Judicial
Inicia juicio contra de 10 exfuncionarios en el caso Saqueo Público
En el caso conocido como «Saqueo Público» el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, ha comenzado este martes la vista pública en contra de 10 imputados vinculados a la red de corrupción que creó el expresidente de la República, Mauricio Funes.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa por los delitos de lavado de dinero, peculado (apropiarse de bienes del Estado) y casos especiales de lavado de dinero.
El ministerio público dispone de más de 2,500 documentos, 114 testigos, pericias financieras contables tributarias y 21 asistencias internacionales, que le fueron admitidas en la audiencia preliminar y que comenzarán a ser evaluadas por el tribunal en el juicio programado para un mes.
Los fiscales pretenden probar con pericias financieras contables, tributarias que los procesados supuestamente se apropiaron de fondos públicos que el Ministerio de Hacienda asignó a la Presidencia del de la República para el rubro de gastos reservados entre 2009 y 2014.
Una de las pericias clave es el análisis contable que hizo un experto donde confirma que Funes en su mandato presidencial utilizó el mecanismo de refuerzos presupuestarios para apropiarse de $351,035,400.
Esa pericia denominada «Auditoría Forense Pericial Financiera Contable de Gestión Administrativa y Funcional» evidencia que en los registros del Ministerio Hacienda, entre el 1 de junio de 2009 al 1 de junio de 2014, aparece que el presupuesto para la partida de Gastos Reservados que la Asamblea Legislativa aprobó a la Presidencia de la República fue de $80,818,285.
Pero Funes no conforme con esos fondos ideó un plan delictivo para que vía refuerzos presupuestarios se le incrementara la partida secreta conocida como «Rubro 54315 Gastos Reservados».
El aumento fue del 300% equivalente a $270,217,115.49, llevándolo a apropiarse de $351,035,400.49, en toda su gestión y las personas que hoy comienzan a ser enjuiciadas formaron parte de esa estructura criminal, según la acusación de la Fiscalía. Funes huyó de la justicia en 2016 hacia Nicaragua.
Como el plan era perder el rastro de esos fondos entregados como gastos reservados a la Presidencia de la República, desde la cuenta subsidiaria del tesoro público el dinero comenzó a ser trasladado a cuentas que estaban a nombre de personas particulares en el Banco Hipotecario.
Los titulares de esas cuentas particulares eran Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez, quienes al tener el dinero se encargaron de depositarlo a través de cheques. Estas dos personas también fueron parte de la red que utilizó el expresidente Antonio Saca.
A juicio del ministerio público, esas acciones son graves pues los imputados violaron a la normativa administrativa que ya determina los mecanismos a seguir en manejo de los fondos públicos.
Los abogados particulares al momento de iniciar el juicio han presentado varias peticiones. Una de ellas es una excepción perentoria de cosa juzgada en el caso de Vanda Pignato.
El defensor dice que ella ya fue juzgada en un juicio civil por enriquecimiento ilícito de $135,536.15, fondos con los cuales pagó tarjetas de crédito y otros productos financieros, en esa demanda fue absuelta de responsabilidad y en este proceso de Saqueo Público son los mismos hechos acusados lo cual se convierte en un doble juzgamiento y que sea exonerada por el delito de lavado de dinero.
La defensa también ha solicitado la exclusión como testigo criteriado de José Francisco Cáceres Saldaña, exsecretario privado de Mauricio Funes ya que la calidad de criteriado no se le otorgó debidamente.
Y también han solicitado que no se entre a valorar algunos documentos entregados por Cáceres Saldaña ya que no se siguió la debida cadena de custodia.
Además pretenden que no se tome en cuenta un punto de pericia de un análisis financiero contable realizado a los gastos reservados y que afecta a David Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia.
LOS ENJUCIADOS
- Vanda Pignato, exprimera dama, señalada por la Fiscalía de lavado de dinero y simulación de delitos.
- José Miguel Antonio Menéndez Avelar, dueño de COSASE, acusado de lavado de dinero y de activos, y defraudación al fisco.
- Juan Carlos Guzmán Berdugo, exsuegro de Mauricio Funes, procesado por el delito de lavado de dinero y de activos.
- Manuel Rivera Castro, expresidente del Banco Hipotecario, procesado por peculado, lavado de dinero y de activos.
- Rigoberto Palacios Panameño, ex jefe de contabilidad, enfrenta el juicio por peculado.
- Luis Miguel Ángel García, acusado de lavado de dinero y de activos.
- Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero de Casa Presidencial, procesado por peculado, lavado de dinero y de activos.
- Pablo Gómez, exasistente técnico de la Presidencia, acusado de peculado, lavado de dinero y de activos.
- Jorge Alberto Hernández Castellano, exjefe de Tesorería de Casa Presidencial, enjuiciado por peculado.
- David Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, acusado de lavado de dinero.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 61 años de cárcel para Carlos Fredy Rosa Meléndez, quien es acusado de abusar sexualmente de varios menores de edad y documentar en videos los hechos.
Consta en el proceso judicial que el sujeto se aprovechó de los menores de edad entre los años 2020 y el 2022.
La FGR lo acusó por violación en menor e incapaz en su modalidad continuada, agresión sexual en menor e incapaz en su modalidad continuada en perjuicio de 2 víctimas, utilización de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad en pornografía a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación y por adquisición o posesión de material pornografía de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación.
Durante la Audiencia Preliminar en el Caso SITRAMSS, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que los procesados sean enviados a juicio, en este sentido, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, emitió orden de captura para Nelson Napoleón García, exviceministro de transporte en uno de los gobiernos del FMLN.
En la investigación García es acusado por dos cargos de extorsión agravada, debido a que realizó actos de intimidación y coacción en contra de transportistas que prestaban servicio en la terminal y la vía que era utilizada por el Sitramss, a quienes les exigía que entregaran sus líneas de transporte.
Además, las pruebas presentadas en el caso también demostraron que los procesados presentes: Edwin Flores, exdirector de Tránsito del VMT, concedió de manera irregular el proyecto de transporte público a SIPAGO, empresa privada de Miguel Ángel Castaneda, acción que no contó con la aprobación legal de la Asamblea Legislativa.
Por otra parte, Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas, fue separado del proceso por el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla.
#AJuicio | La @FGR_SV logró que los procesados en el #CasoSITRAMSS sean enviados a juicio.
Las pruebas presentadas durante la Audiencia Preliminar han demostrado que, en el 2015, Flores concedió de manera irregular el proyecto de transporte público a la empresa privada de… pic.twitter.com/T4wshdHcdT
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 25, 2024
En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.
Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.
García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.
Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.
Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.
