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Más de 330 conductores peligrosos han sido detenidos con un promedio diario de cinco arrestos en lo que va de 2023
La labor de prevención, como parte del Plan Nacional de Seguridad Vial continúa dando los resultados esperados. En el afán de proteger la vida de los salvadoreños, del 1 de enero al 12 de marzo de 2023, un total de 330 conductores peligrosos han sido detenidos, según las estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI).
Se ha registrado un incremento arriba del 21% de capturas, alrededor de 60 más, que en igual periodo del 2022, con un promedio diario de cinco personas que han sido sacadas de circulación por manejar bajo los efectos del alcohol y las drogas.
Aparte de ser acreedores de multa por $57.14, los detenidos afrontan un proceso judicial por poner en riesgo su vida y la de los demás usuarios, al manejar bajo los efectos del alcohol o las drogas, conforme al artículo 147-E del Código Penal.
Los controles, que incluyen antidoping, los desarrolla a toda hora el Viceministerio de Transporte (VMT) con apoyo de la Policía Nacional Civil, en el Área Metropolitana de San Salvador y en el interior, incluyendo las rutas hacia los destinos turísticos.
Los dispositivos se extienden al transporte público de pasajeros, asegurando la tranquilidad y bienestar de los usuarios, así como al transporte de carga, los motociclistas y transporte escolar, hacienda cumplir la ley de tránsito.
El contar ahora con mayor número de gestores de tránsito, al pasar de tener cerca de 300 a 620 en la Administración del Presidente Bukele, el VMT puede fiscalizar mejor todo tipo de transporte. Además, pronto, el país dispondrá de un sistema de semáforos inteligentes y fotomultas que contribuirá a mejorar la seguridad vial.
El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, reitera que como institución seguirán trabajando por salvaguardar vidas. Los controles en las carreteras, incluyendo los antidoping, se intensificarán al acercarse la temporada vacacional de Semana Santa con el compromiso de reducir los decesos por accidentabilidad vial.
A la labor preventiva se suma el Consejo Nacional de Seguridad Vial (CONASEVI), entre otras entidades que promueven una cultura de respeto en la vía, con charlas a escolares, a conductores y motociclistas, además de la entrega de chalecos reflectantes y otros implementos de seguridad vial, en distintos puntos del territorio.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
