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La inflación de El Salvador presenta una reducción sostenida
La inflación sigue una tendencia a la baja en El Salvador, ya que en mayo de 2023 el indicador cerró con un 4.41 %, mientras que el mes previo fue de 5.44 %, retrocediendo 1.03 puntos porcentuales, según el último informe del Banco Central de Reserva (BCR).
Las estadísticas muestran que el fenómeno se encuentra en franco retroceso ya que acumula nueve meses de bajas consecutivas desde agosto del año pasado, cuando se situó en 7.66 %, hasta mayo reciente. Una variación de 3.25 %.
Además, el 4.41 % reportado en mayo se sitúa por debajo del registro que el país tenía en septiembre de 2021 cuando el BCR reportaba una tasa del 4.97 % y un poco por encima de agosto que presentó un índice del 4.30 %.
La tendencia a la baja coincide con la previsión del BCR, que en 2023 la tasa inflacionaria de El Salvador se normalizará y volverá a parámetros de alrededor de un 3 %.
En Centroamérica, el país continúa entre las naciones menos afectadas por la escalada de precios, situándose en el segundo puesto, sólo por detrás de Costa Rica que reportó una inflación del 0.88 % en el quinto mes de este año.
Entretanto, en Honduras y Guatemala el indicador también ha cedido registrando 6.6 % y 6.5 %, respectivamente, a diferencia de Nicaragua que no consigue estabilizarse y en mayo reportó un 9.53 %
Al respecto, el presidente de la Defensoría del Consumidor (DC), Ricardo Salazar, identificó factores como la reducción en el precio de los combustibles y de los commodities a escala internacional como los impulsores externos de esta baja inflacionaria.
Mientras tanto, destacó que la implementación de las 11 medidas de alivio económico lanzadas por el presidente Nayib Bukele en marzo de 2022 «han sido lo que principalmente ha logrado frenar el impacto de esta inflación mundial».
«Lo que están denotando estos últimos nueve meses es que hay un comportamiento a un menor impacto en el costo de vida de la población», agregó el funcionario, al tiempo que recordó que a la fecha medidas como la fijación de los precios del GLP, la exoneración de impuestos de importación y la vigilancia de los mercados se mantienen vigentes.
De marzo de 2022, a la fecha la DC reporta 189,431 verificaciones, las cuales derivaron en 124 denuncias presentadas ante el Tribunal Sancionador de la institución y dieron como resultado 50 multas equivalentes a $201,000.
Además, la firma Exor Latinoamérica afirma que «desde el año pasado, El Salvador se ha posicionado como uno de los países con la inflación más controlada dentro de la región», y coincide en que esto es fruto de las 11 medidas.
«Se observa que las medidas tomadas por el Gobierno han dado resultado en una inflación muy cercana a la de Estados Unidos, a quien debemos influencia directa al estar dolarizados, por lo que se puede observar que existe un control de los factores endógenos de los niveles de precio locales», resalta los analistas de Exor.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
