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Pandilleros de la 18 a familiar de víctima secuestrada: «Si no nos das $50,000 te lo mandaremos en pedazos»

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Javier (nombre modificado por seguridad) fue de puerta en puerta para recuperar a su familiar. Desesperado explicó que su familiar había sido secuestrado por un grupo de hombres desconocidos y que durante las llamadas telefónicas y mensajes de Whatsapp amenazaban con enviarle “pedazos (de su cuerpo)” sino entregaba $50,000 en concepto de rescate.

Santiago (nombre cambiado por protección), familiar de Javier, salió de su casa la mañana del 22 de agosto de 2017, según consta en el expediente judicial por este caso. Tenía una reunión con unos amigos en una colonia populosa de Apopa, era un buen día y nunca se imaginó que su vida estaría por cambiar de un momento a otro. Llegó a un río y lo comenzó a cruzar. La zona es boscosa y bastante amplia.

Eran las 9:30 de la mañana. Santiago caminaba cuando de pronto dos camionetas le salieron al paso y no lo dejaron pasar. Como en una película, varios hombres cubiertos del rostro y con armas se bajaron del vehículo. Santiago se sintió asustado, buscó una manera de escapar, pero le fue imposible.

Los sujetos inmediatamente lo tomaron por la fuerza, lo metieron a uno de los carros y se dieron a la fuga sin dejar algún rastro. El expediente judicial señaló que Javier, uno de sus familiares, al darse cuenta que Santiago no regresaba decidió llamar a otro familiar para avisarle, necesitaban saber que estaba vivo.

Tanto Javier como su familiar no se quedaron de brazos cruzados. Estaban preocupados, no sabían dónde estaba Santiago. Ellos salieron a buscar pista que pudieran dar con el paradero. En el camino se encontraron con un vigilante y un vendedor de minutas, quienes le dijeron que habían visto al joven ser llevado por unos sujetos y que dentro de la camioneta iba una mujer y un hombre, señaló el documento judicial.

Minutos después, sin saber que hacer o alguna solución oportuna, llamó al sistema de emergencias 911 para buscar alguna solución, quienes horas más tarde montarían un operativo para rescatarlo.

La angustia de su familiar se hizo cada vez más latente, no había enfrentado ninguna situación parecida y no quería que el joven fuera a perder la vida en manos de los criminales. El paso de las horas y la intriga fueron apoderándose de Javier. Ya habían pasado más de 10 horas, no había rastro de Santiago.

“Mandarían los pedazos”

El documento judicial señaló que eran las 6:40 de la noche. Sonó el teléfono y Javier contestó. Era un hombre que con tono amenazante le dijo que tenían a su familiar y que por su libertad debía de pagar $50,000 en efectivo. “Apresúrate a conseguir el billete para que podamos arreglar el problema este día”, dijo el criminal a Javier. Sin embargo, la familia de Santiago no tenía esa cantidad.

Javier, en su angustia, les suplicó a los criminales que necesitaba saber si Santiago estaba con vida, ellos le dijeron, a través de un mensaje de voz de Whastapp, que él estaba bien pero que de no entregar el dinero se le “mandarían los pedazos”. Los sujetos le advirtieron a la víctima que todo dependía de que el caso no pasara a oídos de la Policía Nacional Civil (PNC) porque atacarían a Santiago.

A los 15 minutos, recibió una segunda llamada. En ese momento, Javier le explicó nuevamente que le era imposible conseguir la gran cantidad de dinero en tan poco tiempo, sin embargo, haría lo necesario para tener de regreso a su familiar. Javier y Santiago son parte de una iglesia desde hace varios años. Javier buscó la manera de buscar apoyo dentro de la congregación para recoger la suma exigida pero no era mucho apenas y llegaba a los $2,000.

El expediente apunta que agentes de la PNC tuvieron el control de la situación y pusieron a Javier a conversar con el secuestrador para acordar una hora y lugar para la liberación de Santiago a cambio de la entrega del dinero.

—O sea que vos jugando con nosotros estás -le dijo el sujeto con tono amenazante.

—No, no estoy jugando ahorita voy… -le contestó Javier cuando el secuestrador lo interrumpió.

—Nos dijiste que tenías dos mil y ahora salís que solo uno. ¿Qué ondas pues? -reaccionó el hombre.

