Judicial
Motorista y cobrador de la ruta 140 entregan a un soldado junto con su hermano a pandilleros
El día más feliz para un soldado y su hermano se convirtió en el último de sus vidas luego de que el motorista y cobrador de la ruta 140 los encerraran en un microbús para entregárselos a 15 pandilleros que posteriormente los asesinaron en la colonia Nuevos Horizontes, del municipio de Ilopango, en San Salvador.
Francisco y Jorge Sánchez Abarca, son dos hermanos que vivían en el municipio de Tonacatepeque. El primero era estudiante mientras que el otro había decidido entrar a la Fuerza Armada y formar una familia a la que llegó su primer hija.
Según la relación de los hechos, el 3 de junio de 2016, los hermanos en el Hospital de Maternidad, ya que la esposa de Jorge acabada de dar a luz a una niña.
Pasada la hora de visita, ambos hombres procedieron a regresar a su casa en una de las rutas que los llevaría hacía el desvío de Tonacatepeque.
Fue un microbús de la ruta 140 el que las víctimas tomaron sin percatarse que desde su ingreso el motorista los comenzó a vigilar.
El reloj marcaba la 1:30 de la tarde, cuando el militar se comunicó por última vez con su madre: “Es una niña y voy contento porque me dejaron verla. Nosotros ya vamos en el microbús y no se preocupe que ya vamos a llegar a la casa”, fueron las últimas palabras que la mujer escuchó de su hijo.
Minutos más tarde, uno de los hermanos le indicó al cobrador que les avisara cuando estuviran por llegar al desvío, él asentó la cabeza en aprobación con un semblante serio pero nunca lo hizo.
«Aquí les llevo dos regalos»
Los jóvenes se percataron que el entorno iba cambiando y que la zona no les era familiar por lo que intentaron bajarse en el desvío que conduce hacia Apulo; ellos pretendían regresar antes de que el microbús se introdujera a la calle de la colonia Nuevos Horizontes.
Se pusieron de pie y se aproximaron a la puerta e inmediatamente le pidieron al conductor que se detuviera pero este no hizo caso; le volvieron a exigir una y otra vez pero este cerró ambas puertas y aceleró el vehículo.
Los pasajeros a bordo de la unidad escucharon cuando el cobrador con una risa macabra realizó una llamada y dijo: “¡Ey! Aquí llevo dos regalos que no son de la zona y se han equivocado de ruta. Cáigamele con todo”.
“¡Abrí la puerta!”, exigió uno de los hermanos con un tono angustiado al mismo tiempo que golpeaba la lata del vehículo.
El miedo y la incertidumbre le ganaron a la esperanza de salir con vida del lugar. Jorge y Francisco se volteaban a ver sin tener la respuesta de qué hacer.
Una vez a dentro de la colonia, pandilleros de la MS los estaban esperando. El motorista paró y abrió la puerta para quense subieran ocho sujetos quienes rodearon a las víctimas para no dejarlos escapar; metros adelante se subieron siete haciendo un total de 15.
Al lado de la unidad de transporte a par del micro se puso una motocicleta donde iban los palabreros de la clica: Henry, alias “Demo” y el Edwin, “el akiler”.
Los pasajeros llamaron al 911 para alertar de la situación pero la ayuda policial nunca llegó a los hombres que entre lágrimas trataban de buscar piedad en los terroristas.
«Venimos del hospital donde mi mujer ha dado a luz y mi hermano solo me anda acompañando”, fue una de las suplicas realizadas.
El viaje de Francisco y Jorge llegó hasta a un terreno baldío, Ahí los golpearon y los torturaron hasta provocarles la muerte, sus cuerpos fueron lanzados a unos matorrales y fue hasta el día siguiente que las autoridades dieron con ellos.
De los 15 sujetos responsables de la muerte de los dos hermanos, el ministerio publicó logró adjudicarle el delito a Edwin Alexander Valle Mejía, aslias “Akiler”, de 28 años, quien ahora es acusado de homicidio agravado.
El tribunal Primero de sentencia de San Salvador espera desarrollar el juicio donde responderá por las acusaciones en su contra.
Por: El Salvador Times:
El Salvador Today
Audiencia especial programada contra Enrique Rais y cinco imputados por estafa y administración fraudulenta
El Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador programó para el martes 16 de septiembre una audiencia especial de reapertura del proceso penal que la Fiscalía General de la República (FGR) impulsa contra Enrique Rais y cinco personas más por los delitos de administración fraudulenta y estafa.
Los hechos afectan al ciudadano canadiense Franco Pacceti y a las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. La jueza que conocerá el caso ha citado a víctimas, fiscales y defensores para que comparezcan a la diligencia.
El expediente proviene de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anuló un sobreseimiento anterior a favor de Rais y los demás imputados. Inicialmente, el extinto Juzgado Décimo Cuarto de Paz había exonerado de manera definitiva a Enrique Rais, su esposa Marie Annette Clairmont de Rais, su hija Michelle Marie Rais de Barake, su sobrino Hugo Ernesto Blanco Rais, así como a Claudia Marina Albergue Martínez y Demetrio Alexander Palacios, tras una solicitud de sobreseimiento de la Fiscalía.
El proceso está relacionado con la estafa a Pacceti y las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. Los imputados son acusados de administrar de manera fraudulenta la sociedad Mides, que contaba con 2,000 acciones, de las cuales 1,800 pertenecían a Cintec y luego fueron transferidas a Tradesal Inc. Según la FGR, Enrique Rais y Hugo Blanco Rais habrían desviado utilidades de la sociedad hacia cuentas personales y empresas locales y extranjeras sin relación con Mides.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
