Judicial
Vendedores denunciarán a Muyshondt por privatización de mercados e incremento de impuestos para su campaña
Vendedores de diferentes mercados de San Salvador denunciarán este lunes las acciones que el alcalde Ernesto Muyshondt está realizando para privatizar mercados y para incrementar los impuestos municipales, en detrimento de los comerciantes.
Los comerciantes han venido señalando que hay una intención de parte de la comuna de privatizar varios centros de abastos, con lo cual se afectaría a cientos de ellos, quienes ante una eventual privatización tendrían que pagar más por los espacios para poder comercializar sus productos.
Este es el caso del mercado Hula Hula, donde el alcalde ha previsto cobrar $290 por cada puesto a los vendedores, lo que supondría un pago diario de casi $10. Por ello, han señalado que les sería imposible obtener ganancias y obtendrían pérdidas.
La Tiendona es otro de los mercados que están en la mira del alcalde para ser privatizados. Con estas acciones, Muyshondt dejaría en serios problemas financieros a la alcaldía cuando sea retomada por su sucesor, Mario Durán, aspirante de Nuevas Ideas, quien lo aventaja en todas las encuestas.
Además, los minoristas se quejan de que la comuna ha elevado las tasas municipales, generando problemas financieros a muchos de ellos, pues la época de la pandemia generó pérdidas para el sector y apenas están comenzando a recuperarse.
Los vendedores advirtieron que los impuestos han venido creciendo en los últimos meses con la intención de hacer llevar dinero a las arcas de la comuna para que el alcalde lo utilice en su campaña electoral.
En tanto, el edil ha negado esas aseveraciones y se ha dedicado a acusar al candidato de Nuevas Ideas de estar incitando a los vendedores y empleados municipales, a muchos de los cuales el arenero sigue sin pagar las cuotas retenidas para los bancos, AFP e ISSS.
Mientras eleva los impuestos y sigue cobrando tasas como la de recolección de desechos, el edil continúa sin obedecer resoluciones judiciales en el tema ambiental y mantiene la deuda millonaria con la empresa Mides, a quien debe $5 millones por el servicios de recolección, traslado y disposición final de desechos sólidos.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
