Judicial
Homicidas de futbolista Alfredo Pacheco son enviados a juicio
Los presuntos homicidas del futbolista Alfredo Pacheco fueron enviados a juicio. Se trata de Samuel Toledo Méndez y su esposa y Ana Marta Guadalupe Bolaños de Toledo, quienes según la Fiscalía General de la República son los responsables del crimen ocurrido el 27 de diciembre de 2015.
Al finalizar la audiencia preliminar, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana resolvió que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República deben ser discutidas y controvertidas en un juicio.
Según la información recopilada en la investigación, aproximadamente a las 3:30 de la madrugada cuando Pacheco se encontraba con tres amigos en una gasolinera ubicada en el Bulevar Los 44 de Santa Ana, fueron atacados a balazos por Toledo Méndez.
El futbolista acompañó a una de sus amigas al baño, pero tuvieron que esperar porque estaba ocupado, por lo que los otros dos amigos se incorporaron e iniciaron una conversación.
Posteriormente al lugar llegó un vehículo y un hombre que había estado tomando bebidas alcohólicas en el lugar le dijo al conductor que apagara las luces y se acercó a Pacheco para dispararle a una distancia de tres metros.
Los balazos impactaron en el futbolista, mientras que dos de sus amigos resultaron heridos de gravedad, uno de ellos identificado como Luis Alberto Vásquez Tovar, falleció en el hospital, mientras que Bryan V. logró sobrevivir.
Con las investigaciones que el ministerio público realizó se logró determinar que el que disparó a Pacheco y sus amigos fue Samuel Toledo Méndez, quien después de cometer el crimen se dirigió hacia el vehículo que había llegado previo al ataque y el cual era conducido por su esposa, Ana Marta Guadalupe Bolaños de Toledo.
Los dos son procesados por los delitos de homicidio agravado en perjuicio de Alfredo Pacheco y de Luis Alberto Vásquez Tovar; y homicidio agravado imperfecto o tentado en perjuicio de Bryan V.
Al finalizar la audiencia preliminar el juez admitió la prueba presentada por la Fiscalía y como son prófugos ya que huyeron desde el día del hecho, se emitió las órdenes de captura.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso, argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, carecen de relación y que cada uno es autónomo, eliminando cualquier riesgo de resoluciones contradictorias.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Martínez y Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes y que no existe riesgo de doble juzgamiento.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
