Judicial
“Párate ahí, si das información a la policía te vamos a matar” le dijeron pandilleros a un hombre tras desobedecer una orden en la colonia
Querer tener una calle libre para poder circular fue el único «pecado» que un hombre cometió ante pandilleros de la zona que atentaron en contra de su vida por considerar que al botar las piedras colocadas estaba ayudando a la Policía Nacional Civil (PNC).
Cansado de la jornada laboral que había tenido, la noche del 27 de septiembre de 2017 Camilo (nombre modificado por seguridad) regresaba a su casa cuando en la entrada principal de la colonia en la que habitaba se encontró con grandes piedras que le impedían avanzar.
Teniendo conocimiento que las piedras eran colocadas por pandilleros para impedir que agentes de la PNC entraran a la colonia a patrullar, la víctima decidió remover con sus propias manos la barricada.
La molestia de Camilo era tal que no le importó que cinco de los delincuentes lo estuvieran observando y con actitud desafiante procedió a remover las rocas, algo que ningún otro vecino se había atrevido a hacer pese a los problemas que tenían para encontrar un lugar donde estacionar sus vehículos.
Una vez removidas las piedras, el hombre se dispuso a seguir su camino, pero los delincuentes salieron a su paso y le ordenaron detener la marcha, algo que la víctima no obedeció.
“Párate ahí”, fue el grito con el que Kevin H., intentó atemorizar a un Camilo que se detuvo hasta que sintió que un disparo impactó con la carrocería del vehículo que fue rodeado por los delincuentes.
Al costado derecho del pick up se puso colocó Jimmy F., quien sin andar con rodeos le preguntó: “¿Por qué no hiciste caso de parar? Y si no bajas la luz te vamos a matar ya que nosotros mandamos en la zona”.
Lleno de impotencia. Camilo siguió escuchando a sus verdugos, en ese momento tomó la palabra José R., quien le ordenó que se bajara del carro para que Eduardo A. le colocara la pistola en la cabeza y lo amenazara: “Si das información a la policía te vamos a matar”, lo sentenció.
Todo pasó en cuestión de minutos, Camilo sintió la muerte sobre sus hombros pero pese a esto decidió denunciar a las autoridades sobre lo que había pasado y se le dieron las medidas de seguridad previa al inicio de un proceso judicial.
Los sujetos fueron arrestados meses después y en el requerimiento fiscal fueron acusados por limitación ilegal a la libertad de circulación, el cual se mantuvo hasta llegar a la vista pública desarrollada por el tribunal Tercero de sentencia de San Salvador.
Tras las pruebas presentadas por la representación fiscal y los alegatos de la defensa de los cuatro imputados el juez los declaró culpables y por ser un delito menor los condenó a tres años de trabajos de utilidad pública por los daños ocasionados.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
