Judicial
«Yo estaba bañando al niño, se me cayó y lo golpeé con un palo hasta matarlo»: confesó Yesenia García
A 14 años de cárcel condenó el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla a Yesenia Elizabeth García Henríquez, por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Érick A.G.F. de tres años de edad.
La investigación dio inicio con la denuncia interpuesta por el padre de la menor víctima, el día 11 de julio del año 2020, en la Sub Delegación de Quezaltepeque, donde daba aviso de la desaparición de su hijo. Cuatro días después de reportar el hecho, fue hallado muerto en el sector conocido como La Lava, comunidad La Meca, en las cercanías del Autódromo El Jabalí, en Quezaltepeque, La Libertad.
Este día y a través de un proceso abreviado establecido en el Código Procesal Penal, artículos 417 y 418 sobre la Admisibilidad y Trámite del Procedimiento y Juicio Abreviado, el juez de la causa dio por acreditados los hechos expuestos por las partes: La confesión de manera libre y espontánea de la imputada Yesenia Elizabeth García Henríquez, tía de la víctima, donde aceptó haber dado muerte con múltiples golpes producidos por un arma contundente (palo) y haber escondido el cuerpo de la víctima con la ayuda de su compañero de vida.
«Fue el 11 de julio de 2020, aproximadamente a las 12 del mediodía, en el caserío La Meca, los hechos sucedieron detrás de la casa de mis abuelos donde había un barril donde yo estaba bañando al niño, el niño se me cayó y yo lo golpeé con un palo», confesó la mujer.
Al mismo tiempo, añadió que a eso de la 1:00 de la madrugada del 12 de julio despertó a su compañero de vida para confesarle que había matado a su sobrino y que necesitaba ayuda para llevar el cadáver hasta el lugar conocido como «La Lava». «Le dije que me ayudara a llevar el cuerpecito, le confesé que lo había matado, pero solo que se me había caído, pero no que lo había golpeado», narró la imputada.
El estudio y análisis de la prueba pericial incluía el reconocimiento médico forense, evaluación psicológica, autopsia y estudios de trabajo social, y la valoración de la prueba documental compuesta por las actas de inspecciones oculares, registro con prevención de allanamiento, álbum fotográfico y declaración anticipada de testigo criteriado.
En el fallo se ratifica la detención provisional hasta que quede en firme la sentencia definitiva, que se entregará el 13 de julio del año 2021, declarándola ejecutoria 10 días después de la misma.
Un total de 428 miembros de estructuras criminales han sido condenados a penas que en algunos casos superan los 800 años de cárcel, como resultado de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias fueron emitidas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado entre el 28 de abril y el 25 de julio.
Las autoridades detallaron que las pruebas presentadas lograron demostrar la participación de estos individuos en delitos como homicidio, extorsión, desaparición de personas, violaciones y otros crímenes cometidos en distintos puntos del país.
Uno de los casos más relevantes es el de Herbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue condenado a 807 años de prisión por 20 homicidios cometidos como parte de la clica Saylor Locos Salvatruchos de la MS-13. Otros pandilleros de la misma estructura recibieron penas similares: Gerber López Mejía (Aliens), 727 años; y Melquisidec Jiménez Zavala (Yaspers), 663 años, por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en San Miguel.
En total, 66 pandilleros de esa estructura fueron sentenciados. A ellos se suman otros 23 terroristas que operaban en San Miguel, La Unión y La Libertad, incluyendo a Douglas Isaac Urías Hernández, condenado a 230 años de prisión.
En el occidente del país, 56 pandilleros más fueron condenados a penas de hasta 180 años por delitos cometidos en municipios como Tamanique, Chiltiupán y Teotepeque. La mayor sentencia fue para Henry Giovanni Lobos Pérez.
Finalmente, 15 mareros que delinquían en Usulután, Morazán y La Unión también recibieron penas de hasta 155 años. Entre ellos figura Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias Satánico, señalado por múltiples homicidios cometidos entre 2015 y 2018.
Las autoridades sostienen que estos resultados son parte del combate frontal al crimen organizado en el marco del régimen de excepción y las estrategias de seguridad impulsadas en el país.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