El sujeto cada vez se volvía más exigente, agresivo y amenazante. Javier no encontraba una salida, las horas seguían pasando y la presión aumentaba.

—Acordate que he tocado varias partes hasta incluso hay muchas iglesias que nos han dado un poquito para reunir esos $2,000  -le explicó al criminal.

—Entonces, ¿Cuánto tenés?… ¡Habla cabrón! Pu… vos, mira ve, agarra plante, agarra plante -le dijo el hombre tras el teléfono, quien en varias ocasiones le dijo que no debía de darle información a la Policía porque de lo contrario algo malo pasaría. En uno de los mensajes a Whatsapp los hombre le reiteraron que sino conseguía el dinero «mandarían los pedazos» de Santiago.

Javier seguía sin tener contacto con su familiar. Constantemente preguntaba por él, pero no le daba razón. Por su cabeza seguían pasando muchas posibilidades de lo que podría pasarle. Mientras las conversaciones entre Javier y el criminal se daban, los agentes policiales escucharon las diversas llamadas que se realizaron.

Al día siguiente, como a eso de las 7:40 de la mañana, volvió a sonar el celular. La voz al otro lado era la misma así como las exigencias; el precio por la vida de Santiago era el mismo.

Sin embargo, a las 11:35 los sujetos enviaron un mensaje de voz por Whatsapp donde le decían que el tiempo que le habían dado era más que suficiente para que reuniera el dinero y que en su mente estaba quitarle la vida Santiago. La relación de los hechos explica que pasado unos cinco minutos del último mensaje, los secuestradores le dijeron que le harían una oferta razonable: la entrega de $25,000. Los sujetos le dijeron que de no hacerlo iban a cortarle los dedos de una mano para enviárselo .

Al medio día, el hombre le dijo: “Mira pinche basura, en tu conciencia va a quedar la vida de tu familiar, en tu conciencia y de esos malditos juras que están escuchando. Ya no te voy a creer hijueputa”, le dijo molesto. Javier inmediatamente le respondió que no habían policías escuchando y que estaba siguiendo las reglas que ellos le habían dictado.

—Esta difícil que reúna ese pisto, nosotros somos pobres”  -exclamó Javier sin tener alguna respuesta positiva. Los hombres para darle una prueba de vida le pasaron el celular a Santiago.

—¿Ya tenes el pisto? -le preguntó  Santiago.

—Ojalá que hoy, primero Dios. Resolveremos eso, tranquilízate -le manifestó Javier para ayudar a calmar a su familiar.

—Estoy bien, pero dicen que si no les querés pagar ya me van a empezar a maltratar -le dijo Santiago desesperado.

La llamada se cortó.

El rescate y la entrega

El tiempo se había terminado y Javier ya no podía más. La cantidad que le habían solicitado los secuestradores era inalcanzable; entre muchas iglesias afines a su congregación llegaron a recolectar solamente $1,950. Es decir que el dinero recolectado no llegaba ni a la tercera parte. Los criminales aceptaron.

Los sujetos pactaron la hora y el lugar de la entrega del dinero; el lugar sería en un parque de la misma colonia donde había sucedido en el secuestro.

La Unidad Elite Contra el Crimen Organizado de la PNC conformó, junto con los dos familiares, equipos para realizar la liberación y la entrega del dinero. Tanto Javier como su familiar envolvieron el dinero en un pañal para bebé y lo dejaron en una de las zonas verdes del parque.

De pronto, observaron a dos sujetos que caminaban en dirección al paquete, quienes lo tomaron y se dieron a la fuga sin darle una opción para ser atrapados por los agentes. Santiago fue entregado con vida minutos después.

Días después, los sujetos son reconocidos por un grupo de agentes policiales y capturados en el instante. Los criminales fueron identificados como José Carlos Ramírez Cardona, de 23 años, y Óscar Armando Cruz, de 22, señalados como colaboradores del secuestro y perfilados como miembros activos de la pandilla 18.

Será el juez del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador el encargado de observar las pruebas de la defensa y de la Fiscalía General de la República (GFR) para determinar la responsabilidad penal de los sujetos durante la vista pública por este caso de secuestro. Por otro lado, los pandilleros también enfrentan otros delitos en otros tribunales, entre los que se incluyen homicidio agravado, privación de libertad y organizaciones terroristas.

