Judicial
Vendedores denunciarán a Muyshondt por privatización de mercados e incremento de impuestos para su campaña
Vendedores de diferentes mercados de San Salvador denunciarán este lunes las acciones que el alcalde Ernesto Muyshondt está realizando para privatizar mercados y para incrementar los impuestos municipales, en detrimento de los comerciantes.
Los comerciantes han venido señalando que hay una intención de parte de la comuna de privatizar varios centros de abastos, con lo cual se afectaría a cientos de ellos, quienes ante una eventual privatización tendrían que pagar más por los espacios para poder comercializar sus productos.
Este es el caso del mercado Hula Hula, donde el alcalde ha previsto cobrar $290 por cada puesto a los vendedores, lo que supondría un pago diario de casi $10. Por ello, han señalado que les sería imposible obtener ganancias y obtendrían pérdidas.
La Tiendona es otro de los mercados que están en la mira del alcalde para ser privatizados. Con estas acciones, Muyshondt dejaría en serios problemas financieros a la alcaldía cuando sea retomada por su sucesor, Mario Durán, aspirante de Nuevas Ideas, quien lo aventaja en todas las encuestas.
Además, los minoristas se quejan de que la comuna ha elevado las tasas municipales, generando problemas financieros a muchos de ellos, pues la época de la pandemia generó pérdidas para el sector y apenas están comenzando a recuperarse.
Los vendedores advirtieron que los impuestos han venido creciendo en los últimos meses con la intención de hacer llevar dinero a las arcas de la comuna para que el alcalde lo utilice en su campaña electoral.
En tanto, el edil ha negado esas aseveraciones y se ha dedicado a acusar al candidato de Nuevas Ideas de estar incitando a los vendedores y empleados municipales, a muchos de los cuales el arenero sigue sin pagar las cuotas retenidas para los bancos, AFP e ISSS.
Mientras eleva los impuestos y sigue cobrando tasas como la de recolección de desechos, el edil continúa sin obedecer resoluciones judiciales en el tema ambiental y mantiene la deuda millonaria con la empresa Mides, a quien debe $5 millones por el servicios de recolección, traslado y disposición final de desechos sólidos.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
