Judicial
Pandilleros de la 18 a familiar de víctima secuestrada: «Si no nos das $50,000 te lo mandaremos en pedazos»
Javier (nombre modificado por seguridad) fue de puerta en puerta para recuperar a su familiar. Desesperado explicó que su familiar había sido secuestrado por un grupo de hombres desconocidos y que durante las llamadas telefónicas y mensajes de Whatsapp amenazaban con enviarle “pedazos (de su cuerpo)” sino entregaba $50,000 en concepto de rescate.
Santiago (nombre cambiado por protección), familiar de Javier, salió de su casa la mañana del 22 de agosto de 2017, según consta en el expediente judicial por este caso. Tenía una reunión con unos amigos en una colonia populosa de Apopa, era un buen día y nunca se imaginó que su vida estaría por cambiar de un momento a otro. Llegó a un río y lo comenzó a cruzar. La zona es boscosa y bastante amplia.
Eran las 9:30 de la mañana. Santiago caminaba cuando de pronto dos camionetas le salieron al paso y no lo dejaron pasar. Como en una película, varios hombres cubiertos del rostro y con armas se bajaron del vehículo. Santiago se sintió asustado, buscó una manera de escapar, pero le fue imposible.
Los sujetos inmediatamente lo tomaron por la fuerza, lo metieron a uno de los carros y se dieron a la fuga sin dejar algún rastro. El expediente judicial señaló que Javier, uno de sus familiares, al darse cuenta que Santiago no regresaba decidió llamar a otro familiar para avisarle, necesitaban saber que estaba vivo.
Tanto Javier como su familiar no se quedaron de brazos cruzados. Estaban preocupados, no sabían dónde estaba Santiago. Ellos salieron a buscar pista que pudieran dar con el paradero. En el camino se encontraron con un vigilante y un vendedor de minutas, quienes le dijeron que habían visto al joven ser llevado por unos sujetos y que dentro de la camioneta iba una mujer y un hombre, señaló el documento judicial.
Minutos después, sin saber que hacer o alguna solución oportuna, llamó al sistema de emergencias 911 para buscar alguna solución, quienes horas más tarde montarían un operativo para rescatarlo.
La angustia de su familiar se hizo cada vez más latente, no había enfrentado ninguna situación parecida y no quería que el joven fuera a perder la vida en manos de los criminales. El paso de las horas y la intriga fueron apoderándose de Javier. Ya habían pasado más de 10 horas, no había rastro de Santiago.
“Mandarían los pedazos”
El documento judicial señaló que eran las 6:40 de la noche. Sonó el teléfono y Javier contestó. Era un hombre que con tono amenazante le dijo que tenían a su familiar y que por su libertad debía de pagar $50,000 en efectivo. “Apresúrate a conseguir el billete para que podamos arreglar el problema este día”, dijo el criminal a Javier. Sin embargo, la familia de Santiago no tenía esa cantidad.
Javier, en su angustia, les suplicó a los criminales que necesitaba saber si Santiago estaba con vida, ellos le dijeron, a través de un mensaje de voz de Whastapp, que él estaba bien pero que de no entregar el dinero se le “mandarían los pedazos”. Los sujetos le advirtieron a la víctima que todo dependía de que el caso no pasara a oídos de la Policía Nacional Civil (PNC) porque atacarían a Santiago.
A los 15 minutos, recibió una segunda llamada. En ese momento, Javier le explicó nuevamente que le era imposible conseguir la gran cantidad de dinero en tan poco tiempo, sin embargo, haría lo necesario para tener de regreso a su familiar. Javier y Santiago son parte de una iglesia desde hace varios años. Javier buscó la manera de buscar apoyo dentro de la congregación para recoger la suma exigida pero no era mucho apenas y llegaba a los $2,000.
El expediente apunta que agentes de la PNC tuvieron el control de la situación y pusieron a Javier a conversar con el secuestrador para acordar una hora y lugar para la liberación de Santiago a cambio de la entrega del dinero.
—O sea que vos jugando con nosotros estás -le dijo el sujeto con tono amenazante.
—No, no estoy jugando ahorita voy… -le contestó Javier cuando el secuestrador lo interrumpió.
—Nos dijiste que tenías dos mil y ahora salís que solo uno. ¿Qué ondas pues? -reaccionó el hombre.
El sujeto cada vez se volvía más exigente, agresivo y amenazante. Javier no encontraba una salida, las horas seguían pasando y la presión aumentaba.
—Acordate que he tocado varias partes hasta incluso hay muchas iglesias que nos han dado un poquito para reunir esos $2,000 -le explicó al criminal.
—Entonces, ¿Cuánto tenés?… ¡Habla cabrón! Pu… vos, mira ve, agarra plante, agarra plante -le dijo el hombre tras el teléfono, quien en varias ocasiones le dijo que no debía de darle información a la Policía porque de lo contrario algo malo pasaría. En uno de los mensajes a Whatsapp los hombre le reiteraron que sino conseguía el dinero «mandarían los pedazos» de Santiago.
