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Pandilleros de la 18 a familiar de víctima secuestrada: «Si no nos das $50,000 te lo mandaremos en pedazos»

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Javier (nombre modificado por seguridad) fue de puerta en puerta para recuperar a su familiar. Desesperado explicó que su familiar había sido secuestrado por un grupo de hombres desconocidos y que durante las llamadas telefónicas y mensajes de Whatsapp amenazaban con enviarle “pedazos (de su cuerpo)” sino entregaba $50,000 en concepto de rescate.

Santiago (nombre cambiado por protección), familiar de Javier, salió de su casa la mañana del 22 de agosto de 2017, según consta en el expediente judicial por este caso. Tenía una reunión con unos amigos en una colonia populosa de Apopa, era un buen día y nunca se imaginó que su vida estaría por cambiar de un momento a otro. Llegó a un río y lo comenzó a cruzar. La zona es boscosa y bastante amplia.

Eran las 9:30 de la mañana. Santiago caminaba cuando de pronto dos camionetas le salieron al paso y no lo dejaron pasar. Como en una película, varios hombres cubiertos del rostro y con armas se bajaron del vehículo. Santiago se sintió asustado, buscó una manera de escapar, pero le fue imposible.

Los sujetos inmediatamente lo tomaron por la fuerza, lo metieron a uno de los carros y se dieron a la fuga sin dejar algún rastro. El expediente judicial señaló que Javier, uno de sus familiares, al darse cuenta que Santiago no regresaba decidió llamar a otro familiar para avisarle, necesitaban saber que estaba vivo.

Tanto Javier como su familiar no se quedaron de brazos cruzados. Estaban preocupados, no sabían dónde estaba Santiago. Ellos salieron a buscar pista que pudieran dar con el paradero. En el camino se encontraron con un vigilante y un vendedor de minutas, quienes le dijeron que habían visto al joven ser llevado por unos sujetos y que dentro de la camioneta iba una mujer y un hombre, señaló el documento judicial.

Minutos después, sin saber que hacer o alguna solución oportuna, llamó al sistema de emergencias 911 para buscar alguna solución, quienes horas más tarde montarían un operativo para rescatarlo.

La angustia de su familiar se hizo cada vez más latente, no había enfrentado ninguna situación parecida y no quería que el joven fuera a perder la vida en manos de los criminales. El paso de las horas y la intriga fueron apoderándose de Javier. Ya habían pasado más de 10 horas, no había rastro de Santiago.

“Mandarían los pedazos”

El documento judicial señaló que eran las 6:40 de la noche. Sonó el teléfono y Javier contestó. Era un hombre que con tono amenazante le dijo que tenían a su familiar y que por su libertad debía de pagar $50,000 en efectivo. “Apresúrate a conseguir el billete para que podamos arreglar el problema este día”, dijo el criminal a Javier. Sin embargo, la familia de Santiago no tenía esa cantidad.

Javier, en su angustia, les suplicó a los criminales que necesitaba saber si Santiago estaba con vida, ellos le dijeron, a través de un mensaje de voz de Whastapp, que él estaba bien pero que de no entregar el dinero se le “mandarían los pedazos”. Los sujetos le advirtieron a la víctima que todo dependía de que el caso no pasara a oídos de la Policía Nacional Civil (PNC) porque atacarían a Santiago.

A los 15 minutos, recibió una segunda llamada. En ese momento, Javier le explicó nuevamente que le era imposible conseguir la gran cantidad de dinero en tan poco tiempo, sin embargo, haría lo necesario para tener de regreso a su familiar. Javier y Santiago son parte de una iglesia desde hace varios años. Javier buscó la manera de buscar apoyo dentro de la congregación para recoger la suma exigida pero no era mucho apenas y llegaba a los $2,000.

El expediente apunta que agentes de la PNC tuvieron el control de la situación y pusieron a Javier a conversar con el secuestrador para acordar una hora y lugar para la liberación de Santiago a cambio de la entrega del dinero.

—O sea que vos jugando con nosotros estás -le dijo el sujeto con tono amenazante.

—No, no estoy jugando ahorita voy… -le contestó Javier cuando el secuestrador lo interrumpió.

—Nos dijiste que tenías dos mil y ahora salís que solo uno. ¿Qué ondas pues? -reaccionó el hombre.

El sujeto cada vez se volvía más exigente, agresivo y amenazante. Javier no encontraba una salida, las horas seguían pasando y la presión aumentaba.

—Acordate que he tocado varias partes hasta incluso hay muchas iglesias que nos han dado un poquito para reunir esos $2,000  -le explicó al criminal.

—Entonces, ¿Cuánto tenés?… ¡Habla cabrón! Pu… vos, mira ve, agarra plante, agarra plante -le dijo el hombre tras el teléfono, quien en varias ocasiones le dijo que no debía de darle información a la Policía porque de lo contrario algo malo pasaría. En uno de los mensajes a Whatsapp los hombre le reiteraron que sino conseguía el dinero «mandarían los pedazos» de Santiago.

