Cansado de la jornada laboral que había tenido, la noche del 27 de septiembre de 2017 Camilo (nombre modificado por seguridad) regresaba a su casa cuando en la entrada principal de la colonia en la que habitaba se encontró con grandes piedras que le impedían avanzar.

Teniendo conocimiento que las piedras eran colocadas por pandilleros para impedir que agentes de la PNC entraran a la colonia a patrullar, la víctima decidió remover con sus propias manos la barricada.

La molestia de Camilo era tal que no le importó que cinco de los delincuentes lo estuvieran observando y con actitud desafiante procedió a remover las rocas, algo que ningún otro vecino se había atrevido a hacer pese a los problemas que tenían para encontrar un lugar donde estacionar sus vehículos.

Una vez removidas las piedras, el hombre se dispuso a seguir su camino, pero los delincuentes salieron a su paso y le ordenaron detener la marcha, algo que la víctima no obedeció.

“Párate ahí”, fue el grito con el que  Kevin H., intentó atemorizar a un Camilo que se detuvo hasta que sintió que un disparo impactó con la carrocería del vehículo que fue rodeado por los delincuentes.

Al costado derecho del pick up se puso colocó Jimmy F., quien sin andar con rodeos le preguntó: “¿Por qué no hiciste caso de parar? Y si no bajas la luz te vamos a matar ya que nosotros mandamos en la zona”.

Lleno de impotencia. Camilo siguió escuchando a sus verdugos, en ese momento tomó la palabra José R., quien  le ordenó que se bajara del carro para que Eduardo A. le colocara la pistola en la cabeza y lo amenazara: “Si das información a la policía te vamos a matar”, lo sentenció.

Todo pasó en cuestión de minutos, Camilo sintió la muerte sobre sus hombros pero pese a esto decidió denunciar a las autoridades sobre lo que había pasado y se le dieron las medidas de seguridad previa al inicio de un proceso judicial.

Los sujetos fueron arrestados meses después y en el requerimiento fiscal fueron acusados por limitación ilegal a la libertad de circulación, el cual se mantuvo hasta llegar a la vista pública desarrollada por el tribunal Tercero de sentencia de San Salvador.

Tras las pruebas presentadas por la representación fiscal y los alegatos de la defensa de los cuatro imputados el juez los declaró culpables y por ser un delito menor los condenó a tres años de trabajos de utilidad pública por los daños ocasionados.