Judicial
Inicia juicio contra de 10 exfuncionarios en el caso Saqueo Público
En el caso conocido como «Saqueo Público» el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, ha comenzado este martes la vista pública en contra de 10 imputados vinculados a la red de corrupción que creó el expresidente de la República, Mauricio Funes.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa por los delitos de lavado de dinero, peculado (apropiarse de bienes del Estado) y casos especiales de lavado de dinero.
El ministerio público dispone de más de 2,500 documentos, 114 testigos, pericias financieras contables tributarias y 21 asistencias internacionales, que le fueron admitidas en la audiencia preliminar y que comenzarán a ser evaluadas por el tribunal en el juicio programado para un mes.
Los fiscales pretenden probar con pericias financieras contables, tributarias que los procesados supuestamente se apropiaron de fondos públicos que el Ministerio de Hacienda asignó a la Presidencia del de la República para el rubro de gastos reservados entre 2009 y 2014.
Una de las pericias clave es el análisis contable que hizo un experto donde confirma que Funes en su mandato presidencial utilizó el mecanismo de refuerzos presupuestarios para apropiarse de $351,035,400.
Esa pericia denominada «Auditoría Forense Pericial Financiera Contable de Gestión Administrativa y Funcional» evidencia que en los registros del Ministerio Hacienda, entre el 1 de junio de 2009 al 1 de junio de 2014, aparece que el presupuesto para la partida de Gastos Reservados que la Asamblea Legislativa aprobó a la Presidencia de la República fue de $80,818,285.
Pero Funes no conforme con esos fondos ideó un plan delictivo para que vía refuerzos presupuestarios se le incrementara la partida secreta conocida como «Rubro 54315 Gastos Reservados».
El aumento fue del 300% equivalente a $270,217,115.49, llevándolo a apropiarse de $351,035,400.49, en toda su gestión y las personas que hoy comienzan a ser enjuiciadas formaron parte de esa estructura criminal, según la acusación de la Fiscalía. Funes huyó de la justicia en 2016 hacia Nicaragua.
Como el plan era perder el rastro de esos fondos entregados como gastos reservados a la Presidencia de la República, desde la cuenta subsidiaria del tesoro público el dinero comenzó a ser trasladado a cuentas que estaban a nombre de personas particulares en el Banco Hipotecario.
Los titulares de esas cuentas particulares eran Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez, quienes al tener el dinero se encargaron de depositarlo a través de cheques. Estas dos personas también fueron parte de la red que utilizó el expresidente Antonio Saca.
A juicio del ministerio público, esas acciones son graves pues los imputados violaron a la normativa administrativa que ya determina los mecanismos a seguir en manejo de los fondos públicos.
Los abogados particulares al momento de iniciar el juicio han presentado varias peticiones. Una de ellas es una excepción perentoria de cosa juzgada en el caso de Vanda Pignato.
El defensor dice que ella ya fue juzgada en un juicio civil por enriquecimiento ilícito de $135,536.15, fondos con los cuales pagó tarjetas de crédito y otros productos financieros, en esa demanda fue absuelta de responsabilidad y en este proceso de Saqueo Público son los mismos hechos acusados lo cual se convierte en un doble juzgamiento y que sea exonerada por el delito de lavado de dinero.
La defensa también ha solicitado la exclusión como testigo criteriado de José Francisco Cáceres Saldaña, exsecretario privado de Mauricio Funes ya que la calidad de criteriado no se le otorgó debidamente.
Y también han solicitado que no se entre a valorar algunos documentos entregados por Cáceres Saldaña ya que no se siguió la debida cadena de custodia.
Además pretenden que no se tome en cuenta un punto de pericia de un análisis financiero contable realizado a los gastos reservados y que afecta a David Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia.
LOS ENJUCIADOS
- Vanda Pignato, exprimera dama, señalada por la Fiscalía de lavado de dinero y simulación de delitos.
- José Miguel Antonio Menéndez Avelar, dueño de COSASE, acusado de lavado de dinero y de activos, y defraudación al fisco.
- Juan Carlos Guzmán Berdugo, exsuegro de Mauricio Funes, procesado por el delito de lavado de dinero y de activos.
- Manuel Rivera Castro, expresidente del Banco Hipotecario, procesado por peculado, lavado de dinero y de activos.
- Rigoberto Palacios Panameño, ex jefe de contabilidad, enfrenta el juicio por peculado.
- Luis Miguel Ángel García, acusado de lavado de dinero y de activos.
- Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero de Casa Presidencial, procesado por peculado, lavado de dinero y de activos.
- Pablo Gómez, exasistente técnico de la Presidencia, acusado de peculado, lavado de dinero y de activos.
- Jorge Alberto Hernández Castellano, exjefe de Tesorería de Casa Presidencial, enjuiciado por peculado.
- David Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, acusado de lavado de dinero.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
