Judicial
Sujeto exigía el «billete» de la extorsión a cambio de no asesinar la familia de su víctima
El Tribunal 2º de Sentencia de Santa Ana declaró responsable penalmente, en calidad de coautor, al imputado Edwin Orlando Ruano Martínez, de 24 años de edad, por el delito de extorsión agravada, bajo la modalidad de delito continuado, previsto y sancionado en los Artículos 2 y 3, numerales 1) y 7), de la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión (LECDE), en relación con el Artículo 42 del Código Penal, en perjuicio de la víctima con régimen de protección clave “383”.
Por ello fue condenado a cumplir la pena principal de 20 años de prisión; y a la accesoria de inhabilitación absoluta de la pérdida de los derechos de ciudadano por igual período que la pena de prisión impuesta.
Asimismo, el imputado fue declarado responsable civilmente y se le condenó al pago de $435 dólares a favor de la víctima.
Los hechos por los cuales la representación fiscal presentó acusación ocurrieron debido a que la víctima clave “383” aseguró que ha entregado dinero en contra de su voluntad a diferentes sujetos por varios años, quienes se han identificado como miembros de estructuras terroristas y que operan en el sector de la terminal de buses del municipio de Chalchuapa, en Santa Ana.
Los hechos extorsivos arreciaron en enero del año 2020, cuando llegaron a exigirle diferentes cantidades de dinero, no bastándole los $60 dólares que les pagaba mensualmente, optando la víctima por acceder ante el miedo de que pudieran asesinarla.
En el mes de marzo del mismo año, llegó el acusado y le dijo que a él tenía que entregarle el dinero de la extorsión y que no se negara, porque de lo contrario lo matarían a él o a sus empleados. Ese día, por miedo volvió a entregar la cantidad de sesenta dólares.
Cabe mencionar que dichas exigencias de dinero continuaron por parte del imputado en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2020, en los cuales la víctima entregó en cada mes la cifra de $60 dólares.
El 15 de octubre de ese mismo año, llegó nuevamente el incoado, quien le dijo que le urgía que le diera la cantidad de $15 dólares, contestándole la víctima que todavía no era la fecha de entregar el dinero que le exigían y que no tenía dinero en ese momento. El imputado se molestó y le dijo que si no le daba lo que le pedía, lo asesinaría en ese mismo instante, siendo que la víctima por miedo accedió. Posteriormente, la víctima interpuso la denuncia respectiva.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
