Judicial
Prestigiosa firma de abogados «Quinn Emanuel Trial Lawyers» representará a Enrique Rais
La prestigiosa firma de abogados Quinn Emanuel Trial Lawyers ofreció una conferencia de prensa este viernes en la que se dieron a conocer detalles sobre su representación al empresario Enrique Rais.
El punto central de la conferencia fue sobre las “Acciones Legales a seguir ante los ataques contra la familia Rais y la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos, S.E.M. de C.V.”.
Las acciones a tomar por parte de Quinn Emanuel Trial Lawyers serán basadas en cuatros puntos que tienen que ver con sacar a Enrique Rais de la difusión roja emitida a nivel internacional así como velar porque se respeten sus derechos de inversión en el país.
“Vamos a convencer a las autoridades norteamericanos de que no pongan a nuestros cliente en la lista negra”, afirmó Juan P. Morillo.
El abogado también aseguró que buscarán “convencer a las autoridades de Suiza de no proceder con ningún procedimiento de lavo de dinero o cualquier otro procedimiento, y luego bajar la ficha roja que tiene en INTERPOL y que puso inapropiadamente el gobierno salvadoreño y número cuatro si el gobierno salvadoreños se atreve a presentar el proceso de extinción de dominio vamos a representar al señor Rais, su familia y a MIDES en un procedimiento internacional de arbitraje que las inversiones que él ha hecho aquí son a través de entidades norteamericanos y suizas, y hay un tratado entre los Suiza y El Salvador y El Salvador- EE.UU. que protege esas inversiones extranjeras por lo que vamos a proteger sus bienes en El Salvador”, afirmó Morrillo.
El bufete de abogados Quinn Emanuel Trial Lawyers es una firma reconocida a nivel mundial con sede en Estados Unidos.
En la rueda de prensa también se aprovechó para presentes los abogados y apoderados legales de la empresa MIDES.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
