Judicial
Representante de Quimagro solicita reapertura y avances en demanda contra exfiscal general y exmagistrados de la Sala de los Constitucional por incumplimiento de deberes y otros delitos
José Antonio Vega, representante legal y presidente de la empresa Quimagro, Sociedad Anónima de Capital Variable S.A. de S. V. se apersonó esta mañana de miércoles a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR), sede la Sultana, Antiguo Cuscatlán, para solicitarle al actual fiscal general, Raúl Melara, avances en su denuncia contra del fiscal de la república Douglas Meléndez.
Por más tres décadas la empresa salvadoreña QUIMAGRO ha mantenido una batalla legal contra el sistema financiero del país, el cual a pesar de haber tenido a su favor una sentencia definitiva en el 2010 y que fue tomada por la Sala de lo Civil en 2016 como fallo juzgado, en una acción “irregular” por parte de los exmagistrado de la Sala de lo Constitucional aún mantiene en vilo la ejecución del pago de daños y perjuicios y costas procesales, cantidad que supera los 50 millones de dólares para Quimagro.
En ese sentido, Antonio Vega ha solicitado una reapertura del caso y los avances que este puede presentar dentro de la actual administración en la FGR.
Antonio Vega, Quimagro S.A de S.V.
El caso fue declarado cerrado en el 2016 por los exmagistrados de la anterior Sala de lo Constitucional Florentín Meléndez, Rodolfo González, Sidney Blanco y Belarmino Jaime y Sonia de Segovia; quienes habría contado con el respaldo y la complicidad del exfiscal general Douglas Meléndez, al no procesar las denuncias interpuestas en contra de los exmagistrados, cayendo en el delito de incumplimiento de deberes y omisión a la investigación, según Vega.
“Estoy solicitando una reapertura que se presentó en días pasados al nuevo fiscal general de la república, en el sentido de que se avance una denuncia contra el exfiscal anterior, Douglas Meléndez Ruiz, por los delitos de omisión de investigación incumplimiento de deberes, actos arbitrarios y desobediencia”, todos delitos en perjuicio de la administración pública”, aseguró el representante de Quimagro en el documento que al tuvo acceso Diario Digital Cronio.
El aviso penal en contra de los exmagistrados y el exfical Douglas Meléndez, según Vega, fue presentada en marzo del presente año. En ella se pide al fiscal general en turno, Raúl Melera, se gire instrucciones precisas a la Unidad fiscal correspondiente para las investigaciones que se estimen pertinentes y se resuelva a la brevedad posible conforme a derecho y justicia.
Además, se declare ha lugar a la formación de causa en contra del exfiscal general por los delitos referidos anteriormente, tipificados y sancionados en el artículo 311 del código procesal penal sobre omisión de investigación así como incumplimiento de deberes que es sancionado en el artículo 321 del código penal como también actos arbitrarios tipificado y sancionado en el artículo 320 del código penal. Por último, también se señalan los delitos de desobediencia, tipificado en el artículo 322 del código penal.
El demandante espera que se haga justicia en su caso y que sean juzgados también los exmagistrados Florentín Meléndez, Rodolfo González, Sidney Blanco y Belarmino Jaime y Sonia de Segovia por haber violado las leyes del país, según Vega.
Antonio Vega, Quimagro S.A de S.V.
“Conforme a la constitución, normas internacionales y leyes de la república por la razón de haber cometido un posible prevaricato, un delito penado de 3 a 10 años según las leyes este país por una sentencia en contra de nuestra empresa Quimagro, lo cual no han resuelto los actuales magistrados”, recalcó Vega.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