Por: El Salvador Times.

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Imponen 50 años de prisión a sujeto por homicidio agravado

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Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) fueron contundentes para condenar a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán, por el delito de homicidio agravado derivado del maltato infantil contra su hijo de cinco meses.

El 20 de noviembre de 2024, el imputado quedó a cargo del cuido de su hijo, mientras su compañera de vida y su hijo mayor salieron de la casa de habitación a visitar a un familiar cercano.

Minutos después de haberse ido, el sujeto llamó por teléfono a su compañera de vida para reportarle que el niño presentaba complicaciones de salud y era necesario llevarlo a pasar consulta a la Unidad de Salud de Rosario de Mora, jurisdicción donde ellos residían.

El niño fue atendido en esa clínica, pero a causa de su cuadro clínico fue referido de emergencia al Hospital Nacional Saldaña, lugar donde murió el mismo 20 de noviembre.

De acuerdo con el reporte fiscal, la causa de la muerte fue un trauma cráneo-encefálico de tipo contuso, compatible con maltrato infantil, lesiones que fueron ocasionadas por su padre.

Por estos hechos, el sujeto fue capturado, procesado y condenado con base a la prueba documental, pericial y testimonial.

Los 50 años de prisión fueron establecidos en Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, en presencia del imputado.

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FGR habilita primera fase para devolución de dinero a afectados por CREDICASH

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Con el fiel compromiso de velar por los intereses de la población honrada, el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, anunció en conferencia de prensa que se iniciará con la devolución de dinero al primer grupo de afectados por el esquema de captación ilegal de fondos que implementó CREDICASH, a través de Gerson Adriel Orellana Ayala.

Según el funcionario, en este primer grupo hay 212 personas que fueron engañadas y depositaron entre un dólar hasta cinco mil dólares. Las víctimas ya presentaron la respectiva denuncia y todos los documentos relacionados al origen lícito de los fondos. El monto a devolver sobrepasa el millón de dólares y se prevé que este proceso se realice durante diez días hábiles.

Hasta el momento, la Fiscalía ha recibido 8 mil 654 denuncias y desde el centro de levantamiento de datos se seguirá trabajando para dar una respuesta seria y transparente a los afectados, siempre y cuando demuestre la legalidad de los fondos depositados.

De acuerdo al Fiscal General, al iniciar el proceso, se recibían entre 20 y 30 denuncias diarias, pero al saber que el proceso era ordenado y confiable, las víctimas se fueron acercando a la institución y se llegaron a atender entre 300 y 400 personas al día, con tendencia a la alta. «Es una forma positiva en que la Fiscalía ha hecho llegar el mensaje a las personas afectadas, este es claro y transparente», precisó el funcionario.

Finalmente, el Fiscal General dirigió un mensaje a las víctimas e indicó: «Tengan por seguro que los afectados serán llamados de manera ordenada por los canales oficiales de nuestra institución; lo haremos de una manera personalizada porque las víctimas son lo más importante, a quienes nos debemos y tenemos que atender».

Del proceso y esquema de defraudación

Por orden de la Fiscalía se capturó a Gerson Adriel Orellana Ayala, en marzo de este año, por los delitos de defraudación a la economía pública, bajo la modalidad de captación ilegal de fondos, así como lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico.

En la investigación se estableció que la estructura captaba a las víctimas a través de redes sociales y mediante recomendaciones de otras personas, ofreciendo supuestas ganancias.

«El sistema funcionaba utilizando el dinero aportado por nuevos inversionistas para cumplir obligaciones con quienes habían confiado su patrimonio previamente. Esta dinámica permitió que miles de personas fueran engañadas», mencionó el fiscal.

Asimismo precisó en que CREDICASH no cumplió con ninguna de las regulaciones establecidas para este tipo de empresa. «Si no hubiéramos intervenido a tiempo, se hubiera dado un colapso y todas las víctimas hubieran perdido su dinero», recordó el fiscal Delgado.

El total de lo inmovilizado en las cuentas del imputado fue de $11,023,972.49 y el dinero encontrado en efectivo fue de $27,550,750.20 dólares.

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FGR acusa a más de 560 pandilleros de la «18» por miles de crímenes

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El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.

Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.

Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.

La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.

Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.

Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.

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