Judicial
Juez decreta arresto domiciliar a sacerdote acusado de abusar de un niño de 13 años
Luego de haber desarrollado la audiencia especial en contra del sacerdote José Adonay Chicas, de 58 años de edad, tras ser acusado de delitos sexuales en perjuicio de un menor de 13 años, el Juzgado de Primera Instancia de El Puerto La Libertad emitió arresto domiciliar y ordenó el pago de una fianza de $15 mil.
Ante esto la Fiscalía General de la República (FGR) indicó que apelará ante una Cámara la decisión de la jueza, para ello los representantes del ministerio público tendrán hasta el lunes para hacerlo.
El pasado 29 de junio, el Juzgado de Paz de Zaragoza realizó la audiencia inicial contra el imputado, a quien se le acusó de agredir sexualmente a un menor de edad -durante dos años- en la casa parroquial de la iglesia que tenía a su cargo.
Según informes, el hecho se dio a conocer el 22 de junio, luego de que el cura agredió a la víctima, quien recibía una remuneración económica tras los encuentros sexuales con el imputado.
Los padres de la víctima encontraron unos mensajes enviados por Chicas al teléfono celular del menor, a través de la aplicación móvil WhatsApp, por lo que decidieron interponer la denuncia en la Policía Nacional Civil (PNC).
El sujeto está siendo procesado por los delitos de agresión sexual en menor de edad agravada y de manera continuada, por remuneración por actos eróticos en menores de edad y corrupción de niños a través del uso de la tecnología.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