Javier seguía sin tener contacto con su familiar. Constantemente preguntaba por él, pero no le daba razón. Por su cabeza seguían pasando muchas posibilidades de lo que podría pasarle. Mientras las conversaciones entre Javier y el criminal se daban, los agentes policiales escucharon las diversas llamadas que se realizaron.
Al día siguiente, como a eso de las 7:40 de la mañana, volvió a sonar el celular. La voz al otro lado era la misma así como las exigencias; el precio por la vida de Santiago era el mismo.
Sin embargo, a las 11:35 los sujetos enviaron un mensaje de voz por Whatsapp donde le decían que el tiempo que le habían dado era más que suficiente para que reuniera el dinero y que en su mente estaba quitarle la vida Santiago. La relación de los hechos explica que pasado unos cinco minutos del último mensaje, los secuestradores le dijeron que le harían una oferta razonable: la entrega de $25,000. Los sujetos le dijeron que de no hacerlo iban a cortarle los dedos de una mano para enviárselo .
Al medio día, el hombre le dijo: “Mira pinche basura, en tu conciencia va a quedar la vida de tu familiar, en tu conciencia y de esos malditos juras que están escuchando. Ya no te voy a creer hijueputa”, le dijo molesto. Javier inmediatamente le respondió que no habían policías escuchando y que estaba siguiendo las reglas que ellos le habían dictado.
—Esta difícil que reúna ese pisto, nosotros somos pobres” -exclamó Javier sin tener alguna respuesta positiva. Los hombres para darle una prueba de vida le pasaron el celular a Santiago.
—¿Ya tenes el pisto? -le preguntó Santiago.
—Ojalá que hoy, primero Dios. Resolveremos eso, tranquilízate -le manifestó Javier para ayudar a calmar a su familiar.
—Estoy bien, pero dicen que si no les querés pagar ya me van a empezar a maltratar -le dijo Santiago desesperado.
La llamada se cortó.
El rescate y la entrega
El tiempo se había terminado y Javier ya no podía más. La cantidad que le habían solicitado los secuestradores era inalcanzable; entre muchas iglesias afines a su congregación llegaron a recolectar solamente $1,950. Es decir que el dinero recolectado no llegaba ni a la tercera parte. Los criminales aceptaron.
Los sujetos pactaron la hora y el lugar de la entrega del dinero; el lugar sería en un parque de la misma colonia donde había sucedido en el secuestro.
La Unidad Elite Contra el Crimen Organizado de la PNC conformó, junto con los dos familiares, equipos para realizar la liberación y la entrega del dinero. Tanto Javier como su familiar envolvieron el dinero en un pañal para bebé y lo dejaron en una de las zonas verdes del parque.
De pronto, observaron a dos sujetos que caminaban en dirección al paquete, quienes lo tomaron y se dieron a la fuga sin darle una opción para ser atrapados por los agentes. Santiago fue entregado con vida minutos después.
Días después, los sujetos son reconocidos por un grupo de agentes policiales y capturados en el instante. Los criminales fueron identificados como José Carlos Ramírez Cardona, de 23 años, y Óscar Armando Cruz, de 22, señalados como colaboradores del secuestro y perfilados como miembros activos de la pandilla 18.
Será el juez del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador el encargado de observar las pruebas de la defensa y de la Fiscalía General de la República (GFR) para determinar la responsabilidad penal de los sujetos durante la vista pública por este caso de secuestro. Por otro lado, los pandilleros también enfrentan otros delitos en otros tribunales, entre los que se incluyen homicidio agravado, privación de libertad y organizaciones terroristas.
Por: El Salvador Times.
El Salvador Today
Audiencia especial programada contra Enrique Rais y cinco imputados por estafa y administración fraudulenta
El Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador programó para el martes 16 de septiembre una audiencia especial de reapertura del proceso penal que la Fiscalía General de la República (FGR) impulsa contra Enrique Rais y cinco personas más por los delitos de administración fraudulenta y estafa.
Los hechos afectan al ciudadano canadiense Franco Pacceti y a las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. La jueza que conocerá el caso ha citado a víctimas, fiscales y defensores para que comparezcan a la diligencia.
El expediente proviene de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anuló un sobreseimiento anterior a favor de Rais y los demás imputados. Inicialmente, el extinto Juzgado Décimo Cuarto de Paz había exonerado de manera definitiva a Enrique Rais, su esposa Marie Annette Clairmont de Rais, su hija Michelle Marie Rais de Barake, su sobrino Hugo Ernesto Blanco Rais, así como a Claudia Marina Albergue Martínez y Demetrio Alexander Palacios, tras una solicitud de sobreseimiento de la Fiscalía.
El proceso está relacionado con la estafa a Pacceti y las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. Los imputados son acusados de administrar de manera fraudulenta la sociedad Mides, que contaba con 2,000 acciones, de las cuales 1,800 pertenecían a Cintec y luego fueron transferidas a Tradesal Inc. Según la FGR, Enrique Rais y Hugo Blanco Rais habrían desviado utilidades de la sociedad hacia cuentas personales y empresas locales y extranjeras sin relación con Mides.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
