Judicial
Una joven huye de su casa con su vecino de 35 años tras discutir con su madre, consumen drogas y el abusa de la adolescente
Una discusión con su madre llevó a que Sara (nombre cambiado por protección a la víctima), una joven de 16 años de edad, tomara una mala decisión.
El 12 de junio de 2017, la joven le consultó a su progenitora si su vecino Armando C., un mensajero de profesión y 19 años mayor que ella, podía llega a su vivienda ubicada en una colonia de Ayutuxtepeque para visitarla.
Armando, de 35 años de edad, conoció a Sara cuando se mudó a la colonia, por lo que ambos tenían solamente cinco meses de ser vecinos.
La estudiante de séptimo grado, quien es la menor de tres hermanos, se molestó ante la negativa de su madre de no dejar que el hombre llegara a la casa de habitación, por lo que la joven tomó su teléfono celular y le llamó a Armando para que fuera por ella.
A eso de las 6:30 de la tarde, su vecino llegó a traerla a bordo de una motocicleta con el fin de que la llevara a la casa de un amigo, según dicta el expediente judicial.
Ambos se desplazaron hacia la plaza de El Salvador del Mundo, en donde permanecieron alrededor de 45 minutos. En ese lapso, Sara le relató a Armando lo ocurrido con su madre y la razón de su molestia con ella.
Luego, según el relato de la joven, ella le solicitó al hombre que la llevara a la colonia Zacamil para ir a comprar un dólar de marihuana. La joven le aseguró que andaba el dinero para adquirirla.
Tras esto, los dos volvieron a subir a la motocicleta para dirigirse hacia la colonia donde residen, en donde se alojaron en una de las casetas de vigilancia para consumir lo adquirido minutos atrás. Las horas pasaron y se llegó la medianoche. La joven amaneció en ese lugar y no llegó a su vivienda.
A las 5:00 de la mañana, Sara y Armando salieron de la caseta de seguridad, sitio en donde sostuvieron relaciones sexuales, aunque el expediente judicial no detalla que el hombre haya obligado a la menor.
Armando llevó a la joven a la casa de una de sus hermanas para que pudiera permanecer ahí mientras él iba a trabajar. Sin embargo, el plan no le resultó, pues su familiar le negó la estadía a ambos para evitar algún tipo de problema debido a que se trataba de una menor de edad.
Ese día, el hombre decidió no ir a trabajar y llevar a su pequeña vecina hacia un hospedaje situado en el centro de San Salvador, a las 8:30 de la mañana. Ahí volvieron a sostener relaciones sexuales. El expediente judicial detalla que en este lugar tuvieron tres encuentros sexuales más esa mañana.
Un mensaje vía WhatsApp y la detención
Antes del mediodía, Sara tomó su celular y a través de un mensaje por la aplicación telefónica WhatsApp le mandó una notificación a su madre, quien horas antes había interpuesto una denuncia ante la PNC del Centro Histórico por la supuesta desaparición de la joven.
Sara le pidió a su madre que la llegara a traer, pero por motivos laborales la mujer no pudo hacerlo en ese momento.
A mediodía, el hermano de la joven logró ver que ella y Armando se encontraban en el parque de la colonia Mompegon a bordo de la motocicleta, por lo que alertó a su madre y esta se presentó junto a agentes policiales a la zona.
A las 2:10 de la tarde del 13 de junio de 2017, Armando C. fue detenido en flagrancia, en ese momento bajo los cargos de estupro por prevalimiento.
El proceso
Tras el proceso que inició en el Juzgado 6° de Paz de San Salvador, se estipuló que el sujeto iba a ser acusado por el delito de violación y no por estupro, como se catalogó en un inicio.
Como etapa final, el Tribunal 6° de Sentencia será quien instale la audiencia de vista pública en contra de Armando, el próximo 6 de julio de este 2018.
En esta se conocerá si es culpable o inocente del delito que se le imputa, mientras tanto se encuentra recluido en el Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como «Mariona», sitio en donde guarda prisión preventiva desde el año pasado.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
