Judicial
Una joven huye de su casa con su vecino de 35 años tras discutir con su madre, consumen drogas y el abusa de la adolescente
Una discusión con su madre llevó a que Sara (nombre cambiado por protección a la víctima), una joven de 16 años de edad, tomara una mala decisión.
El 12 de junio de 2017, la joven le consultó a su progenitora si su vecino Armando C., un mensajero de profesión y 19 años mayor que ella, podía llega a su vivienda ubicada en una colonia de Ayutuxtepeque para visitarla.
Armando, de 35 años de edad, conoció a Sara cuando se mudó a la colonia, por lo que ambos tenían solamente cinco meses de ser vecinos.
La estudiante de séptimo grado, quien es la menor de tres hermanos, se molestó ante la negativa de su madre de no dejar que el hombre llegara a la casa de habitación, por lo que la joven tomó su teléfono celular y le llamó a Armando para que fuera por ella.
A eso de las 6:30 de la tarde, su vecino llegó a traerla a bordo de una motocicleta con el fin de que la llevara a la casa de un amigo, según dicta el expediente judicial.
Ambos se desplazaron hacia la plaza de El Salvador del Mundo, en donde permanecieron alrededor de 45 minutos. En ese lapso, Sara le relató a Armando lo ocurrido con su madre y la razón de su molestia con ella.
Luego, según el relato de la joven, ella le solicitó al hombre que la llevara a la colonia Zacamil para ir a comprar un dólar de marihuana. La joven le aseguró que andaba el dinero para adquirirla.
Tras esto, los dos volvieron a subir a la motocicleta para dirigirse hacia la colonia donde residen, en donde se alojaron en una de las casetas de vigilancia para consumir lo adquirido minutos atrás. Las horas pasaron y se llegó la medianoche. La joven amaneció en ese lugar y no llegó a su vivienda.
A las 5:00 de la mañana, Sara y Armando salieron de la caseta de seguridad, sitio en donde sostuvieron relaciones sexuales, aunque el expediente judicial no detalla que el hombre haya obligado a la menor.
Armando llevó a la joven a la casa de una de sus hermanas para que pudiera permanecer ahí mientras él iba a trabajar. Sin embargo, el plan no le resultó, pues su familiar le negó la estadía a ambos para evitar algún tipo de problema debido a que se trataba de una menor de edad.
Ese día, el hombre decidió no ir a trabajar y llevar a su pequeña vecina hacia un hospedaje situado en el centro de San Salvador, a las 8:30 de la mañana. Ahí volvieron a sostener relaciones sexuales. El expediente judicial detalla que en este lugar tuvieron tres encuentros sexuales más esa mañana.
Un mensaje vía WhatsApp y la detención
Antes del mediodía, Sara tomó su celular y a través de un mensaje por la aplicación telefónica WhatsApp le mandó una notificación a su madre, quien horas antes había interpuesto una denuncia ante la PNC del Centro Histórico por la supuesta desaparición de la joven.
Sara le pidió a su madre que la llegara a traer, pero por motivos laborales la mujer no pudo hacerlo en ese momento.
A mediodía, el hermano de la joven logró ver que ella y Armando se encontraban en el parque de la colonia Mompegon a bordo de la motocicleta, por lo que alertó a su madre y esta se presentó junto a agentes policiales a la zona.
A las 2:10 de la tarde del 13 de junio de 2017, Armando C. fue detenido en flagrancia, en ese momento bajo los cargos de estupro por prevalimiento.
El proceso
Tras el proceso que inició en el Juzgado 6° de Paz de San Salvador, se estipuló que el sujeto iba a ser acusado por el delito de violación y no por estupro, como se catalogó en un inicio.
Como etapa final, el Tribunal 6° de Sentencia será quien instale la audiencia de vista pública en contra de Armando, el próximo 6 de julio de este 2018.
En esta se conocerá si es culpable o inocente del delito que se le imputa, mientras tanto se encuentra recluido en el Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como «Mariona», sitio en donde guarda prisión preventiva desde el año pasado.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
