Judicial
Malhechores le roban a una mujer al interior de un taxi y la terminan amenazando de muerte, uno de ellos era amigo de la víctima
Víctor Hugo R, de 36 años y Juan Carlos N, de 40, han sido enviados a prisión de manera provisional acusados de robarle y amenazar a muerte a una mujer en el centro de la ciudad de Santa Ana.
Los hechos por los que están presos sucedieron en la 11ª Calle Poniente y Avenida Independencia de la referida ciudad.
Según el requerimiento fiscal, una mujer caminaba por la 11ª Calle Poniente cuando pasó un taxi en el que se conducía un amigo de ella. El amigo le hizo señales a la mujer de que entrara, a lo que ella aceptó.
Después de algunos minutos, la mujer se bajó, pero el taxista y el amigo no permitieron que tomara sus pertenencias y aceleraron el vehículo.
La víctima buscó hasta encontrar el taxi en la zona de la Avenida Independencia, por lo que se acercó y le pidió a los hombres que le devolvieran sus cosas, algo a lo que se negaron.
Uno de los hombres le dijo, con tono amenazante, que si no quería aparecer muerta que se fuera del lugar mientras que el otro le exigió que le entregara el dinero que llevaba con ella.
La mujer les dio $15, pero uno de los victimarios le arrebató otros $30 que llevaba entre su ropa.
Mientras la víctima huía del lugar se encontró con un grupo de policías que estaban realizando un patrullaje, por lo que la mujer les pidió auxilio y después los denunció.
Los policías llegaron hasta el lugar y cuando estaban capturando a los implicados, estos insultaron a la mujer y la volvieron a amenazar a muerte.
El taxista y el amigo de la víctima fueron señalados de los delitos de robo agravado, amenazas con agravación especial y expresiones de violencia contra la mujer.
Las pruebas que fueron recolectadas por la Fiscalía y la PNC fueron suficientes para que el juez del Juzgado 2º de Paz las admitiera y decidiera que ambos debían permanecer en prisión mientras se realizan el resto de las pericias.
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