Javier seguía sin tener contacto con su familiar. Constantemente preguntaba por él, pero no le daba razón. Por su cabeza seguían pasando muchas posibilidades de lo que podría pasarle. Mientras las conversaciones entre Javier y el criminal se daban, los agentes policiales escucharon las diversas llamadas que se realizaron.

Al día siguiente, como a eso de las 7:40 de la mañana, volvió a sonar el celular. La voz al otro lado era la misma así como las exigencias; el precio por la vida de Santiago era el mismo.

Sin embargo, a las 11:35 los sujetos enviaron un mensaje de voz por Whatsapp donde le decían que el tiempo que le habían dado era más que suficiente para que reuniera el dinero y que en su mente estaba quitarle la vida Santiago. La relación de los hechos explica que pasado unos cinco minutos del último mensaje, los secuestradores le dijeron que le harían una oferta razonable: la entrega de $25,000. Los sujetos le dijeron que de no hacerlo iban a cortarle los dedos de una mano para enviárselo .

Al medio día, el hombre le dijo: “Mira pinche basura, en tu conciencia va a quedar la vida de tu familiar, en tu conciencia y de esos malditos juras que están escuchando. Ya no te voy a creer hijueputa”, le dijo molesto. Javier inmediatamente le respondió que no habían policías escuchando y que estaba siguiendo las reglas que ellos le habían dictado.

—Esta difícil que reúna ese pisto, nosotros somos pobres”  -exclamó Javier sin tener alguna respuesta positiva. Los hombres para darle una prueba de vida le pasaron el celular a Santiago.

—¿Ya tenes el pisto? -le preguntó  Santiago.

—Ojalá que hoy, primero Dios. Resolveremos eso, tranquilízate -le manifestó Javier para ayudar a calmar a su familiar.

—Estoy bien, pero dicen que si no les querés pagar ya me van a empezar a maltratar -le dijo Santiago desesperado.

La llamada se cortó.

El rescate y la entrega

El tiempo se había terminado y Javier ya no podía más. La cantidad que le habían solicitado los secuestradores era inalcanzable; entre muchas iglesias afines a su congregación llegaron a recolectar solamente $1,950. Es decir que el dinero recolectado no llegaba ni a la tercera parte. Los criminales aceptaron.

Los sujetos pactaron la hora y el lugar de la entrega del dinero; el lugar sería en un parque de la misma colonia donde había sucedido en el secuestro.

La Unidad Elite Contra el Crimen Organizado de la PNC conformó, junto con los dos familiares, equipos para realizar la liberación y la entrega del dinero. Tanto Javier como su familiar envolvieron el dinero en un pañal para bebé y lo dejaron en una de las zonas verdes del parque.

De pronto, observaron a dos sujetos que caminaban en dirección al paquete, quienes lo tomaron y se dieron a la fuga sin darle una opción para ser atrapados por los agentes. Santiago fue entregado con vida minutos después.

Días después, los sujetos son reconocidos por un grupo de agentes policiales y capturados en el instante. Los criminales fueron identificados como José Carlos Ramírez Cardona, de 23 años, y Óscar Armando Cruz, de 22, señalados como colaboradores del secuestro y perfilados como miembros activos de la pandilla 18.

Será el juez del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador el encargado de observar las pruebas de la defensa y de la Fiscalía General de la República (GFR) para determinar la responsabilidad penal de los sujetos durante la vista pública por este caso de secuestro. Por otro lado, los pandilleros también enfrentan otros delitos en otros tribunales, entre los que se incluyen homicidio agravado, privación de libertad y organizaciones terroristas.

Por: El Salvador Times.

Lea Nota Original Acá.

 

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143 integrantes de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos de la MS-13 fueron condenados hasta con 75 años de prisión

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 143 integrantes de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos de la MS-13, del programa Libertad, fueran condenados a penas que van desde los 20 hasta los 75 años de prisión por su vinculación y pertenencia a la estructura criminal y por otros delitos.

Todos los pandilleros delinquían en el cantón Lourdes, del distrito de Colón, en en las colonias Cinco Cedros, San Mateo, El Chapernal, Bazzini, Las 600 y zonas aledañas del departamento de La Libertad y fueron sentenciados según el grado de participación o rango en la estructura criminal. Todos fueron capturados a partir de la implementación del régimen de excepción.

Entre las sentencias más altas está la 75 años de prisión impuesta a Cristian Dagoberto Alas García, alias Chory o Espía; al imputado se le condenó por los delitos de agrupaciones ilícitas, siembra y cultivo de marihuana y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego. El imputado fue capturado en agosto de 2022, en una finca de Talnique, donde almacenaba dos armas de guerra y cultivaba plantas de marihuana.

