Judicial
Microbusero abusa de una menor tras drogarla con una charamusca
Un microbusero de la ruta 4-A, identificado como Jesús Rodas Penado, de 37 años de edad, fue condenado a 12 años de prisión, luego de violar a una menor de 15 años que logró drogar al darle una charamusca.
Según información fiscal, el 17 de mayo de 2017 la adolescente había salido temprano del colegio porque había sido expulsada tras pelearse con una compañera y se subió a un microbús tipo coaster de la ruta 4 “A”. Debido a que el transporte iba lleno se sentó en la colchoneta a la par del motorista.
La menor lloraba desconsolada por el hecho ocurrido en el colegio y el motorista notó que la joven estaba compungida, por lo que le preguntó qué le pasaba y se mostró amigable con ella. Incluso le sobaba la espalda para darle consuelo.
La víctima le contó lo ocurrido en su colegio y cuando estaba a punto de bajar en la parada que la víctima siempre lo hacía, el motorista no le paró y la llevó hasta el punto de la ruta, ubicado en el kilómetro 11, de la Carretera Troncal del Norte, de Ciudad Delgado.
El microbús ya se encontraba totalmente vacío, el hombre bajó y dejó encerrada a la menor edad. Al regresar, le dio una charamusca y esta se la tomó. Al hacerlo se sintió de inmediato mareada y sin fuerza.
Fue entonces que procedió a violarla. La víctima le decía que parara y lloraba, pero el hombre no se detuvo. Cuando terminó, procedió a iniciar un nuevo viaje. Aseguró que el camino el imputado le decía que se la llevaría a una casa que tenía en Santa Tecla.
Según el relato de la menor, no podía bajarse por que se sentía mareada y cansada. Como pudo agarró fuerzas y logró bajarse del microbús. Al llegar a su casa, no dijo nada a sus padres de la violación, a los tres días por un dolor abdominal fue a pasar consulta y fue cuando contó lo que le había ocurrido.
Al hombre se le abrió un proceso judicial que se ventiló Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, donde fue encontrado culpable por el delito de violación agravada. Por lo que fue condenado a 12 años de prisión.
por: El Salvador Times
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
