Nacionales
MAG reciclará 6 millones de envases utilizados en labores agropecuarias
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) consciente de que anualmente se producen unos 6 millones de envases plásticos de insumos agrícolas, llevó a cabo este lunes el lanzamiento de la campaña nacional de reciclaje de envases plásticos.
El viceministro Óscar Domínguez, quien lideró el lanzamiento de la campaña, explicó que esta es una de las acciones sostenibles que el Gobierno implementa para salvaguardar la salud de los salvadoreños y cuidar el medio ambiente.
“Nosotros sí podemos hacer la diferencia en materia de contaminación ambiental, el Gobierno junto con la empresa privada y cada uno de los agricultores que ahora participarán en la Escuela Agroambiental. Estamos para hacer grandes acciones positivas, no solo para ustedes sino que también para la Tierra. Con este tipo de iniciativas podemos ser resilientes y cuidar del medio ambiente”, afirmó el funcionario.
Domínguez destacó que para esta iniciativa, el MAG establecerá 27 casetas de acopio de envases plásticos, las que estarán en las principales zonas agrícolas de las cabeceras departamentales. Además anunció que esta es sólo una primera fase, porque los productores que reciben Paquetes Agrícolas deberán depositar los envases en los centros de acopio. Además, los importadores deberán procesar un certificado de compromiso de recolección de estos residuos.
«En más de 40 años no había espacio para una iniciativa como esta para proteger nuestros recursos naturales. Felicito al viceministro por este esfuerzo desde el MAG, yo me uno como parte de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa», afirmó la diputada Sandra Martínez.
También ejecutará un programa de educación ambiental a nivel nacional, en el que se capacitarán a los productores sobre el triple lavado y otras medidas de reciclaje, con el fin de hacer conciencia sobre la importancia de dar un tratamiento adecuado a los residuos, que serán convertidos en enseres para el hogar.
Asimismo, durante el evento se anunció la ejecución de un nuevo proyecto promovido por la diputada Sandra Martínez, quien detalló: «Hoy lanzamos la Escuela Agroambiental, parte del Plan Esperanza, respaldada por el MAG. Esta sensibilizará a los productores sobre Buenas Prácticas Agrícolas, para generar acciones para una agricultura armonizada con el medio ambiente.
Esta iniciativa del MAG se suma a los esfuerzos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y es un reflejo del trabajo articulado entre las instituciones gubernamentales y la Asamblea Legislativa para crear mejores condiciones de vida.
Se esperan capacitar a casi 1,000 agricultores a través del trabajo de articulado de varias organizaciones, en el que se involucran los técnicos del MAG y sus dependencias, como el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) y el Instituto Salvadoreño para la Transformación Agraria (ISTA).
El diputado Walter Alemán, aseguró que desde casa se debe iniciar con este ejercicio de reciclaje, y que los centros de acopio ayudarán a que los salvadoreños sepan cómo hacerlo.
La iniciativa para la recolección y el acopio de los envases plásticos de uso agropecuario será implementada por la Dirección General de Sanidad Vegetal y su División de Registro y Fiscalización.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
