Judicial
Pandilleros de la 18 a familiar de víctima secuestrada: «Si no nos das $50,000 te lo mandaremos en pedazos»
Javier (nombre modificado por seguridad) fue de puerta en puerta para recuperar a su familiar. Desesperado explicó que su familiar había sido secuestrado por un grupo de hombres desconocidos y que durante las llamadas telefónicas y mensajes de Whatsapp amenazaban con enviarle “pedazos (de su cuerpo)” sino entregaba $50,000 en concepto de rescate.
Santiago (nombre cambiado por protección), familiar de Javier, salió de su casa la mañana del 22 de agosto de 2017, según consta en el expediente judicial por este caso. Tenía una reunión con unos amigos en una colonia populosa de Apopa, era un buen día y nunca se imaginó que su vida estaría por cambiar de un momento a otro. Llegó a un río y lo comenzó a cruzar. La zona es boscosa y bastante amplia.
Eran las 9:30 de la mañana. Santiago caminaba cuando de pronto dos camionetas le salieron al paso y no lo dejaron pasar. Como en una película, varios hombres cubiertos del rostro y con armas se bajaron del vehículo. Santiago se sintió asustado, buscó una manera de escapar, pero le fue imposible.
Los sujetos inmediatamente lo tomaron por la fuerza, lo metieron a uno de los carros y se dieron a la fuga sin dejar algún rastro. El expediente judicial señaló que Javier, uno de sus familiares, al darse cuenta que Santiago no regresaba decidió llamar a otro familiar para avisarle, necesitaban saber que estaba vivo.
Tanto Javier como su familiar no se quedaron de brazos cruzados. Estaban preocupados, no sabían dónde estaba Santiago. Ellos salieron a buscar pista que pudieran dar con el paradero. En el camino se encontraron con un vigilante y un vendedor de minutas, quienes le dijeron que habían visto al joven ser llevado por unos sujetos y que dentro de la camioneta iba una mujer y un hombre, señaló el documento judicial.
Minutos después, sin saber que hacer o alguna solución oportuna, llamó al sistema de emergencias 911 para buscar alguna solución, quienes horas más tarde montarían un operativo para rescatarlo.
La angustia de su familiar se hizo cada vez más latente, no había enfrentado ninguna situación parecida y no quería que el joven fuera a perder la vida en manos de los criminales. El paso de las horas y la intriga fueron apoderándose de Javier. Ya habían pasado más de 10 horas, no había rastro de Santiago.
“Mandarían los pedazos”
El documento judicial señaló que eran las 6:40 de la noche. Sonó el teléfono y Javier contestó. Era un hombre que con tono amenazante le dijo que tenían a su familiar y que por su libertad debía de pagar $50,000 en efectivo. “Apresúrate a conseguir el billete para que podamos arreglar el problema este día”, dijo el criminal a Javier. Sin embargo, la familia de Santiago no tenía esa cantidad.
Javier, en su angustia, les suplicó a los criminales que necesitaba saber si Santiago estaba con vida, ellos le dijeron, a través de un mensaje de voz de Whastapp, que él estaba bien pero que de no entregar el dinero se le “mandarían los pedazos”. Los sujetos le advirtieron a la víctima que todo dependía de que el caso no pasara a oídos de la Policía Nacional Civil (PNC) porque atacarían a Santiago.
A los 15 minutos, recibió una segunda llamada. En ese momento, Javier le explicó nuevamente que le era imposible conseguir la gran cantidad de dinero en tan poco tiempo, sin embargo, haría lo necesario para tener de regreso a su familiar. Javier y Santiago son parte de una iglesia desde hace varios años. Javier buscó la manera de buscar apoyo dentro de la congregación para recoger la suma exigida pero no era mucho apenas y llegaba a los $2,000.
El expediente apunta que agentes de la PNC tuvieron el control de la situación y pusieron a Javier a conversar con el secuestrador para acordar una hora y lugar para la liberación de Santiago a cambio de la entrega del dinero.
—O sea que vos jugando con nosotros estás -le dijo el sujeto con tono amenazante.
—No, no estoy jugando ahorita voy… -le contestó Javier cuando el secuestrador lo interrumpió.
—Nos dijiste que tenías dos mil y ahora salís que solo uno. ¿Qué ondas pues? -reaccionó el hombre.
