Judicial
Juez decreta arresto domiciliar a sacerdote acusado de abusar de un niño de 13 años
Luego de haber desarrollado la audiencia especial en contra del sacerdote José Adonay Chicas, de 58 años de edad, tras ser acusado de delitos sexuales en perjuicio de un menor de 13 años, el Juzgado de Primera Instancia de El Puerto La Libertad emitió arresto domiciliar y ordenó el pago de una fianza de $15 mil.
Ante esto la Fiscalía General de la República (FGR) indicó que apelará ante una Cámara la decisión de la jueza, para ello los representantes del ministerio público tendrán hasta el lunes para hacerlo.
El pasado 29 de junio, el Juzgado de Paz de Zaragoza realizó la audiencia inicial contra el imputado, a quien se le acusó de agredir sexualmente a un menor de edad -durante dos años- en la casa parroquial de la iglesia que tenía a su cargo.
Según informes, el hecho se dio a conocer el 22 de junio, luego de que el cura agredió a la víctima, quien recibía una remuneración económica tras los encuentros sexuales con el imputado.
Los padres de la víctima encontraron unos mensajes enviados por Chicas al teléfono celular del menor, a través de la aplicación móvil WhatsApp, por lo que decidieron interponer la denuncia en la Policía Nacional Civil (PNC).
El sujeto está siendo procesado por los delitos de agresión sexual en menor de edad agravada y de manera continuada, por remuneración por actos eróticos en menores de edad y corrupción de niños a través del uso de la tecnología.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
