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Juez especializado de Sentencia A, autorizó mostrar video en el que se observa reunido con pandilleros a Norman Quijano
El Juez especializado de Sentencia A, autorizó que se mostrará el video en el que aparece el diputado y ex presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, por supuestas reuniones con pandillas.
Y es que las reuniones que negaba Quijano y otros dirigentes políticos ahoran son una realidad en los que se han visto involucrados dirigentes de ARENA y FMLN, muestran a Norman Quijano, Ernesto Muyshondt, Arístides Valencia, Roberto Angulo y otros.
En los videos se les observa entregando grandes cantidades de dinero a los pandilleros, y mencionan a alguien de nombre «Howard», que se presume es el exdirector de la PNC Howard Cotto, y al expresidente de ARENA, Jorge Velado, quienes eran parte del plan.
En el video se escucha al ex candidato presidencial Norman Quijano, que había jurado «por Dios» a la población salvadoreña que jamás se había sentado con los pandilleros, a ofrecer $100 millones a los mareros de la MS13 que serían invertidos en programas sociales, los cuales serían utilizados para asuntos ilícitos dentro de las estructuras criminales, ahora queda en evidencia.
El testigo criteriado «NOÉ» ya había incriminado al político de haber reuniones en varias ocasiones en el años 2014, en las que se reunía con los cabecillas de las pandillas con el objetivo de conseguir apoyo para las elecciones presidenciales de ese mismo año.
Durante la exposición, el juez Godofredo Salazar tildó de «gánster» a los políticos y reclamó a la Fiscalía General de la República (FGR) que penalice a los políticos que aparecen en las grabaciones. «En este país entonces tenemos dos tipos de gánster: los gánster pandilleros y los gánster políticos», dijo el juez sobre las negociaciones de políticos con la MS-13.
La revelación de los videos se les hizo una lectura del fallo del caso contra los pandilleros a quienes se les han impuesto hasta de 74 años de prisión a 373 pandilleros implicados en este hecho delictivo, mientras que solo 54 fueron exonerados.
También se observa dentro de las grabaciones al alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, junto a un fajo de dinero en efectivo sobre una mesa frente a él, dinero que presuntamente fue entregado a líderes de pandillas.
Incluso se logra ver a Arístides Valencia, del FMLN, quienes es otro de los políticos que está implicado e identificado en el video esto como pruebas de reuniones entre políticos de ARENA y FMLN con cabecillas de pandillas.
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Corte de Cuentas y la SRS apuestan por la excelencia en la formación de servidores públicos
La Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) firmaron una Carta de Entendimiento para establecer un marco de cooperación interinstitucional orientado a fortalecer las capacidades técnicas y profesionales del personal de ambas instituciones, en especial de los auditores y profesionales jurídicos de la Entidad Fiscalizadora Superior.
El acuerdo fue suscrito por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, y el superintendente de Regulación Sanitaria, Noe Geovanni García Iraheta, en un acto que contó con la presencia de los magistrados Julio Guillermo Bendek y José Rodrigo Flores.
Como parte de este entendimiento, la SRS brindará capacitación al personal de la CCR en materia de Derecho Sanitario, así como en la aplicación de la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria y su normativa relacionada. Estas acciones buscan fortalecer el conocimiento técnico especializado en el ámbito de la salud.
Por su parte, la CCR, a través de su Centro de Instrucción y Capacitación (CINCAP), incorporará en su oferta formativa contenidos orientados a la función fiscalizadora, los cuales serán impartidos por un banco de formadores con experiencia en diversas especialidades, con el objetivo de capacitar al talento humano de la SRS.
Durante el acto de firma, el presidente de la CCR destacó que este acuerdo “fortalece el ecosistema de gobernanza democrática y reafirma nuestra determinación de impulsar una gestión pública moderna, íntegra y orientada a resultados”.
Con esta Carta de Entendimiento, la CCR y la SRS reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada en el fortalecimiento del talento humano del sector público, contribuyendo a una administración pública más profesional, transparente y eficiente.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
