Judicial
«Nueva Doble Persecución de Fiscalía contra Enrique Rais: NEBIS IN IDEM»
Enrique Rais ha presentado un » Amparo » , ante la Corte Suprema de Justicia , por esta nueva doble persecución , el caso se está ventilando por casi 2 años en el Juzgado 8 de Instrucción a cargo del Juez Mario Osmín Miramóntes , Juez que fue traído desde el Juzgado de Paz de Soyapango para que conociera este caso en específico .
La Ley exige que una vez terminado el plazo de instrucción el cual venció el 30 de septiembre del 2017, la fiscalía debe presentar el dictamen de acusación a mas tardar 5 días posteriores a la finalización de la instrucción, el cual venció el dia 5 de de octubre 2017.
Lo ilegal y grave para el Juez Miramontes, es que han transcurrido 299 días sin poder conocer hasta esta fecha de que se me acusa. Hay una persona detenida y los otros estamos a la espera de poder demostrar nuestra inocencia , sin tener la oportunidad de saber realmente de que se nos acusa ,el dictamen de acusación es de ley y esto bajo ninguna excusa o pretexto y sin más trámites, se tiene que intimar a las partes a más tardar, según Art. 357 Pr. Pn :»El Juez dentro de las 24 horas, pondrá a disposición de todas las partes las actuaciones y las evidencias, para que puedan consultarlas en el plazo común de 5 dias «.
Hasta esta fecha han transcurrido 299 días sin que se conozca de que se nos acusa formalmente.
Razon por la cual y por muchas otras ilegalidades que violan los precepto constitucionales, se han presentado 2 denuncias por Prevaricato contra el Juez Mario Osmin Miramontes , la primera en fecha 3 de abril 2017 y la segunda denuncia el 23 de noviembre de 2017 sin que a la fecha como es habitual del Fiscal General Douglas Melendez, se hayan realizado ninguna investigacion.
Hace omisión a las investigaciones que le perjudican.
Esta nueva persecusión tiene la referencia 28-UIF-2016 diligenciada esta vez por el Lic Jorge Orlando Cortez Díaz, mismo fiscal que lleva el caso Toni Saca.
Adicional al Amparo , llevaremos el caso ante las Cortes de Los estados Unidos de America, en vista que tiene implicaciones en la lista y la carta de los Congresistas Norteamericanos, la cual forma parte integral de la persecusión que lleva a cabo El Fiscal General y según nuevas informaciones, tiene relación directa la participación del exfiscal adjunto Aquiles Parada.
Próximamente daremos a conocer mas informacion.
He pedido a mis abogados Norteamericanos mi deseo de someterme a lo mas profundo de las investigaciones,ante el Congreso y ante cuanta autoridad requiera información, pues al hacerlo demostraremos mi inocencia y quienes están detrás de toda esta trama, adicional a Héctor Silva y al Señor Salume pues ahora se tiene clarísimo que los actores principales son ellos, junto a mi antiguo abogado Mario Calderón Castillo y Matteo Pasquale a quien ahora el lo representa, utilizando también instituciones del Estado para apropiarse de los contratos por $ 480 millones de dolares para la renovación de la basura contrato con las alcaldias del COAMSS , el primer y claro ejemplo es el caso de los despidos de los casi 200 trabajadores de Santa Tecla, entendemos que ya firmaron contrato con el Señor Salume y su botadero ilegal , pues este botadero no tiene los permisos legales de funcionamiento en La libertad propiedad del señor Salume.
La trama, la fabricación de este falso caso penal esta plenamente demostrada .
Enrique Rais
Por medio de su Apoderado Judicial
Rafael Hernán Cortez Saravia
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Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
