Judicial
Homicidas de futbolista Alfredo Pacheco son enviados a juicio

Los presuntos homicidas del futbolista Alfredo Pacheco fueron enviados a juicio. Se trata de Samuel Toledo Méndez y su esposa y Ana Marta Guadalupe Bolaños de Toledo, quienes según la Fiscalía General de la República son los responsables del crimen ocurrido el 27 de diciembre de 2015.
Al finalizar la audiencia preliminar, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana resolvió que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República deben ser discutidas y controvertidas en un juicio.
Según la información recopilada en la investigación, aproximadamente a las 3:30 de la madrugada cuando Pacheco se encontraba con tres amigos en una gasolinera ubicada en el Bulevar Los 44 de Santa Ana, fueron atacados a balazos por Toledo Méndez.
El futbolista acompañó a una de sus amigas al baño, pero tuvieron que esperar porque estaba ocupado, por lo que los otros dos amigos se incorporaron e iniciaron una conversación.
Posteriormente al lugar llegó un vehículo y un hombre que había estado tomando bebidas alcohólicas en el lugar le dijo al conductor que apagara las luces y se acercó a Pacheco para dispararle a una distancia de tres metros.
Los balazos impactaron en el futbolista, mientras que dos de sus amigos resultaron heridos de gravedad, uno de ellos identificado como Luis Alberto Vásquez Tovar, falleció en el hospital, mientras que Bryan V. logró sobrevivir.
Con las investigaciones que el ministerio público realizó se logró determinar que el que disparó a Pacheco y sus amigos fue Samuel Toledo Méndez, quien después de cometer el crimen se dirigió hacia el vehículo que había llegado previo al ataque y el cual era conducido por su esposa, Ana Marta Guadalupe Bolaños de Toledo.
Los dos son procesados por los delitos de homicidio agravado en perjuicio de Alfredo Pacheco y de Luis Alberto Vásquez Tovar; y homicidio agravado imperfecto o tentado en perjuicio de Bryan V.
Al finalizar la audiencia preliminar el juez admitió la prueba presentada por la Fiscalía y como son prófugos ya que huyeron desde el día del hecho, se emitió las órdenes de captura.
Judicial
Demandarán a Manuel Flores por $250,000

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
Judicial
Tribunal condena a dos personas por vender una propiedad que no les pertenecía

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.