Judicial
«Yo estaba bañando al niño, se me cayó y lo golpeé con un palo hasta matarlo»: confesó Yesenia García
A 14 años de cárcel condenó el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla a Yesenia Elizabeth García Henríquez, por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Érick A.G.F. de tres años de edad.
La investigación dio inicio con la denuncia interpuesta por el padre de la menor víctima, el día 11 de julio del año 2020, en la Sub Delegación de Quezaltepeque, donde daba aviso de la desaparición de su hijo. Cuatro días después de reportar el hecho, fue hallado muerto en el sector conocido como La Lava, comunidad La Meca, en las cercanías del Autódromo El Jabalí, en Quezaltepeque, La Libertad.
Este día y a través de un proceso abreviado establecido en el Código Procesal Penal, artículos 417 y 418 sobre la Admisibilidad y Trámite del Procedimiento y Juicio Abreviado, el juez de la causa dio por acreditados los hechos expuestos por las partes: La confesión de manera libre y espontánea de la imputada Yesenia Elizabeth García Henríquez, tía de la víctima, donde aceptó haber dado muerte con múltiples golpes producidos por un arma contundente (palo) y haber escondido el cuerpo de la víctima con la ayuda de su compañero de vida.
«Fue el 11 de julio de 2020, aproximadamente a las 12 del mediodía, en el caserío La Meca, los hechos sucedieron detrás de la casa de mis abuelos donde había un barril donde yo estaba bañando al niño, el niño se me cayó y yo lo golpeé con un palo», confesó la mujer.
Al mismo tiempo, añadió que a eso de la 1:00 de la madrugada del 12 de julio despertó a su compañero de vida para confesarle que había matado a su sobrino y que necesitaba ayuda para llevar el cadáver hasta el lugar conocido como «La Lava». «Le dije que me ayudara a llevar el cuerpecito, le confesé que lo había matado, pero solo que se me había caído, pero no que lo había golpeado», narró la imputada.
El estudio y análisis de la prueba pericial incluía el reconocimiento médico forense, evaluación psicológica, autopsia y estudios de trabajo social, y la valoración de la prueba documental compuesta por las actas de inspecciones oculares, registro con prevención de allanamiento, álbum fotográfico y declaración anticipada de testigo criteriado.
En el fallo se ratifica la detención provisional hasta que quede en firme la sentencia definitiva, que se entregará el 13 de julio del año 2021, declarándola ejecutoria 10 días después de la misma.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