67 años de prisión fue la condena impuesta a Miqueas Misael Hernández Rodríguez, alias Miqueas, por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas, posesión de drogas con fines de tráfico y amenazas agravadas. Al momento de la captura el imputado amenazó verbalmente a elementos de la Fuerza Armada y se le incautaron sustancias ilícitas y un arma de fuego sin documentación legal.

El corredor de clica, Carlos Gerardo Escobar, alias Drupi, fue condenado a 66 años de prisión por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas de fuego y posesión de drogas; el imputado fue detenido en noviembre de 2022 en San Juan Opico, cuando intentó ocultar un arma de fuego y huir de las autoridades.

Otro de los condenados es el corredor de clica Jonathan David Doradea, alias Bacha o Mafioso, a quien se le impusieron 51 años de prisión por agrupaciones ilícitas y posesión de drogas.

Los corredores de clica Fidel Antonio Ramos Flores, alias Viejo Tigre, y Nelson Enrique Larios Saget, alias Duende, recibieron 45 años de prisión por agrupaciones ilícitas.

A esa misma pena y por el mismo delito fueron condenados los homeboys: Juan Carlos López Serrano, alias «Chacal»; Edwin Alexander Monterroza Arévalo, alias «Sayco»; Víctor Manuel Miranda Rosales, alias «Wizar»,  Elvis Jovanny Henriquez Montes, alias Espiri; Óscar Alfredo Alas Corea, alias «Black» o «Kilo»; Pedro Antonio Urbano Menjívar, alias «Vago»; Marvin Joel Gómez Portillo, alias «Slow»; Jairo Adonay Molina Paz, alias «Sparky»; Samuel Enrique Nieto Flores, alias «Zombie»; Andrés Rivas Menéndez, alias «Timón»; Juan Antonio García Cortez, alias «Humilde» o «Juan»; Juan Ramón Hernández Estrada, alias «Little Boy»; Samuel Eduardo Martínez Salazar, alias «Dauner»; Roberto Antonio Bermúdez Santamaría, alias «Pulga»; Dagoberto de Jesús Quintanilla, alias «Shorty»; Nelson Edgardo Aguirre Martínez, alias «Sombra»; Pedro José Sánchez Leiva, alias «Zonte»; Dany Wilson Ávalos Abrego, alias «Vigion»; Marcos Salvador López Martínez, alias «Gato de la Belén»; Manfredy Marcos Vanegas Durán, alias «Flaco» o «Scrapy»; Luis Alonso Gómez de Paz, alias «Pega»; Edwin Osmín Ruiz Aguilar, alias «Maníaco»; Francisco López Hernández, alias «Sapo»; Hayser Antonio Madrid Argueta, alias «Hayser», Carlos Antonio Ramírez, alias «Mico» y  Elmer Shunico Shunico.

El resto de penas oscilan entre 36, 30 y 20 años de prisión. Según el fallo se condenó a 4 corredores de clica, 27 homeboys, 61 chequeos, 4 observaciones y 47 paro o colaboradores.

Estas condenas fueron impuestas en presencia de los imputados por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, luego de valorar la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó el ente fiscal durante la audiencia única.

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40 años de cárcel para pandillero que amenazó y extorsionó a una víctima en San Miguel

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Milton Osmín Bonilla Romero fue condenado a 40 años de prisión por el delito de extorsión.

Según la acusación fiscal, entre abril y septiembre de 2011, la víctima fue amenazada de muerte por miembros de la MS-13. Por temor a las amenazas, la víctima denunció el hecho el 2 de agosto de ese mismo año ante la Policía Nacional Civil (PNC).

Para ubicar al responsable, se realizaron dos entregas controladas de dinero el 11 y el 29 de septiembre de 2011, en el interior de un centro comercial de la ciudad de San Miguel, donde identificaron y capturaron a Bonilla Romero.

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel lo condenó a 20 años de cárcel por cada entrega de dinero en la que participó el procesado.

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Detenida mujer acusada de estafar a 11 parejas con servicios de organización de bodas en El Salvador

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El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó la detención provisional de Tránsito Guadalupe Marroquín, de 48 años, acusada del delito de estafa agravada en perjuicio de 11 personas que habrían contratado sus servicios para la organización de bodas.

De acuerdo con la investigación, la imputada promocionaba sus servicios como planificadora de eventos a través de redes sociales y solicitaba anticipos mediante transferencias bancarias para organizar celebraciones programadas entre 2025 y 2026.

La Fiscalía sostiene que, en algunos casos, los locales nunca fueron reservados, mientras que en los eventos que sí se realizaron, los servicios brindados no coincidieron con lo acordado.

Entre las irregularidades señaladas se encuentran la falta de decoración, banquete, cristalería, bebidas, ramo de novia y otros servicios adicionales que habían sido ofrecidos a los clientes.

Según el requerimiento fiscal, el perjuicio económico causado a las 11 víctimas asciende a $19,651.

Tras la audiencia inicial, la jueza determinó que existen suficientes indicios para que el proceso continúe en la etapa de instrucción y ordenó que Marroquín permanezca en detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

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