Judicial
Representante de Quimagro solicita reapertura y avances en demanda contra exfiscal general y exmagistrados de la Sala de los Constitucional por incumplimiento de deberes y otros delitos
José Antonio Vega, representante legal y presidente de la empresa Quimagro, Sociedad Anónima de Capital Variable S.A. de S. V. se apersonó esta mañana de miércoles a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR), sede la Sultana, Antiguo Cuscatlán, para solicitarle al actual fiscal general, Raúl Melara, avances en su denuncia contra del fiscal de la república Douglas Meléndez.
Por más tres décadas la empresa salvadoreña QUIMAGRO ha mantenido una batalla legal contra el sistema financiero del país, el cual a pesar de haber tenido a su favor una sentencia definitiva en el 2010 y que fue tomada por la Sala de lo Civil en 2016 como fallo juzgado, en una acción “irregular” por parte de los exmagistrado de la Sala de lo Constitucional aún mantiene en vilo la ejecución del pago de daños y perjuicios y costas procesales, cantidad que supera los 50 millones de dólares para Quimagro.
En ese sentido, Antonio Vega ha solicitado una reapertura del caso y los avances que este puede presentar dentro de la actual administración en la FGR.
Antonio Vega, Quimagro S.A de S.V.
El caso fue declarado cerrado en el 2016 por los exmagistrados de la anterior Sala de lo Constitucional Florentín Meléndez, Rodolfo González, Sidney Blanco y Belarmino Jaime y Sonia de Segovia; quienes habría contado con el respaldo y la complicidad del exfiscal general Douglas Meléndez, al no procesar las denuncias interpuestas en contra de los exmagistrados, cayendo en el delito de incumplimiento de deberes y omisión a la investigación, según Vega.
“Estoy solicitando una reapertura que se presentó en días pasados al nuevo fiscal general de la república, en el sentido de que se avance una denuncia contra el exfiscal anterior, Douglas Meléndez Ruiz, por los delitos de omisión de investigación incumplimiento de deberes, actos arbitrarios y desobediencia”, todos delitos en perjuicio de la administración pública”, aseguró el representante de Quimagro en el documento que al tuvo acceso Diario Digital Cronio.
El aviso penal en contra de los exmagistrados y el exfical Douglas Meléndez, según Vega, fue presentada en marzo del presente año. En ella se pide al fiscal general en turno, Raúl Melera, se gire instrucciones precisas a la Unidad fiscal correspondiente para las investigaciones que se estimen pertinentes y se resuelva a la brevedad posible conforme a derecho y justicia.
Además, se declare ha lugar a la formación de causa en contra del exfiscal general por los delitos referidos anteriormente, tipificados y sancionados en el artículo 311 del código procesal penal sobre omisión de investigación así como incumplimiento de deberes que es sancionado en el artículo 321 del código penal como también actos arbitrarios tipificado y sancionado en el artículo 320 del código penal. Por último, también se señalan los delitos de desobediencia, tipificado en el artículo 322 del código penal.
El demandante espera que se haga justicia en su caso y que sean juzgados también los exmagistrados Florentín Meléndez, Rodolfo González, Sidney Blanco y Belarmino Jaime y Sonia de Segovia por haber violado las leyes del país, según Vega.
Antonio Vega, Quimagro S.A de S.V.
“Conforme a la constitución, normas internacionales y leyes de la república por la razón de haber cometido un posible prevaricato, un delito penado de 3 a 10 años según las leyes este país por una sentencia en contra de nuestra empresa Quimagro, lo cual no han resuelto los actuales magistrados”, recalcó Vega.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
Judicial
Juzgado ordena detención provisional para guatemalteco acusado de atropellar a niña en Ahuachapán
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán decretó la detención provisional del ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de atropellar a una niña de 9 años cuando se dirigía a su centro escolar. El imputado enfrentará el proceso judicial desde prisión, según lo resolvió la instancia judicial en audiencia inicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Herrera Orozco de los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores, tras embestir a la menor Ivania en el kilómetro 114 de la carretera que conduce hacia la frontera Las Chinamas, el pasado 4 de julio.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el conductor se dio a la fuga tras el incidente, sin brindar asistencia a la víctima. El atropello fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, además de ser registrado por testigos que se encontraban en el lugar.
Debido a la gravedad de las heridas, la niña fue trasladada en helicóptero hacia el Hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, donde continúa recibiendo atención médica especializada.
Herrera Orozco fue detenido días después en el cantón San Jerónimo, distrito de Metapán, Santa Ana, en un punto fronterizo, cuando presuntamente intentaba salir del país para evadir la acción de la justicia salvadoreña.
El Ministerio Público presentó las pruebas iniciales ante el juzgado, incluyendo los registros audiovisuales y testimonios, que evidencian la conducta del imputado al momento del incidente.
La defensa solicitó medidas sustitutivas a la detención, pero el juzgado consideró que existía riesgo de fuga, por lo que ordenó que Herrera Orozco continúe en prisión preventiva mientras se desarrolla la fase de instrucción del caso.
La FGR indicó que continuará recabando pruebas técnicas y periciales para fortalecer la acusación en la siguiente etapa del proceso.
El caso ha generado indignación en la comunidad local, donde vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable del hecho.
