Judicial
Juzgado realizará el viernes audiencia inicial contra Catalino Miranda
Este martes 15 de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente ante el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador al empresario del transporte de pasajeros, Catalino Ezequiel Miranda, quien es procesado por los delitos de resistencia y desórdenes públicos.
Miranda fue detenido el sábado anterior en el punto de la Ruta 42 en el centro de San Salvador, luego que la Policía corroborara que las rutas dirigidas por el ahora imputado, habían incrementado el pasaje en las Rutas 42 y 152 de manera ilícita.
Junto con el transportista están imputados los motoristas Rommel Iván Aquino Barrera, José Hernández Castillo y Jermel Ernilzon Castro Sorto y se les atribuye el delito de venta a precio superior y posesión y tenencia ilícita de placas de circulación.
El fiscal del caso detalló que solicitarán al juzgado la instrucción formal con detención de Miranda, debido a que entre los dos delitos se suman tres años de prisión. Agregó que cuentan con las pruebas suficientes para que el caso pase a la siguiente etapa.
«Tenemos pruebas de cada uno de los eventos, se ha podido corroborar con diferentes elementos: entre estas, entrevistas con los pasajeros, entrevistas con gestores de tránsito y sobre el evento del señor Catalino Miranda se ha realizado la incautación de videos del Sistema 911», afirmó el representante fiscal.
Añadió que durante la audiencia establecerán que él se encontraba en el lugar de los hechos y realizaba desordenes mediante la utilización de las unidades de transporte de su empresa. «En el delito de resistencia tenemos actas de entrevista de agentes que realizaron el procedimiento y él [Catalino Miranda] trató de arrebatarle las placas que ellos quitaban a las unidades, intentó evitar un procedimiento legal del que estaba habilitada la Policía».
El arresto fue el pasado sábado y ese mismo día el Ministerio de Obras Públicas (MOP) le suspendió la concesión de línea de transporte público a las unidades pertenecientes a Miranda.
En esa ocasión el ministro Rodríguez explicó que 293 unidades de las rutas 42 y 152 eran administradas por el imputado, de ese total son 78 autobuses y 215 microbuses. Además, Rodríguez comentó que el subsidio asignado a estas unidades fue suspendido. Desde entonces el servicio es prestado por el gobierno de manera gratuita en esas rutas.
La Fiscalía informó que la audiencia inicial contra el empresario Catalino Mirando ha sido programada para el próximo viernes 18 de marzo a las 12:00 del mediodía.
A cumplir una condena de 12 años de cárcel ha sido sentenciado José Alfredo Gómez Ramírez, quien fue declarado culpable por el delito de robo en perjuicio de una víctima, a quien despojó de sus objetos de valor.
El hecho ocurrió la tarde del 18 de enero de este año. La víctima transitaba sobre 12ª. calle poniente, entre la 1ª. avenida sur y la avenida Isidro Ménendez, en el centro de esta capital, cuando fue interceptada por Gómez Ramírez, quien la amenazó de muerte y de forma rápida la despojó de sus prendas de valor.
La víctima luego de entregar sus pertenencias huyó de la zona y buscó apoyo policial.
El sujeto fue ubicado y detenido por agentes de autoridad a los pocos minutos de la acción delincuencial. La Fiscalía presentó toda la prueba ante el Juzgado Noveno de Paz y al finalizar de la denominada audiencia de vista pública sumaria fue encontrado responsable penalmente por el mencionado delito.
Gómez Ramírez ya cumplió dos condenas carcelarias por igual número de robos que cometió en 2015 y 2020, respectivamente.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron un operativo para capturar a Miguel Ángel Renderos Teo, quien será procesado por generar material de abuso sexual infantil.
La investigación contra el sujeto inició luego que la Fiscalía recibió un aviso en el que se alertaba que el hombre creaba material de abuso sexual de dos menores.
El registro se realizó en Soyapango, San Salvador Este y durante el procedimiento se logró la incautación de tres dispositivos celulares que ayudarán a robustecer las investigaciones en su contra.
Además se logró identificar a las víctimas, quienes fueron asistidas por el equipo multidisciplinario de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia (UAEMNA).
La FGR presentará al imputado en los próximos días ante las autoridades competentes.
Al hombre se le atribuyen los delitos de utilización de niñas/os, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS), violación en menor e incapaz agravada y continuada, y agresión sexual en menor e incapaz agravada continuada.
Obed Abraham Ruiz Campos fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de suicidio feminicida por inducción o ayuda y violación agravada en perjuicio de una mujer en La Libertad. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2024 en una vivienda ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. El ministerio público estableció que la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja marcada por episodios de violencia psicológica, emocional y física.
La investigación también determinó que, en reiteradas ocasiones, Ruiz Campos coaccionó a la víctima mediante amenazas cuando consumía bebidas alcohólicas, llegando incluso a utilizar un arma blanca para obligarla a ingerir alcohol.
Según la Fiscalía, el día de los hechos el condenado consumió bebidas alcohólicas y forzó a la mujer a beber hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente, habría abusado sexualmente de ella.
Las investigaciones señalan que la víctima presentó convulsiones y sangrado en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía indicó que el imputado abandonó el lugar y dejó el cuerpo durante un día. Posteriormente, presuntamente intentó alterar la escena al cambiar y lavar la ropa de la víctima antes de informar a las autoridades que la había encontrado sin vida.
Al llegar al inmueble, las autoridades observaron indicios de limpieza reciente y encontraron el cuerpo con señales de violencia física.
Durante el juicio, un informe forense concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación alcohólica aguda. Asimismo, otras pericias determinaron la existencia de lesiones genitales compatibles con abuso sexual.
La Fiscalía presentó pruebas relacionadas con el vínculo entre el imputado y la víctima, los antecedentes de violencia y el contexto de coacción constante al que, según la investigación, fue sometida la mujer. Con base en estos elementos, la jueza impuso una pena de siete años de prisión por suicidio feminicida por inducción o ayuda y 16 años por violación agravada.
