Judicial
Motorista del transporte público murió tras ser embestido por un conductor de la ruta 29 en el centro de San Salvador
“Sentí el viento fuerte de una coaster que pasó a la par, me hizo caer al suelo y fue en ese instante que la llanta delantera impactó en mi pierna”, estas fueron las últimas palabras que Mauricio Hernández dijo a la Policía luego de ser embestido por un motorista de la ruta 29 cuando transitaba junto con su esposa en el centro de San Salvador, el hombre murió producto de los golpes recibidos.
Hernández, de 37 años, trabajaba como motorista de una ruta de buses que circula entre San Salvador y Sopayango, paradojicamente, fue víctima de la imprudencia de Agustín G. de 51 años, un temerario al volante que se conducía a una excesiva velocidad que lo llevó a que el vehículo que conducía de la ruta 29 se saliera de la Primera calle poniente y avenida Monseñor Romero.
Según el expediente judicial, el martes 23 de febrero del 2018 a las 7:45 de la noche, la víctima y su esposa transitaban por el centro de San Salvador rumbo a su casa. Era su día libre por lo cual le dijo a ella que pasaría a traerla al trabajo; ambos caminaban tomados de la mano en medio de las congestionadas y estrechas aceras de la zona.
Al fondo de la calle apareció Agustín conduciendo su microbús a toda velocidad; un hombre que jamás comprendió que su peligrosa forma de conducir podría cobrarle la vida a las personas que estaban como pasajeros o a peatones que circulaban por las calles por las que aceleraba descontroladamente, como si de una competencia se tratara.
“Íbamos platicando a la altura de la Lotería. Él tomó mi cartera y se la puso cruzada”, recordó la esposa de Hernández quien repentinamente sintió como la mano de su compañero de vida se desprendió de la suya “solo sentí un tirón y escuché los gritos de mi esposo”, continuó mientras soltaba un llanto amargo.
Según los testigos, el microbús se subió a la acera y golpeó al hombre que cayó al suelo de inmediato, el conductor de la unidad ni siquiera se dio cuenta de lo sucedió. Pero, los gritos de dolor del afectado inundaron la calle. Su esposa lo vio desde unos cuantos centímetros con la mano extendía hacia su compañero de vida, como quien trata de alcanzar algo.
“El bus lo había agarrado las piernas. Prácticamente estaba debajo de las llantas, le había agarrado las piernas. Su pierna derecha le había quedado volteada”, señaló la despavorida mujer quien mantiene la escena en su mente. “No le pasó las llantas traseras porque la gente comenzó a golpear el bus”, explicó.
El angustioso rescate
Vendedores de la zona y los mismos pasajeros le gritaban al agresor para que se detuviera, sin entender mucho lo que pasaba, Agustín se vio rodeado de varias personas que querían evitar que escapara sin hacerse responsable.
Obligados a no esperar la ayuda de socorristas, transeúntes lograron sacar a la víctima quien manifestó que no soportaba el dolor en sus piernas.Pasaron varios minutos hasta que llegó una ambulancia que lo traslado al hospital Rosales donde fue ingresado de emergencia debido a las lesiones que presentaba.
Los médicos advirtieron a la familia de Hernández que debían de amputar la pierna debido a los severos daños que sufrió una de las principales venas producto de los golpes recibidos. Esta era la única opción que el hombre tenía para salvar su vida.
La decisión no era fácil, durante la noche del hecho y la mañana del día siguiente su esposa no daba respuesta.“Me dijo que se sentía muy mal y que la pierna no le dejaba de doler y de sangrar”, comentó la quien veía el mundo desmoronarse ya que un día antes su papá también había sufrido un accidente de tránsito.
Finalmente, una hemorragia complicó el inicio de la amputación de la pierna y los médicos le comunicaron a la esposa de la víctima sobre el fallecimiento de este justo antes de entrar al quirófano.
El responsable de los hechos fue detenido por el delito de homicidio culposo y hasta la fecha se encuentra a la espera del juicio en su contra que se va a desarrollar en la sala de audiencia del juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
