Judicial
Sujeto exigía el «billete» de la extorsión a cambio de no asesinar la familia de su víctima
El Tribunal 2º de Sentencia de Santa Ana declaró responsable penalmente, en calidad de coautor, al imputado Edwin Orlando Ruano Martínez, de 24 años de edad, por el delito de extorsión agravada, bajo la modalidad de delito continuado, previsto y sancionado en los Artículos 2 y 3, numerales 1) y 7), de la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión (LECDE), en relación con el Artículo 42 del Código Penal, en perjuicio de la víctima con régimen de protección clave “383”.
Por ello fue condenado a cumplir la pena principal de 20 años de prisión; y a la accesoria de inhabilitación absoluta de la pérdida de los derechos de ciudadano por igual período que la pena de prisión impuesta.
Asimismo, el imputado fue declarado responsable civilmente y se le condenó al pago de $435 dólares a favor de la víctima.
Los hechos por los cuales la representación fiscal presentó acusación ocurrieron debido a que la víctima clave “383” aseguró que ha entregado dinero en contra de su voluntad a diferentes sujetos por varios años, quienes se han identificado como miembros de estructuras terroristas y que operan en el sector de la terminal de buses del municipio de Chalchuapa, en Santa Ana.
Los hechos extorsivos arreciaron en enero del año 2020, cuando llegaron a exigirle diferentes cantidades de dinero, no bastándole los $60 dólares que les pagaba mensualmente, optando la víctima por acceder ante el miedo de que pudieran asesinarla.
En el mes de marzo del mismo año, llegó el acusado y le dijo que a él tenía que entregarle el dinero de la extorsión y que no se negara, porque de lo contrario lo matarían a él o a sus empleados. Ese día, por miedo volvió a entregar la cantidad de sesenta dólares.
Cabe mencionar que dichas exigencias de dinero continuaron por parte del imputado en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2020, en los cuales la víctima entregó en cada mes la cifra de $60 dólares.
El 15 de octubre de ese mismo año, llegó nuevamente el incoado, quien le dijo que le urgía que le diera la cantidad de $15 dólares, contestándole la víctima que todavía no era la fecha de entregar el dinero que le exigían y que no tenía dinero en ese momento. El imputado se molestó y le dijo que si no le daba lo que le pedía, lo asesinaría en ese mismo instante, siendo que la víctima por miedo accedió. Posteriormente, la víctima interpuso la denuncia respectiva.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
