Judicial
Justificó el delito ya que necesitaba dinero para tratamientos por cáncer de su madre: Instrucción para sujeto acusado de hurto de microbús
El Juzgado Tercero de Paz de Soyapango, realizó la audiencia inicial contra el reo Carlos Ernesto Castillo Gálvez, de 28 años de edad, procesado por el delito de hurto de vehículo automotor, en perjuicio de víctima clave Mateo Siete.
Inicialmente era acusado por el delito de robo de vehículo automotor pero el juzgador modificó la calificación a un hurto de vehículo automotor considerando que según la versión se acoplaba a esa modificación.
En audiencia se conoció que Castillo fue detenido a las 08:00 de la mañana del día viernes 22 de febrero del presente año, cuando este ingresaba sobre la avenida Prusia, frente al pasaje 9 de la colonia Prados III de Soyapango. Agentes que fueron alertados vía radial fueron quienes lograron localizar el paradero del microbús placas MB 43-325 marca Nissan Urvan, color Gris.
El imputado en ese momento iba conduciendo el microbús en mención, fue capturado en flagrancia y la víctima lo reconoció de inmediato. Según la víctima cuando se disponía abrir el portón de su casa para poder ingresar; llego Castillo y por la espalda le propicio golpes y le arrebato las llaves y luego se dispuso huir del lugar.
El imputado en su derecho de última palabra manifestó que su mamá tiene cáncer y optó por esa vía para poder pagarle sus tratamientos, dijo que en ningún momento amenazó a la víctima con objetos hirientes, simplemente llegó y como pudo agarró las llaves y huyo del lugar. Presentó pruebas médicas del estado de su familiar.
En audiencia el juzgador considero que era necesario pasar el caso a la etapa de instrucción ya que los elementos que constan en la carpeta judicial son necesarios para pasar el caso a la siguiente etapa, mientras tanto el imputado se mantendré en detención provisional y será trasladado al penal que le compete.
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
