Judicial
Malhechores le roban a una mujer al interior de un taxi y la terminan amenazando de muerte, uno de ellos era amigo de la víctima
Víctor Hugo R, de 36 años y Juan Carlos N, de 40, han sido enviados a prisión de manera provisional acusados de robarle y amenazar a muerte a una mujer en el centro de la ciudad de Santa Ana.
Los hechos por los que están presos sucedieron en la 11ª Calle Poniente y Avenida Independencia de la referida ciudad.
Según el requerimiento fiscal, una mujer caminaba por la 11ª Calle Poniente cuando pasó un taxi en el que se conducía un amigo de ella. El amigo le hizo señales a la mujer de que entrara, a lo que ella aceptó.
Después de algunos minutos, la mujer se bajó, pero el taxista y el amigo no permitieron que tomara sus pertenencias y aceleraron el vehículo.
La víctima buscó hasta encontrar el taxi en la zona de la Avenida Independencia, por lo que se acercó y le pidió a los hombres que le devolvieran sus cosas, algo a lo que se negaron.
Uno de los hombres le dijo, con tono amenazante, que si no quería aparecer muerta que se fuera del lugar mientras que el otro le exigió que le entregara el dinero que llevaba con ella.
La mujer les dio $15, pero uno de los victimarios le arrebató otros $30 que llevaba entre su ropa.
Mientras la víctima huía del lugar se encontró con un grupo de policías que estaban realizando un patrullaje, por lo que la mujer les pidió auxilio y después los denunció.
Los policías llegaron hasta el lugar y cuando estaban capturando a los implicados, estos insultaron a la mujer y la volvieron a amenazar a muerte.
El taxista y el amigo de la víctima fueron señalados de los delitos de robo agravado, amenazas con agravación especial y expresiones de violencia contra la mujer.
Las pruebas que fueron recolectadas por la Fiscalía y la PNC fueron suficientes para que el juez del Juzgado 2º de Paz las admitiera y decidiera que ambos debían permanecer en prisión mientras se realizan el resto de las pericias.
Judicial
Testigos confirman actos de corrupción en juicio contra exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano
Durante la vista pública contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, y otros cuatro imputados, varios testigos presentados por la Fiscalía General de la República han respaldado la acusación por delitos de corrupción cometidos durante su gestión.
En casi un mes de juicio, interrumpido en diversas ocasiones y con jornadas parciales, han comparecido empleados municipales que denunciaron afectaciones por el impago de salarios durante periodos de hasta tres meses, así como la retención de cuotas laborales. Esta última situación les impidió recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Con estos testimonios, el Ministerio Público busca demostrar los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales e infracción de las condiciones laborales o de seguridad social.
También declaró una perito que elaboró un informe técnico confirmando que, aunque se descontaron las cuotas laborales a los empleados, los fondos no fueron trasladados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El peritaje establece un perjuicio a la administración pública por más de $387,042.71.
Otro experto técnico relató que, mediante un análisis forense digital, extrajo información de los dispositivos electrónicos incautados a los imputados —entre ellos teléfonos celulares—, hallando datos que vinculan a los procesados con actividades ilícitas.
Además, una auditoría financiera reveló que durante la gestión de Montano, la alcaldía pagó $1.2 millones en comisiones a una empresa por recuperación de mora, cifra superior a los $867,499 realmente recuperados. Según el informe, no se realizó un estudio previo para definir el porcentaje de comisión, y la empresa representada por el imputado Ricardo Arturo Roque Baires cobró un 9.97% más que otras contratadas en administraciones anteriores.
Con este conjunto de pruebas, la Fiscalía busca sustentar las acusaciones de malversación e incumplimiento de deberes contra los exfuncionarios municipales.
Judicial
Juzgado programará audiencia inicial para 12 transportistas detenidos por suspensión del servicio
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ha programado para este viernes la audiencia inicial en contra de 12 empresarios del transporte público, quienes fueron capturados entre el 5 y el 7 de mayo de 2025 por presuntamente haber suspendido de forma irregular el servicio, a pesar de ser un servicio público subsidiado por el Estado.
Las detenciones fueron ordenadas luego de que los transportistas no operaran con normalidad sus unidades, lo cual, según las autoridades, constituye una falta grave al tratarse de un servicio esencial para la ciudadanía y financiado parcialmente con fondos públicos.
El pasado lunes, la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento ante el juzgado, solicitando que el caso avance a la etapa de instrucción formal. Además, pidió que se otorguen medidas alternas a la detención provisional, lo que permitiría que los imputados continúen el proceso judicial en libertad.
A los acusados se les atribuyen los delitos de peculado e incumplimiento de deberes, según consta en el expediente promovido por el Ministerio Público.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer (lunes) el requerimiento de acusación contra 12 empresarios del transporte colectivo, a quienes se les imputa la presunta comisión de los delitos de peculado e incumplimiento de deberes.
Según informó la institución, los señalados serán procesados en libertad, bajo medidas alternas a la detención.
Los imputados poseen concesiones y permisos provisionales para operar diferentes rutas del transporte público. De acuerdo con la FGR, fueron capturados los días 5, 6 y 7 de mayo de 2025, luego de que las autoridades detectaran que no prestaron el servicio de transporte a la población o lo hicieron con una reducción significativa de unidades, pese a que el Gobierno había entregado $12 millones en compensación para garantizar la gratuidad del servicio, debido al cierre temporal del tramo de Los Chorros en la carretera Panamericana.
“Se procedió a la detención en flagrancia, siendo este un servicio público y subsidiado con fondos del Estado”, indicó la Fiscalía.
El requerimiento fue presentado en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
