Judicial
Norman Quijano enfrenta juicio por negociar con pandillas y pedir que votaran para ser electo presidente
La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador enjuicia desde hoy como imputado ausente a Norman Quijano, diputado desaforado del Parlamento Centroamericano, Parlacen, y excandidato a la presidencia de ARENA en las alecciones de 2014.
La Fiscalía General de la República lo acusa de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, delitos graves que podrían llevar a imponerle una pena máxima de 21 años de prisión si los magistrados lo encuentran responsable y le imponen la pena máxima por cada ilícito.
A Quijano, la Cámara Primera de lo Penal, al finalizar la audiencia preliminar le decretó un auto de apertura a juicio aplicándole el artículo 345 que todavía contiene la pena de cinco a 15 años de prisión porque los hechos atribuidos fueron consumados en el 2014 y al ser llevado a sede judicial en enero de 2022, la Asamblea todavía no había reformado ese artículo.
Fue hasta el 30 de marzo de 2022 que las agrupaciones ilícitas fueron modificadas y sancionadas con cárcel de 20 a 30 años la permanencia a una pandilla y hasta 60 para los fundadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas.
Al excandidato a la presidencia por ARENA lo enjuician bajo las reglas del 345 derogado el cual menciona. «El que por si o por medio de otro, solicite, demande, ofrezca, promueva, formule, negocie, convenga o pacte acuerdos de no persecución criminal o el establecimiento de algunas prerrogativas u ofrezca beneficios o ventajas a los miembros de las agrupaciones, asociaciones u organizaciones, será sancionado con prisión de cinco a 15 años».
Mientras que el fraude electoral, el artículo 295 del Código Penal establece que «el que pague dinero o especie o por medio de ofertas de beneficios particulares recibidas o prometidas, para inducir a un lector a votar por determinado partido o candidato o para abstenerse de votar o anular su voto» será sancionado con prisión de cuatro a seis años.
Según el ministerio público, en una reunión que Quijano sostuvo con los cabecillas de las pandillas a principios de marzo de 2014 en la sede de la iglesia de una red de pastores, en la colonia Flor Blanca, pidió a los cabecillas terroristas de la Mara Salvatrucha y a los de dos facciones de la Pandilla 18, que votaran en segunda vuelta por ARENA y que, en caso de ganar la presidencia, invertiría $100 millones en las pandillas y que los fondos iban a salir del presupuesto general de la nación.
Para la vista pública la Fiscalía ha ofrecido los relatos de dos testigos criteriados, Salomón y Noé, quienes llegarán a declarar los ofrecimientos que se les hizo y que recibieron $100,000 a través del alemán Paolo Lüers. A la MS le entregaron $50,000, y las dos facciones de la Pandilla 18, $25,000 cada una, esa información aportará Salomón.
El testigo Noé, afirmará que Norman Quijano, les pidió votar por ARENA y que dejaran a la gente ir a votar. Que con los $100 millones para las pandillas se trabajaría, supuestamente, en la reinserción, que las pandillas iban a tener libertad de movimiento y se les quitaría todas las restricciones impuestas por los gobiernos anteriores.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
