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Judicial

Tribunal condena a profesora por cómplice en el delito de lavado de dinero

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El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador impuso la pena de tres años y cuatro meses de prisión a Jesús Anabel Flores Batres, ya que la declaró responsable en calidad de cómplice necesario en el delito de lavado de dinero y activos, en perjuicio del orden socioeconómico.

A dicha pena se le restaran un año con nueve meses tiempo que ya estuvo guardando prisión, desde que se le capturó, el 26 de julio de 2016, hasta que fue puesta en libertad el 11 de mayo de 2018. Por lo que resta una pena de un año con siete meses de prisión, período en el cual se le impondrá la medida del uso de brazalete electrónico. En cuanto a responsabilidad civil, se le condenó en abstracto, es decir la Fiscalía tendrá que iniciar un proceso civil.

La jueza consideró por medio de las pruebas, tanto documentales, periciales y testimoniales que, la señora Anabel, fue cómplice ya que se dedicó a realizar transacciones de retiros de la cuenta de su madre. Según la valoración en cuanto a las pruebas financieras, la empresas de las cuales el señor Adalberto Flores Batres era responsable, no presentaron una declaración de renta del 2014, por lo que en la distribución del dinero se da una evasión al fisco

En el transcurso de la vista pública declararon en total cinco testigos de cargo y tres de descargo, entre ellos un perito financiero.
También Anabel en su derecho a declarar, dijo en su defensa que ella fue autorizada por su hermano Adalberto, para que realizara transacciones bancarias con el dinero que él enviaba y además le otorgó un poder para que retirara los intereses que generaban las cuentas de la madre de ambos.

Igualmente Adalberto pasó a dar su testimonio luego de ser admitido como testigo de descargo. Es por esto que respondiendo al interrogatorio de la defensa explicó, cómo fue la forma en que creó las empresas y como las manejaba en Estados Unidos y Perú, las actividades que realizaba, así como de cuanto fueron las ganancias que generaban.
Las investigaciones iniciaron luego que a Jaime Adalberto Flores Batres, hermano de la acusada y Sonia Maricel Amaya Márquez, se les encontrará 196 mil dólares en efectivo, el 5 de julio de 2012, cuando se encontraban en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en dicho lugar iban a abordar un vuelo hacia Lima, Perú. Agentes de la División Antinarcóticos les realizaron un registro rutinario y encontraron el dinero en las maletas de mano que ambos sujetos portaban. Al preguntar de donde era obtenido el dinero el señor Jaime dijo que él era representante de una empresa que se encontraba en Perú, mostrando un documento que lo acreditaba como tal.

Posteriormente se realizó un allanamiento el 26 de julio de 2016 en la casa de habitación de Anabel Flores, donde fue capturada y puesta a disposición de la Fiscalía.

Los demás acusados se encontraban prófugos de la justicia hasta diciembre del año pasado, que se presentaron al Juzgado de Instrucción donde son procesados, argumentando que se sentían amenazados en su integridad personal, por tal razón no habían asistido a los llamados y se encontraban fuera del país. El juez dio por justificada la incomparecencia, por tanto les dio medidas sustitutivas a la detención para continuar el proceso penal.

Anabel también contaba con medidas sustitutivas a la detención, otorgadas por el Tribunal, luego de una audiencia especial realizada el 28 de febrero de 2018, por padecer de una enfermedad, donde el tribunal colegiado resolvió que, este era un caso que constituye la suspensión de las medidas cautelares, dada la necesidad de la atención médica, pero se sujetó al pago de una fianza económica de 100 mil dólares, al mismo tiempo que cumpliría con las reglas de no salir del país, fijar una residencia determinada donde pueda ser localizada y presentarse a firmar al tribunal cada ocho días. Luego de cumplir con lo anterior fue puesta en la libertad condicional el 11 de mayo de 2018.

Este mismo mes se tiene programada la audiencia preliminar contra los otros imputados por el caso de lavado de dinero y activos.

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314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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