Judicial
Homicidas de futbolista Alfredo Pacheco son enviados a juicio
Los presuntos homicidas del futbolista Alfredo Pacheco fueron enviados a juicio. Se trata de Samuel Toledo Méndez y su esposa y Ana Marta Guadalupe Bolaños de Toledo, quienes según la Fiscalía General de la República son los responsables del crimen ocurrido el 27 de diciembre de 2015.
Al finalizar la audiencia preliminar, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana resolvió que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República deben ser discutidas y controvertidas en un juicio.
Según la información recopilada en la investigación, aproximadamente a las 3:30 de la madrugada cuando Pacheco se encontraba con tres amigos en una gasolinera ubicada en el Bulevar Los 44 de Santa Ana, fueron atacados a balazos por Toledo Méndez.
El futbolista acompañó a una de sus amigas al baño, pero tuvieron que esperar porque estaba ocupado, por lo que los otros dos amigos se incorporaron e iniciaron una conversación.
Posteriormente al lugar llegó un vehículo y un hombre que había estado tomando bebidas alcohólicas en el lugar le dijo al conductor que apagara las luces y se acercó a Pacheco para dispararle a una distancia de tres metros.
Los balazos impactaron en el futbolista, mientras que dos de sus amigos resultaron heridos de gravedad, uno de ellos identificado como Luis Alberto Vásquez Tovar, falleció en el hospital, mientras que Bryan V. logró sobrevivir.
Con las investigaciones que el ministerio público realizó se logró determinar que el que disparó a Pacheco y sus amigos fue Samuel Toledo Méndez, quien después de cometer el crimen se dirigió hacia el vehículo que había llegado previo al ataque y el cual era conducido por su esposa, Ana Marta Guadalupe Bolaños de Toledo.
Los dos son procesados por los delitos de homicidio agravado en perjuicio de Alfredo Pacheco y de Luis Alberto Vásquez Tovar; y homicidio agravado imperfecto o tentado en perjuicio de Bryan V.
Al finalizar la audiencia preliminar el juez admitió la prueba presentada por la Fiscalía y como son prófugos ya que huyeron desde el día del hecho, se emitió las órdenes de captura.
Francisco Jiménez Rivera recibió esta tarde una condena de 45 años de cárcel por haberle quitado la vida a una persona e intentar asesinar a otra víctima en Soyapango.
Según las investigaciones, en octubre del 2022, este sujeto entró a una vivienda y atacó con un arma blanca a una persona.
La segunda víctima intervino rápidamente para evitar el ataque de Jiménez, sin embargo, este logró atacarlo varias veces con el mismo cuchillo y le ocasionó la muerte al instante.
Un hombre identificado únicamente con las iniciales K. O. G. D. fue detenido luego que desobedeció una orden de alejamiento y llegó por la fuerza a la casa de su expareja para agredirla físicamente a ella y a su propia hija, en el departamento de Santa Ana.
Centros Judiciales El Salvador (CJES) detalló que todo inició cuando la víctima denunció a su excompañero de vida por violencia intrafamiliar, cuyo caso fue remitido a un Juzgado de Paz de Santa Ana en el cual se dictaron medidas de protección.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana impuso K. O. G. D. medidas de protección que le prohibían acercarse a su excompañera de vida con el objetivo de resguardar su integridad mientras se celebraba la audiencia inicial.
No obstante, detalló CJES, “el 26 de abril de 2025, el imputado presuntamente llegó a la vivienda de la víctima y la agredió físicamente. Además, se reportó que golpeó a su hija, lo que motivó su detención por parte de la Policía Nacional Civil (PNC)”.
Durante la audiencia inicial, la jueza valoró los indicios presentados y resolvió que el proceso continúe en etapa de instrucción, pero esta vez con el imputado en detención provisional. Además, ordenó que la niña, hija biológica del acusado y presunta víctima de maltrato, quede bajo el cuidado temporal de su tía abuela.
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
