Judicial
Homicidas de futbolista Alfredo Pacheco son enviados a juicio
Los presuntos homicidas del futbolista Alfredo Pacheco fueron enviados a juicio. Se trata de Samuel Toledo Méndez y su esposa y Ana Marta Guadalupe Bolaños de Toledo, quienes según la Fiscalía General de la República son los responsables del crimen ocurrido el 27 de diciembre de 2015.
Al finalizar la audiencia preliminar, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana resolvió que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República deben ser discutidas y controvertidas en un juicio.
Según la información recopilada en la investigación, aproximadamente a las 3:30 de la madrugada cuando Pacheco se encontraba con tres amigos en una gasolinera ubicada en el Bulevar Los 44 de Santa Ana, fueron atacados a balazos por Toledo Méndez.
El futbolista acompañó a una de sus amigas al baño, pero tuvieron que esperar porque estaba ocupado, por lo que los otros dos amigos se incorporaron e iniciaron una conversación.
Posteriormente al lugar llegó un vehículo y un hombre que había estado tomando bebidas alcohólicas en el lugar le dijo al conductor que apagara las luces y se acercó a Pacheco para dispararle a una distancia de tres metros.
Los balazos impactaron en el futbolista, mientras que dos de sus amigos resultaron heridos de gravedad, uno de ellos identificado como Luis Alberto Vásquez Tovar, falleció en el hospital, mientras que Bryan V. logró sobrevivir.
Con las investigaciones que el ministerio público realizó se logró determinar que el que disparó a Pacheco y sus amigos fue Samuel Toledo Méndez, quien después de cometer el crimen se dirigió hacia el vehículo que había llegado previo al ataque y el cual era conducido por su esposa, Ana Marta Guadalupe Bolaños de Toledo.
Los dos son procesados por los delitos de homicidio agravado en perjuicio de Alfredo Pacheco y de Luis Alberto Vásquez Tovar; y homicidio agravado imperfecto o tentado en perjuicio de Bryan V.
Al finalizar la audiencia preliminar el juez admitió la prueba presentada por la Fiscalía y como son prófugos ya que huyeron desde el día del hecho, se emitió las órdenes de captura.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
