Nacionales
Magistrados de la S. de lo Constitucional evidencian su sesgo partidario y protegen a candidatos sospechosos de corrupción
Candidatos a diputados señalados por enriquecimiento ilícito, por recibir pagos ocultos adicionales con fondos públicos y por negociar con pandillas resultaron favorecidos por los magistrados de la Sala de lo Constitucional para los próximos comicios.
De esta manera, las posibilidades de llegar a una resolución –o al menos, medida cautelar– sobre las candidaturas de estos diputados, cuyos partidos tratan de darle golpe de Estado parlamentario al Presidente Bukele, son mínimas.
El lunes 15 de febrero por la noche, cuando falta semana y media para las elecciones legislativas, la Sala de lo Constitucional comunicó seis fallos de una sola vez, con los que terminó protegiendo a tres candidatos de ARENA y a uno del PDC.
Las candidaturas fueron objeto de respectivas demandas de inconstitucionalidad. Para el caso de Norman Quijano, que negoció con pandillas, y Rodolfo Párker, que defendió a criminales de guerra, tienen dos demandas dirigidas a sus candidaturas. Los otros dos son Carlos Reyes, que está bajo la mira de la Corte de Cuentas por posible enriquecimiento ilícito, y Margarita Escobar, que aceptó recibir sobresueldos con fondos públicos cuando fue viceministra.
Los magistrados han dado 24 horas para que quienes promovieron las demandas logren comprobar si las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fueron impugnadas por algún ciudadano sobre la base del Código Electoral.
En otras palabras, los demandantes tienen un día para reunir y presentar pruebas de que primero se agotaron los procesos internos dentro del TSE, según los pasos que dicta el Código Electoral. Esto es para las seis demandas y, si acaso, el referido organismo puede colaborar con la entrega de la información necesaria en menos de 24 horas. Este requisito es solo para que los magistrados decidan si admiten la demanda, o no.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
