Judicial
Twitter de FGR sobre caso de Adán Salazar previo a conocer la sentencia, «violenta independencia judicial», dice dr. Nelson García

Unas horas previo a la lectura de la Sentencia en el Caso “GUMARSAL” por el Juez Segundo de Sentencia de San Salvador, la Fiscalía divulgó información para crear un condena mediática.
POR PAUL ZELADA.
SAN SALVADOR.- El reconocido penalista Dr. Nelson García criticó fuertemente la actitud de la Fiscalía General de la República, que apenas unas horas antes a la que estaba programada por el Juez Segundo de Sentencia de San Salvador, la lectura de la Sentencia Definitiva que absolvería o condenaría al empresario José Adán Salazar Umaña, conocido como “Chepe Diablo” publicó en la red social Twitter un video sobre presuntos vínculos del imputado con una red de tráfico de droga donde participaban Pablo Escobar y “El Señor de los Cielos”, donde además mencionaban que Fiscalía había presentado en el juicio, las pruebas que respaldan cada uno de los señalamientos efectuados contra Salazar Umaña.
A criterio del jurista, la acción de la Fiscalía General de la República, además de debidamente premeditada es constitutiva de una violación a la independencia judicial; pues está tratando de generar presión social contra el Juez de la causa, como quien dice “si Salazar Umaña resulta absuelto, lo es por un acto ajeno al proceso, porque nosotros demostramos su culpabilidad”; se trata de una jugada perversa, porque no se trata de una publicación informando que se realizaría la lectura del fallo, sino que contiene un video que de por sí ya constituyó una juicio mediático de culpa en contra del procesado y una carga externa de la sociedad que ahora voltea todos sus ojos al Tribunal a cargo, es como mínimo irresponsable por parte del Ministerio Público y el Titular de la institución, Raúl Melara, no puede permitir que se haga “changoneta” de la Fiscalía.
“La fiscalía ha puesto a circular un video para presionar a los jueces. Lástima que no probaron lo mismo en juicio, TORVO MÉTODO TRADICIONAL DE LA INCAPACIDAD Y PERVERSIÓN DE LA JUSTICIA” lamentó el abogado.
El Doctor García además insiste en que la FGR trata de buscar que la ciudadanía intimide al Órgano Judicial. “Este es el video a que me refiero como ejemplo del instrumento del procedimiento tradicional para intimidar sentenciadores desatando la jauría de una opinión pública manipulada” agregó.
También recordó que el artículo 3 del Estatuto del Juez Iberoamericano, hace referencia a la “Independencia Jucial y los medios de comunicación” en los que se manifiesta la prohibición en “la utilización de los medios de comunicación social con el objeto de suplantar funciones jurisdiccionales, imponer o influir en el contenido de las resoluciones judiciales, en condiciones que excedan el legítimo derecho a la libertad de expresión e información, se considera lesiva para la independencia judicial”. Pero ¿Quién nos protege si esta aberración la hace la Fiscalía? Es decir la institución a quien se le demanda más imparcialidad, objetividad y legalidad en sus actuaciones. Acá más han parecido los asesores de una “campaña” de competencias desleales de las que se andan mencionando en las noticas y hoy también en los estrados judiciales que están detrás de casos “mediatizados” pero judicialmente débiles y no la institución a la que se ha depositado la confianza de llevar adelante el ejercicio de la acción penal. Cerró diciendo.
El Salvador Today
Audiencia especial programada contra Enrique Rais y cinco imputados por estafa y administración fraudulenta

El Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador programó para el martes 16 de septiembre una audiencia especial de reapertura del proceso penal que la Fiscalía General de la República (FGR) impulsa contra Enrique Rais y cinco personas más por los delitos de administración fraudulenta y estafa.
Los hechos afectan al ciudadano canadiense Franco Pacceti y a las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. La jueza que conocerá el caso ha citado a víctimas, fiscales y defensores para que comparezcan a la diligencia.
El expediente proviene de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anuló un sobreseimiento anterior a favor de Rais y los demás imputados. Inicialmente, el extinto Juzgado Décimo Cuarto de Paz había exonerado de manera definitiva a Enrique Rais, su esposa Marie Annette Clairmont de Rais, su hija Michelle Marie Rais de Barake, su sobrino Hugo Ernesto Blanco Rais, así como a Claudia Marina Albergue Martínez y Demetrio Alexander Palacios, tras una solicitud de sobreseimiento de la Fiscalía.
El proceso está relacionado con la estafa a Pacceti y las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. Los imputados son acusados de administrar de manera fraudulenta la sociedad Mides, que contaba con 2,000 acciones, de las cuales 1,800 pertenecían a Cintec y luego fueron transferidas a Tradesal Inc. Según la FGR, Enrique Rais y Hugo Blanco Rais habrían desviado utilidades de la sociedad hacia cuentas personales y empresas locales y extranjeras sin relación con Mides.
Judicial
Juzgado emite orden de captura contra Enrique Rais y confirma su estatus de prófugo

El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.

Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.

El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.

Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.

Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.

Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador

El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
Judicial
35 años de cárcel para sujeto que asesinó a su expareja en Ciudad Delgado

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.