Judicial
«Yo estaba bañando al niño, se me cayó y lo golpeé con un palo hasta matarlo»: confesó Yesenia García
A 14 años de cárcel condenó el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla a Yesenia Elizabeth García Henríquez, por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Érick A.G.F. de tres años de edad.
La investigación dio inicio con la denuncia interpuesta por el padre de la menor víctima, el día 11 de julio del año 2020, en la Sub Delegación de Quezaltepeque, donde daba aviso de la desaparición de su hijo. Cuatro días después de reportar el hecho, fue hallado muerto en el sector conocido como La Lava, comunidad La Meca, en las cercanías del Autódromo El Jabalí, en Quezaltepeque, La Libertad.
Este día y a través de un proceso abreviado establecido en el Código Procesal Penal, artículos 417 y 418 sobre la Admisibilidad y Trámite del Procedimiento y Juicio Abreviado, el juez de la causa dio por acreditados los hechos expuestos por las partes: La confesión de manera libre y espontánea de la imputada Yesenia Elizabeth García Henríquez, tía de la víctima, donde aceptó haber dado muerte con múltiples golpes producidos por un arma contundente (palo) y haber escondido el cuerpo de la víctima con la ayuda de su compañero de vida.
«Fue el 11 de julio de 2020, aproximadamente a las 12 del mediodía, en el caserío La Meca, los hechos sucedieron detrás de la casa de mis abuelos donde había un barril donde yo estaba bañando al niño, el niño se me cayó y yo lo golpeé con un palo», confesó la mujer.
Al mismo tiempo, añadió que a eso de la 1:00 de la madrugada del 12 de julio despertó a su compañero de vida para confesarle que había matado a su sobrino y que necesitaba ayuda para llevar el cadáver hasta el lugar conocido como «La Lava». «Le dije que me ayudara a llevar el cuerpecito, le confesé que lo había matado, pero solo que se me había caído, pero no que lo había golpeado», narró la imputada.
El estudio y análisis de la prueba pericial incluía el reconocimiento médico forense, evaluación psicológica, autopsia y estudios de trabajo social, y la valoración de la prueba documental compuesta por las actas de inspecciones oculares, registro con prevención de allanamiento, álbum fotográfico y declaración anticipada de testigo criteriado.
En el fallo se ratifica la detención provisional hasta que quede en firme la sentencia definitiva, que se entregará el 13 de julio del año 2021, declarándola ejecutoria 10 días después de la misma.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
