Judicial
Motorista del transporte público murió tras ser embestido por un conductor de la ruta 29 en el centro de San Salvador
“Sentí el viento fuerte de una coaster que pasó a la par, me hizo caer al suelo y fue en ese instante que la llanta delantera impactó en mi pierna”, estas fueron las últimas palabras que Mauricio Hernández dijo a la Policía luego de ser embestido por un motorista de la ruta 29 cuando transitaba junto con su esposa en el centro de San Salvador, el hombre murió producto de los golpes recibidos.
Hernández, de 37 años, trabajaba como motorista de una ruta de buses que circula entre San Salvador y Sopayango, paradojicamente, fue víctima de la imprudencia de Agustín G. de 51 años, un temerario al volante que se conducía a una excesiva velocidad que lo llevó a que el vehículo que conducía de la ruta 29 se saliera de la Primera calle poniente y avenida Monseñor Romero.
Según el expediente judicial, el martes 23 de febrero del 2018 a las 7:45 de la noche, la víctima y su esposa transitaban por el centro de San Salvador rumbo a su casa. Era su día libre por lo cual le dijo a ella que pasaría a traerla al trabajo; ambos caminaban tomados de la mano en medio de las congestionadas y estrechas aceras de la zona.
Al fondo de la calle apareció Agustín conduciendo su microbús a toda velocidad; un hombre que jamás comprendió que su peligrosa forma de conducir podría cobrarle la vida a las personas que estaban como pasajeros o a peatones que circulaban por las calles por las que aceleraba descontroladamente, como si de una competencia se tratara.
“Íbamos platicando a la altura de la Lotería. Él tomó mi cartera y se la puso cruzada”, recordó la esposa de Hernández quien repentinamente sintió como la mano de su compañero de vida se desprendió de la suya “solo sentí un tirón y escuché los gritos de mi esposo”, continuó mientras soltaba un llanto amargo.
Según los testigos, el microbús se subió a la acera y golpeó al hombre que cayó al suelo de inmediato, el conductor de la unidad ni siquiera se dio cuenta de lo sucedió. Pero, los gritos de dolor del afectado inundaron la calle. Su esposa lo vio desde unos cuantos centímetros con la mano extendía hacia su compañero de vida, como quien trata de alcanzar algo.
“El bus lo había agarrado las piernas. Prácticamente estaba debajo de las llantas, le había agarrado las piernas. Su pierna derecha le había quedado volteada”, señaló la despavorida mujer quien mantiene la escena en su mente. “No le pasó las llantas traseras porque la gente comenzó a golpear el bus”, explicó.
El angustioso rescate
Vendedores de la zona y los mismos pasajeros le gritaban al agresor para que se detuviera, sin entender mucho lo que pasaba, Agustín se vio rodeado de varias personas que querían evitar que escapara sin hacerse responsable.
Obligados a no esperar la ayuda de socorristas, transeúntes lograron sacar a la víctima quien manifestó que no soportaba el dolor en sus piernas.Pasaron varios minutos hasta que llegó una ambulancia que lo traslado al hospital Rosales donde fue ingresado de emergencia debido a las lesiones que presentaba.
Los médicos advirtieron a la familia de Hernández que debían de amputar la pierna debido a los severos daños que sufrió una de las principales venas producto de los golpes recibidos. Esta era la única opción que el hombre tenía para salvar su vida.
La decisión no era fácil, durante la noche del hecho y la mañana del día siguiente su esposa no daba respuesta.“Me dijo que se sentía muy mal y que la pierna no le dejaba de doler y de sangrar”, comentó la quien veía el mundo desmoronarse ya que un día antes su papá también había sufrido un accidente de tránsito.
Finalmente, una hemorragia complicó el inicio de la amputación de la pierna y los médicos le comunicaron a la esposa de la víctima sobre el fallecimiento de este justo antes de entrar al quirófano.
El responsable de los hechos fue detenido por el delito de homicidio culposo y hasta la fecha se encuentra a la espera del juicio en su contra que se va a desarrollar en la sala de audiencia del juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.
Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.
La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.
De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.
La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.
Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.
El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
El Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 17 años de cárcel a Josué Eduardo Platero Mina, acusado de asesinar a su pareja, José Antonio Hernández Paz, en medio de una discusión por supuestas infidelidades.
El crimen ocurrió a inicios de enero de 2024 en el cantón El Matazano, distrito de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. Platero Mina, quien tenía 20 años al momento de los hechos, atacó a la víctima con golpes y un arma blanca, según determinó la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades señalaron que la noche del 31 de diciembre de 2023, Platero Mina llegó a la vivienda de Hernández Paz alrededor de las 11:00 p. m., pero se retiró sin previo aviso. Luego, Hernández Paz le comunicó que llegaría a su casa más tarde. Testigos afirmaron que ambos discutieron en al menos dos ocasiones antes del homicidio.
Según la FGR, Platero Mina golpeó e hirió con arma blanca a Hernández Paz y posteriormente arrojó su cuerpo cerca de la quebrada conocida como cuesta Los Conacastes, en el mismo cantón. El cadáver fue localizado el 2 de enero por un ciudadano que recolectaba leña en la zona.
Tras ser identificado como principal sospechoso, Platero Mina fue detenido por el delito de resistencia, mientras las investigaciones continuaban. Durante un registro en su vivienda, las autoridades encontraron en una fosa séptica el teléfono, la cartera y los documentos personales de la víctima, además del arma utilizada en el crimen.
Con base en estas evidencias, la Fiscalía formalizó la acusación por homicidio simple. El tribunal validó los elementos presentados y emitió la condena contra el imputado.
