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Pandilleros de la 18 a familiar de víctima secuestrada: «Si no nos das $50,000 te lo mandaremos en pedazos»

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Javier (nombre modificado por seguridad) fue de puerta en puerta para recuperar a su familiar. Desesperado explicó que su familiar había sido secuestrado por un grupo de hombres desconocidos y que durante las llamadas telefónicas y mensajes de Whatsapp amenazaban con enviarle “pedazos (de su cuerpo)” sino entregaba $50,000 en concepto de rescate.

Santiago (nombre cambiado por protección), familiar de Javier, salió de su casa la mañana del 22 de agosto de 2017, según consta en el expediente judicial por este caso. Tenía una reunión con unos amigos en una colonia populosa de Apopa, era un buen día y nunca se imaginó que su vida estaría por cambiar de un momento a otro. Llegó a un río y lo comenzó a cruzar. La zona es boscosa y bastante amplia.

Eran las 9:30 de la mañana. Santiago caminaba cuando de pronto dos camionetas le salieron al paso y no lo dejaron pasar. Como en una película, varios hombres cubiertos del rostro y con armas se bajaron del vehículo. Santiago se sintió asustado, buscó una manera de escapar, pero le fue imposible.

Los sujetos inmediatamente lo tomaron por la fuerza, lo metieron a uno de los carros y se dieron a la fuga sin dejar algún rastro. El expediente judicial señaló que Javier, uno de sus familiares, al darse cuenta que Santiago no regresaba decidió llamar a otro familiar para avisarle, necesitaban saber que estaba vivo.

Tanto Javier como su familiar no se quedaron de brazos cruzados. Estaban preocupados, no sabían dónde estaba Santiago. Ellos salieron a buscar pista que pudieran dar con el paradero. En el camino se encontraron con un vigilante y un vendedor de minutas, quienes le dijeron que habían visto al joven ser llevado por unos sujetos y que dentro de la camioneta iba una mujer y un hombre, señaló el documento judicial.

Minutos después, sin saber que hacer o alguna solución oportuna, llamó al sistema de emergencias 911 para buscar alguna solución, quienes horas más tarde montarían un operativo para rescatarlo.

La angustia de su familiar se hizo cada vez más latente, no había enfrentado ninguna situación parecida y no quería que el joven fuera a perder la vida en manos de los criminales. El paso de las horas y la intriga fueron apoderándose de Javier. Ya habían pasado más de 10 horas, no había rastro de Santiago.

“Mandarían los pedazos”

El documento judicial señaló que eran las 6:40 de la noche. Sonó el teléfono y Javier contestó. Era un hombre que con tono amenazante le dijo que tenían a su familiar y que por su libertad debía de pagar $50,000 en efectivo. “Apresúrate a conseguir el billete para que podamos arreglar el problema este día”, dijo el criminal a Javier. Sin embargo, la familia de Santiago no tenía esa cantidad.

Javier, en su angustia, les suplicó a los criminales que necesitaba saber si Santiago estaba con vida, ellos le dijeron, a través de un mensaje de voz de Whastapp, que él estaba bien pero que de no entregar el dinero se le “mandarían los pedazos”. Los sujetos le advirtieron a la víctima que todo dependía de que el caso no pasara a oídos de la Policía Nacional Civil (PNC) porque atacarían a Santiago.

A los 15 minutos, recibió una segunda llamada. En ese momento, Javier le explicó nuevamente que le era imposible conseguir la gran cantidad de dinero en tan poco tiempo, sin embargo, haría lo necesario para tener de regreso a su familiar. Javier y Santiago son parte de una iglesia desde hace varios años. Javier buscó la manera de buscar apoyo dentro de la congregación para recoger la suma exigida pero no era mucho apenas y llegaba a los $2,000.

El expediente apunta que agentes de la PNC tuvieron el control de la situación y pusieron a Javier a conversar con el secuestrador para acordar una hora y lugar para la liberación de Santiago a cambio de la entrega del dinero.

—O sea que vos jugando con nosotros estás -le dijo el sujeto con tono amenazante.

—No, no estoy jugando ahorita voy… -le contestó Javier cuando el secuestrador lo interrumpió.

—Nos dijiste que tenías dos mil y ahora salís que solo uno. ¿Qué ondas pues? -reaccionó el hombre.

El sujeto cada vez se volvía más exigente, agresivo y amenazante. Javier no encontraba una salida, las horas seguían pasando y la presión aumentaba.

