Judicial
Sujetos remitidos a juzgados por casos de privación de libertad, homicidios agravados, agrupaciones ilícitas, entre otros delitos
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) consignaron esta mañana, al Juzgado Especializado de Instrucción “C” a 29 imputados, acusados por nueve casos de privación de libertad, dos homicidios agravados, fraude procesal, agrupaciones ilícitas y cuatro proposiciones y conspiraciones en el delito de homicidio agravado.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó la solicitud de imposición de medidas, por la cual se ha solicitado al juez decretar instrucción formal con detención provisional y habilitar los próximos seis meses para profundizar en las investigaciones. La audiencia de imposición de medidas está señalada para las 7:00 am del próximo 11 de noviembre.
Según datos de las investigaciones, una de las víctimas de los homicidios fue Francisco Beltrán Girón, 55 años, a quién le dispararon en el 2010 porque se negaba a colaborar con la estructura delincuencial, a través del pago de la renta y de dar aviso a la PNC. Este hecho se registró en el año 2010 en el municipio de Colón, La Libertad. Asimismo, en el 2011 mataron a Jorge Orellana, al parecer los imputados creyeron que la víctima pertenecía a la pandilla contraria; este crimen se registró en el municipio de San Juan Opico.
Respecto a los nueve casos de privación de libertad, estos sucedieron en la misma zona donde operaba la estructura, para los terroristas las víctimas colaboran con la PNC y otros pertenecían a una estructura contraria. No obstante, falta comprobar por medio de exámenes de ADN si los cuerpos encontrados en cementerios clandestinos pertenecen a los ofendidos; los cuerpos fueron encontrados en fincas rurales. Los hechos se registraron entre 2015 a 2017.
Sobre el caso de fraude procesal, algunos miembros de la clica se enteraron que se investigaba el caso de la desaparición de un agente policial, por lo tanto desenterraron el cadáver y lo incineraron para de esta forma borrar evidencia. Estos hechos sucedieron en 2017.
En tal sentido, la FGR comenzó a investigar los hechos por medio de las denuncias, testigos e intervenciones telefónicas. Dentro de los capturados se encuentran fundadores de la pandilla, soldados, entre otros. Las capturas se realizaron entre el 5 y 6 de noviembre de los corrientes por miembros de la Policía Nacional Civil. Inicialmente se informó que se trataba de 30 imputados, uno de ellos es menor de edad y por tal motivo será procesado en el respectivo juzgado en Santa Tecla, La Libertad.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
