Judicial
Sujetos remitidos a juzgados por casos de privación de libertad, homicidios agravados, agrupaciones ilícitas, entre otros delitos
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) consignaron esta mañana, al Juzgado Especializado de Instrucción “C” a 29 imputados, acusados por nueve casos de privación de libertad, dos homicidios agravados, fraude procesal, agrupaciones ilícitas y cuatro proposiciones y conspiraciones en el delito de homicidio agravado.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó la solicitud de imposición de medidas, por la cual se ha solicitado al juez decretar instrucción formal con detención provisional y habilitar los próximos seis meses para profundizar en las investigaciones. La audiencia de imposición de medidas está señalada para las 7:00 am del próximo 11 de noviembre.
Según datos de las investigaciones, una de las víctimas de los homicidios fue Francisco Beltrán Girón, 55 años, a quién le dispararon en el 2010 porque se negaba a colaborar con la estructura delincuencial, a través del pago de la renta y de dar aviso a la PNC. Este hecho se registró en el año 2010 en el municipio de Colón, La Libertad. Asimismo, en el 2011 mataron a Jorge Orellana, al parecer los imputados creyeron que la víctima pertenecía a la pandilla contraria; este crimen se registró en el municipio de San Juan Opico.
Respecto a los nueve casos de privación de libertad, estos sucedieron en la misma zona donde operaba la estructura, para los terroristas las víctimas colaboran con la PNC y otros pertenecían a una estructura contraria. No obstante, falta comprobar por medio de exámenes de ADN si los cuerpos encontrados en cementerios clandestinos pertenecen a los ofendidos; los cuerpos fueron encontrados en fincas rurales. Los hechos se registraron entre 2015 a 2017.
Sobre el caso de fraude procesal, algunos miembros de la clica se enteraron que se investigaba el caso de la desaparición de un agente policial, por lo tanto desenterraron el cadáver y lo incineraron para de esta forma borrar evidencia. Estos hechos sucedieron en 2017.
En tal sentido, la FGR comenzó a investigar los hechos por medio de las denuncias, testigos e intervenciones telefónicas. Dentro de los capturados se encuentran fundadores de la pandilla, soldados, entre otros. Las capturas se realizaron entre el 5 y 6 de noviembre de los corrientes por miembros de la Policía Nacional Civil. Inicialmente se informó que se trataba de 30 imputados, uno de ellos es menor de edad y por tal motivo será procesado en el respectivo juzgado en Santa Tecla, La Libertad.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
