Judicial
Representante de Quimagro solicita reapertura y avances en demanda contra exfiscal general y exmagistrados de la Sala de los Constitucional por incumplimiento de deberes y otros delitos
José Antonio Vega, representante legal y presidente de la empresa Quimagro, Sociedad Anónima de Capital Variable S.A. de S. V. se apersonó esta mañana de miércoles a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR), sede la Sultana, Antiguo Cuscatlán, para solicitarle al actual fiscal general, Raúl Melara, avances en su denuncia contra del fiscal de la república Douglas Meléndez.
Por más tres décadas la empresa salvadoreña QUIMAGRO ha mantenido una batalla legal contra el sistema financiero del país, el cual a pesar de haber tenido a su favor una sentencia definitiva en el 2010 y que fue tomada por la Sala de lo Civil en 2016 como fallo juzgado, en una acción “irregular” por parte de los exmagistrado de la Sala de lo Constitucional aún mantiene en vilo la ejecución del pago de daños y perjuicios y costas procesales, cantidad que supera los 50 millones de dólares para Quimagro.
En ese sentido, Antonio Vega ha solicitado una reapertura del caso y los avances que este puede presentar dentro de la actual administración en la FGR.
Antonio Vega, Quimagro S.A de S.V.
El caso fue declarado cerrado en el 2016 por los exmagistrados de la anterior Sala de lo Constitucional Florentín Meléndez, Rodolfo González, Sidney Blanco y Belarmino Jaime y Sonia de Segovia; quienes habría contado con el respaldo y la complicidad del exfiscal general Douglas Meléndez, al no procesar las denuncias interpuestas en contra de los exmagistrados, cayendo en el delito de incumplimiento de deberes y omisión a la investigación, según Vega.
“Estoy solicitando una reapertura que se presentó en días pasados al nuevo fiscal general de la república, en el sentido de que se avance una denuncia contra el exfiscal anterior, Douglas Meléndez Ruiz, por los delitos de omisión de investigación incumplimiento de deberes, actos arbitrarios y desobediencia”, todos delitos en perjuicio de la administración pública”, aseguró el representante de Quimagro en el documento que al tuvo acceso Diario Digital Cronio.
El aviso penal en contra de los exmagistrados y el exfical Douglas Meléndez, según Vega, fue presentada en marzo del presente año. En ella se pide al fiscal general en turno, Raúl Melera, se gire instrucciones precisas a la Unidad fiscal correspondiente para las investigaciones que se estimen pertinentes y se resuelva a la brevedad posible conforme a derecho y justicia.
Además, se declare ha lugar a la formación de causa en contra del exfiscal general por los delitos referidos anteriormente, tipificados y sancionados en el artículo 311 del código procesal penal sobre omisión de investigación así como incumplimiento de deberes que es sancionado en el artículo 321 del código penal como también actos arbitrarios tipificado y sancionado en el artículo 320 del código penal. Por último, también se señalan los delitos de desobediencia, tipificado en el artículo 322 del código penal.
El demandante espera que se haga justicia en su caso y que sean juzgados también los exmagistrados Florentín Meléndez, Rodolfo González, Sidney Blanco y Belarmino Jaime y Sonia de Segovia por haber violado las leyes del país, según Vega.
Antonio Vega, Quimagro S.A de S.V.
“Conforme a la constitución, normas internacionales y leyes de la república por la razón de haber cometido un posible prevaricato, un delito penado de 3 a 10 años según las leyes este país por una sentencia en contra de nuestra empresa Quimagro, lo cual no han resuelto los actuales magistrados”, recalcó Vega.
Judicial
Condenan a 90 años de prisión a seis pandilleros por el asesinato de un agente policial en Sonsonate
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso una condena de 90 años de prisión a seis miembros de la clica San Cocos Salvatruchos, perteneciente a la MS-13, tras ser encontrados culpables de la desaparición y homicidio agravado de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido en enero de 2022 en Sonsonate.
Los condenados fueron identificados como Eduardo José Cruz Hernández, David Eduardo Hernández Zeledón y Marco Daniel Cruz Hernández, quienes estuvieron presentes durante la vista pública. En tanto, Roberto Benjamín Rodríguez Padilla, Miguel Ángel Cortez Lozano y Nelson Alexánder Chacón Rivas fueron condenados en ausencia y deberán cumplir la pena una vez sean capturados.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el agente Nahúm Elías Hernández Escobar fue privado de libertad el 2 de enero de 2022 en la colonia Sensunapán, cuando se disponía a visitar a unos familiares. En ese momento fue interceptado por los pandilleros, quienes lo obligaron a bajar de su vehículo y lo trasladaron por la fuerza en otro automóvil.
Posteriormente, fue llevado a las orillas del río Sensunapán, donde fue asesinado y enterrado en una fosa clandestina. Su cuerpo fue localizado seis días después, el 8 de enero, e identificado mediante una prueba de ADN debido al avanzado estado de descomposición.
Los seis implicados fueron encontrados culpables de los delitos de homicidio agravado, desaparición de personas y agrupaciones ilícitas. Según la resolución judicial, cada uno recibió 60 años por homicidio agravado, 25 por desaparición y 5 por pertenecer a estructuras criminales.
La FGR reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la vida de servidores públicos y la seguridad de los salvadoreños.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