—Acordate que he tocado varias partes hasta incluso hay muchas iglesias que nos han dado un poquito para reunir esos $2,000  -le explicó al criminal.

—Entonces, ¿Cuánto tenés?… ¡Habla cabrón! Pu… vos, mira ve, agarra plante, agarra plante -le dijo el hombre tras el teléfono, quien en varias ocasiones le dijo que no debía de darle información a la Policía porque de lo contrario algo malo pasaría. En uno de los mensajes a Whatsapp los hombre le reiteraron que sino conseguía el dinero «mandarían los pedazos» de Santiago.

Javier seguía sin tener contacto con su familiar. Constantemente preguntaba por él, pero no le daba razón. Por su cabeza seguían pasando muchas posibilidades de lo que podría pasarle. Mientras las conversaciones entre Javier y el criminal se daban, los agentes policiales escucharon las diversas llamadas que se realizaron.

Al día siguiente, como a eso de las 7:40 de la mañana, volvió a sonar el celular. La voz al otro lado era la misma así como las exigencias; el precio por la vida de Santiago era el mismo.

Sin embargo, a las 11:35 los sujetos enviaron un mensaje de voz por Whatsapp donde le decían que el tiempo que le habían dado era más que suficiente para que reuniera el dinero y que en su mente estaba quitarle la vida Santiago. La relación de los hechos explica que pasado unos cinco minutos del último mensaje, los secuestradores le dijeron que le harían una oferta razonable: la entrega de $25,000. Los sujetos le dijeron que de no hacerlo iban a cortarle los dedos de una mano para enviárselo .

Al medio día, el hombre le dijo: “Mira pinche basura, en tu conciencia va a quedar la vida de tu familiar, en tu conciencia y de esos malditos juras que están escuchando. Ya no te voy a creer hijueputa”, le dijo molesto. Javier inmediatamente le respondió que no habían policías escuchando y que estaba siguiendo las reglas que ellos le habían dictado.

—Esta difícil que reúna ese pisto, nosotros somos pobres”  -exclamó Javier sin tener alguna respuesta positiva. Los hombres para darle una prueba de vida le pasaron el celular a Santiago.

—¿Ya tenes el pisto? -le preguntó  Santiago.

—Ojalá que hoy, primero Dios. Resolveremos eso, tranquilízate -le manifestó Javier para ayudar a calmar a su familiar.

—Estoy bien, pero dicen que si no les querés pagar ya me van a empezar a maltratar -le dijo Santiago desesperado.

La llamada se cortó.

El rescate y la entrega

El tiempo se había terminado y Javier ya no podía más. La cantidad que le habían solicitado los secuestradores era inalcanzable; entre muchas iglesias afines a su congregación llegaron a recolectar solamente $1,950. Es decir que el dinero recolectado no llegaba ni a la tercera parte. Los criminales aceptaron.

Los sujetos pactaron la hora y el lugar de la entrega del dinero; el lugar sería en un parque de la misma colonia donde había sucedido en el secuestro.

La Unidad Elite Contra el Crimen Organizado de la PNC conformó, junto con los dos familiares, equipos para realizar la liberación y la entrega del dinero. Tanto Javier como su familiar envolvieron el dinero en un pañal para bebé y lo dejaron en una de las zonas verdes del parque.

De pronto, observaron a dos sujetos que caminaban en dirección al paquete, quienes lo tomaron y se dieron a la fuga sin darle una opción para ser atrapados por los agentes. Santiago fue entregado con vida minutos después.

Días después, los sujetos son reconocidos por un grupo de agentes policiales y capturados en el instante. Los criminales fueron identificados como José Carlos Ramírez Cardona, de 23 años, y Óscar Armando Cruz, de 22, señalados como colaboradores del secuestro y perfilados como miembros activos de la pandilla 18.

Será el juez del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador el encargado de observar las pruebas de la defensa y de la Fiscalía General de la República (GFR) para determinar la responsabilidad penal de los sujetos durante la vista pública por este caso de secuestro. Por otro lado, los pandilleros también enfrentan otros delitos en otros tribunales, entre los que se incluyen homicidio agravado, privación de libertad y organizaciones terroristas.

Por: El Salvador Times.

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Judicial

15 años de cárcel para dos extorsionistas

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En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.

Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.

Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).

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Fiscalía lleva a juicio a 26 imputados por delitos de corrupción en alcaldía de Coatepeque

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.

Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.

Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.

El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.

El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.

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30 años de prisión para marero que asesinó a un policía

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Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.

De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.

«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.

En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.

El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.

Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.

El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.

La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.

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