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Judicial

Inicia juicio contra de 10 exfuncionarios en el caso Saqueo Público

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En el caso conocido como «Saqueo Público» el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, ha comenzado este martes la vista pública en contra de 10 imputados vinculados a la red de corrupción que creó el expresidente de la República, Mauricio Funes.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa por los delitos de lavado de dinero, peculado (apropiarse de bienes del Estado) y casos especiales de lavado de dinero.
El ministerio público dispone de más de 2,500 documentos, 114 testigos, pericias financieras contables tributarias y 21 asistencias internacionales, que le fueron admitidas en la audiencia preliminar y que comenzarán a ser evaluadas por el tribunal en el juicio programado para un mes.

Los fiscales pretenden probar con pericias financieras contables, tributarias que los procesados supuestamente se apropiaron de fondos públicos que el Ministerio de Hacienda asignó a la Presidencia del de la República para el rubro de gastos reservados entre 2009 y 2014.

Una de las pericias clave es el análisis contable que hizo un experto donde confirma que Funes en su mandato presidencial utilizó el mecanismo de refuerzos presupuestarios para apropiarse de $351,035,400.

Esa pericia denominada «Auditoría Forense Pericial Financiera Contable de Gestión Administrativa y Funcional» evidencia que en los registros del Ministerio Hacienda, entre el 1 de junio de 2009 al 1 de junio de 2014, aparece que el presupuesto para la partida de Gastos Reservados que la Asamblea Legislativa aprobó a la Presidencia de la República fue de $80,818,285.

Pero Funes no conforme con esos fondos ideó un plan delictivo para que vía refuerzos presupuestarios se le incrementara la partida secreta conocida como «Rubro 54315 Gastos Reservados».

El aumento fue del 300% equivalente a $270,217,115.49, llevándolo a apropiarse de $351,035,400.49, en toda su gestión y las personas que hoy comienzan a ser enjuiciadas formaron parte de esa estructura criminal, según la acusación de la Fiscalía. Funes huyó de la justicia en 2016 hacia Nicaragua.

Como el plan era perder el rastro de esos fondos entregados como gastos reservados a la Presidencia de la República, desde la cuenta subsidiaria del tesoro público el dinero comenzó a ser trasladado a cuentas que estaban a nombre de personas particulares en el Banco Hipotecario.

Los titulares de esas cuentas particulares eran Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez, quienes al tener el dinero se encargaron de depositarlo a través de cheques. Estas dos personas también fueron parte de la red que utilizó el expresidente Antonio Saca.

A juicio del ministerio público, esas acciones son graves pues los imputados violaron a la normativa administrativa que ya determina los mecanismos a seguir en manejo de los fondos públicos.

Los abogados particulares al momento de iniciar el juicio han presentado varias peticiones. Una de ellas es una excepción perentoria de cosa juzgada en el caso de Vanda Pignato.

El defensor dice que ella ya fue juzgada en un juicio civil por enriquecimiento ilícito de $135,536.15, fondos con los cuales pagó tarjetas de crédito y otros productos financieros, en esa demanda fue absuelta de responsabilidad y en este proceso de Saqueo Público son los mismos hechos acusados lo cual se convierte en un doble juzgamiento y que sea exonerada por el delito de lavado de dinero.

La defensa también ha solicitado la exclusión como testigo criteriado de José Francisco Cáceres Saldaña, exsecretario privado de Mauricio Funes ya que la calidad de criteriado no se le otorgó debidamente.

Y también han solicitado que no se entre a valorar algunos documentos entregados por Cáceres Saldaña ya que no se siguió la debida cadena de custodia.

Además pretenden que no se tome en cuenta un punto de pericia de un análisis financiero contable realizado a los gastos reservados y que afecta a David Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia.

