Judicial
Juzgado realizará el viernes audiencia inicial contra Catalino Miranda
Este martes 15 de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente ante el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador al empresario del transporte de pasajeros, Catalino Ezequiel Miranda, quien es procesado por los delitos de resistencia y desórdenes públicos.
Miranda fue detenido el sábado anterior en el punto de la Ruta 42 en el centro de San Salvador, luego que la Policía corroborara que las rutas dirigidas por el ahora imputado, habían incrementado el pasaje en las Rutas 42 y 152 de manera ilícita.
Junto con el transportista están imputados los motoristas Rommel Iván Aquino Barrera, José Hernández Castillo y Jermel Ernilzon Castro Sorto y se les atribuye el delito de venta a precio superior y posesión y tenencia ilícita de placas de circulación.
El fiscal del caso detalló que solicitarán al juzgado la instrucción formal con detención de Miranda, debido a que entre los dos delitos se suman tres años de prisión. Agregó que cuentan con las pruebas suficientes para que el caso pase a la siguiente etapa.
«Tenemos pruebas de cada uno de los eventos, se ha podido corroborar con diferentes elementos: entre estas, entrevistas con los pasajeros, entrevistas con gestores de tránsito y sobre el evento del señor Catalino Miranda se ha realizado la incautación de videos del Sistema 911», afirmó el representante fiscal.
Añadió que durante la audiencia establecerán que él se encontraba en el lugar de los hechos y realizaba desordenes mediante la utilización de las unidades de transporte de su empresa. «En el delito de resistencia tenemos actas de entrevista de agentes que realizaron el procedimiento y él [Catalino Miranda] trató de arrebatarle las placas que ellos quitaban a las unidades, intentó evitar un procedimiento legal del que estaba habilitada la Policía».
El arresto fue el pasado sábado y ese mismo día el Ministerio de Obras Públicas (MOP) le suspendió la concesión de línea de transporte público a las unidades pertenecientes a Miranda.
En esa ocasión el ministro Rodríguez explicó que 293 unidades de las rutas 42 y 152 eran administradas por el imputado, de ese total son 78 autobuses y 215 microbuses. Además, Rodríguez comentó que el subsidio asignado a estas unidades fue suspendido. Desde entonces el servicio es prestado por el gobierno de manera gratuita en esas rutas.
La Fiscalía informó que la audiencia inicial contra el empresario Catalino Mirando ha sido programada para el próximo viernes 18 de marzo a las 12:00 del mediodía.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