El sujeto cada vez se volvía más exigente, agresivo y amenazante. Javier no encontraba una salida, las horas seguían pasando y la presión aumentaba.
—Acordate que he tocado varias partes hasta incluso hay muchas iglesias que nos han dado un poquito para reunir esos $2,000 -le explicó al criminal.
—Entonces, ¿Cuánto tenés?… ¡Habla cabrón! Pu… vos, mira ve, agarra plante, agarra plante -le dijo el hombre tras el teléfono, quien en varias ocasiones le dijo que no debía de darle información a la Policía porque de lo contrario algo malo pasaría. En uno de los mensajes a Whatsapp los hombre le reiteraron que sino conseguía el dinero «mandarían los pedazos» de Santiago.
Javier seguía sin tener contacto con su familiar. Constantemente preguntaba por él, pero no le daba razón. Por su cabeza seguían pasando muchas posibilidades de lo que podría pasarle. Mientras las conversaciones entre Javier y el criminal se daban, los agentes policiales escucharon las diversas llamadas que se realizaron.
Al día siguiente, como a eso de las 7:40 de la mañana, volvió a sonar el celular. La voz al otro lado era la misma así como las exigencias; el precio por la vida de Santiago era el mismo.
Sin embargo, a las 11:35 los sujetos enviaron un mensaje de voz por Whatsapp donde le decían que el tiempo que le habían dado era más que suficiente para que reuniera el dinero y que en su mente estaba quitarle la vida Santiago. La relación de los hechos explica que pasado unos cinco minutos del último mensaje, los secuestradores le dijeron que le harían una oferta razonable: la entrega de $25,000. Los sujetos le dijeron que de no hacerlo iban a cortarle los dedos de una mano para enviárselo .
Al medio día, el hombre le dijo: “Mira pinche basura, en tu conciencia va a quedar la vida de tu familiar, en tu conciencia y de esos malditos juras que están escuchando. Ya no te voy a creer hijueputa”, le dijo molesto. Javier inmediatamente le respondió que no habían policías escuchando y que estaba siguiendo las reglas que ellos le habían dictado.
—Esta difícil que reúna ese pisto, nosotros somos pobres” -exclamó Javier sin tener alguna respuesta positiva. Los hombres para darle una prueba de vida le pasaron el celular a Santiago.
—¿Ya tenes el pisto? -le preguntó Santiago.
—Ojalá que hoy, primero Dios. Resolveremos eso, tranquilízate -le manifestó Javier para ayudar a calmar a su familiar.
—Estoy bien, pero dicen que si no les querés pagar ya me van a empezar a maltratar -le dijo Santiago desesperado.
La llamada se cortó.
El rescate y la entrega
El tiempo se había terminado y Javier ya no podía más. La cantidad que le habían solicitado los secuestradores era inalcanzable; entre muchas iglesias afines a su congregación llegaron a recolectar solamente $1,950. Es decir que el dinero recolectado no llegaba ni a la tercera parte. Los criminales aceptaron.
Los sujetos pactaron la hora y el lugar de la entrega del dinero; el lugar sería en un parque de la misma colonia donde había sucedido en el secuestro.
La Unidad Elite Contra el Crimen Organizado de la PNC conformó, junto con los dos familiares, equipos para realizar la liberación y la entrega del dinero. Tanto Javier como su familiar envolvieron el dinero en un pañal para bebé y lo dejaron en una de las zonas verdes del parque.
De pronto, observaron a dos sujetos que caminaban en dirección al paquete, quienes lo tomaron y se dieron a la fuga sin darle una opción para ser atrapados por los agentes. Santiago fue entregado con vida minutos después.
Días después, los sujetos son reconocidos por un grupo de agentes policiales y capturados en el instante. Los criminales fueron identificados como José Carlos Ramírez Cardona, de 23 años, y Óscar Armando Cruz, de 22, señalados como colaboradores del secuestro y perfilados como miembros activos de la pandilla 18.
Será el juez del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador el encargado de observar las pruebas de la defensa y de la Fiscalía General de la República (GFR) para determinar la responsabilidad penal de los sujetos durante la vista pública por este caso de secuestro. Por otro lado, los pandilleros también enfrentan otros delitos en otros tribunales, entre los que se incluyen homicidio agravado, privación de libertad y organizaciones terroristas.
Por: El Salvador Times.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
