Judicial
Procesan a importadores de camarón congelado por evadir impuesto
La Fiscalía General de la República (FGR), informó que n representante legal de una empresa importadora, un motorista y un transportista son procesados por el delito de contrabando de mercadería al presentar documentación falsa e irregular al introducir al país, 15 mil libras de camarón congelado.
Los imputados son: Ramón German Mejía Delgado, representante legal de la empresa que importó los alimentos desde Nicaragua; Nelson Amaya Lovo, motorista del contenedor; y José Asunción García Villatoro, transportista.
De acuerdo a Fiscales de la Unidad de Intereses del Estado de la oficina de San Miguel, los camarones congelados se introdujeron al país a través del contenedor C-89154, procedentes de Nicaragua, el pasado 4 de julio como a las 10:00 de la mañana en la aduana terrestre El Amatillo de La Unión.
En su momento, ante las autoridades los responsables de la importación declararon un total de 340 bultos, valorados en US$20,747.13, cuyo impuesto se estimó en US$2,697.13.
Sin embargo, en los registros de control aduanal, se detectó que no se había presentado la declaración de Tránsito Internacional de Mercancías.
Al investigar se estableció que había una doble documentación, la falsa y la verdadera, para el mismo medio de transporte.
En la que se determinó que se habían introducido al país 341 bultos de camarón, valorados en US$57,712.02, y que el impuesto a pagar era de US$11,577.44.
Por lo que las autoridades de aduana establecieron que la Hacienda Pública había dejado de percibir en impuestos aduanales US$8,880.13.
Lo que implica, de acuerdo a un valúo y casación que establecen las leyes fiscales, 300% de impuesto real, multa y el valor del producto, lo que implica que los imputados y responsables de la importación de camarón congelados tendrán que pagar hoy US$190,503.78.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador llevó a cabo una vista pública contra Raúl Arturo Alegría Centeno, acusado de los delitos de homicidio, hurto y robo agravado, en perjuicio de más de diez víctimas.
Según la investigación fiscal, entre 2011 y 2013, Raúl Alegría se asoció con un grupo que se dedicaba a cometer robos, utilizando armas de fuego para irrumpir en establecimientos comerciales. En algunos casos, las víctimas fueron sometidas por los delincuentes.
Entre los lugares asaltados se encuentran restaurantes, tiendas de misceláneos, tiendas de juegos, bares y una institución educativa, de la cual sustrajeron máquinas tragamonedas, televisores LED, computadoras, celulares, dinero en efectivo, entre otros bienes.
Tras valorar la prueba testimonial, pericial y documental que acreditó la participación de Raúl Alegría en un homicidio, dos casos de hurto agravado y seis casos de robo agravado, el Tribunal lo condenó a 93 años de prisión y a pagar más de $8,000 en concepto de responsabilidad civil por sus delitos.
Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador, fue sentenciado a una pena de cuatro años de prisión tras ser hallado culpable de incumplir con sus obligaciones laborales.
Muyshondt era también acusado por la Fiscalía por apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, delito por el que fue absuelto por el juez de sentencia.
En el caso de Heriberto Portillo, extesorero de la alcaldía, que estaba siendo acusado junto a Muyshondt, se impuso una condena de 4 años por retenciones de cuotas laborales.
El exalcalde fue capturado el 4 de junio de 2021 y acusado pocas horas después por la retención de cuotas. Durante su gestión entre 2018 y 2021, se le acusó de no efectuar el pago correspondiente de las cuotas laborales a los trabajadores del municipio.
El exalcalde sigue siendo procesado por el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, acusado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas. La Fiscalía lo acusó en 2020 junto con otras personas de otorgar dádivas a las principales pandillas del país a cambio de apoyo electoral.
Judicial
50 años de cárcel para exmilitar que mató a su pareja luego que ella decidiera terminar la relación
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador llevó a cabo una vista pública contra Álvaro Antonio Rodríguez Velásquez, acusado del delito de feminicidio, ocurrido en un mercado municipal de Chalatenango.
Según la investigación, el acusado, un militar que sirvió en Irak, mantenía una relación sentimental con la víctima, Blanca Iris Rivera; sin embargo, ella decidió terminar la convivencia debido a los constantes maltratos, episodios de celos y el control que Rodríguez Velásquez ejercía sobre ella. Ante la negativa de continuar la relación, el acusado comenzó a acosarla, hostigarla y amenazarla con atentar contra su vida y la de sus familiares.
El 16 de julio de 2018, el acusado llegó al lugar de trabajo de su expareja. Testigos que lo reconocieron declararon que Álvaro Rodríguez se dirigió directamente hacia ella y le disparó, provocándole heridas en el cráneo y tórax que causaron su muerte.
Tras valorar la prueba testimonial, pericial y documental, la jueza encontró a Álvaro Antonio Rodríguez Velásquez culpable del delito de feminicidio y lo condenó a 50 años de prisión. El hombre se encuentra prófugo desde el día que cometió el feminicidio.
