Judicial
Justificó el delito ya que necesitaba dinero para tratamientos por cáncer de su madre: Instrucción para sujeto acusado de hurto de microbús
El Juzgado Tercero de Paz de Soyapango, realizó la audiencia inicial contra el reo Carlos Ernesto Castillo Gálvez, de 28 años de edad, procesado por el delito de hurto de vehículo automotor, en perjuicio de víctima clave Mateo Siete.
Inicialmente era acusado por el delito de robo de vehículo automotor pero el juzgador modificó la calificación a un hurto de vehículo automotor considerando que según la versión se acoplaba a esa modificación.
En audiencia se conoció que Castillo fue detenido a las 08:00 de la mañana del día viernes 22 de febrero del presente año, cuando este ingresaba sobre la avenida Prusia, frente al pasaje 9 de la colonia Prados III de Soyapango. Agentes que fueron alertados vía radial fueron quienes lograron localizar el paradero del microbús placas MB 43-325 marca Nissan Urvan, color Gris.
El imputado en ese momento iba conduciendo el microbús en mención, fue capturado en flagrancia y la víctima lo reconoció de inmediato. Según la víctima cuando se disponía abrir el portón de su casa para poder ingresar; llego Castillo y por la espalda le propicio golpes y le arrebato las llaves y luego se dispuso huir del lugar.
El imputado en su derecho de última palabra manifestó que su mamá tiene cáncer y optó por esa vía para poder pagarle sus tratamientos, dijo que en ningún momento amenazó a la víctima con objetos hirientes, simplemente llegó y como pudo agarró las llaves y huyo del lugar. Presentó pruebas médicas del estado de su familiar.
En audiencia el juzgador considero que era necesario pasar el caso a la etapa de instrucción ya que los elementos que constan en la carpeta judicial son necesarios para pasar el caso a la siguiente etapa, mientras tanto el imputado se mantendré en detención provisional y será trasladado al penal que le compete.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
