Judicial
Sujetos remitidos a juzgados por casos de privación de libertad, homicidios agravados, agrupaciones ilícitas, entre otros delitos
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) consignaron esta mañana, al Juzgado Especializado de Instrucción “C” a 29 imputados, acusados por nueve casos de privación de libertad, dos homicidios agravados, fraude procesal, agrupaciones ilícitas y cuatro proposiciones y conspiraciones en el delito de homicidio agravado.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó la solicitud de imposición de medidas, por la cual se ha solicitado al juez decretar instrucción formal con detención provisional y habilitar los próximos seis meses para profundizar en las investigaciones. La audiencia de imposición de medidas está señalada para las 7:00 am del próximo 11 de noviembre.
Según datos de las investigaciones, una de las víctimas de los homicidios fue Francisco Beltrán Girón, 55 años, a quién le dispararon en el 2010 porque se negaba a colaborar con la estructura delincuencial, a través del pago de la renta y de dar aviso a la PNC. Este hecho se registró en el año 2010 en el municipio de Colón, La Libertad. Asimismo, en el 2011 mataron a Jorge Orellana, al parecer los imputados creyeron que la víctima pertenecía a la pandilla contraria; este crimen se registró en el municipio de San Juan Opico.
Respecto a los nueve casos de privación de libertad, estos sucedieron en la misma zona donde operaba la estructura, para los terroristas las víctimas colaboran con la PNC y otros pertenecían a una estructura contraria. No obstante, falta comprobar por medio de exámenes de ADN si los cuerpos encontrados en cementerios clandestinos pertenecen a los ofendidos; los cuerpos fueron encontrados en fincas rurales. Los hechos se registraron entre 2015 a 2017.
Sobre el caso de fraude procesal, algunos miembros de la clica se enteraron que se investigaba el caso de la desaparición de un agente policial, por lo tanto desenterraron el cadáver y lo incineraron para de esta forma borrar evidencia. Estos hechos sucedieron en 2017.
En tal sentido, la FGR comenzó a investigar los hechos por medio de las denuncias, testigos e intervenciones telefónicas. Dentro de los capturados se encuentran fundadores de la pandilla, soldados, entre otros. Las capturas se realizaron entre el 5 y 6 de noviembre de los corrientes por miembros de la Policía Nacional Civil. Inicialmente se informó que se trataba de 30 imputados, uno de ellos es menor de edad y por tal motivo será procesado en el respectivo juzgado en Santa Tecla, La Libertad.
Una mujer y su hija fueron sentenciadas a 20 años de cárcel por el delito de homicidio agravado en perjuicio de otra mujer.
La Fiscalía General de la República (FGR) identificó a las sentenciadas como Sonia Maribel Chávez y su hija Jacqueline Evelin Vanegas.
Según la acusación fiscal, Sonia Maribel y Jacquelin Evelin interceptaron a otra mujer a quien le reclamaron por lo que dijo de una de las hijas de las acosadas.
Pese a que la víctima se disculpó por sus comentarios, las procesadas comenzaron a golpearla hasta que falleció debido a la gravedad de sus lesiones.
Tras analizar la prueba de la FGR, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la mencionada sentencia.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a Wilmer Javier Zavala Gómez, de 33 años de edad, a la pena de 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Zuleyma Marisol Flores Guardado, quien tenía 24 años de edad.
El 30 de mayo de 2018, la víctima salió de su casa, ubicada en Ciudad Delgado, San Salvador, para ir a trabajar. Al llegar la tarde, su padre se preocupó porque no había regresado, le realizó múltiples llamadas y no respondió. Al día siguiente, sus padres fueron al lugar de trabajo de Zuleyma y les informaron que no se había presentado, lo cual les pareció extraño, ya que ella era una persona responsable. Inmediatamente, su padre denunció la desaparición de su hija en la sede policial.
En la investigación, se determinó que Zuleyma tuvo una cita con Wilmer, con quien mantenía una relación sentimental. A través del monitoreo de las cámaras DE videovigilancia, se observó que, para dicha cita, la víctima llegó a un centro comercial ubicado en San Salvador, abordó un vehículo conducido por el imputado y se dirigieron a un auto hotel ubicado en Mejicanos. Posteriormente, la víctima no apareció.
El cuerpo de Zuleyma fue encontrado el 3 de diciembre del mismo año, dentro de un pozo seco en Usulután, lugar donde vivía el ahora condenado. El cuerpo se encontraba atado de manos y envuelto en una colchoneta y una bolsa plástica.
El exalcalde de Olocuilta, Marvin Ulises Rodríguez Álvarez, fue condenado a 27 años de cárcel por peculado e incumplimiento de deberes, la pena se la impuso el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, departamento de La Paz.
En el mismo fallo, el extesorero municipal, Edwin Orlando León, fue encontrado culpable y lo sentenciaron a 12 años de prisión.
El proceso también llegó a vista pública en contra de otros nueve miembros del exconcejo municipal de Olocuilta y un particular, quienes recibieron tres años de cárcel.
El juicio fue por el mal uso de fondos públicos y falta de supervisión en proyectos que no cumplieron con los procedimientos legales para la compra de un terreno que serviría para ampliar el cementerio municipal y la construcción de un parque ecológico.
La vista pública fue efectuada con siete presentes y cinco prófugos, entre ellos el exalcalde, Marvin Ulises Rodríguez Álvarez; el extesorero municipal, Edwin Orlando León, los exconcejales: Roque Zepeda López y Roberto Antonio Ruiz Zavaleta.
Solo comparecieron al juicio, el particular, Jorge Salvador Yada Córdova; el exsíndico Gilberto Antonio Toloza; y los exconcejales Luis Alonso Chávez Ramírez, Venancio Cruz Ortiz, Walter Antonio Artiga Montalvo; Carlos Córdova Díaz, Carlos Mendoza y Juan Miguel Aragón Ramírez.
Todos fueron parte del concejo municipal en el período comprendido entre el año 2012 y 2015.
La Fiscalía General de la República probó anomalías en la compra de un terreno para construir un cementerio municipal y un parque ecológico.
El inmueble fue adquirido en $236,000, y en la compraventa acordada se tenía una extensión determinada, pero en la escritura aparece una menor cantidad de terreno.
Respecto al cementerio se desembolsó $50,000, pero al final no se hizo nada de ese proyecto y por el parque ecológico se erogaron $260,000.
Marvin Ulises Rodríguez, incurrió en el delito de peculado cuando transfirió de las cuentas del FODES hacia su cuenta personal y del tesorero, dinero destinado a la comuna.
