Judicial
Juzgado realizará el viernes audiencia inicial contra Catalino Miranda
Este martes 15 de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente ante el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador al empresario del transporte de pasajeros, Catalino Ezequiel Miranda, quien es procesado por los delitos de resistencia y desórdenes públicos.
Miranda fue detenido el sábado anterior en el punto de la Ruta 42 en el centro de San Salvador, luego que la Policía corroborara que las rutas dirigidas por el ahora imputado, habían incrementado el pasaje en las Rutas 42 y 152 de manera ilícita.
Junto con el transportista están imputados los motoristas Rommel Iván Aquino Barrera, José Hernández Castillo y Jermel Ernilzon Castro Sorto y se les atribuye el delito de venta a precio superior y posesión y tenencia ilícita de placas de circulación.
El fiscal del caso detalló que solicitarán al juzgado la instrucción formal con detención de Miranda, debido a que entre los dos delitos se suman tres años de prisión. Agregó que cuentan con las pruebas suficientes para que el caso pase a la siguiente etapa.
«Tenemos pruebas de cada uno de los eventos, se ha podido corroborar con diferentes elementos: entre estas, entrevistas con los pasajeros, entrevistas con gestores de tránsito y sobre el evento del señor Catalino Miranda se ha realizado la incautación de videos del Sistema 911», afirmó el representante fiscal.
Añadió que durante la audiencia establecerán que él se encontraba en el lugar de los hechos y realizaba desordenes mediante la utilización de las unidades de transporte de su empresa. «En el delito de resistencia tenemos actas de entrevista de agentes que realizaron el procedimiento y él [Catalino Miranda] trató de arrebatarle las placas que ellos quitaban a las unidades, intentó evitar un procedimiento legal del que estaba habilitada la Policía».
El arresto fue el pasado sábado y ese mismo día el Ministerio de Obras Públicas (MOP) le suspendió la concesión de línea de transporte público a las unidades pertenecientes a Miranda.
En esa ocasión el ministro Rodríguez explicó que 293 unidades de las rutas 42 y 152 eran administradas por el imputado, de ese total son 78 autobuses y 215 microbuses. Además, Rodríguez comentó que el subsidio asignado a estas unidades fue suspendido. Desde entonces el servicio es prestado por el gobierno de manera gratuita en esas rutas.
La Fiscalía informó que la audiencia inicial contra el empresario Catalino Mirando ha sido programada para el próximo viernes 18 de marzo a las 12:00 del mediodía.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
