Judicial
Una joven huye de su casa con su vecino de 35 años tras discutir con su madre, consumen drogas y el abusa de la adolescente
Una discusión con su madre llevó a que Sara (nombre cambiado por protección a la víctima), una joven de 16 años de edad, tomara una mala decisión.
El 12 de junio de 2017, la joven le consultó a su progenitora si su vecino Armando C., un mensajero de profesión y 19 años mayor que ella, podía llega a su vivienda ubicada en una colonia de Ayutuxtepeque para visitarla.
Armando, de 35 años de edad, conoció a Sara cuando se mudó a la colonia, por lo que ambos tenían solamente cinco meses de ser vecinos.
La estudiante de séptimo grado, quien es la menor de tres hermanos, se molestó ante la negativa de su madre de no dejar que el hombre llegara a la casa de habitación, por lo que la joven tomó su teléfono celular y le llamó a Armando para que fuera por ella.
A eso de las 6:30 de la tarde, su vecino llegó a traerla a bordo de una motocicleta con el fin de que la llevara a la casa de un amigo, según dicta el expediente judicial.
Ambos se desplazaron hacia la plaza de El Salvador del Mundo, en donde permanecieron alrededor de 45 minutos. En ese lapso, Sara le relató a Armando lo ocurrido con su madre y la razón de su molestia con ella.
Luego, según el relato de la joven, ella le solicitó al hombre que la llevara a la colonia Zacamil para ir a comprar un dólar de marihuana. La joven le aseguró que andaba el dinero para adquirirla.
Tras esto, los dos volvieron a subir a la motocicleta para dirigirse hacia la colonia donde residen, en donde se alojaron en una de las casetas de vigilancia para consumir lo adquirido minutos atrás. Las horas pasaron y se llegó la medianoche. La joven amaneció en ese lugar y no llegó a su vivienda.
A las 5:00 de la mañana, Sara y Armando salieron de la caseta de seguridad, sitio en donde sostuvieron relaciones sexuales, aunque el expediente judicial no detalla que el hombre haya obligado a la menor.
Armando llevó a la joven a la casa de una de sus hermanas para que pudiera permanecer ahí mientras él iba a trabajar. Sin embargo, el plan no le resultó, pues su familiar le negó la estadía a ambos para evitar algún tipo de problema debido a que se trataba de una menor de edad.
Ese día, el hombre decidió no ir a trabajar y llevar a su pequeña vecina hacia un hospedaje situado en el centro de San Salvador, a las 8:30 de la mañana. Ahí volvieron a sostener relaciones sexuales. El expediente judicial detalla que en este lugar tuvieron tres encuentros sexuales más esa mañana.
Un mensaje vía WhatsApp y la detención
Antes del mediodía, Sara tomó su celular y a través de un mensaje por la aplicación telefónica WhatsApp le mandó una notificación a su madre, quien horas antes había interpuesto una denuncia ante la PNC del Centro Histórico por la supuesta desaparición de la joven.
Sara le pidió a su madre que la llegara a traer, pero por motivos laborales la mujer no pudo hacerlo en ese momento.
A mediodía, el hermano de la joven logró ver que ella y Armando se encontraban en el parque de la colonia Mompegon a bordo de la motocicleta, por lo que alertó a su madre y esta se presentó junto a agentes policiales a la zona.
A las 2:10 de la tarde del 13 de junio de 2017, Armando C. fue detenido en flagrancia, en ese momento bajo los cargos de estupro por prevalimiento.
El proceso
Tras el proceso que inició en el Juzgado 6° de Paz de San Salvador, se estipuló que el sujeto iba a ser acusado por el delito de violación y no por estupro, como se catalogó en un inicio.
Como etapa final, el Tribunal 6° de Sentencia será quien instale la audiencia de vista pública en contra de Armando, el próximo 6 de julio de este 2018.
En esta se conocerá si es culpable o inocente del delito que se le imputa, mientras tanto se encuentra recluido en el Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como «Mariona», sitio en donde guarda prisión preventiva desde el año pasado.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
