Judicial
Red de Mr. Miyagi acusada de estafa por 1.3 millones de dólares enfrenta audiencia
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador ha comenzado este viernes el proceso penal en contra de Gerardo Quijada Orellana, conocido «Mr. Miyagi» y 10 miembros de su estructura delincuencial de estafadores y lavadores de dinero.
Entre los acusados hay miembros de su grupo familiar, abogados y policías quienes desde el 2008 tramaron y ejecutaron delitos señala la Fiscalía General de la República.
Además de «Mr. Miyagi», son procesados, José René Ventura Alvarado, alias «Big boy»; así como los abogados Jorge Carlos Figeac Cisneros y César Roberto Trujillo Menéndez; además de Jennifer Marcela, Jason Gerardo y Mónica Elena Quijada Suncín, quienes son hijos de Orellana y tenían la función de testaferros.
También los representantes legales, Jorge Alberto Alemán Cruz y Mirna Elena Suncín de Quijada, esposa del principal estafador, y quien también ejercía como testaferro.
Se menciona además a los colaboradores de la red, Milton Eduardo Chávez Chicas René Williams Arias Mejía, quien es ausente.
El ministerio público señala a todos de agrupaciones ilícitas y luego les acumula de forma individual, estafa agravada, amenazas con agravación especial, extorsión, violencia contra funcionario público o autoridad pública, denuncia o acusación calumniosa.
A Mirna Elena Suncín, la Fiscalía también la acusa de casos especiales de lavado de dinero y activos, a Milton Chávez Chicas y Gerardo Quijada Orellana, les acumulan tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.
En la solicitud de imposición de medidas presentada por la Fiscalía se menciona que Gerardo Quijada y su red utilizaron documentación falsa para engañar a sus víctimas suscribiendo contratos de arrendamientos de inmuebles en zonas de alta plusvalía donde por años han funcionado sus talleres.
El monto de lo estafado asciende a $1,330,000, en perjuicio de seis víctimas y tres sociedades que se han mostrado como ofendidas por el perjuicio patrimonial que la estructura les ha causado con su accionar.
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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó que el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza permanezca en detención provisional mientras su caso avanza a la siguiente etapa del proceso penal.
La Fiscalía General de la República lo acusa por el delito de lavado de dinero y activos, cometido presuntamente entre los años 2015 y 2024. El proceso fue judicializado el pasado sábado bajo régimen de reserva total, por lo que ninguna de las partes puede proporcionar detalles adicionales del expediente.
Según la legislación salvadoreña, el delito de lavado de dinero contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión. Este delito incluye operaciones financieras u omisiones destinadas a ocultar el origen ilícito de bienes provenientes de actividades delictivas.
Durante la audiencia inicial, el abogado defensor Jaime Quintanilla afirmó que el proceso se desarrolló con normalidad y que la defensa presentó los elementos que respaldan la inocencia de su cliente.