LOS ENJUCIADOS

  1. Vanda Pignato, exprimera dama, señalada por la Fiscalía de lavado de dinero y simulación de delitos.
  2. José Miguel Antonio Menéndez Avelar, dueño de COSASE, acusado de lavado de dinero y de activos, y defraudación al fisco.
  3. Juan Carlos Guzmán Berdugo, exsuegro de Mauricio Funes, procesado por el delito de lavado de dinero y de activos.
  4. Manuel Rivera Castro, expresidente del Banco Hipotecario, procesado por peculado, lavado de dinero y de activos.
  5. Rigoberto Palacios Panameño, ex jefe de contabilidad, enfrenta el juicio por peculado.
  6. Luis Miguel Ángel García, acusado de lavado de dinero y de activos.
  7. Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero de Casa Presidencial, procesado por peculado, lavado de dinero y de activos.
  8. Pablo Gómez, exasistente técnico de la Presidencia, acusado de peculado, lavado de dinero y de activos.
  9. Jorge Alberto Hernández Castellano, exjefe de Tesorería de Casa Presidencial, enjuiciado por peculado.
  10. David Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, acusado de lavado de dinero.

Judicial

Cárcel para exmilitar por violación sexual

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El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a José Rodil Cosme a 14 años de prisión por el delito de violación sexual en perjuicio de una menor de edad en el departamento de La Paz.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el hecho ocurrió el 19 de enero de 2025 en un motel del distrito de San Luis Talpa, en La Paz Oeste. Cosme mantenía un vínculo cercano con la familia de la víctima, quien vivía con su abuela materna. Ambas trabajaban para el ahora condenado en oficios domésticos.

Según el expediente fiscal, el día del hecho Cosme engañó a la abuela de la menor al decirle que llevaría a la niña a comprar útiles escolares.

Sin embargo, mientras se desplazaban a bordo de un vehículo, el imputado la trasladó hacia un motel de San Luis Talpa. De acuerdo con la investigación, Cosme la amenazó de muerte con un arma de fuego y, mediante la fuerza, abusó sexualmente de ella.

Posteriormente, la víctima resultó embarazada y, un mes después, relató lo ocurrido a una familiar, quien interpuso la denuncia ante las autoridades.

Como resultado de la investigación, Cosme fue detenido y acusado por el delito de violación agravada contra una menor de edad.

Además de la pena de prisión, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla lo condenó al pago de $480 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.

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Judicial

Prisión para mujer que estafó $8,000 por una falsa costrucción en La Libertad

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El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a seis años de prisión a Elizabeth Durán Campos por el delito de estafa agravada, en perjuicio del patrimonio de una víctima.

Según las investigaciones, en 2023 la víctima contrató a Durán Campos para la construcción de una piscina en el municipio de La Libertad Costa. Para realizar el trabajo, la imputada recibió un anticipo de $8,150, de un total de $16,000 acordado por la terminación de la obra.

Sin embargo, Durán Campos abandonó los trabajos al segundo día de haberlos iniciado y se negó a devolver el dinero recibido. Además de la pena de prisión, deberá devolver el monto estafado.

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Judicial

PNC captura a tres personas con marihuana en residencial Terranova de San Miguel; una de ellas había sido reportada como desaparecida

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La Policía Nacional Civil capturó a dos hombres y una mujer durante un procedimiento en una vivienda de la residencial Terranova, en San Miguel, donde se localizó marihuana y objetos presuntamente vinculados a su distribución. Los detenidos son Lindsay Michelle Aguilar Fuentes, de 19 años; José Luis Méndez Argueta, de 21, y Dixma Alexander Amador Torres, de 23. Aguilar Fuentes había sido reportada como desaparecida en redes sociales antes de ser localizada en el operativo.

Durante el registro, las autoridades incautaron marihuana (sin especificar cantidad), una balanza electrónica, una picadora para droga, seis teléfonos celulares, una motocicleta, una pipa y dinero en efectivo. Los tres quedaron bajo custodia y serán remitidos por el delito de posesión y tenencia de droga.

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La PNC no ha detallado las circunstancias exactas que llevaron al operativo ni el rol específico atribuido a cada uno de los capturados. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades individuales.

El caso se suma a los operativos que la institución realiza de forma permanente contra el tráfico y posesión de sustancias ilícitas en el oriente del país.

Las autoridades instan a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de los canales oficiales.

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