El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, reitera que como institución seguirán trabajando por salvaguardar vidas. Los controles en las carreteras, incluyendo los antidoping, se intensificarán al acercarse la temporada vacacional de Semana Santa con el compromiso de reducir los decesos por accidentabilidad vial.
A la labor preventiva se suma el Consejo Nacional de Seguridad Vial (CONASEVI), entre otras entidades que promueven una cultura de respeto en la vía, con charlas a escolares, a conductores y motociclistas, además de la entrega de chalecos reflectantes y otros implementos de seguridad vial, en distintos puntos del territorio.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
